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¿Va o no va la reforma a la salud en extras? El Gobierno Petro sigue con la confusión y se contradice

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En diálogo con Blu Radio el ministro del Interior y vocero de presidencia, Alfonso Prada, dijo que la redacción final del articulado será presentado esta semana aunque este lunes negaron que se presentara en sesiones extraordinarias.

El gobierno de Gustavo Petro vuelve a cambiar de opinión en menos de un día sobre la fecha para presentar ante el Congreso la reforma a la salud. Y es que este lunes, luego de presentar el Plan Nacional de Desarrollo, anunciaron que el proyecto ya no se iba a presentar en sesiones extraordinarias, como se tenía previsto, sino que se aplazaría hasta marzo. Sin embargo, en medio de una entrevista en Blu Radio, el ministro del Interior y vocero de presidencia, Alfonso Prada, aseguró que la reforma al fin sí se va a presentar en los próximos días y que llegará cargada de sorpresas.

“Se va a presentar en los próximos días, le doy esa primicia, estamos en la redacción final de articulado, cuidando hasta el último detalle. Sí va el proyecto a sesiones extras”, aseguró Prada quien también explicó que se está cuidando de manera especial las modificaciones que vendrán para el régimen de transición que será el articulado más complejo porque “hay un cambio de modelo hacia la atención primaria, hacia la atención básica y hacia un régimen que va a cambiar el sistema de pagos”, puntualizó.

Así las cosas, este proyecto que ha sido uno de los puntos más polémicos del gobierno Petro entraría a sesiones extras bajo el decreto con el que el ministro del Interior, Alfonso Prada, citó para el 6 de febrero y el 15 de marzo, y en el que se incluyen, además del Plan de Desarrollo del Ejecutivo, 12 iniciativas más.

La reforma a la salud que generó no solo tensiones al interior del propio gobierno, sino entre la bancada oficialista y la oposición, vendrá con sorpresas según el ministro, pues han logrado llegar a acuerdos con quienes han cuestionado el proyecto, como el presidente del Senado, Roy Barreras y el ministro Alejandro Gaviria, no sin antes destacar que no se perderá la esencia que planteó desde un primer momento el presidente Petro.

“Va a haber mucha sorpresa con el texto final. Hemos dialogado mucho con Roy y Gaviria y cada vez se llega a mas acuerdos. Es un gobierno que escucha y analiza porque el presidente es crítico y autocrítico, creo que va a haber un buen ambiente para tramitar la reforma. Más de uno se va a sorprender”, aseguró Prada.

El pasado 29 de enero, al término del Consejo de Ministros en Villa de Leyva (Boyacá), el Gobierno reveló que llevaría la iniciativa a las sesiones extras, buscando que contara con el mayor nivel de discusión y socialización.

“Hoy continuamos en la mañana trabajando en el tema, estamos muy dedicados a hacer la mejor versión de este proyecto que ha sido polémico, que va a ser polémico”, confirmó el ministro.

FUENTE: El Colombiano

“No incurriré en un delito”: Fiscal otra vez dice no a pedido de Petro

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Barbosa dijo que no le obedecerá a Petro porque “no es su subalterno”. Gobierno busca salida para desenredar la paz total.

El Gobierno insistió en que Petro puede pedir que se levanten las órdenes de captura, según lo estipulado en el artículo 8 de la ley de orden público.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dejó claro que no dará el brazo a torcer y se mantuvo en firme –por segunda vez– en su rechazo a la petición del Gobierno de Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura de 16 jefes de los grupos delincuenciales Clan del Golfo y los Pachenca, con quienes el Ejecutivo busca acercamientos para empezar a trazar el camino de su sometimiento a la justicia en la denominada paz total.

Este pedido –oficializado a través del la Oficina del Comisionado de Paz– desató una tormenta judicial entre dos bandos: por un lado, en la Casa de Nariño –y en el Congreso– se insiste en que Petro está facultado legalmente para pedir el levantamiento de órdenes de captura; y, por el otro, el fiscal Barbosa dio un no rotundo argumentando que de evitar la detención de esos delincuentes podría incurrir en un delito ante las autoridades de Estados Unidos.

Este diario pudo confirmar que ante esta negativa del jefe de la Fiscalía, el Gobierno tiene previsto tramitar en las sesiones extra del Congreso, a inicios de febrero, la ley de sometimiento para la creación de la figura de “sometimiento colectivo” y permitir que se hagan los procesos de dejación de armas de este tipo de grupos delincuenciales.

Esta iniciativa fue respaldada por el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, quien señaló que los argumentos de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura al no tratarse de grupos con estatus político (como el ELN) son “indispensables” para el tratamiento diferencial entre los grupos armados insurgentes y los narcotraficantes.

“Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en la justicia transicional. Los narcotraficantes y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero eso exige una ley”, apuntó Barreras.

¿Se enredó la paz total?

En su negativa, el fiscal Barbosa afirmó que no está obligado a obedecer el pedido de Petro porque no es “su subalterno”, y advirtió que, de hacerlo, podría incurrir en el delito de obstrucción a la justicia estadounidense. De entrada, este rechazo impide –temporalmente– que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pueda entablar contactos directos con los voceros del Clan del Golfo para explorar un eventual sometimiento.

En las toldas del petrismo se contradijo la versión de Barbosa y se insistió en que el Presidente está facultado para este proceso, según el parágrafo 2 del artículo 8 de la ley de orden público (ver facsímil). “Ese artículo da el sustento a la decisión (de Petro), así que es incomprensible esta obstinación del Fiscal al no querer proceder de acuerdo a la ley”, cuestionó el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Además, el Jefe de Estado trató de curarse en salud en este proceso y creó en diciembre de 2022, a través del Decreto 2655, la “Instancia de Alto Nivel” encargada de caracterizar a los grupos armados, lo que se traduce en que no pidió el levantamiento de las órdenes de captura por capricho, sino asesorado por quienes conforman esa instancia: el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado Rueda; y el director de Inteligencia, Manuel Casanova.

Entre tanto, justo después de este traspié con el Fiscal, el Gobierno recibió el espaldarazo del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, quien ordenó la suspensión de los operativos contra cabecillas del Clan del Golfo, como parte del cese bilateral anunciado por Petro, pero aclaró que no podrá impedir que sus integrantes sean capturados.

“Se suspende los operativos policiales, es decir, la búsqueda, pero si se identifica a una persona con orden de captura y no ha sido suspendida, por supuesto que se cumple, independiente del grupo armado que sea”, detalló el Director de la Policía.

Desde otro frente, el Gobierno está moviendo sus fichas legislativas para apurar la ley de sometimiento que le permita tener más margen de acción para acercarse a este tipo de grupos delictivos que no tienen estatus político. De esta ley se conoció que el Gobierno recibió asesorías jurídicas para evaluar penas alternativas similares a las que se le brindaron en su momento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos cabecillas pagarían –de no volver a delinquir– una pena no superior a los ocho años de cárcel, en el marco de Justicia y Paz.

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, le confirmó a EL COLOMBIANO que la idea es tramitar esta ley en las sesiones extras que habrá en febrero. Y entregó detalles de la iniciativa: “Va a ser muy parecido al modelo gringo, el bandido entrega verdad y recursos económicos y, a cambio, el Estado le devuelve una reducción de la pena”.

Esta discusión deja abierto el debate sobre las facultades que tiene el Presidente y su margen de acción para poner en marcha la política de paz total. Y, entre tanto, hay expectativa por el resultado de la reunión extraordinaria que van a sostener este martes en Caracas, Venezuela, las delegaciones del Gobierno y el ELN para intentar superar los aires de crisis.

FUENTE: El Colombiano

¿Por qué no se prendió la segunda unidad de Hidroituango?

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Aunque la empresa declaró la operación comercial de las dos primeras turbinas del proyecto, la hidroeléctrica está operando a medias desde diciembre pasado.

El pasado 14 de diciembre, EPM anunció al país que las primeras dos unidades de generación de Hidroituango habían iniciado su operación comercial. La noticia, esperada desde hace más de una década, fue presentada como un hito y una especie de cierre ante las múltiples dudas y cuestionamientos que se han cernido sobre el ensamblaje de estos gigantescos aparatos. Sin embargo, la unidad número dos está por ajustar cuatro semanas apagada y no se sabe por qué.

Aunque desde diciembre pasado ha sido poco lo que había vuelto a hablarse de la central, conocedores del sistema energético nacional fueron los que encendieron las alertas recientemente, luego de ver con intriga la información que EPM le viene reportando a XM.

Pese a que desde el pasado 30 de noviembre, día en que se declaró la operación comercial de las dos primeras unidades, la empresa de servicios públicos ha insistido en que ambos artefactos estaban perfectamente operativos, la información dice otra cosa.

Los reportes de EPM

Como cualquier otro generador, EPM está obligado a reportar con antelación ante XM las novedades que tenga en su operación. Semana a semana, a través de un informe periódico titulado Análisis Energético de Corto Plazo, XM hace públicas esas proyecciones.

Según puede leerse en los registros históricos de esa publicación, las dos primeras unidades de Hidroituango aparecieron por primera vez en la semana del 12 de diciembre al 18 de diciembre. A raíz de la orden de evacuación que impartió el Gobierno Nacional, ambas unidades fueron declaradas como “indisponibles” durante todo ese primer periodo.

Sin embargo, tras la entrada formal en operación comercial el pasado 14 de diciembre, mientras la unidad 1 salió de ese listado, la unidad 2 siguió declarándose indisponible.

Así ocurrió también entre el 19 y el 23 de diciembre, entre el 26 y el 27 de diciembre, entre el 2 y el 8 de enero, y para esta semana entre el 9 y el 18 de enero.

Aunque expertos consultados coinciden en que en cualquier otra central energética del país declarar la indisponibilidad de una unidad es normal, en el caso de la unidad 2 de Hidroituango la historia es diferente por varias razones.

El primer factor que despierta suspicacia se vincula con el atropellado proceso con el que EPM declaró la operación comercial de Hidroituango, a pocas horas de vencerse el plazo contraído con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Aquel hito, completado el 30 de noviembre, se produjo luego de varios meses de declaraciones contradictorias entre la Alcaldía y EPM.

Por ejemplo, mientras el alcalde Daniel Quintero aseguró a comienzos de noviembre en una rueda de prensa que la primera unidad estaría lista para prenderse el 15 de ese mes, EPM manejaba un tono más precavido y llegada esa fecha le salió al paso al alcalde asegurando que su ensamblaje iba por buen camino pero que faltaban las pruebas “a carga nominal”.

Además de esa contraposición de fechas, un factor que siempre fue manejado con discreción fue el avance de la unidad 2 y su desfase con la unidad 1, que EPM fijó públicamente en cinco días en julio de 2022 y luego ajustó a 10 días de forma interna, antes de noviembre.

Pese a esos márgenes, la empresa matriculó ante el sistema interconectado la primera unidad el 26 de noviembre e hizo lo mismo con la unidad 2 el 30 de noviembre.

A ese panorama se suman varias declaraciones del vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo en octubre, que dijo querer “un par de semanas más” de tiempo para probar las unidades antes de inaugurarlas.

Bajo esa óptica, una de las dudas que salen a flote en medio de esos trabajos que se ejecutaron contra el reloj, principalmente buscando librar a EPM de un multimillonario incumplimiento ante la Creg, es cuál es el real estado de la unidad 2. ¿Quedaron calibraciones o pruebas pendientes?, ¿por qué la unidad 1 está funcionando, pero la 2 no?

Aunque el tema venía pasando de agache hasta hace algunos días, EPM se refirió el pasado fin de semana al tema y en respuesta a un requerimiento enviado por Noticias Caracol aseguró que la unidad 2 no funcionaba por un proceso de “limpieza en su sistema de captación”. Según registró ese informativo, EPM sostuvo que la unidad podría entrar a generar de forma continua “entre el 15 y el 18 de enero”; un rango que no encaja con el periodo de indisponibilidad reportado a XM.

Para cotejar esa inconsistencia y conocer el estado de la unidad 2, este diario envió un requerimiento al área de comunicaciones de EPM, que sin entregar información sobre el tema señaló que esta semana la empresa planeaba pronunciarse al respecto.

Al margen de la incertidumbre técnica, las demoras también despiertan preocupación por los ingresos que deja de percibir EPM, calculados en casi $2.000 millones diarios por unidad de generación.

FUENTE: El Colombiano

“No es cierto que el ahorro de transferencias a Colpensiones se gaste en infraestructura”: Petro

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El mandatario defendió su reforma pensional y sostuvo que generaría un ahorro presupuestal, cuyos recursos sí podrían destinarse a inversión en infraestructura.

Petro ha defendido “un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público”, que garantice el derecho “fuera del negocio”.

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la controversia desatada por Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien sugirió que con dineros de fondos de pensiones privados se podría financiar el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Según el primer mandatario, “no es cierto” que el ahorro que se haga de transferencias se gaste en infraestructura.

De acuerdo con Petro, se trata de un tipo de financiación que hoy hacen fondos privados de pensiones con billones de pesos. “Véalo en la Ruta del Sol II y en el puente de Chirajara”, señaló.

En esa línea, el jefe de Estado defendió su reforma pensional, que será presentada en 2023, explicando que al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan a Colpensiones se lograría la disminución del presupuesto que el Gobierno gira a la entidad. Lo anterior, señaló, generaría un ahorro con el que sí podrían financiarse otros proyectos.

“El ahorro presupuestal que se logra con la reforma, y que no viene del dinero de los cotizantes sino del presupuesto nacional, se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional”, agregó el mandatario.

Petro agregó que con su reforma, durante los dos primeros años, se gastará la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal “que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional”. Posteriormente, dijo, se generaría “un segundo ahorro presupuestal” que sí podría ser destinado a inversión en infraestructura.

Previamente, el presidente de Colpensiones sostuvo que el sistema pensional quedaría bajo una sola entidad administradora de carácter público. “Vamos a hacer un solo sistema pensional en Colombia y a buscar un régimen de transición para que todos los que tengan derecho a pensionarse se metan a Colpensiones”, subrayó Dussán.

Para el funcionario, la propuesta es necesaria porque “la Ley 100 se envejeció” y porque, dice, luego de 30 años de vigencia hay más de cinco millones de colombianos en edad de pensión que no están cobijados con el sistema.

Sobre qué pasaría con los recursos del ahorro en el fondo público una vez se adelante la reforma, Dussán afirmó: “Los vamos a invertir en programas sociales. Podríamos pensar en obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla”.

El modelo pensional del presidente Gustavo Petro se organizaría mediante pilares de tipo no contributivo, contributivo y complementario, combinando el actual régimen de prima media (administrado por Colpensiones) y el de capitalización (de los fondos privados) a través de tres modalidades.

FUENTE: El Colombiano

¿Qué olvida Petro cuando pide no subir los precios?

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La fijación de una tarifa para los servicios públicos domiciliarios o el transporte depende de muchas variables y no exclusivamente de un factor.

El ajuste del 16% que tendrá el salario mínimo el año que viene y su efecto positivo en las finanzas de los hogares, particularmente en los de ingresos bajos, quiere ser defendido a toda costa por el presidente, Gustavo Petro, quien durante el fin de semana viene insistiendo en que los precios de algunos bienes y servicios no deben subir.

Tras el acuerdo que permitió incrementar el mínimo en $160.000, el cual pasará de un millón de pesos a $1.160.000, en su cuenta de Twitter, el mandatario ha sido insistente en que los valores de grupos de gasto de la canasta familiar como los arriendos, los servicios públicos, el transporte, y la comida deben crecer un 13% el próximo año, pues la consigna es simple: “Se trata que el salario y los ingresos reales de los colombianos suban”.

Pero, el anuncio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) de aumentar las tarifas de transporte de los sistemas masivos en 12,53% suscitó el descontento de Petro, quien en la red social escribió: “¿Si el diésel no aumenta de precio, porque si los pasajes de los buses?

Además, el presidente recordó que Asocapitales no es autoridad tarifaria y le pidió la Superintendencia de Transporte una vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios propuestos, señalando que no se pueden indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte.

Claridad

En línea con la anotación de Petro, referente a la dinámica de los costos de la llamada canasta del transporte, se puede ejemplificar que según las cifras del Dane el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros muestra que entre julio y septiembre de este año la variación fue del 10,72% frente a los mismos meses del año anterior, impulsada por los grupos de gasto asociados a partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación, costos fijos e insumos (ver gráfico).

En ese contexto, Camilo García, director del Consejo Superior del Transporte, comentó que en los trinos al presidente Petro se le olvida que las tasas de uso de las terminales aumentan con la inflación al igual que los peajes.

A juicio del dirigente, el mandatario también deja de lado que los insumos tales como llantas, repuestos, aceites se han incrementado en más de 60% en el último año. “Nosotros tenemos trabajadores, a los que debemos incrementarles el salario mínimo”, añadió.

Igualmente, comentó que no hay seguros y para que a los transportadores les vendan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tienen que pagar por las pólizas de responsabilidad más altas del mercado.

A lo anterior se suma el hecho de que la demanda del transporte de pasajeros no se ha recuperado y está movilizando alrededor del 75% de pasajeros que en 2019, antes de la pandemia.

Y un detalle más, los costos de financiamiento son los mayores en dos décadas y por la caída del mercado y por las tasas de interés, los transportadores tienen acceso limitado al crédito, concluyó García.

Servicios

En otro de sus mensajes, Petro les solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos desligar las tarifas del índice general de precios y de factores especulativos. ¿Puede hacerlo?

Para Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, Petro es quien administra la política general de servicios públicos, y lo hace a través de las comisiones reguladoras.

“Pero, para hacer efectivas medidas, como la anunciada en el trino, tiene que haber análisis, deliberación y decisión de la Comisión de Regulación de Energía, Gas (Creg), y modificar las fórmulas tarifarias que contengan la inflación como factor de actualización de tarifas. Creo que es un trino para producir sensación de que el aumento del salario mínimo no va a ser afectado por la tarifa de energía, muy personal del presidente, pero que falta ver cómo lo concreta con los miembros de la Creg”, finalizó Gaviria.

FUENTE: El Colombiano

Cundinamarca reporta 19 muertes por consumo de licor adulterado

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Los informes forenses arrojaron que los muertos tenían en sus cuerpos rastros de metanol, alcohol conocido para el uso industrial y no apto para el consumo humano.

Las festividades navideñas apenas empiezan y en Bogotá ya reportan 16 muertes a causa del consumo de licor adulterado. La Secretaría Distrital de Salud alertó porque ha encontrado en algunas botellas componentes de metanol –alcohol inductrial no apto para el consumo humano–.

“Sector Salud y la Policía de Bogotá detectaron dos licores que contienen metanol, el cual produce intoxicación e incluso la muerte. No lo consuma y denuncie al 123 si ve su venta”, alertó Caludia López, alcaldesa de Bogotá.

De acuerdo con el reporte oficial, entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de este año se han registrado 16 muertes a causa de intoxicación por injerir licor adulterado en Bogotá.

Las autoridades capitalinas han realizado 131 operativos de control y como resultado de ellos han procedido con el cierre de 28 establecimientos que no cumplían con las normas sanitarias. Alertaron porque comercializar licor adulterado puede generar sanciones de tipo penal.

“Los que comercialicen, imiten o simulen bebidas alcohólicas pueden tener hasta 11 años de prisión, multa de 1.500 salarios mínimos y cierre definitivo del establecimiento”, señaló, por su parte, la secretaría de Seguridad de Bogotá.

Además de Bogotá, el municipio de Soacha también reportó tres muertes por consumo de licor adulterado. Las autoridades señalan a las marcas “Cabañita” y “Rey de Reyes” de comercializar las bebidas con compuestos de metanol.

¿Cómo esquivar el licor adulterado?

–Compre el licor en sitios autorizados.

–Verifique el estado de las botellas (sellos, envolturas y etiquetas).

–Desconfíe del licor con precios mucho más bajos de los ofrecidos por el resto del mercado.

–Las bebidas alcohólicas no deben presentar partículas en suspensión.

FUENTE: El Colombiano