Gobierno Nacional otra vez está colgado con el Metro de la 80: debe $412.000 millones de 2025

El Gobierno Nacional solo ha consignado $85.000 millones de los $497.000 millones programados para el año pasado. El Metro está preocupado por una eventual afectación en las reservas que soportan los créditos de la obra.

El gobierno del presidente Gustavo Petro otra vez está colgado en los pagos para el Metro de la 80. A poco de concluir el primer semestre de este año, el Metro señaló que de los $497.630 millones que el gobierno central tenía que girar en 2025, apenas se han consignado $85.000 millones.

Entre tanto, de los $512.558 millones que están programados para este año, no se ha realizado ningún pago.

El dato fue revelado este martes por el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, quien señaló que, aunque todos los contratos del megaproyecto se han seguido ejecutando con normalidad gracias a los créditos que tiene contratados la empresa, la entidad está preocupada por ese ritmo de pago.

“De los giros correspondientes a 2025, a hoy todavía faltan $412.000 millones de 2025 y la cifra de 2026. Esperamos, como nos han anunciado, un aporte en el mes de mayo, que es importante para poder garantizar las reservas de los créditos que tenemos con la banca local”, señaló.

“El Metro de la 80 ha podido seguir avanzando por esos créditos, pero estos tienen que ser respaldados por los desembolsos de las vigencias futuras para poder seguir adelante, de lo contrario podríamos tener dificultades en el avance del proyecto”, agregó.

De acuerdo con el parte entregado por la empresa este martes, día en el que hizo un balance de su gestión en 2025, durante los primeros cinco meses de este año la obra avanzó aproximadamente un 8% adicional.

De un avance general del 42% calculado con corte al 31 de diciembre de 2025, el porcentaje con corte a mayo ya se acercaba al 50%, según aseguró Elejalde.

En palabras del funcionario, en las conversaciones que la entidad ha sostenido con el Ministerio de Hacienda, esta cartera estaría argumentando tener plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para honrar los pagos pendientes.

“El Gobierno Nacional tiene una interpretación de la norma, en la que mencionan que tienen para pago de los recursos del año 2025, de acuerdo a las normas del Presupuesto General de la Nación, hasta el 31 de diciembre del año 2026 para el desembolso”, añadió el gerente.

Elejalde apuntó que la empresa le ha expresado al Gobierno Nacional su preocupación por la suerte de los créditos contratados con la banca, para que las reservas que los soportan no se vayan a ver afectadas.

Si bien el gerente dio a entender que desde Bogotá se ha manifestado disposición para que esos créditos no se pongan en riesgo, advirtió que en caso de que ese escenario se materialice eventualmente se evaluaría si se interponen acciones legales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya había expresado a mediados de abril pasado sus reparos por los retrasos de la Nación nuevamente con el Metro de la 80, advirtiendo que el proyecto había logrado mantenerse a flote por cuenta de los recursos de la Alcaldía y los créditos.

“Esto es un tema que es por ley. El Gobierno Nacional no puede seguir con el cuento de que castiga a Medellín y Antioquia cada que le da la gana. Si quiera ya va a cesar la horrible noche y le quedan pocos meses de gobierno a ellos”, dijo entonces el mandatario.

¿En que van las obras?

El gerente Elejalde señaló por su parte que el proyecto ya ha avanzado en varios frentes de obra, como un viaducto que se construye a la altura del barrio Caribe, cerca a una estación de bomberos.

También el proyecto ha avanzado en los trabajos de construcción de la estación en esa misma zona y en San Germán. En el caso de los patiotalleres, el funcionario señaló que también se ha avanzado en varios trabajos de demolición.

“Hemos avanzado también muy positivamente con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para todo lo que tiene que ver con los diseños de las redes de servicios públicos, que es uno de los alcances más grandes del proyecto, porque hay que reconfigurar la ciudad a medida que va avanzando la obra”, expresó.

Por su parte, Elejalde aseguró que la gestión predial también tendría avances y sostuvo que la obra ya dispone del 95% del área total que se necesita.

Cabe recordar que este es uno de los puntos más álgidos del proyecto, dado que múltiples habitantes de la zona de influencia del proyecto han continuado expresando su inconformidad tanto al Metro como al Distrito por los valores que se están reconociendo por sus casas.

En abril pasado, el alcalde Federico Gutiérrez había señalado por su lado que la gestión predial se había suspendido temporalmente, debido a que las ofertas no podrían presentarse mientras esté vigente la ley de garantías por las elecciones.

“Liquidar Emssanar sería devastador para los vulnerables”: sindicato de EPS a Petro

La aseguradora Emssanar está bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde junio de 2022, por lo cual estaría cerca su liquidación.

La posible liquidación de Emssanar EPS antes del próximo 31 de mayo encendió las alertas entre usuarios y directivos, luego de que la Asociación Unitaria de Trabajadores de la entidad enviara una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al superintendente de Salud, Daniel Quintero, solicitando detener alguna decisión que implique su liquidación.

En el documento, el sindicato advierte que una eventual desaparición de la aseguradora pondría en riesgo la prestación de servicios médicos para más de 1,6 millones de afiliados y afectaría directamente la estabilidad laboral de 1.585 empleados. Además, señalan que la medida tendría repercusiones sobre la red hospitalaria pública del suroccidente del país.

La organización sindical sostuvo que la determinación que adopten las autoridades no solo impactará a los usuarios del sistema, sino también a hospitales públicos y a las finanzas estatales. Según expusieron, la decisión prevista para finales de mayo definirá el futuro del acceso a la salud de millones de personas vinculadas a la EPS.

En la comunicación enviada al Gobierno Petro, los trabajadores calificaron una eventual liquidación como una medida perjudicial para el Estado y especialmente grave para las comunidades más vulnerables. Aseguran que el cierre de Emssanar no significaría únicamente el fin de una entidad, sino el desmonte de una estructura de aseguramiento consolidada durante cerca de tres décadas, en referencia al tiempo que lleva de construcción el sistema desde la Ley 100 de 1993.

El sindicato recordó que Emssanar surgió en 1994, en medio de la implementación de esa legislación, como una iniciativa ligada a organizaciones comunitarias encargadas de garantizar cobertura médica a población de bajos recursos. Por ello, consideran que acabar con la EPS implicaría desmontar un modelo construido históricamente para atender a sectores excluidos.

Según las cifras entregadas por los trabajadores firmantes de la carta, a diciembre de 2025 la EPS contaba con 1’673.178 afiliados, de los cuales más de 1,5 millones pertenecían al régimen subsidiado. Opera en 102 municipios del suroccidente de Colombia y concentra el 33,74 % de participación en ese segmento, convirtiéndose en el principal asegurador de población vulnerable en esos departamentos.

La asociación también manifestó preocupación por los pacientes diagnosticados con enfermedades de alto costo —entre ellas cáncer, insuficiencia renal crónica, VIH y patologías huérfanas—. Según indicaron, muchos de estos pacientes viven en zonas apartadas donde Emssanar representa prácticamente la única opción disponible para acceder al sistema de salud, lo que dificultaría un eventual traslado a otras EPS.

Finalmente, el sindicato de trabajadores señaló que la situación financiera de la entidad debe analizarse teniendo en cuenta las complejas condiciones sociales y geográficas de la población que atiende. Explicaron que la concentración de afiliados en áreas rurales dispersas y con altos índices de pobreza incrementa los costos médicos y la demanda de atención especializada, situación que podría agravarse si se liquida la aseguradora.

Cepeda reporta 0 pesos gastados en eventos pese a que lleva más de 100 “tarimazos” en el país

Cepeda reportó ante el CNE que han recibido 15 mil millones de pesos en campaña.

Después de varios reclamos por no haber reportado sus gastos de campaña ante el CNE, el candidato Iván Cepeda informó este martes a ese organismo electoral que su campaña ha recibido 15.000 millones de pesos y ha ejecutado gastos por más de 1.930 millones.

Pero el reporte deja una pregunta difícil de ignorar: pese a que Cepeda asegura haber realizado más de 100 eventos multitudinarios durante la campaña, ante el CNE los gastos por ese concepto aparecen en cero pesos.

El pasado 8 de mayo, el propio candidato publicó en su cuenta de X un balance de su actividad política en plazas públicas: “MI INTERLOCUTOR ES EL PUEBLO. Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas (…)”, escribió.

Incluso agregó que sus discursos son transmitidos en directo por redes sociales y que cada evento ha servido para presentar propuestas ante miles de asistentes.

Sin embargo, aunque el candidato habla de 106 actos multitudinarios y más de medio millón de asistentes, en los reportes entregados al CNE no aparece un solo peso destinado a eventos públicos. Un vacío contable que ya empieza a levantar más preguntas que respuestas.

En el informe de ingresos y gatos de la campaña presidencial del candidato del Pacto, se lee que reportó que los 15 mil millones de pesos que han ingresado son producto de “créditos del sector financiero”, como lo recoge en otro documento anexado al CNE.

Se trata de cinco préstamos, de cinco millones de pesos cada uno, con la cooperativa Confiar, que le presta dinero a varios políticos del Pacto Histórico.

Los reportes son firmados por el gerente de la campaña Antonio Javier Peñaloza y el auditor de la misma, el señor Juan Carlos Lemus, quien ha cumplido las mismas funciones con los dineros del Pacto Histórico.

Antes de Cepeda, las campañas que ya habían presentado sus gastos fueron las de Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras y Mauricio Lizcano.

En total, según un informe de Transparencia por Colombia, los gastos totales entre campañas suman más de 21 mil millones de pesos, de los que solo De la Espriella ha reportado más de 14 mil.

Paloma Valencia ha reportado cerca de 6 mil millones de pesos, Sergio Fajardo $925 millones, Claudia López $82 millones y Roy Barreras $49 millones. Mauricio Lizcano reportó ingresos por casi $469 millones, pero no ha reportado gastos.

Entre los demás candidatos, De la Espriella ha reportado $32 mil millones, Valencia $15 mil millones, Fajardo $1.568 millones, López $87 millones y Barreras $100 millones.

Los principales gastos reportados

La campaña de Cepeda reportó ante el CNE gastos por $ 1.931.428.903, concentrados principalmente en tres áreas fundamentales: propaganda electoral, logística territorial y administración.

La mayor parte de los recursos se destinó a fortalecer la visibilidad y difusión de la campaña, mientras que el financiamiento estuvo respaldado principalmente por créditos adquiridos con Confiar.

En materia de propaganda electoral, la campaña invirtió más de $1.405 millones, equivalente a cerca del 75 % del gasto total. El principal rubro correspondió a la impresión de periódicos con Casa Editorial El Tiempo S.A., mediante tres pagos.

Adicionalmente, se destinaron $307.567.593 a la empresa You Ticket S.A.S. para la impresión de material publicitario y avisos. La campaña también reportó una inversión de $15 millones en la producción de su canción oficial, servicio desarrollado por David Kawooq SAS.

En cuanto a la logística y el despliegue territorial, la campaña informó que ha gastado un poco más de $387 millones en transporte, mensajería y distribución de materiales.

Dentro de este componente, se registraron $87.627.961 en tiquetes y transporte aéreo contratados con Agencia de Viajes y Turismo Global Blue.

Asimismo, Logística y Transportes Lemus Linares SAS recibió $88.432.000 por servicios de mensajería nacional y transporte de correspondencia.

La distribución de materiales tuvo una mayor concentración en regiones estratégicas como Valle del Cauca, donde se reportaron gastos por $35 millones; Bogotá, con $30 millones; y Antioquia, con $25 millones. También se registraron entregas en departamentos periféricos como Chocó, Amazonas, Vichada y Putumayo.

Gastos operativos reportados por Cepeda

Por otra parte, los gastos operativos y administrativos ascendieron a $75 millones y estuvieron dirigidos exclusivamente al pago de honorarios profesionales, según las actas firmadas por el gerente de la campaña Antonio Javier Peñaloza y el auditor de la misma, el señor Juan Carlos Lemus.

Entre los cargos destacados aparecen la Coordinadora Territorial Nacional y el Contador Auxiliar, cada uno con pagos de $15 millones, además de la Tesorera de campaña, que recibió $10 millones.

La estrategia digital también tuvo participación dentro de este rubro, con una inversión de $14 millones para cubrir honorarios relacionados con redacción de contenidos, apoyo estratégico y gestión de pauta digital mediante un Traffic Manager.

La campaña reportó ingresos por $15.000 millones provenientes de tres créditos otorgados por Confiar Cooperativa Financiera. Cada uno de estos créditos fue por $5.000 millones y contó con pignoración de recursos contemplados bajo la Ley 130 de 1994, mecanismo utilizado para respaldar la financiación de campañas políticas en Colombia.

Las polémicas previas de Cepeda

Cepeda ha dicho que su campaña no ha recibido ninguna donación. Pero un artículo de Felipe López Caballero en la revista Cambio cuenta otra historia:

Las cuentas de su campaña para la consulta de la izquierda resultaron fraudulentas. De los 964 millones de pesos que reportó como gastos ante el Consejo Nacional Electoral609 provinieron de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso. Ahí, técnicamente, se configurarían 2 delitos: falsedad documental e intento de fraude procesal, porque el propósito de esa falsedad era la plata de la reposición de los votos”.

Cepeda, con el fin de desvirtuar la información, señaló que “para la consulta que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025, el monto del gasto de mi campaña reportado al Consejo Nacional Electoral fue de $964.830.000.

El origen de ese gasto se compone de $609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y $355 millones en otros créditos”.

Sin embargo, como comprobó este diario, si bien el gasto reportado por Cepeda sí aparece en el aplicativo de Cuentas Clarasno está reportado como crédito, sino como donación.

Ese ítem figura en el formulario de “propaganda electoral” y está reportado a nombre de Samat Publicidad S. A. S., como un “crédito en especie suministrado de material publicitario” para la elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresas a full color.

Junto a ese valor aparece otro registro como “crédito en especie” a nombre de Javier Antonio Pérez Páez por $116.151.000, correspondiente a la elaboración de 300.000 periódicos, 410.000 hojas volantes y 61 pendones de distintos tamaños.

EL COLOMBIANO, a mediados de enero de este año, publicó tres notas sobre este tema. Para entonces Cepeda reportó gastos por un poco más de $964 millones.

Sin embargo, la polémica se mantiene porque los reportes aparecen también en el formulario de “contribuciones o donaciones de particulares”, donde figura que el mayor aporte a la campaña fue realizado por la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, no como parte de un crédito sino como una donación de $609.399.000 millones.

Y, según constató este diario, entorno a esa empresa existen cuestionamientos sobre lo que reporta ante la Cámara de Comercio de Barranquilla y la escala de los servicios que presta en esa ciudad, incluidos servicios de publicidad asociados a la campaña de Cepeda.

¿Y de los TLC qué?

Septiembre 1, 2022

Hace por lo menos cien años que la relación de Colombia con Estados Unidos juega un papel decisivo en la economía colombiana. Desde el I took Panamá de noviembre de 1903 han pasado muchas décadas, signadas en buena parte por una relación estrecha y con muy pocas desavenencias entre los dos gobiernos en todos los terrenos. La relación ha incluido acuerdos militares tales como la participación colombiana en la guerra de Corea, su vinculación al Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), el intento de establecer aquí simultáneamente ocho bases militares estadounidenses y el hecho de poner a disposición de ese país importantes instalaciones militares. El ritmo, profundidad y características de la lucha contra los cultivos ilícitos y toda una estrategia de desarrollo fueron plasmados en el Plan Colombia que, redactado en inglés, incluye la apertura económica y el Tratado de Libre Comercio como unos de sus componentes principales. Hay, además, acuerdos culturales y educativos. En suma, los gobiernos colombianos han compartido la visión estratégica de Estados Unidos en el mundo y se enorgullecen de ser su principal aliado en Suramérica y de apoyar y participar en la OTAN.

Desde 1998, cuando comenzó a negociarse el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la liberalización comercial y la adopción de normas que no pudieron acordarse en la OMC por desacuerdos entre los países desarrollados ha sido el eje de las relaciones económicas entre los dos países. Ante el inminente fracaso del acuerdo, con el cual el gobierno colombiano coincidía plenamente, Colombia fue el primer país de la región andina que propuso suscribir un TLC bilateral con Estados Unidos. Se suscribió con el pretexto de que, al expirar el Atpdea y con él unas cuantas preferencias unilaterales y discrecionales con las que Estados Unidos compensaba los esfuerzos colombianos en la lucha contra el tráfico de drogas, era necesario que se volvieran permanentes y de mayor alcance. Colombia, a cambio, tendría que dar rápido acceso a su mercado a los productos de Estados Unidos, muchos subsidiados allá.

En la negociación, que culminó en 2006, el país no logró conservar ningún mecanismo de protección a la producción nacional. El Tratado de Libre Comercio entró en vigencia en 2012, por la exigencia del partido Demócrata de que se incluyeran exigencias en materia laboral, ambiental y de derechos humanos, las cuales, en el fondo, buscaban proteger sectores de la economía estadounidense ante la eventual competencia desleal proveniente del dumping laboral o ambiental.

El TLC no implicó un desmonte de la política industrial, ya desmontada durante los primeros años de la apertura, pero sí lo hizo irreversible con el tratado internacional. Durante todos estos años Colombia se ha desindustrializado y ha perdido la capacidad de alimentar a su propia población con productos nativos.

Las diferencias en la chequera de los dos países impiden que Colombia subsidie su agro para colocarlo en condiciones de competir con los productos importados, ya no en el campo internacional sino en el mercado interno. No solo en los subsidios, sino también en el costo país, hay diferencias grandísimas que no pueden subsanarse sino con cuantiosas inversiones en infraestructura y tecnología.

Quienes afirman que da lo mismo tener o no tener TLC y que basta con promover la competitividad olvidan que se aceptaron condiciones desiguales y que llevamos tres décadas de rezago, que solo podrán resolverse con un esfuerzo extraordinario para el cual el país tiene las manos atadas. El TLC le impide al Estado promover una política activa, dar preferencias a los productores nacionales y restablecer la capacidad de investigación, acopio, crédito subsidiado y demás que se necesitan para nivelar la cancha.

Los TLC tienen ganadores y perdedores. Ganadores, Estados Unidos y la Unión Europea. Perdedores, los nuestros. Es incluso posible que entre ellos pueda haber diálogo, especialmente con “nuestros amigos estadounidenses”. Pero si la parte colombiana no tiene una clara y firme posición acerca de sus intereses, el tema difícilmente entrará en la agenda, como efectivamente está sucediendo hasta el momento. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Dónde quedan las afirmaciones hechas por el candidato Petro? “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor” y “Revisaremos los Tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales” (Programa de Gobierno Gustavo Petro y Francia Márquez).

Valdría la pena atender los llamados hechos hace apenas unos meses por el actual ministro de Industria y Comercio: “En el mediano plazo, para recuperar la capacidad de implementar políticas públicas que conduzcan a un modelo de desarrollo sostenible de incorporación de progreso técnico, desarrollo de la capacidad humana y generación de empleo la renegociación de los tratados bilaterales (…) no es hora de replantear y renegociar tan draconianos Acuerdos, incluyendo los reales intereses de los países en desarrollo?”. Y “Si definimos un nuevo camino no hay ninguna limitante, los acuerdos se renegocian o se denuncian. Los únicos que no ‘se devuelven son los ríos’” (Una breve reflexión disruptiva (2, 3, 5). Germán Umaña Mendoza. Marzo 2, 9 y 24 de 2022. Ver Enlace 1enlace 2 y enlace 3).

Fuente: MásColombia, Enrique Daza – Exsecretario de la Alianza Social Continental y de la Red Colombiana frente al Libre Comercio, Recalca. Director del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo

Desempleo, lo que más preocupa a empresarios

En época de pandemia los líderes de negocios mundiales hicieron un balance de lo que, desde su concepto, son las principales preocupaciones hoy en el mundo. Para el caso concreto de Colombia, el desempleo es la primera de ellas (43 %), seguida por la inestabilidad social (37 %) y el contagio de enfermedades infecciosas (35 %).

Esto es lo que explica la Encuesta Anual de Opinión Ejecutiva 2020, del Foro Económico Mundial, en alianza con la firma global de servicios profesionales Marsh, que tuvo en cuenta las respuestas de 12.012 empresarios de 128 países, quienes seleccionaron las cinco mayores amenazas desde su perspectiva, de una lista de 30 en total.

En línea con el pensamiento ejecutivo, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, postuló que pese a que el mayor coletazo de la pandemia habría pasado en abril, el desempleo sigue siendo el principal problema a combatir en el país, toda vez que afecta factores como ingresos de las personas y los indicadores de pobreza.

De hecho, dice la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) que solo en agosto los hogares colombianos dejaron percibir recursos del orden de 2,6 billones de pesos, luego de que 2,41 millones de personas salieran de la ocupación en ese mes frente a igual lapso del año pasado (el indicador pasó de 22,1 millones a 19,6 millones).

Y es que la perspectiva de los empresarios colombianos no está muy lejos de lo que cree el promedio de ejecutivos que fueron consultados en el mundo, en tanto que en el top 5 de temas que le preocupan a estos estuvieron en su orden el desempleo, la propagación de enfermedades, las crisis fiscales, los ataques cibernéticos y la inestabilidad social.

Ante esto, postuló en un documento Saadia Zahidi, directora general del Foro Económico Mundial, que “las alteraciones en el empleo causadas por la pandemia, el aumento de la automatización y la transición a economías más ecológicas están cambiando los mercados laborales de manera radical”.

“A medida que emergemos de la crisis, los líderes tienen una oportunidad excepcional de crear nuevos empleos, ofrecer salarios dignos y reinventar las redes de seguridad social para superar adecuadamente los desafíos en los mercados laborales del mañana”, sugirió la experta.

Más allá del desempleo

En el caso del segundo ‘temor’ de los líderes nacionales, la inestabilidad social, Lya Paola Sierra, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana de Cali, recalcó que es un factor fundamental, incluso pensando en la llegada de empresas y que debe darse seguridad en materia jurídica así como en aspectos de inclusión social que respondan a las inconformidades de la sociedad.

Y ya para el tercer riesgo asociado a los virus, José Luis Mojica, investigador económico de Corficolombiana, recuerda que tanto empresarios como mercados siguen de cerca la situación del covid-19 y las noticias positivas o negativas que se den en el mundo sobre este darán la pauta para tomar decisiones que repercutirán en la economía (ver Paréntesis).

En cualquier caso, anotó Peter Giger, Chief Risk Officer de Zurich Insurance Group, la pandemia actual está distrayendo de riesgos a largo plazo –los cuales no mencionó– que surgirán una vez esta se mitigue. No obstante, exaltó que el aspecto positivo del virus es que está haciendo que los ejecutivos replanteen sus prioridades.

FUENTE EL COLOMBIANO

La recuperación económica será dispar en 2021

En las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial de los últimos días se ha destacado que, luego de superarse las cuarentenas estrictas del segundo trimestre de 2020, los indicadores de la actividad económica en la mayor parte del mundo han mostrado un rebote secuencial (ver ¿Qué sigue?).

Esto marca, según los analistas económicos de Bancolombia, el inicio de un proceso de recuperación que tomará varios años y que deberá sortear múltiples altibajos.

En ese contexto, los expertos de esa entidad financiera consideran que la economía colombiana observará una recuperación que se producirá luego de superar la fase más crítica de la pandemia y estará liderada por sectores que tendrán, al final del año próximo, un tamaño mayor al que presentaban antes de la llegada de la covid-19, como la agricultura, los sectores financiero e inmobiliario y los servicios públicos.

Entre las actividades que se recuperarán, pero permanecerán por debajo de los niveles vigentes en 2019 están el comercio, la industria, la minería y la construcción.

Al cierre del tercer trimestre se prevé que la actividad productiva en el país ganó tracción, al mostrar unas contracciones más moderadas desde que se reportaron los primeros casos de la covid. En este comportamiento fue determinante el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio a finales de agosto.

En las cuentas del Grupo Bancolombia el Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá este año un 7,5 %, y en 2021 se volverá a ubicar en campo positivo con un 5,5 % (ver gráfico).

Más pronósticos

Por su parte, los 30 analistas que respondieron la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República señalaron que durante el tercer trimestre de este año (julio-septiembre) la variación del PIB fue negativa de 8,83 %, no obstante, vale anotar que el indicador solo lo revelará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el próximo 17 de noviembre.

En la encuesta, los expertos también pronosticaron que para el último cuarto del año, es decir el periodo comprendido entre octubre y diciembre) y el primer trimestre del año 2021 el PIB volverá a ser negativo y se ubicará en 4,88 % y 1,08 %, respectivamente.

Los valores positivos se volverían a ver a partir del segundo trimestre de 2021 (abril-junio) cuando se prevé un crecimiento de 10,02 %.

FUENTE EL COLOMBIANO