POLÍTICA

En entrevista con Noticias RCN, el mandatario expresó que solicitará información pormenorizada sobre el asesinato de líderes sociales y anunció que ya le tiene listo el reemplazo al fiscal Barbosa, quien está próximo a salir de su cargo.

De la fuerte pelea que tuvieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa todavía quedan algunos roces. En su más reciente entrevista para Noticias RCN, el mandatario volvió a referirse al episodio que involucró hasta las altas cortes, reiteró su posición de jefe de Estado y pidió un informe detallado sobre lo que ha hecho la Fiscalía con los asesinatos de líderes sociales.

Durante un viaje presidencial a Guainía, el director de ese medio, José Manuel Acevedo, preguntó por la relación que ahora mantiene el presidente Petro con Barbosa y sobre la posibilidad de volver a conversar. Frente a eso, Petro respondió que la hora del diálogo se terminó.

“Yo hablé con él mucho. Siempre de buena manera. Incluso caso que accedí a temas que a mí me parecían de preorgullo porque ya los teníamos, pero él armaba un problema de algo que nosotros no habíamos producido. Yo aceptaba y le decía: no tranquilo, y salía a la prensa como si nos estuviera enseñando, pero en realidad eso se agotó”, aseguró el mandatario.

Así mismo, Petro se refirió al tema que desató inicialmente la disputa con Barbosa: la impunidad, y aseguró que va a pedir un informe detallado sobre lo que se ha hecho frente al asesinato de líderes sociales, argumentando que la Constitución se lo permite.

“Hay una inmensa realidad que ya no puede resolver, así quisiera, por los tiempos de ejercicio que quedan de su cargo. Y es la impunidad. Si queremos reducir el crimen en el tiempo y su barbarie, pues hay que acabar con la impunidad (…) La Constitución me permite solicitar informes sobre hechos que alteran el orden público. Quiero un informe pormenorizado sobre lo que ha hecho la Fiscalía al respecto”, dijo Petro. Además, concluyó que según los resultados de ese informe, van a tomar medidas en el asunto.

Lo cierto es que Petro, al parecer, no ha dejado de lado la pelea en la que le aseguró a Barbosa que era su jefe porque era el Jefe de Estado, razón por la que las altas cortes se metieron a la discusión para recordar la importancia de la separación de poderes y la independencia judicial.

Sin embargo, en la reciente entrevista, Petro volvió a afirmar que es el Jefe de Estado. “Él confunde un superior jerárquico. Él es autónomo, digamos en la mayor parte de temas, pero la administración de la Fiscalía está bajo control político del Congreso. Y en mi caso tengo unas facultades como presidente: la nominación de la terna del fiscal y la posibilidad de exigir informes pormenorizados”, explicó Petro.

Precisamente, sobre la terna para elegir fiscal, Petro dijo que ya la tiene lista, pero solo la revelará hasta diciembre.

FUENTE: El Colombiano

La cita será este miércoles al mediodía. Se cree que saldrán los ministros que llegaron como cuotas políticas de los partidos Liberal, Conservador y de La U.

La Casa de Nariño vive sus máximos momentos de tensión: a escasas horas de pedir la renuncia protocolaria de su gabinete, el presidente Gustavo Petro citó a un consejo de ministros en el que evaluarán la crisis del Gobierno.

La reunión se dará en el despacho presidencial y está citada para el mediodía de este miércoles 26 de abril. Pese a que aún se desconoce qué decisiones tomará el jefe de Estado, se rumora que varios de los ministros más importantes podrían abandonar su cargo por orden del presidente.

Hasta el momento, se cree que saldrían la ministra de las Tic, Sandra Urrutia, cuota del Partido de La U; el de Transporte, Guillermo Reyes, cuota del Conservador, y los de Vivienda, Catalina Velasco y Justicia, Néstor Osuna, ambos fichas del Liberal.

El remezón en el gabinete se da luego de que el presidente declarara que se rompió la coalición de Gobierno con la que venía gestionando sus reformas en el Congreso.

La crisis, por su puesto, se profundizó aún más con la polémica reforma a la salud que, tal como están las cosas, se hundiría en el Congreso.

Por ahora, el país está a la espera de ese consejo de ministros en que el jefe de Estado definirá el futuro de su gabinete.

FUENTE: El Colombiano

El presidente señaló que le hacen una supuesta “campaña inmisericorde” a su administración y a las iniciativas que impulsa. La FLIP y el CPB le exigen respeto por la libertad de prensa.

Los medios medios de comunicación son, de nuevo, el blanco de los dardos lanzados por el presidente Gustavo Petro y también de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ambos les han endilgado el presente enredado que tienen algunas de las reformas que han presentado, empezando por la de la salud.

El ataque a la prensa inició con las palabras de la ministra durante una audiencia pública sobre la reforma en Arauca, cuando el viernes señaló su “preocupación”, porque “Colombia esté sometido (sic) a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, cuando eso es una función constitucional del Congreso (…) No es el ‘fallo’ de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma, es la representación democrática del Congreso que no puede ser usurpada por la decisión mediática”.

A estos comentarios se sumó el Presidente durante un discurso que pronunció en Buenaventura, el pasado domingo. Les dijo a quienes escuchaban su discurso: “Ahí se la pasan los medios de comunicación que han hecho una campaña contra el Gobierno inmisericorde; la gente se extraña de ver todos los días cómo en emisoras, en canales de televisión, se nos ataca, se nos ataca y se nos ataca, Fíjense que tienen un gobierno que ni es aliado del narcotráfico, la violencia o la corrupción. Nos atacan porque tenemos un gobierno decente”.

Este comportamiento, no obstante, ha sido una constante de Petro como gobernante, no solo en la Casa de Nariño, sino también en la Alcaldía de Bogotá y como senador después de las elecciones de 2018. De hecho, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le ha llamado la atención varias veces por los comentarios en los que cuestiona el trabajo de distintos medios, pues “pretende sembrar la duda sobre su idoneidad”.

“No hay más a quién culpar”

Desde que los partidos tradicionales (Liberal, Conservador y de La U, que hacen parte de la colación de Gobierno) se bajaron en bloque de apoyar la reforma a la salud, así como marcaron distancia de la reforma laboral, el discurso del presidente Petro se encaminó a llamar al apoyo popular y a que estos sectores políticos se oponen “al cambio”.

Ese discurso, en el que se busca un doliente al cual responsabilizar por los planes del Gobierno que no tengan feliz término, entran también los medios con los que ha tenido una relación tensa desde que era alcalde de Bogotá y a quienes, desde que es presidente –de acuerdo con lo dicho por la Flip–, “ha calificado como información periodística falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a periodistas de manera desobligante y burlona”.

La reforma a la salud es el ejemplo más reciente: el viernes pasado a última hora lograran revivirla en el Congreso, sin que eso signifique que vaya a ser aprobada. Por eso, para el experto en salud Paúl Rodríguez, el señalamiento de la ministra Corcho –en consonancia con los ataques de Petro– “es desafortunada, porque en lugar de buscar espacios de concertación y diálogo, busca excusarse con un actor que no tiene nada que ver en el tema. Le ha echado la culpa a los partidos y al sector privado, pero los únicos que tienen capacidad de inferir en la percepción son los medios. No quedaba más gente para echarle la culpa”.

La idea de “relatos periodísticos”

Y es que para el presidente –como lo dijo en una entrevista con la revista Cambio– lo que existen son “relatos periodísticos” que, para él, generan un ambiente adversario contra las reformas (a la salud, laboral y pensional) que su Gobierno pretende ejecutar. Como le dijo a EL COLOMBIANO la directora de posgrados de ciencia política de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, “desde entonces puso el tema de que la información que difunden los medios genera unas corrientes de opinión pública que le son adversas al Gobierno”.

Según Muñoz, esto evidencia que “los medios de comunicación tienen una capacidad de incidencia en la construcción de agenda pública”, y “(él) asume que las propuestas del gobierno no son del mejor recibo en la ciudadanía por cómo los medios informan sobre ellas”.

Por otro lado, la docente y periodista Nidia Serrano señaló que “no se le puede atribuir una responsabilidad a los medios de unos procesos que no están concertados con la sociedad civil, la clase política y con todos los que necesitan dar el visto bueno” a estas reformas; así mismo, recordó que “es hora de que se entienda que los medios tenemos un papel al servicio de la comunidad y de control a los procesos de la nación, en aras de que la comunidad sea la más beneficiada y no los gobiernos”.

Sin ir más lejos, el llamado Gobierno del cambio (¿para sorpresa de quién?) está emulando comportamientos de sus antecesores frente a la prensa que les era incómoda. Y aunque Petro tiene derecho a responder críticas, estas no pueden surgir desde la intimidación o la estigmatización, como lo dijo la abogada constitucionalista Catalina Botero.

FUENTE: El Colombiano

Barbosa dijo que no le obedecerá a Petro porque “no es su subalterno”. Gobierno busca salida para desenredar la paz total.

El Gobierno insistió en que Petro puede pedir que se levanten las órdenes de captura, según lo estipulado en el artículo 8 de la ley de orden público.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dejó claro que no dará el brazo a torcer y se mantuvo en firme –por segunda vez– en su rechazo a la petición del Gobierno de Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura de 16 jefes de los grupos delincuenciales Clan del Golfo y los Pachenca, con quienes el Ejecutivo busca acercamientos para empezar a trazar el camino de su sometimiento a la justicia en la denominada paz total.

Este pedido –oficializado a través del la Oficina del Comisionado de Paz– desató una tormenta judicial entre dos bandos: por un lado, en la Casa de Nariño –y en el Congreso– se insiste en que Petro está facultado legalmente para pedir el levantamiento de órdenes de captura; y, por el otro, el fiscal Barbosa dio un no rotundo argumentando que de evitar la detención de esos delincuentes podría incurrir en un delito ante las autoridades de Estados Unidos.

Este diario pudo confirmar que ante esta negativa del jefe de la Fiscalía, el Gobierno tiene previsto tramitar en las sesiones extra del Congreso, a inicios de febrero, la ley de sometimiento para la creación de la figura de “sometimiento colectivo” y permitir que se hagan los procesos de dejación de armas de este tipo de grupos delincuenciales.

Esta iniciativa fue respaldada por el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, quien señaló que los argumentos de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura al no tratarse de grupos con estatus político (como el ELN) son “indispensables” para el tratamiento diferencial entre los grupos armados insurgentes y los narcotraficantes.

“Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en la justicia transicional. Los narcotraficantes y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero eso exige una ley”, apuntó Barreras.

¿Se enredó la paz total?

En su negativa, el fiscal Barbosa afirmó que no está obligado a obedecer el pedido de Petro porque no es “su subalterno”, y advirtió que, de hacerlo, podría incurrir en el delito de obstrucción a la justicia estadounidense. De entrada, este rechazo impide –temporalmente– que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pueda entablar contactos directos con los voceros del Clan del Golfo para explorar un eventual sometimiento.

En las toldas del petrismo se contradijo la versión de Barbosa y se insistió en que el Presidente está facultado para este proceso, según el parágrafo 2 del artículo 8 de la ley de orden público (ver facsímil). “Ese artículo da el sustento a la decisión (de Petro), así que es incomprensible esta obstinación del Fiscal al no querer proceder de acuerdo a la ley”, cuestionó el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Además, el Jefe de Estado trató de curarse en salud en este proceso y creó en diciembre de 2022, a través del Decreto 2655, la “Instancia de Alto Nivel” encargada de caracterizar a los grupos armados, lo que se traduce en que no pidió el levantamiento de las órdenes de captura por capricho, sino asesorado por quienes conforman esa instancia: el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado Rueda; y el director de Inteligencia, Manuel Casanova.

Entre tanto, justo después de este traspié con el Fiscal, el Gobierno recibió el espaldarazo del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, quien ordenó la suspensión de los operativos contra cabecillas del Clan del Golfo, como parte del cese bilateral anunciado por Petro, pero aclaró que no podrá impedir que sus integrantes sean capturados.

“Se suspende los operativos policiales, es decir, la búsqueda, pero si se identifica a una persona con orden de captura y no ha sido suspendida, por supuesto que se cumple, independiente del grupo armado que sea”, detalló el Director de la Policía.

Desde otro frente, el Gobierno está moviendo sus fichas legislativas para apurar la ley de sometimiento que le permita tener más margen de acción para acercarse a este tipo de grupos delictivos que no tienen estatus político. De esta ley se conoció que el Gobierno recibió asesorías jurídicas para evaluar penas alternativas similares a las que se le brindaron en su momento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos cabecillas pagarían –de no volver a delinquir– una pena no superior a los ocho años de cárcel, en el marco de Justicia y Paz.

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, le confirmó a EL COLOMBIANO que la idea es tramitar esta ley en las sesiones extras que habrá en febrero. Y entregó detalles de la iniciativa: “Va a ser muy parecido al modelo gringo, el bandido entrega verdad y recursos económicos y, a cambio, el Estado le devuelve una reducción de la pena”.

Esta discusión deja abierto el debate sobre las facultades que tiene el Presidente y su margen de acción para poner en marcha la política de paz total. Y, entre tanto, hay expectativa por el resultado de la reunión extraordinaria que van a sostener este martes en Caracas, Venezuela, las delegaciones del Gobierno y el ELN para intentar superar los aires de crisis.

FUENTE: El Colombiano