POLÍTICA

Un eventual cambio de poder en Venezuela daría un giro en la manera en la que ese país mira los procesos de paz de Colombia.

Los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN están al borde del fracaso y en fase crítica. Este fin de semana finalizó el cese el fuego bilateral que desde hace más de un año tenía efecto y los insurgentes condicionaron su prórroga.

Aunque parecía que desde las dos partes había una voluntad para continuar el cese al fuego bilateral, el anuncio -que debía darse a más tardar a la medianoche del pasado 3 de agosto- no llegó.

Desde el Gobierno Nacional, el equipo negociador estaba buscando una “extensión técnica” de esta medida, voluntad que fue manifestada por el senador Iván Cepeda y la jefe negociadora Vera Grabe.

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Sin embargo, otro es el sentir de los insurgentes. A través de un comunicado condicionaron los diálogos y su continuidad dependerá de que sean sacados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAOs) y que se les reconozca su carácter político.

La presión al Gobierno por parte de los guerrilleros no es menor. Esa mesa de diálogos se enmarcó en la política de Paz Total del presidente, Gustavo Petro y su fracaso constituiría en un golpe con impacto internacional para el mandatario. Sobre todo porque, aunque está suspendida desde hace seis meses, era la negociación más avanzada en el camino a la paz.

Coyuntura en Venezuela

La terminación del cese al fuego y el anuncio de condicionar la prórroga ocurrió el mismo sábado cuando en Venezuela se llevaba a cabo la multitudinaria marcha en contra de la reelección del presidente, Nicolás Maduro. El desarrollo a la crisis política en el territorio del vecino país tendría una eventual repercusión en las estrategias de la Paz Total de Petro. Lo anterior, partiendo del hecho de que Venezuela históricamente ha participado como mediador y sede de los procesos con diversos actores armados.

Paz Total y crisis en Venezuela

Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera y –entre varios de los problemas– los pobladores de esa zona han tenido que lidiar con la presencia de los grupos armados ilegales que se pasean por el territorio binacional.

La guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC se han adueñado de parte del territorio venezolano. La falta de control en la zona permite que los ilegales puedan sentirse seguros –y poco perseguidos– al otro lado de la frontera.

No en vano, desde Caracas siempre han levantado la mano para tratar de mediar en la resolución del conflicto armado en Colombia. Lo hicieron durante los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1990. Después –cuando el chavismo ya estaba en el poder– mediaron para la liberación de los secuestrados por las guerrillas y fueron país garante en el Acuerdo de Paz que terminó con el desarme de la guerrilla de las FARC.

“A Colombia la hemos ayudado en silencio a hacer la paz. Lo hacemos con el presidente Gustavo Petro y lo hicimos con los expresidentes Juan Manuel Santos y (Álvaro) Uribe”, dijo Nicolás Maduro, el mandatario venezolano que carga sobre sus espaldas la presión internacional por su aparente robo de los comicios presidenciales.

La agitación social y la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela podrían darle un giro a las dinámicas de diálogo con los ilegales colombianos que operan en territorio del vecino país.

El diálogo con el ELN

El proceso de paz con el ELN atraviesa una de sus peores crisis desde que comenzó el diálogo en octubre de 2022. La mesa está congelada desde el 11 de abril y las amenazas de una reanudación de confrontación son cada vez más latentes.

La última vez que la delegación guerrillera y del Gobierno tuvieron un cara a cara fue en mayo pasado, precisamente en Caracas (Venezuela), cuando se reunieron para firmar el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción de paz. Desde entonces la comunicación está rota.

“El proceso electoral en Venezuela también tiene un impacto sobre la mesa. Es claro que el ELN tiene cerca de la mitad de sus estructuras operando en ese país y un posible cambio de régimen político sería un factor para la guerrila en la decision de mantener o no su voluntad de paz”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA en diálogo con EL COLOMBIANO. Es que una eventual salida del régimen de Maduro supondría el corte de un chorro económico para los elenos. Ellos tiene presencia en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. El portal especializado Insight Crime ya ha revelado que esa guerrilla tiene complacencia de algunos dirigentes venezolanos que, incluso, le han entregado el control de algunas minas de oro artesanal.

“El régimen de Maduro está cimentado en un sistema de gobernanza híbrida, en el cual redes de crimen organizado reparten rentas ilícitas con funcionarios de alto nivel. al mismo tiempo que ejercen control social y territorial en sus áreas de influencia. A cambio, las estructuras criminales reciben salvoconductos y, en algunos casos, son respaldados por fuerzas del Estado en sus operaciones”, señaló Insight Crime en su informe sobre la consolidación criminal en Venezuela.

Con la eventual salida de Maduro, el ELN perdería capacidad económica y tendría que alistarse para una confrontación con la nueva comandancia del Ejército venezolano. En Colombia esa guerrilla ya pelea con el Estado colombiano, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Antonio García, máximo comandante del ELN, decidió jugársela por la espera. Ha impartido maniobras para tratar de dilatar el reinicio de los diálogos. Mientras la Oficina del Consejero Comisionado de Paz insiste en tener apertura para negociar, desde esa guerrilla han lanzado acusaciones para tratar de “enfriar” el proceso.

“¿Qué garantía de seriedad merece un Gobierno que no cumple lo que acuerda?, ¿qué sentido tiene que desde el Gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores?”, dijo la delegación de la guerrilla el pasado 26 de julio.

En el marco de la paz total, el diálogo con el ELN es la conversación más sólida: se alcanzó la firma un acuerdo, se mantuvo el cese al fuego por más de un año y los guerrilleros siguen abiertos al diálogo después de dos años, cifra histórica en el intento de negociar con ese grupo. Por ahora, las posibilidades de retomar diálogos en Venezuela parecen complicadas.

“Ahora políticamente debe evacuarse el tema electoral en Venezuela. La postura que tome Colombia, en clave de la diplomacia, también marcará la senda de la contribución de ese país en la política de paz total”, señaló Francisco Javier Daza, coordinador Paz y Posconflicto de la Fundación Pares en conversación con este diario.

Después de que ocurra el escrutinio en Venezuela–que la comunidad internacional ha pedido que sea público y con veeduría internacional– al presidente Gustavo Petro le tocaría entrar a dialogar con el nuevo mandatario de los venezolanos para buscar articularlo como facilitador de los procesos de paz en Colombia.

La reelección de Maduro, por la vía legal, implicaría una continuidad en el espaldarazo de Venezuela a los procesos de paz de Colombia.

Con una eventual llegada al poder de Edmundo González, el candidato opositor, el respaldo a la política de paz de Colombia dependerá del fortalecimiento de las relaciones del Gobierno Petro con ese posible mandatario y del nivel de prioridad que entregue el nuevo poder de Venezuela a facilitar los proceso de paz de Colombia.

Unión Europea no reconoce triunfo de Maduro

Mientras el Gobierno colombiano busca la continuidad a los diálogos en medio de la crisis, en Venezuela no para el remolino político. El presidente de ese país, Nicolás Maduro recibe a diario los reclamos de los ciudadanos y la presión de la comunidad internacional que le pide legalidad y transparencia. Este domingo, la Unión Europea informó que el triunfo de Maduro “no puede ser reconocido”.

“A falta de pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden reconocerse”, indicó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado, que pidió una “verificación independiente”.

Adicionalmente, millones de ciudadanos salieron a la calle el sábado pasado tras una convocatoria de la líder de la oposición, María Corina Machado. Los ciudadanos reclaman que sea reconocido el triunfo del candidato, Edmundo González y piden la renuncia de Maduro a quien, un cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE), le entregó la victoria tras las presidenciales del pasado 28 de julio. Como era de esperarse la manifestación fue liderada por Machado. “No nos van a quitar lo que ya ganamos, no tenemos miedo”: gritaba la mujer desde un camión, vestida de blanco, acompañada por otros miembros de la oposición. Una vez finalizó la jornada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la detención “arbitraria” de manifestantes.

“La CIDH condena la detención arbitraria de manifestantes en Venezuela durante las jornadas de protesta masivas, incluyendo las de este sábado en el marco de la crisis postelectoral”, escribió la organización en su cuenta en la red social X. La CIDH menciona “en especial” a los activistas de Derechos Humanos Kennedy Tejeda y Freddy Ferrer.

Con el paso de los días, se siguen sumando los países que rechazan el posible fraude en las elecciones y reclaman la publicación del 100% de las actas para el reconteo de votos. A lo que Maduro se ha negado, mientras se esconde en el Palacio de Miraflores. Desde allí ha hecho reiterados ataques a las fuerzas de la oposición en su país. A Machado y a González ha calificado de terroristas quienes, según dice, deben ir presos. A propósito de eso, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en la que aclara que no existen órdenes de detención ni contra Machado, ni contra González Urrutia.

FUENTE: El Colombiano

El senador Iván Name, quien desde el Legislativo se ha consolidado como una voz independiente del Gobierno, ratificó la autonomía del Congreso y alertó por la “radicalidad” que contamina varios proyectos.

Tras una elección que echó al traste los cálculos del Gobierno, Name logró llegar a la máxima dignidad del Congreso y desde allí se ha consolidado como una voz crítica del Ejecutivo. En diálogo con EL COLOMBIANO, el congresista se declara dispuesto a tramitar las iniciativas, pero advierte que Petro “no puede hacer ninguna reforma de facto” y que cada proyecto será analizado con detenimiento.

Al ratificar la independencia de la Corporación, asegura que el Congreso “no tiene una soga en el cuello del presidencialismo”. Reclama que hay “radicalidad” en varios proyectos y pide que no haya presiones contra el Parlamento. Incluso, se refiere a la reforma a la salud y señala que “las EPS necesitan que se les corten las uñas, pero no la cabeza”. Name también ha sido uno de los líderes de la propuesta de una posible autonomía regional, que se alinea a lo que están empezando a promover varios alcaldes del país.

Se cumplió la primera mitad de su mandato y, sin duda, este semestre legislativo pinta movido y ajetreado. ¿Qué balance hace de su desempeño hasta ahora?

“El Parlamento es una institución serena que radica su vigor y su fuerza no en el número de leyes, sino en la integralidad y en el trámite de las mismas, así como el control político y la representatividad. Nuestro Congreso es impecable, nuestra institucionalidad incuestionable, nuestro origen legítimo y nuestra disposición hoy es el trámite de las reformas que nos ha presentado el Gobierno y los mismos legisladores. Todo esto, de una manera serena y tranquila”.

Es decir, si le pregunto una palabra para resumir lo que va de su presidencia, ¿me diría que es tranquilidad?

“Es que realmente el ejercicio de la presidencia es principalmente administrativo y no el locuaz y sistemático modelo de estar hablando por el Congreso, reemplazando al Parlamento y a los senadores. Eso los advenedizos no lo saben, pero yo sí que tengo tres generaciones de estar acá.

Primero, supe presentar mi nombre para que me eligieran contra Petro, contra Claudia López y contra todos los factores del poder. Segundo, sé mantener la discreción y el respeto con mis colegas. Por ello, no ando en la prédica y en el campaneo de qué va a suceder, sino a la espera de ser un buen coordinador y legitimador de garantías suficientes para todos los sectores”.

¿Cómo contrasta esa paz que, dice, reina en el Senado frente a lo convulso que está el país? Basta ver lo que ocurrió hace menos de un mes contra la Corte Suprema de Justicia.

“Esa pregunta me permite decirle: qué gran contraste el del órgano legislativo con el de otros que instan a circunstancias inconvenientes, como la de sacar a la gente a las calles a hacer presión para la toma de las decisiones de los otros órganos del poder público.

El Legislativo actúa con serenidad, reina la calma y producirá las decisiones que le correspondan sin ningún tipo de presión ni espectacularidad”.

Este semestre legislativo se pasa volando. ¿Cuáles son los temas, debates y proyectos que priorizará de acá al 20 de junio?

“La agenda legislativa está bastante priorizada con todo ese alud de reformas que se han presentado y tendremos el tiempo suficiente y requerido para que podamos votarlas y decidirlas en la sintonía de la conveniencia nacional. El Congreso –lo he dicho desde que me eligieron–, no tiene una soga en el cuello del presidencialismo. El Congreso tiene independencia y autonomía. Sé cómo la tradición democrática y los modelos presidencialistas terminan agenciando al Parlamento, pero esta es una época diferente”.

Justamente usted reconoce que hay un alud de reformas. ¿Cómo hacer para que todas tengan una discusión analítica y sin afanes, pese a lo apretado de los tiempos?, ¿cómo evitar el pupitrazo?

“Tenemos que honrar una tradición y un patrimonio que es nuestra democracia. Ella nos obliga y nos exige sacrificios y un entendimiento superior al mediático, al coyuntural y al accidental. Estoy convencido de que la experiencia del tiempo nos impedirá cometer errores.

Todo ello, dentro del entendimiento de que soy un legislador que presentó reformas hace 30 años, que son hoy las que hay que modificar y estoy de acuerdo en su necesidad de revisarlas. Lo que no sé es si podamos coincidir con este Gobierno que, al parecer, en algunas tiene tal radicalidad que podrían parecer inconvenientes. Pero no me puedo adelantar a una decisión del Congreso. Estaré de acuerdo en que revisemos, analicemos y decidamos”.

Usted crítica la radicalidad de algunas reformas. Le pregunto al senador Name y no al presidente del Congreso, ¿cuáles, de ese alud de reformas, le preocupan de manera particular?

“Un concepto fundamental es estar dispuesto a convencer y ser convencidos. Hemos avanzado mucho si hablamos de la salud en el sistema de asegurabilidad. Tengo en la memoria mi historia, la historia del país, cuando la gente se moría en las puertas de los hospitales porque no había un depósito previo. Hemos avanzado tanto que tenemos que seguir avanzando y no retroceder.

El modelo de asegurabilidad no puede liquidarse. El modelo que nos permite hoy hacer un balance de avances lo debemos sostener, pero no necesariamente defendiendo unas EPS que hay que revisar. Tengo una frase un poco incomoda, pero se la dejo: las EPS necesitan que se les corten las uñas, pero no la cabeza”.

¿Qué prioridad le va a dar a los debates de control político para que la agenda, como pasó en Cámara, no termine cooptada por los proyectos del Gobierno?

“Trataremos de que no vaya a estacionarse la agenda legislativa, puesto que cuando entran los proyectos se pueden congestionar. Esperamos tener una dinámica que nos permita darle el trámite a las reformas que vienen del Ejecutivo y a las propuestas del Legislativo, pero también a otras”.

En términos prácticos, ¿cómo piensa lograrlo y evitar lo que el país vivió con una Cámara cooptada por la reforma a la salud?

“Vamos a tratar de que los proyectos tengan un trámite ágil, pero que no implique que vayamos a las carreras. Los marcos legislativos, en lo pensional, en lo educativo, en lo energético o en lo ambientalhay que reformarlos, pero no de cualquier manera. Se necesita un detenido análisis para que acertemos en lo que debemos ajustar”.

Me da pie para preguntarle, ¿qué análisis hizo del desempeño del presidente Andrés Calle en la Cámara frente al manejo de las reformas?

“Le estoy muy agradecido al presidente Calle por algún consejo que le leí por ahí. Pero yo no me atrevo a darle consejos a él, porque me parece que es importante la independencia, la autonomía y el total entendimiento de que cada cámara actúa con una dinámica dado su origen y circunstancias en particular frente al trámite de las leyes”.

A propósito de la reforma a la salud, ¿cómo ve las cargas y el ambiente político en el Senado?

“Lo primero que tengo que decir es que el presidente de la República no puede hacer ninguna reforma de facto, como al parecer está anunciando que lo va a hacer en términos de las EPS y otros sectores. La institucionalidad tiene que respetarse.

Vamos a pronunciarnos y a decidir sobre la reforma a la salud y sobre ello estamos empezando su trámite y su análisis en el Senado. Ya hizo su tránsito en la Cámara. Espero que lo que decidamos sea lo que más le convenga al país, pero mientras tanto que no nos vengan a hacer reformas en otras partes, porque aquí es donde está la institucionalidad y ella debe respetarse”.

Usted dice que no hay que cortarle la cabeza a las EPS, pero sí las uñas. ¿Qué otros aspectos le preocupan de la reforma?

“Nosotros, en el caso de lo que yo represento, no somos defensores de las EPS. Por el contrario, hay mucha plata que se ha evaporado. Pero el modelo de asegurabilidad ha probado avances frente a lo que tuvimos antes.

Estatizar la salud me parece un error y también me parece absolutamente indispensable que las coberturas sean reales y mucho más amplias. Hay mucha teoría y mucho cuento. En el tema de la promoción y prevención también necesitamos tener un cuidadoso tratamiento legislativo para armonizar una reforma que es necesaria, pero en términos de que no vayamos a arrasar con lo que hemos avanzado”.

Como llega hoy la reforma al Senado, ¿votaría sí o no?

“Tengo que responderle como presidente del Congreso. Tengo que esperar que el Senado haga el análisis y el estudio que empieza apenas en la Comisión Séptima. Respeto a mis compañeros, haremos los estudios del caso. Por ello, no considero respetuoso adelantar una posición sobre lo que apenas estamos estudiando”.

¿Cree que sus otros compañeros, sin decir nombres, estén dispuestos a dar un debate a esa altura?, ¿o la discusión podría terminar permeada por mermelada? Basta ver lo que pasó con los conservadores la semana pasada…

“Confío en la grandeza del Congreso. Veo una disposición independiente, autónoma, digna, institucional y democrática por parte de los miembros del Senado para dar el trámite y tomar decisiones frente a las reformas”.

¿Durante su presidencia ha sentido presiones o una injerencia por parte del Gobierno?

“No. He mantenido una relación respetuosa con el presidente, eso sí un poco distante. No es tan frecuente como en otras épocas en las que seguramente había otro grado de cercanía entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, de tal manera que no he tenido contacto alguno más allá de la cortesía de un almuerzo que me brindó tras mi elección como presidente del Congreso. El desarrollo ha sido respetuoso y distante, por lo tanto independiente y autónomo”.

¿Por qué ha sido tan distante?, ¿por qué no se ha podido establecer una cercanía que contribuya al trabajo armónico de dos poderes públicos?

“El estilo del presidente y el mío son de respeto mutuo, y en eso celebro que podamos coincidir, así como no coincidimos en otras cosas. El mejor trato y la mayor conveniencia democrática es la independencia del Parlamento con el Ejecutivo. Así hemos trabajado y marchado estos meses”.

Si le entendí, ¿en lo que va de su presidencia solo una vez ha hablado con el presidente Petro?

“Sí señor, solamente una vez. Lo demás fue una visita que él hizo para la despedida de nuestra querida senadora Piedad Córdoba. Acá lo recibí en el Capitolio y también nos despedimos cortésmente. Lo demás ha sido el tratamiento institucional y a través de los funcionarios del Gobierno que han venido a presentar sus informes y el trámite legislativo propio que nos debe caracterizar en el Senado”.

¿Basta con ese relacionamiento a través de funcionarios?, ¿o debería haber una comunicación más fluida y directa?

“Prefiero que mantengamos las autonomías y que tengamos la independencia, así como la claridad, para poder trabajar desde el Legislativo con toda independencia”.

Le escuché decir que la institucionalidad quedó maltratada por lo ocurrido con la Corte Suprema. Hechos de ese calibre, ¿cómo afectan también la institucionalidad del Congreso?

“La voluntad popular está impresa en las instituciones y no pueden ser presionadas. Fue inconveniente la convocatoria a las calles en el tema de exigirle a la Corte Suprema términos y condiciones para su pronunciamiento sobre la elección de la Fiscalía. De tal manera que esperamos que no se sistematice ese modus operandi porque, como lo he dicho, cualquier día podría haber una situación muy grave y se necesita de medio muerto para que haya una guerra civil. Eso es lo menos deseable en un país como Colombia”.

¿Teme que, si en el Congreso las cosas no salen como el Gobierno quiere con sus reformas, el petrismo termine volcando a la gente a las calles contra el Parlamento?

“Le recomendaría al presidente que no lo intentara, que no lo hiciera, porque es inconveniente y traumático para la democracia. Pero no sé qué tanta popularidad tenga hoy una serie de propuestas como para que la Plaza de Bolívar vaya a desbordarse en las columnas del Capitolio. Confío en que la razón, la serenidad y la sabiduría democrática asista al poder Legislativo, al Presidencial y al Judicial para que Colombia adelante esta difícil etapa y pueda continuar con su democracia intacta”.

¿En la Alianza Verde cómo está el ambiente político frente al Gobierno?, ¿usted es partidario de que dejen de ser de gobierno y migren a la independencia?

“Desde el principio de este Gobierno recomendé a mi partido la independencia. Sin embargo, se decidió por otro camino, lo que no significa que tengamos que estar de una manera sistemática e incondicional con el Gobierno. Yo, por ejemplo, me he separado y he sido crítico de muchas de sus actitudes y propuestas. Pero el partido va a tomar una decisión en marzo que hay un nuevo congreso y allí recomendaré, de nuevo, independencia. Eso nos da una mayor categoría y nos permite ser mucho más integrales en el aporte para el mejor destino de nuestra Nación”.

¿Cree que el Gobierno en el trámite de todas sus reformas ha echado mano de la mermelada?

“No sé realmente. No me he informado, ni me han informado de que así sea. Recientemente vi que en Partido Conservador causó mucha molestia la designación de una ministra. Quiero interpretar que ese fue un episodio en el que el Gobierno quiso representar de pronto a un sector, pero no en detrimento del otro. En definitiva, el Partido Conservador, de una manera patriótica, se mantuvo muy unido y esa independencia de los partidos es lo más conveniente para una democracia”.

¿Teme que algo parecido le puedan hacer a los verdes?

“Los riesgos de la vida y de la política siempre subsisten. Pero estaremos muy pendientes de que el Congreso y sus partidos, entre otros el nuestro, actúen libre de cualquier tipo de prebenda”.

El Gobierno anunció que la concesión de la Autopista del Caribe no va. Usted es costeño, ¿qué análisis hace de eso?

“Es profundamente inconveniente. Esto va a desestimular la inversión y va a generar una gran inestabilidad jurídico-política-social. El Caribe merece toda la atención. Las concesiones, como están hoy en Colombia, deben ser revisadas. Pero no por ello anuladas. Lo que acaba de pasar con el Caribe no tiene justificación y va a generar perjuicio, además de que es inconveniente”.

Y si se le suma lo de los Juegos Panamericanos es peor la situación. ¿Siente que el Gobierno está maltratando al Caribe ?

“El Senado tendrá que pronunciarse sobre qué tipo de daño sintió que le causó, no solo al Caribe, sino al país, este trato equivocado. Estoy seguro que el Gobierno nunca tuvo interés en la realización de los Juegos y le hizo un gran daño, no solamente a la Costa, sino al país con el manejo que le dio a este trámite”.

FUENTE: El Colombiano