Así fue la jugadita de Petro para meter su ‘reforma a la salud’

Aldo Cadena llegó a la presidencia de la Nueva EPS luego de varias maniobras, a pesar de la reticiencia de las cajas. El polémico directivo hizo parte del descalabro de Capital Salud.

Los antecedentes del recién nombrado presidente de la Nueva EPS —la de más grande cobertura en el país, con presencia en 1.117 municipios—, Aldo Cadena Rojas, como administrador y gerente al frente de una entidad promotora de salud no son los mejores, así como la forma en la que se habría dado su llegada a ese puesto.

Ese movimiento, presuntamente, se dio por medio de presiones a miembros de la junta directiva de esa EPS, que está conformada por tres personas de las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar y otros dos representando al Gobierno.

Dos fuentes que conocieron los intringulis de cómo fue la maniobra le contaron que hubo presiones para que la junta directiva aprobara un nuevo manual de funciones para ajustar el perfil del cargo y nombrar ahí a Aldo Cadena.

Las cajas de compensación, especialmente, se habían negado a la idea de cambiar al entonces presidente José Fernando Cardona Uribe, al considerar que había hecho una labor impecable a lo largo de los 14 años que estuvo al frente de la EPS y además, porque temían que el cargo quedara en manos de políticos cuestionados.

Sin embargo, cuentan las fuentes que dos de las cajas se vieron sometidas a una presión porque están “en una situación de debilidad financiera enorme”. Compensar, por ejemplo, depende de los recursos de la salud y a Camfam le tienen intervenida Famisanar.

Bajo esa premisa fue que el gobierno logró alinearlas para que Cadena llegara al cargo. Para terminar de convercerlos, se comprometíó a atender una petición que les hicieron desde las cajas de compensación de firmar un acuerdo en el que se comprometían a respetar el gobierno corporativo de la entidad, pero los delegados gubernamentales no firmaron.

Esta jugada es para muchos la punta de lanza del gobierno Petro para hacer su ‘reforma a la salud’, en caso de que el Congreso no la apruebe, pues no solo tendría el control de la EPS más grande del país, sino que podría terminar recofiendo otras EPS que empiecen a flaquear en el camino.

El descalabro de Cadena en Bogotá

Aldo Cadena fue el presidente de la junta directiva de la EPS Capital Salud y también secretario de Salud ad hoc para los temas referentes a ella entre julio de 2014 y diciembre de 2015, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.

El pasado que empaña sus resultados de gestión al frente de esta EPS reposan en un informe de la firma KPMG, que hizo una auditoría forense a los manejos de Capital Salud entre octubre de 2014 y mayo de 2016 para buscar posibles fraudes.

Lo que encontró ese escrutinio a la aseguradora es que en su gerencia, esa EPS pasó de $151.000 millones en pérdidas en diciembre de 2014 a $367.000 millones en diciembre de 2015 y su pasivo (deudas sin pagar) pasó de $254.000 millones a $635.000 millones en el mismo tiempo.

La auditoría muestra el desorden en las finanzas de Capital Salud que conllevaron, por ejemplo, a que no se hicieran auditorías médicas o hasta se hicieran pagos dobles a hospitales y clínicas que prestaban servicios a los afiliados.

Entre los hallazgos significativos de el informe, la auditoría encontró que hubo falta de controles y ejecución de autorizaciones con procedimientos de verificación incompletos causados por la “aprobación de servicios a usuarios sin derecho o con doble afiliación que pueden conllevar a sobrecostos de la entidad”.

Como causa de lo anterior, KPMG halló que esa EPS no usaba la aplicación “Base de Datos Única de Afiliados” (BDUA), lo cual “refleja la ausencia de controles en la validación de los derechos de los usuarios” y constituye un incumplimiento a las normas del Ministerio de Salud.

Los auditores hallaron que en esos años Capital Salud autorizó pagos por servicios de ambulancias a prestadores que no se dedican a dar ese servicio. El pago por evento es un mecanismo de liquidación que en los sistemas de salud se conoce como “pago por servicio” y consiste en pagarle al profesional de salud o prestadores cada actividad realizada para que haya incentivo para aumentar la productividad.

Sin embargo, expertos como el consultor en salud Ramón Castaño advierten que este mecanismo puede inducir la demanda de atención en salud, “en especial de los servicios que son más rentables”.

Ese pago que hizo Capital Salud por ambulancias a un prestador que no se dedicaba a eso fue de $1.437 millones. Pero lo preocupante para los auditores fue que la aseguradora tenía contratos firmados por $1.009 millones con otras IPS (instituciones prestadoras de salud) para el mismo fin. Esta situación fue descrita en el informe como “posibles incumplimientos del prestador contratado para tal fin”.

Las 119 páginas del informe también reflejan el desorden con el que se manejaron los pagos de las cuentas médicas. El hallazgo señalado indica que hubo 963 cuentas médicas por valor de $136 millones aprobadas para pago “en las cuales no hay evidencia de auditoría genérica, administrativa o médica”.

Una auditoría sirve para que una EPS —que paga a un hospital o clínica por servicios a sus afiliados— pueda revisar que lo que le cobran corresponde a lo que realmente hizo y que cumplió con una serie de criterios.

“Adicionalmente, se encontró que cerca del 26 % del total de cuentas médicas no tuvieron ningún tipo de auditoría médica (evaluación de la calidad de la atención en salud que reciben los pacientes)”, remata el documento que es de acceso público.

La cereza en el pastel de esto es que en esas cuentas no auditadas “se ve una concentración importante en proveedores de servicios con alto riesgo de error o fraude por ser de tercer nivel, servicios especializados y de alto costo”.

En total, fueron $367.041 millones los que por esos años Capital Salud pagó a las IPS en Bogotá por facturas que no tenían auditoría médica. Mientras que las que sí tuvieron fueron por cuenta de $1 billón.

FUENTE: El Colombiano

Los últimos días de Piedad: “Pesaba 40 y pico de kilos y estaba destrozada moralmente”

Piedad Córdoba vivió todo un viacrucis en sus últimos meses de vida. Amigas y allegados le contaron a EL COLOMBIANO dramáticos detalles. Una caravana de carros y motos la recibió anoche en Quibdó para su velación.

Los últimos meses de vida de Piedad Córdoba fueron tan difíciles, tan tristes, que hasta sus escoltas temían por su vida. “Estuve comiendo con ella en noviembre, hablamos unas cinco horas y fue ¡tremendo, tremendo, tremendo! porque la vi físicamente acabada, estaba pesando 40 y pico de kilos, y moralmente destrozada por el problema de su hermano”, dice una persona que la conocía de muchos años atrás.

Esa noche, en un restaurante peruano en el alto de Palmas, Piedad se tomó dos botellas de Old Parr. “Cuando la fui a levantar de la mesa, ella ni me oía”. Un escolta conmovido decía: “¡ayúdela, hable con ella, ella está muy sola y a usted la quiere mucho, dígale que no tome más!”.

La soledad de Piedad llegó a tal punto que el 31 de diciembre no salió de la habitación de su casa. Y este sábado, cuando hacia el mediodía su hija Natalia la encontró desvanecida en el piso de su casa, y luego la clínica informó que la senadora murió al parecer por un paro cardiorespiratorio, no se descartaba que algo haya tenido que ver su estado de ánimo que comenzó a venirse abajo hace poco más de un año.

Se habló con al menos dos personas allegadas a ella y con una tercera que la veía eventualmente: y todas ellas coinciden en decir que la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos, por tráfico de cocaína, le produjo a Piedad no sólo un profundo dolor sino que, sobre todo, le creó un rompimiento familiar que para ella fue imposible de superar. De paso, le provocó una gran decepción darse cuenta de que ninguno de quienes están en el poder, y otrora fueron sus amigos, le ayudaron con el caso de su hermano.

Un año exactamente

Tal vez no sea simplemente una trágica coincidencia el hecho de que la muerte de la senadora Piedad Córdoba se haya dado exactamente un año después de la extradición de su hermano, que se hizo efectiva el 20 de enero de 2023. Álvaro Córdoba quedó atrapado en una operación de la DEA mientras acordaba un negocio de cargamentos de cocaína con un supuesto capo mexicano y miembros de las disidencias de las Farc, del grupo de Gentil Duarte.

A aquella mujer que por muchos años fue una de las más combativas del país, sino la más, que llamaba la atención a donde llegaba, no solo porque era grande y fuerte, también carismática y cariñosa, en los últimos meses se hacía difícil reconocerla porque se fue encogiendo en un pequeño cuerpo, frágil y desvalido, que pedía a gritos ayuda.

Lo de su hermano Álvaro, la captura y la extradición, no solo fue un golpe en el corazón para Piedad Córdoba sino que produjo un desastre personal aún mayor: su hermana del alma, Gloria, dejó de hablarle a Piedad y la senadora no pudo volver a ver a su madre, Lía Esneda Ruiz, una mujer de más de 90 años que ha sido su principal referencia en el mundo y que hoy está sufriendo los rigores de la edad en su mente.

El quiebre con su familia

Una de las personas cercanas a Piedad dice que su familia le echó la culpa de lo que le ocurrió a Álvaro y por eso partieron cobijas con ella. Si bien, no pudimos confirmar con algún miembro de su familia si ese fue el motivo, lo cierto es que la ruptura sí se dio y desde entonces Piedad se vino abajo.

“Piedad me contó que como a finales de 2021 o principios de 2022, durante su última campaña al Senado, ella estaba comiendo en la casa de su madre y ahí estaba su hermano Álvaro. Su hermano estaba muy metido en Venezuela, de hecho ella lo metió en Venezuela, le dio en su momento representaciones de muchos negocios allá. Álvaro le dijo a Piedad que había unos mexicanos que querían invertir en su campaña. Y Piedad contaba que le respondió: ¿Quiénes son? Porque yo soy amiga de López Obrador, yo conozco la gente de México, y ojo, Álvaro, que esto puede ser una trampa. Acuérdate que van por mí, y todo el mundo trata de ponerme trampas”.

Al parecer el hermano no le hizo caso a Piedad, al menos al relato que hacía la senadora a sus amigos, o más bien tal vez para ese momento ya el daño estaba consumado. Porque a Álvaro lo capturaron en Medellín el 3 de febrero de 2022 y luego se supo que las pruebas en su contra las habían recogido el 3 de septiembre de 2021, cuando un agente de la DEA que se hizo pasar por un narco mexicano, se reunió con él y dos colombianos más. En el expediente se menciona que los tres le confirmaron al agente oculto que tenían un contacto con capacidad de producir hasta 8.000 kilos de cocaína cada cuatro meses. Y Álvaro Córdoba incluso dijo que el contacto tenía un ejército de 300 hombres para proteger los alijos.

Más allá del debate de si el hermano de Piedad cayó en una trampa o no, las pruebas en su contra parecían serías. Cuando lo capturaron se produjo el quiebre con su familia. Eso fue demoledor para Piedad. No solo Gloria era su hermana del alma, su mano derecha en la vida, si no que su mamá era su gran referente.

Un reportaje sobre la mamá de Piedad, publicado en 2012, en el portal Kienyke, contaba que un día llegó llorando a su casa y le dijo a su mamá que no quería volver a salir a la calle porque los niños le decían ‘negra espantalavirgen’. Y que su mamá reunió a todos los hijos y les dijo que si volvían llorando como Piedad, no saldrían más a la calle, porque era el colmo que las burlas por su color de piel los ‘achicopalaran’. Y que les dejó claro que “la gente es gente por lo que tiene por dentro, por su espíritu trabajador, por su sabiduría”.

La mamá tenía tanto carácter como Piedad: en tiempos en el que el racismo era la norma, ella, blanca, de ojos claros y rubia, dio la batalla para casarse con un hombre afro nacido en un caserío a orillas del río Atrato, director del colegio de Puerto Valdivia, que la encantaba por la manera cómo se expresaba y el conocimiento de los libros que tenía.

Ese origen de Piedad, sin duda, tuvo mucho que ver con lo que fue su trayectoria política, en la que defendió como pocas el derecho a la igualdad. Por eso, no poder ver a su madre, seguramente se le convirtió en un dolor inaguantable.

¿Y el presidente Petro?

Piedad Córdoba, tratando de salvar a su hermano, publicó en su cuenta de X, el 19 de marzo de 2022, un video de Álvaro Córdoba trotando en una banda de carreras, en el que se le oía decir que él era inocente y le hacía guiños al entonces candidato Gustavo Petro. Piedad escribió: “Víctima de un entrampamiento contra Petro y obvio contra mi!! Venceremos!! Mi hermano!!”.

El mensaje lo publicó apenas seis días después de ser elegida senadora por el Pacto Histórico, y tal vez con la ilusión de que en ese puesto de poder iba a tener algún tipo de ayuda extra de Petro en caso de que fuera elegido presidente unos meses después.

Poco sirvieron los esfuerzos de la senadora para frenar la extradición de su hermano, cinco años menor que ella. El 20 de enero del año pasado, el presidente Petro firmó la resolución que autorizó su extradición.

En las conversaciones que en los últimos meses sostuvo Piedad con las fuentes que ayudaron a construir esta historia, la senadora se mostraba molesta con Gustavo Petro. No solo por la extradición de su hermano, sino por lo que estaba ocurriendo con el proyecto político del Pacto Histórico. “Antes de las elecciones de octubre pasado, Piedad lo llamó o habló con él y le dijo que se estaban equivocando en la campaña, que iban a perder en todos lados porque no estaban cumpliendo lo que habían prometido, que no estaban trabajando por el pueblo”, cuenta una de las fuentes. “Solo ganamos en Nariño porque no había candidatos de otros partidos”, le dijo Piedad a su amiga.

Es curioso que Petro, precisamente, como si se le hubieran quedado grabadas esas palabras de Piedad, lo primero que hizo ayer, el día después de la muerte de la senadora, fue decir que “ante Piedad es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista. Objetivo: ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz”.

Piedad no tenía una buena relación con Petro. En alguna ocasión, como se recuerda, dijo que era “una mala persona” y que por ello no debía ser presidente. Pero, más recientemente, ella llegó a pensar, según le contó a sus allegados, que el incidente en el que resultó retenida por traer dinero en su turbante desde Honduras era una trampa que alguien del Pacto Histórico le había puesto para tener una excusa y no ponerla en la lista al Senado en 2022. “Ellos eran los únicos que sabían de ese dinero”, contó Piedad. “Piedad estaba convencida de que la querían dejar por fuera de la lista cerrada y que finalmente la incluyeron fue por la presión de mandos medios de la guerrilla y de los afro”, relata otra de las fuentes.

La senadora, que el próximo jueves cumpliría 69 años, sin duda estaba en un momento emocional extremo de su vida. “Piedad me decía: el problema es que todo el mundo está corrupto, los ricos, los pobres, los que llegamos al poder nuevo, los que llegan viejos, todo el mundo”, agrega una de sus amigas.

Y sabrá ella por qué lo decía, pues Piedad, después de haber luchado muchos años por causas justas, se dejó tentar por el poder y quedó involucrada en casos como el del colombiano Alex Saab, al que según la investigación de Estados Unidos le ayudó con los contactos para conseguir y sacar de Venezuela unos 30 millones de dólares. El periodista Gerardo Reyes cuenta en su libro que Córdoba disfrutaba de bacanales en las mansiones de Saab en todo el mundo.

El millonario lobby

Piedad, en las conversaciones con sus allegados, no solía mostrarse afectada por estos hechos, lo que le dolía y afectaba era lo de su hermano y su familia. Lo de Saab y lo de su supuesto apoyo en las Farc, ella decía que todo lo tenían que demostrar.

¿De dónde sacaba Piedad Córdoba dinero?, se le pregunta a una de las fuentes. Y ella explica que Piedad se convirtió en el canal para que muchos empresarios colombianos pudieran rescatar los capitales que se les habían quedado atrapados en Venezuela tras las drásticas medidas económicas de Hugo Chávez. Por esa tarea que Piedad llamaba de “lobby”, y que hacía de la mano de Celia Florez, la esposa de Nicolás Maduro, se ganaba una comisión. “En un caso, por ejemplo, para rescatar 15 millones de dólares, Celia cobraba 3 millones, Piedad 2 millones y al que le hacían el favor de desembargarle le devolvían 10 millones”.

Hablando de Venezuela, precisamente, en los últimos meses, Piedad también decía estar muy dolida con el presidente Nicolás Maduro. “Maduro supo que iban a extraditar a mi hermano y me habría podido avisar y podríamos haber hecho algo para que no se lo llevaran”, le dijo Piedad a algunos de sus allegados.

La frágil situación emocional de Piedad Córdoba posiblemente se complicó más el pasado 2 de enero cuando su hermano Álvaro se declaró culpable de los delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

En el reportaje sobre la mamá de Piedad que ya hemos mencionado, escrito por Pacho Escobar, en el portal KienyKe en 2012, contaban que doña Lía le reclamaba a su hija: “Cómo es posible que no pensés ni en tu familia y peor aún, en vos misma, en tu salud, en tu integridad. Ahora vea esto, la gente se da cuenta quiénes son tus hermanos y la cogen contra ellos”. Y que ante tal regaño, Piedad ofreció cambiarse el apellido, pero su mamá le contestó que esa no era la solución y luego de discutir dejaron de hablar durante una semana. El periodista anota que “nunca habían estado tanto tiempo alejadas. Pronto volvieron a hablar”.

Lamentablemente, para Piedad y su familia, esta vez no ocurrió así.

Dos días antes de su muerte, Piedad Córdoba le contó a una de sus amigas que había estado muy mal, pero que ya estaba mejor. Que estaba muy impedida y no podía caminar.

Natalia, la hija de Piedad, estuvo pendiente de la combativa senadora en los últimos tiempos. Fue ella quien la encontró ya muerta en el piso de su apartamento.

FUENTE: El Colombiano

‘Marcha del hambre’: 54 años de una hazaña de maestros del Magdalena

Isbelia Quinto de Fernández lee la Marcha del Hambre, del fallecido Rafael Hernández, a su nieto Carlos Andrés Arias Fernández.

La protesta social partió con 800 docentes desde Santa Marta a Bogotá y culminó en una audiencia con el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo.

Para quienes hoy se escandalizan por las posiciones férreas de Fecode en la reivindicación de derechos laborales y reclamos por una educación de mejor calidad, hay que recordarles que estas exigencias no son nuevas y que los problemas son de siempre.

Hace 54 años, con la consigna “Por Colombia, por la educación… ¡hasta la muerte!”, 800 maestros del Magdalena iniciaron una marcha desde Santa Marta hasta Bogotá, para exigirle al entonces presidente, Carlos Lleras Restrepo, visibilizar y dar solución a las problemáticas sociales, económicas y educativas por las que atravesaba el gremio de educadores.

La histórica y heroica protesta la llamaron crudamente, ‘La Marcha del hambre”. De los 800 manifestaron que partieron solo 86 llegaron a la capital, 50 mujeres y 36 hombres, los otros sucumbieron por el clima y las agotadoras jornadas a pie.Lea también…

El detonante de la movilización resultó la deuda de nueve meses de salarios.

Era tan degradante y humillante la situación laboral de los docentes, que la Gobernación les pagaba con cajas de Ron Caña.

Además, las escuelas estaban en pésimas condiciones físicas, lo que repercutía en la calidad y rendimiento académico.

La educación era manejada al acomodo y para beneficio de los políticos regionales.

En la antesala de la “Marcha del hambre” hubo protestas locales como paros, movilizaciones por las calles, tomas de colegios y bloqueos en lugares estratégicos.

La movilización hacia Bogotá partió desde la Catedral Basílica de Santa Marta el 24 de septiembre de 1966, y culminó en la plaza de Bolívar de Bogotá, el 21 de octubre, 27 días después.Relato de Isbelia

Este suceso trascendió el ámbito regional y se constituyó en noticia nacional e internacional, pero –además– resultó un hito en las batallas del magisterio colombiano por la reivindicación de sus derechos.

Fue un capítulo aparte en las luchas populares de la clase trabajadora de  América Latina, y tiene a Isbelia Quinto de Fernández como una de sus principales figuras.

A sus 72 años es una de los 32 sobrevivientes de la hazaña, y con una memoria fresca contó cómo fue la experiencia.

Para iniciar rememora la inclemencia del tiempo, las carreteras destapadas, el frío, la lluvia, dormir sobre periódicos, la sed y el hambre.

Recordar todo esto me hace vibrar la sangre”, dice con la misma entereza que tuvo hace 54 años para sumarse a la gigantesca movilización.

 En su memoria guarda retratada la atrevida aventura, cuando con 20 años trabajaba en la Escuela 11 para Niñas, de Ciénaga.

“Fue un suceso tan extraordinario que ni siquiera los que participamos fuimos capaces de creer que se iba a dar en la forma en que se dio”, manifiesta.

Llegamos a pensar que en el camino nos detuvieran para decirnos: ‘Aquí está la plata, regresen que vamos a negociar’. Pero no fue así, los maestros nos quedamos esperando ese aviso”.El recorrido

Recuerda igualmente que salieron de Santa Marta, pasaron por El Rodadero, Gaira, y llegaron a Ciénaga, donde pernoctaron.

Durmieron en diferentes casas. Rafael Hernández, el vocero principal, los citó para el día siguiente a las 3:30 de la mañana.

“A esa hora salimos rumbo a Fundación. Era horrible porque la carretera estaba muy mala. Había mucho sol y para protegernos nos colocamos hojas de matarratón en la cabeza, debajo de los sombreros”, anotó.

En Fundación muchos ya no podían dar un paso más. “Los pies eran sangre y vejigas. Nos curábamos con agua caliente, algunos tiraron la toalla y se devolvieron. Quedamos como 100 personas”, precisó.

Rafael Hernández, según Isbelia Quinto, “el alma de la marcha”, les alentaba: “Nunca emprendan un camino que no vayan a terminar”.

También pregonaba: “El que está aquí caminando es porque es un verraco, el que no que se devuelva”. “En ese momento yo dije, para atrás, ni para coger impulso”, rememora la profesora.

Cuando llegaron a Arcabuco, en Boyacá, luego de pasar el Chicamocha, fue el momento más difícil y temeroso. Era una carretera de abismo de lado y lado.

Decidimos continuar el viaje por la noche, con lámparas para la niebla, tiritando del frío y tomados de la mano, haciendo una cadena”.

Manifestó que lo más hermoso fue la llegada a Bogotá en horas de la tarde, pero la víspera tuvieron una agradable e inimaginada sorpresa.

“Nos acostamos, y a eso de las 11 de la noche nos despertó el sonar de guitarras. Eran Garzón y Collazos en persona, el famoso dueto de música colombiana llegó al sitio y nos puso serenata y juntos cantamos ‘Negrita’, ‘Espumas’ y otros temas. También nos cantó la tuna de Bogotá. Eso fue emocionante y nos dio vida, pues éramos unos espíritus agotados que casi no podíamos más”, relató.

“A la mañana siguiente nos levantamos briosos. El Ejército nos abría camino porque había mucha gente. Todos nos querían abrazar, nos aplaudían”.

El grupo llegó a la Plaza de Bolívar y no podía entrar por la cantidad de gente que los esperaba.

“En un momento escuchamos a través de un megáfono una voz que decía: uno, dos y tres, y nos alzaron en hombros”.

Isbelia narra también que cuando iban a ingresar al Capitolio todos corearon el estribillo: “Por Colombia, por la educación… ¡hasta la muerte!”.Anécdotas

Los maestros sufrieron por el frío, lodo y lluvias, pero pudieron más las ganas por exigir sus derechos.

Cuentan que la profesora Carmen Charris sufrió un desmayo durante la entrevista con el presidente Carlos Lleras Restrepo y que Carmen Ariza, la profesora de mayor edad en el recorrido, al llegar a Bogotá le tocó cargar en hombros a Carmen Ariza de Leyva, quien tenía los pies ampollados.

Rebeca Hernández de Rosado, debido al cansancio extremo de jornadas largas a pie, tuvo que retirarse de la marcha el 19 de octubre, en el tramo Chocontá-Tocancipá, en medio de lluvia y  granizo.

El docente y escritor Osvaldo Manjarrés fue testigo del arranque de la ‘Marcha del Hambre’. Estudiaba en el colegio Hugo J. Bermúdez, y con otro compañero pidieron permiso al rector, Anciolino Vives, para observar la partida de los docentes. “En aquella época ya comenzaba plenamente el rechazo a un sistema educativo no propio para una juventud y sociedad que analizaba los alcances educativos en países de Europa”, indicó. Agregó que “por eso los maestros reclamaban el justo sitio que les correspondía como educadores colombianos. Ya pensaban, sin profunda ideología política, en una educación progresista y futurista, en un salario digno y en un bienestar de salud”.

Fuente: El Heraldo

¿Y de los TLC qué?

Septiembre 1, 2022

Hace por lo menos cien años que la relación de Colombia con Estados Unidos juega un papel decisivo en la economía colombiana. Desde el I took Panamá de noviembre de 1903 han pasado muchas décadas, signadas en buena parte por una relación estrecha y con muy pocas desavenencias entre los dos gobiernos en todos los terrenos. La relación ha incluido acuerdos militares tales como la participación colombiana en la guerra de Corea, su vinculación al Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), el intento de establecer aquí simultáneamente ocho bases militares estadounidenses y el hecho de poner a disposición de ese país importantes instalaciones militares. El ritmo, profundidad y características de la lucha contra los cultivos ilícitos y toda una estrategia de desarrollo fueron plasmados en el Plan Colombia que, redactado en inglés, incluye la apertura económica y el Tratado de Libre Comercio como unos de sus componentes principales. Hay, además, acuerdos culturales y educativos. En suma, los gobiernos colombianos han compartido la visión estratégica de Estados Unidos en el mundo y se enorgullecen de ser su principal aliado en Suramérica y de apoyar y participar en la OTAN.

Desde 1998, cuando comenzó a negociarse el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la liberalización comercial y la adopción de normas que no pudieron acordarse en la OMC por desacuerdos entre los países desarrollados ha sido el eje de las relaciones económicas entre los dos países. Ante el inminente fracaso del acuerdo, con el cual el gobierno colombiano coincidía plenamente, Colombia fue el primer país de la región andina que propuso suscribir un TLC bilateral con Estados Unidos. Se suscribió con el pretexto de que, al expirar el Atpdea y con él unas cuantas preferencias unilaterales y discrecionales con las que Estados Unidos compensaba los esfuerzos colombianos en la lucha contra el tráfico de drogas, era necesario que se volvieran permanentes y de mayor alcance. Colombia, a cambio, tendría que dar rápido acceso a su mercado a los productos de Estados Unidos, muchos subsidiados allá.

En la negociación, que culminó en 2006, el país no logró conservar ningún mecanismo de protección a la producción nacional. El Tratado de Libre Comercio entró en vigencia en 2012, por la exigencia del partido Demócrata de que se incluyeran exigencias en materia laboral, ambiental y de derechos humanos, las cuales, en el fondo, buscaban proteger sectores de la economía estadounidense ante la eventual competencia desleal proveniente del dumping laboral o ambiental.

El TLC no implicó un desmonte de la política industrial, ya desmontada durante los primeros años de la apertura, pero sí lo hizo irreversible con el tratado internacional. Durante todos estos años Colombia se ha desindustrializado y ha perdido la capacidad de alimentar a su propia población con productos nativos.

Las diferencias en la chequera de los dos países impiden que Colombia subsidie su agro para colocarlo en condiciones de competir con los productos importados, ya no en el campo internacional sino en el mercado interno. No solo en los subsidios, sino también en el costo país, hay diferencias grandísimas que no pueden subsanarse sino con cuantiosas inversiones en infraestructura y tecnología.

Quienes afirman que da lo mismo tener o no tener TLC y que basta con promover la competitividad olvidan que se aceptaron condiciones desiguales y que llevamos tres décadas de rezago, que solo podrán resolverse con un esfuerzo extraordinario para el cual el país tiene las manos atadas. El TLC le impide al Estado promover una política activa, dar preferencias a los productores nacionales y restablecer la capacidad de investigación, acopio, crédito subsidiado y demás que se necesitan para nivelar la cancha.

Los TLC tienen ganadores y perdedores. Ganadores, Estados Unidos y la Unión Europea. Perdedores, los nuestros. Es incluso posible que entre ellos pueda haber diálogo, especialmente con “nuestros amigos estadounidenses”. Pero si la parte colombiana no tiene una clara y firme posición acerca de sus intereses, el tema difícilmente entrará en la agenda, como efectivamente está sucediendo hasta el momento. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Dónde quedan las afirmaciones hechas por el candidato Petro? “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor” y “Revisaremos los Tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales” (Programa de Gobierno Gustavo Petro y Francia Márquez).

Valdría la pena atender los llamados hechos hace apenas unos meses por el actual ministro de Industria y Comercio: “En el mediano plazo, para recuperar la capacidad de implementar políticas públicas que conduzcan a un modelo de desarrollo sostenible de incorporación de progreso técnico, desarrollo de la capacidad humana y generación de empleo la renegociación de los tratados bilaterales (…) no es hora de replantear y renegociar tan draconianos Acuerdos, incluyendo los reales intereses de los países en desarrollo?”. Y “Si definimos un nuevo camino no hay ninguna limitante, los acuerdos se renegocian o se denuncian. Los únicos que no ‘se devuelven son los ríos’” (Una breve reflexión disruptiva (2, 3, 5). Germán Umaña Mendoza. Marzo 2, 9 y 24 de 2022. Ver Enlace 1enlace 2 y enlace 3).

Fuente: MásColombia, Enrique Daza – Exsecretario de la Alianza Social Continental y de la Red Colombiana frente al Libre Comercio, Recalca. Director del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo

¿Cuáles son las prioridades legislativas en educación? Esto dijo ministro Gaviria

Reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) y la Ley 30 para asegurar más recursos para todos los niveles educativos, serán las prioridades legislativas del Ministerio de Educación bajo la dirección de Alejandro Gaviria. También se prevé una reforma al Icetex. Para el presupuesto de 2023, esta cartera está solicitando 1.9 billones de pesos adicionales. Le explicamos las reformas que buscará el Mineducación.

Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, durante su presentación en la Comisión Sexta.

Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, durante su presentación en la Comisión Sexta.

Foto: Ministerio de Educación

En la mañana del martes (30 de agosto), el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en compañía de algunos de los directores de las dependencias de la cartera, asistió a la Comisión Sexta Constitucional, en la que se abordan los temas relacionados a la educación, para presentar cuáles serán las reformas que tendrán prioridad para el nuevo Gobierno Nacional. (Puede leer: EL PAE, un valioso programa que requiere ajustes. ¿Los podrá hacer Petro?)

“Por los avances en educación nos van a recordar”, fue la frase que le dijo el presidente Gustavo Petro al ministro de Educación hace un mes, y que este último recordó en el inicio de su presentación. Gaviria señaló que el país, el gobierno y el Congreso, deben atender las brechas educativas que crecieron de manera sustancial durante la pandemia, así como en la infraestructura escolar.

Según el ministro de Educación, las dos reformas en las que se concentrarán inicialmente, tienen que ver “con las reglas de juego que definen la financiación de las dos partes fundamentales del ministerio: la educación preescolarbásica y media, y la educación superior”. Esas disposiciones legales a las que hizo referencia Gaviria son el Sistema General de Participaciones (SGP), para el primer sector, y la Ley 30 de 1992, para el segundo. (Le puede interesar: ¿Quién es Mauricio Toro, el nuevo director del Icetex?)

“En el financiamiento de la educación preescolar, básica y media en Colombia hay un problema financiero estructural que es conocido. Se ha diagnosticado en los últimos años una y otra vez, pero ni el Congreso de la República ni las autoridades fiscales entienden plenamente”, dijo Gaviria durante la presentación en la Comisión Sexta. Los 28 billones con los que se cuenta para estos niveles educativos, según el ministro, “no están alcanzando”, y el hueco sería de entre 1.5 y 2 billones de pesos cada año.

Para subsanar ese déficit de financiación, Gaviria anunció que antes de que se acabe el año se convocará a una mesa de alto nivel en la que deberán participar, entre otros, el ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional, la Federación Nacional de Educadores y la sociedad civil. “Asegurar el Plan de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar o la jornada única en el país, no se puede hacer si no hay una reforma estructural al Sistema General de Participaciones”, apuntó el jefe de la cartera.

La otra parte fundamental de ese ministerio, como se refirió a la educación superior, cuenta con un problema de déficit “más o menos estructural”, según dijo Gaviria. “Por eso desde el viceministerio de Educación Superior se busca hacer una reforma a la Ley 30 del año 92, que cumple 30 años”, y que es la que define la bolsa para este nivel educativo. (También puede leer: Las imágenes de la primera clase de Juan Manuel Santos en la Universidad Nacional)

Aunque hay iniciativas para reformar esta Ley y que nacieron en el Congreso, el ministro Gaviria señaló que la reforma que se propondrá desde la cartera es “más completa, ya que algunos de los artículos de la Ley tienen una concepción de educación que no se ajusta a nuestros tiempos”. Gaviria comentó que algunos de los aspectos que ya han sido presentados por algunos congresistas serán recogidas por la reforma que impulsará esa cartera. 

“Con esas dos reformas ya tendremos las manos llenas”, apuntó el ministro. Sin embargo, recordó que la reforma al Icetex es otro desafío que enfrentan y que los cambios se darán con responsabilidad. 

Más presupuesto para el próximo año

Durante la presentación, Gaviria señaló que le pidió al ministro de Hacienda una aumentó de casi dos billones de pesos en el presupuesto para 2023. Esos recursos serían utilizados para financiar obras de infraestructura, asegurar la gratuidad en la matrícula de universitarios, condonar parte de las deudas que algunas personas tienen con el Icetex, y “avanzar en el camino de la dignificación de los maestros y maestras del país”. (Puede interesarle: Gobierno de Suiza ofrece becas para investigaciones y estudios de posgrado)

Horas más tarde, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dio a conocer que el Presupuesto General de la Nación, será incrementado en $10 billones, para un monto total de $401,4 billones. Sin entrar en detalles, Ocampo mencionó que del incremento anunciado, ocho billones irán para programas de inversión, mientras que los dos billones restantes serán para gastos de funcionamiento. 

Finalizando su intervención, Gaviria apuntó que lo que se busca con los recursos, no es solo garantizar mayor cobertura (como por ejemplo los nuevos 500.000 cupos para jóvenes en educación superior que esperan alcanzar durante este cuatrienio), “sino un aumento de la educación de calidad”.

Fuente: El Espectador

Fiscalía investiga dos exministras de Educación por presunto tráfico de influencias

El 25 de agosto se libró orden de Policía Judicial para establecer la ubicación actual de las ministras Yaneth Giha y María Victoria Angulo.

La Fiscalía General de la Nación libró una orden de Policía Judicial para establecer el arraigo y ubicación actual de dos antiguas ministras de Educación.

La orden judicial fue emitida hace 6 días, el pasado 25 de agosto, y ustedes pueden verla a continuación:

Fiscalía investiga dos exministras de Educación por presunto tráfico de influencias by W Radio Colombia on Scribd

Las ministras objeto de la diligencia judicial son Yaneth Cristina Giha Tovar y María Victoria Angulo González. La orden fue emitida por cuenta del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez.

El fiscal investiga a las exministras Giha y Angulo por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público. El Código Penal establece una pena mínima de 4 años y medio de prisión y una máxima de 12 años por cometer ese delito.

La investigación se inició por cuenta de una orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro del caso que condenó al senador Eduardo Pulgar por ese mismo delito tráfico de influencias y por el de cohecho por ofrecer.

Como ustedes quizás recordarán, el senador Eduardo Pulgar está preso porque fue grabado tratando de sobornar a un juez. El ofrecimiento ilegal tenía por objeto que el juez torciera un proceso para favorecer a Luis Fernando Acosta Osío dentro de un pleito para controlar la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

La Universidad y el Hospital Metropolitano, que de ella depende, generan ingresos anuales por 80.000 millones de pesos.

Pulgar se acogió a sentencia anticipada aceptando dos de los cargos. En la condena, el magistrado ponente Marco Antonio Rueda encontró razones suficientes para compulsar copias a la Fiscalía contra las ministras Yanhet Giha y María Victoria Angulo por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.

Están documentadas varias reuniones entre las ministras y el senador Eduardo Pulgar. Tanto la ministra Giha como la ministra Angulo han sostenido que esos encuentros no tenían como propósito influir en las decisiones del Ministerio de Educación sobre el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Pese a la versión de las señoras ministras, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, asistido por un fiscal especializado, ha ordenado que:

  • Se establezca la ubicación de las exministras Yaneth Giha y María Victoria Angulo.
  • Oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que acredite la calidad foral de la señora exministra María Victoria Angulo.
  • Requerir a las contrapartes del señor Luis Fernando Acosta Ossío, los señores Carlos Jaller, Ivonne Acosta y Jorge Luis Hernández, para que entreguen copia de un documento enviado al Ministerio de Educación dentro del prolongado pleito por la Universidad Metropolitana.

Por último, le pide al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) que se allegue las fichas de identificación de las exministras que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En Barranquilla, el pleito por la Universidad Metropolitana ha transitado un camino tortuoso, pues varios funcionarios judiciales están cuestionados por su actuación en este proceso en el que nada le pasa al señor Luis Fernando Acosta Ossío y, en cambio, quienes han sido sus contrapartes, terminan empapelados o presos.

Recientemente, el condenado exsenador Eduardo Pulgar logró reelegirse en cuerpo ajeno y desde la cárcel. Su cuñada María Claudia Pérez Giraldo fue elegida senadora dentro de las listas del Partido Liberal y con una de las votaciones más altas del país.

Apenas hace unos días, a través de una tutela, Pulgar consiguió que lo trasladaran de la cárcel La Picota en Bogotá al cómodo batallón de Malambo, Atlántico, desde donde sigue manejando su enorme feudo electoral cuyo epicentro es Soledad situado en las goteras de su lugar de relativa reclusión.

No le va mal a Pulgar, quién sabe cómo le irá a las exministras de Educación.

Fuente: WRadio, Daniel Calderón