Barbosa dijo que no le obedecerá a Petro porque “no es su subalterno”. Gobierno busca salida para desenredar la paz total.
El Gobierno insistió en que Petro puede pedir que se levanten las órdenes de captura, según lo estipulado en el artículo 8 de la ley de orden público.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dejó claro que no dará el brazo a torcer y se mantuvo en firme –por segunda vez– en su rechazo a la petición del Gobierno de Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura de 16 jefes de los grupos delincuenciales Clan del Golfo y los Pachenca, con quienes el Ejecutivo busca acercamientos para empezar a trazar el camino de su sometimiento a la justicia en la denominada paz total.
Este pedido –oficializado a través del la Oficina del Comisionado de Paz– desató una tormenta judicial entre dos bandos: por un lado, en la Casa de Nariño –y en el Congreso– se insiste en que Petro está facultado legalmente para pedir el levantamiento de órdenes de captura; y, por el otro, el fiscal Barbosa dio un no rotundo argumentando que de evitar la detención de esos delincuentes podría incurrir en un delito ante las autoridades de Estados Unidos.
Este diario pudo confirmar que ante esta negativa del jefe de la Fiscalía, el Gobierno tiene previsto tramitar en las sesiones extra del Congreso, a inicios de febrero, la ley de sometimiento para la creación de la figura de “sometimiento colectivo” y permitir que se hagan los procesos de dejación de armas de este tipo de grupos delincuenciales.
Esta iniciativa fue respaldada por el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, quien señaló que los argumentos de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura al no tratarse de grupos con estatus político (como el ELN) son “indispensables” para el tratamiento diferencial entre los grupos armados insurgentes y los narcotraficantes.
“Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en la justicia transicional. Los narcotraficantes y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero eso exige una ley”, apuntó Barreras.
¿Se enredó la paz total?
En su negativa, el fiscal Barbosa afirmó que no está obligado a obedecer el pedido de Petro porque no es “su subalterno”, y advirtió que, de hacerlo, podría incurrir en el delito de obstrucción a la justicia estadounidense. De entrada, este rechazo impide –temporalmente– que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pueda entablar contactos directos con los voceros del Clan del Golfo para explorar un eventual sometimiento.
En las toldas del petrismo se contradijo la versión de Barbosa y se insistió en que el Presidente está facultado para este proceso, según el parágrafo 2 del artículo 8 de la ley de orden público (ver facsímil). “Ese artículo da el sustento a la decisión (de Petro), así que es incomprensible esta obstinación del Fiscal al no querer proceder de acuerdo a la ley”, cuestionó el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.
Además, el Jefe de Estado trató de curarse en salud en este proceso y creó en diciembre de 2022, a través del Decreto 2655, la “Instancia de Alto Nivel” encargada de caracterizar a los grupos armados, lo que se traduce en que no pidió el levantamiento de las órdenes de captura por capricho, sino asesorado por quienes conforman esa instancia: el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado Rueda; y el director de Inteligencia, Manuel Casanova.
Entre tanto, justo después de este traspié con el Fiscal, el Gobierno recibió el espaldarazo del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, quien ordenó la suspensión de los operativos contra cabecillas del Clan del Golfo, como parte del cese bilateral anunciado por Petro, pero aclaró que no podrá impedir que sus integrantes sean capturados.
“Se suspende los operativos policiales, es decir, la búsqueda, pero si se identifica a una persona con orden de captura y no ha sido suspendida, por supuesto que se cumple, independiente del grupo armado que sea”, detalló el Director de la Policía.
Desde otro frente, el Gobierno está moviendo sus fichas legislativas para apurar la ley de sometimiento que le permita tener más margen de acción para acercarse a este tipo de grupos delictivos que no tienen estatus político. De esta ley se conoció que el Gobierno recibió asesorías jurídicas para evaluar penas alternativas similares a las que se le brindaron en su momento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos cabecillas pagarían –de no volver a delinquir– una pena no superior a los ocho años de cárcel, en el marco de Justicia y Paz.
El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, le confirmó a EL COLOMBIANO que la idea es tramitar esta ley en las sesiones extras que habrá en febrero. Y entregó detalles de la iniciativa: “Va a ser muy parecido al modelo gringo, el bandido entrega verdad y recursos económicos y, a cambio, el Estado le devuelve una reducción de la pena”.
Esta discusión deja abierto el debate sobre las facultades que tiene el Presidente y su margen de acción para poner en marcha la política de paz total. Y, entre tanto, hay expectativa por el resultado de la reunión extraordinaria que van a sostener este martes en Caracas, Venezuela, las delegaciones del Gobierno y el ELN para intentar superar los aires de crisis.
FUENTE: El Colombiano
