Gobierno Nacional otra vez está colgado con el Metro de la 80: debe $412.000 millones de 2025

El Gobierno Nacional solo ha consignado $85.000 millones de los $497.000 millones programados para el año pasado. El Metro está preocupado por una eventual afectación en las reservas que soportan los créditos de la obra.

El gobierno del presidente Gustavo Petro otra vez está colgado en los pagos para el Metro de la 80. A poco de concluir el primer semestre de este año, el Metro señaló que de los $497.630 millones que el gobierno central tenía que girar en 2025, apenas se han consignado $85.000 millones.

Entre tanto, de los $512.558 millones que están programados para este año, no se ha realizado ningún pago.

El dato fue revelado este martes por el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, quien señaló que, aunque todos los contratos del megaproyecto se han seguido ejecutando con normalidad gracias a los créditos que tiene contratados la empresa, la entidad está preocupada por ese ritmo de pago.

“De los giros correspondientes a 2025, a hoy todavía faltan $412.000 millones de 2025 y la cifra de 2026. Esperamos, como nos han anunciado, un aporte en el mes de mayo, que es importante para poder garantizar las reservas de los créditos que tenemos con la banca local”, señaló.

“El Metro de la 80 ha podido seguir avanzando por esos créditos, pero estos tienen que ser respaldados por los desembolsos de las vigencias futuras para poder seguir adelante, de lo contrario podríamos tener dificultades en el avance del proyecto”, agregó.

De acuerdo con el parte entregado por la empresa este martes, día en el que hizo un balance de su gestión en 2025, durante los primeros cinco meses de este año la obra avanzó aproximadamente un 8% adicional.

De un avance general del 42% calculado con corte al 31 de diciembre de 2025, el porcentaje con corte a mayo ya se acercaba al 50%, según aseguró Elejalde.

En palabras del funcionario, en las conversaciones que la entidad ha sostenido con el Ministerio de Hacienda, esta cartera estaría argumentando tener plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para honrar los pagos pendientes.

“El Gobierno Nacional tiene una interpretación de la norma, en la que mencionan que tienen para pago de los recursos del año 2025, de acuerdo a las normas del Presupuesto General de la Nación, hasta el 31 de diciembre del año 2026 para el desembolso”, añadió el gerente.

Elejalde apuntó que la empresa le ha expresado al Gobierno Nacional su preocupación por la suerte de los créditos contratados con la banca, para que las reservas que los soportan no se vayan a ver afectadas.

Si bien el gerente dio a entender que desde Bogotá se ha manifestado disposición para que esos créditos no se pongan en riesgo, advirtió que en caso de que ese escenario se materialice eventualmente se evaluaría si se interponen acciones legales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya había expresado a mediados de abril pasado sus reparos por los retrasos de la Nación nuevamente con el Metro de la 80, advirtiendo que el proyecto había logrado mantenerse a flote por cuenta de los recursos de la Alcaldía y los créditos.

“Esto es un tema que es por ley. El Gobierno Nacional no puede seguir con el cuento de que castiga a Medellín y Antioquia cada que le da la gana. Si quiera ya va a cesar la horrible noche y le quedan pocos meses de gobierno a ellos”, dijo entonces el mandatario.

¿En que van las obras?

El gerente Elejalde señaló por su parte que el proyecto ya ha avanzado en varios frentes de obra, como un viaducto que se construye a la altura del barrio Caribe, cerca a una estación de bomberos.

También el proyecto ha avanzado en los trabajos de construcción de la estación en esa misma zona y en San Germán. En el caso de los patiotalleres, el funcionario señaló que también se ha avanzado en varios trabajos de demolición.

“Hemos avanzado también muy positivamente con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para todo lo que tiene que ver con los diseños de las redes de servicios públicos, que es uno de los alcances más grandes del proyecto, porque hay que reconfigurar la ciudad a medida que va avanzando la obra”, expresó.

Por su parte, Elejalde aseguró que la gestión predial también tendría avances y sostuvo que la obra ya dispone del 95% del área total que se necesita.

Cabe recordar que este es uno de los puntos más álgidos del proyecto, dado que múltiples habitantes de la zona de influencia del proyecto han continuado expresando su inconformidad tanto al Metro como al Distrito por los valores que se están reconociendo por sus casas.

En abril pasado, el alcalde Federico Gutiérrez había señalado por su lado que la gestión predial se había suspendido temporalmente, debido a que las ofertas no podrían presentarse mientras esté vigente la ley de garantías por las elecciones.

“Liquidar Emssanar sería devastador para los vulnerables”: sindicato de EPS a Petro

La aseguradora Emssanar está bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde junio de 2022, por lo cual estaría cerca su liquidación.

La posible liquidación de Emssanar EPS antes del próximo 31 de mayo encendió las alertas entre usuarios y directivos, luego de que la Asociación Unitaria de Trabajadores de la entidad enviara una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al superintendente de Salud, Daniel Quintero, solicitando detener alguna decisión que implique su liquidación.

En el documento, el sindicato advierte que una eventual desaparición de la aseguradora pondría en riesgo la prestación de servicios médicos para más de 1,6 millones de afiliados y afectaría directamente la estabilidad laboral de 1.585 empleados. Además, señalan que la medida tendría repercusiones sobre la red hospitalaria pública del suroccidente del país.

La organización sindical sostuvo que la determinación que adopten las autoridades no solo impactará a los usuarios del sistema, sino también a hospitales públicos y a las finanzas estatales. Según expusieron, la decisión prevista para finales de mayo definirá el futuro del acceso a la salud de millones de personas vinculadas a la EPS.

En la comunicación enviada al Gobierno Petro, los trabajadores calificaron una eventual liquidación como una medida perjudicial para el Estado y especialmente grave para las comunidades más vulnerables. Aseguran que el cierre de Emssanar no significaría únicamente el fin de una entidad, sino el desmonte de una estructura de aseguramiento consolidada durante cerca de tres décadas, en referencia al tiempo que lleva de construcción el sistema desde la Ley 100 de 1993.

El sindicato recordó que Emssanar surgió en 1994, en medio de la implementación de esa legislación, como una iniciativa ligada a organizaciones comunitarias encargadas de garantizar cobertura médica a población de bajos recursos. Por ello, consideran que acabar con la EPS implicaría desmontar un modelo construido históricamente para atender a sectores excluidos.

Según las cifras entregadas por los trabajadores firmantes de la carta, a diciembre de 2025 la EPS contaba con 1’673.178 afiliados, de los cuales más de 1,5 millones pertenecían al régimen subsidiado. Opera en 102 municipios del suroccidente de Colombia y concentra el 33,74 % de participación en ese segmento, convirtiéndose en el principal asegurador de población vulnerable en esos departamentos.

La asociación también manifestó preocupación por los pacientes diagnosticados con enfermedades de alto costo —entre ellas cáncer, insuficiencia renal crónica, VIH y patologías huérfanas—. Según indicaron, muchos de estos pacientes viven en zonas apartadas donde Emssanar representa prácticamente la única opción disponible para acceder al sistema de salud, lo que dificultaría un eventual traslado a otras EPS.

Finalmente, el sindicato de trabajadores señaló que la situación financiera de la entidad debe analizarse teniendo en cuenta las complejas condiciones sociales y geográficas de la población que atiende. Explicaron que la concentración de afiliados en áreas rurales dispersas y con altos índices de pobreza incrementa los costos médicos y la demanda de atención especializada, situación que podría agravarse si se liquida la aseguradora.

Cepeda reporta 0 pesos gastados en eventos pese a que lleva más de 100 “tarimazos” en el país

Cepeda reportó ante el CNE que han recibido 15 mil millones de pesos en campaña.

Después de varios reclamos por no haber reportado sus gastos de campaña ante el CNE, el candidato Iván Cepeda informó este martes a ese organismo electoral que su campaña ha recibido 15.000 millones de pesos y ha ejecutado gastos por más de 1.930 millones.

Pero el reporte deja una pregunta difícil de ignorar: pese a que Cepeda asegura haber realizado más de 100 eventos multitudinarios durante la campaña, ante el CNE los gastos por ese concepto aparecen en cero pesos.

El pasado 8 de mayo, el propio candidato publicó en su cuenta de X un balance de su actividad política en plazas públicas: “MI INTERLOCUTOR ES EL PUEBLO. Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas (…)”, escribió.

Incluso agregó que sus discursos son transmitidos en directo por redes sociales y que cada evento ha servido para presentar propuestas ante miles de asistentes.

Sin embargo, aunque el candidato habla de 106 actos multitudinarios y más de medio millón de asistentes, en los reportes entregados al CNE no aparece un solo peso destinado a eventos públicos. Un vacío contable que ya empieza a levantar más preguntas que respuestas.

En el informe de ingresos y gatos de la campaña presidencial del candidato del Pacto, se lee que reportó que los 15 mil millones de pesos que han ingresado son producto de “créditos del sector financiero”, como lo recoge en otro documento anexado al CNE.

Se trata de cinco préstamos, de cinco millones de pesos cada uno, con la cooperativa Confiar, que le presta dinero a varios políticos del Pacto Histórico.

Los reportes son firmados por el gerente de la campaña Antonio Javier Peñaloza y el auditor de la misma, el señor Juan Carlos Lemus, quien ha cumplido las mismas funciones con los dineros del Pacto Histórico.

Antes de Cepeda, las campañas que ya habían presentado sus gastos fueron las de Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras y Mauricio Lizcano.

En total, según un informe de Transparencia por Colombia, los gastos totales entre campañas suman más de 21 mil millones de pesos, de los que solo De la Espriella ha reportado más de 14 mil.

Paloma Valencia ha reportado cerca de 6 mil millones de pesos, Sergio Fajardo $925 millones, Claudia López $82 millones y Roy Barreras $49 millones. Mauricio Lizcano reportó ingresos por casi $469 millones, pero no ha reportado gastos.

Entre los demás candidatos, De la Espriella ha reportado $32 mil millones, Valencia $15 mil millones, Fajardo $1.568 millones, López $87 millones y Barreras $100 millones.

Los principales gastos reportados

La campaña de Cepeda reportó ante el CNE gastos por $ 1.931.428.903, concentrados principalmente en tres áreas fundamentales: propaganda electoral, logística territorial y administración.

La mayor parte de los recursos se destinó a fortalecer la visibilidad y difusión de la campaña, mientras que el financiamiento estuvo respaldado principalmente por créditos adquiridos con Confiar.

En materia de propaganda electoral, la campaña invirtió más de $1.405 millones, equivalente a cerca del 75 % del gasto total. El principal rubro correspondió a la impresión de periódicos con Casa Editorial El Tiempo S.A., mediante tres pagos.

Adicionalmente, se destinaron $307.567.593 a la empresa You Ticket S.A.S. para la impresión de material publicitario y avisos. La campaña también reportó una inversión de $15 millones en la producción de su canción oficial, servicio desarrollado por David Kawooq SAS.

En cuanto a la logística y el despliegue territorial, la campaña informó que ha gastado un poco más de $387 millones en transporte, mensajería y distribución de materiales.

Dentro de este componente, se registraron $87.627.961 en tiquetes y transporte aéreo contratados con Agencia de Viajes y Turismo Global Blue.

Asimismo, Logística y Transportes Lemus Linares SAS recibió $88.432.000 por servicios de mensajería nacional y transporte de correspondencia.

La distribución de materiales tuvo una mayor concentración en regiones estratégicas como Valle del Cauca, donde se reportaron gastos por $35 millones; Bogotá, con $30 millones; y Antioquia, con $25 millones. También se registraron entregas en departamentos periféricos como Chocó, Amazonas, Vichada y Putumayo.

Gastos operativos reportados por Cepeda

Por otra parte, los gastos operativos y administrativos ascendieron a $75 millones y estuvieron dirigidos exclusivamente al pago de honorarios profesionales, según las actas firmadas por el gerente de la campaña Antonio Javier Peñaloza y el auditor de la misma, el señor Juan Carlos Lemus.

Entre los cargos destacados aparecen la Coordinadora Territorial Nacional y el Contador Auxiliar, cada uno con pagos de $15 millones, además de la Tesorera de campaña, que recibió $10 millones.

La estrategia digital también tuvo participación dentro de este rubro, con una inversión de $14 millones para cubrir honorarios relacionados con redacción de contenidos, apoyo estratégico y gestión de pauta digital mediante un Traffic Manager.

La campaña reportó ingresos por $15.000 millones provenientes de tres créditos otorgados por Confiar Cooperativa Financiera. Cada uno de estos créditos fue por $5.000 millones y contó con pignoración de recursos contemplados bajo la Ley 130 de 1994, mecanismo utilizado para respaldar la financiación de campañas políticas en Colombia.

Las polémicas previas de Cepeda

Cepeda ha dicho que su campaña no ha recibido ninguna donación. Pero un artículo de Felipe López Caballero en la revista Cambio cuenta otra historia:

Las cuentas de su campaña para la consulta de la izquierda resultaron fraudulentas. De los 964 millones de pesos que reportó como gastos ante el Consejo Nacional Electoral609 provinieron de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso. Ahí, técnicamente, se configurarían 2 delitos: falsedad documental e intento de fraude procesal, porque el propósito de esa falsedad era la plata de la reposición de los votos”.

Cepeda, con el fin de desvirtuar la información, señaló que “para la consulta que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025, el monto del gasto de mi campaña reportado al Consejo Nacional Electoral fue de $964.830.000.

El origen de ese gasto se compone de $609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y $355 millones en otros créditos”.

Sin embargo, como comprobó este diario, si bien el gasto reportado por Cepeda sí aparece en el aplicativo de Cuentas Clarasno está reportado como crédito, sino como donación.

Ese ítem figura en el formulario de “propaganda electoral” y está reportado a nombre de Samat Publicidad S. A. S., como un “crédito en especie suministrado de material publicitario” para la elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresas a full color.

Junto a ese valor aparece otro registro como “crédito en especie” a nombre de Javier Antonio Pérez Páez por $116.151.000, correspondiente a la elaboración de 300.000 periódicos, 410.000 hojas volantes y 61 pendones de distintos tamaños.

EL COLOMBIANO, a mediados de enero de este año, publicó tres notas sobre este tema. Para entonces Cepeda reportó gastos por un poco más de $964 millones.

Sin embargo, la polémica se mantiene porque los reportes aparecen también en el formulario de “contribuciones o donaciones de particulares”, donde figura que el mayor aporte a la campaña fue realizado por la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, no como parte de un crédito sino como una donación de $609.399.000 millones.

Y, según constató este diario, entorno a esa empresa existen cuestionamientos sobre lo que reporta ante la Cámara de Comercio de Barranquilla y la escala de los servicios que presta en esa ciudad, incluidos servicios de publicidad asociados a la campaña de Cepeda.

Volver al salón: desafío de educación y salud pública

Unicef instó a gobiernos a agilizar el proceso de cara a las clases del próximo año. Colombia le apuesta a mantener el modelo de alternancia.

La educación de los niños del mundo se vio frenada por la pandemia y, con los repuntes en el número de contagios, varios países se han inclinado por regresar a los cierres que se emplearon inicialmente como estrategia de mitigación frente al virus.

Entre estos países aparecen Reino Unido y Países Bajos. Este último anunció que el cierre de los establecimientos educativos se hará desde este miércoles, aunque la medida también cobija bares, restaurantes y comercios.

Viendo de nuevo este fenómeno, Unicef, desde la semana pasada, instó a los gobiernos a mantener las aulas abiertas, argumentando que la evidencia científica ha demostrado que no son focos de contagio de coronavirus y, por el contrario, hay un daño continuo en el aprendizaje y bienestar de los niños.

“Unicef pide a los gobiernos que den prioridad a la reapertura de escuelas, tomen todas las medidas posibles para que las aulas sean lo más seguras posible y eviten el cierre de escuelas en todo el país”, señaló la organización.

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relató que con corte al 1 de diciembre pasado, en el mundo una de cada cinco escuelas estaban cerradas, dejando a por lo menos 320 millones de estudiantes sin acceso a educación presencial.

“A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre covid-19, el papel de las escuelas en la transmisión comunitaria y los pasos que podemos tomar para mantener a los niños seguros en la escuela, estamos avanzando en la dirección equivocada, y lo hacemos muy rápidamente”, aseguró la semana pasada Robert Jenkins, jefe de Educación de Unicef.

Asimismo, Unicef planteó que los saldos más negativos de no estar en la escuela los sufren las comunidades más vulnerables: “Los niños corren el riesgo de perder su aprendizaje, sistema de apoyo, alimentos y seguridad, y los niños más marginados, que son los que tienen más probabilidades de abandonar la escuela, pagan el precio más alto”, advirtió la organización.¿Qué hacer?

En este punto vale la pena mencionar que el Ministerio de Salud, el 29 de septiembre pasado, publicó el protocolo que deben implementar las instituciones educativas para el retorno físico, el cual, entre otros, exige que haya puntos de desinfección, lavado de manos, distanciamiento entre pupitres y priorizar espacios al aire libre, siempre procurando que haya ventilación.

Sobre el reto de regresar, Wilson Bolívar, decano de la facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, plantea que el reto de Colombia y el mundo está en reabrir las escuelas, garantizando que ese retorno a clases sea seguro, de manera que los estudiantes puedan retomar sus actividades de interacción con sus pares en las aulas y no descuiden el aprendizaje.

Además, asegura que el confinamiento producto de la pandemia generó que algunos estudiantes hayan abandonado las aulas. “Por ejemplo, para el caso de Medellín, la Secretaría de Educación habla de 8.241 que no continuaron con sus procesos de formación”, asegura Bolívar, al mencionar que, en Cartagena, la estadística plantea una deserción del 11,4 %.

“Se hace necesario toda una estrategia institucional que involucre a entes territoriales, maestros y padres de familia para que se logre que los niños y niñas retornen a los establecimientos educativos”, agrega el educador.

En ese sentido, hay que recordar lo planteado por el Gobierno Nacional, al destacar que de cara al próximo año, el modelo de alternancia, es decir, algunos en casa y otros en las aulas, se mantendrá.

Al respecto, el Ministerio de Educación, le dijo a EL COLOMBIANO que en el país hay 50 secretarías de educación avanzando en el modelo de alternancia, lo que equivale al 52 % de estos despachos, labor que se ha logrado a través de un trabajo articulado entre Gobierno Nacional, gobernadores y alcaldes.

De igual manera, señaló que en 24 departamentos y Bogotá se ha implementado el modelo de alternancia, con una representación del 75 % del territorio. Solo queda faltando un 25 % para arrancar, aunque el Ministerio precisó que ya presentaron sus propuestas para 2021, año en el que el país mantendrá el modelo de alternancia.

Por su parte, Carlos Agudelo, epidemiólogo e infectólogo de la Clínica Bolivariana y del San Vicente Fundación de Rionegro, detalla que la decisión de regresar a las aulas debe ser prioridad y señala que llama la atención que mientras el país y mundo abre la sociedad con bares, discotecas, restaurantes, las escuelas se mantengan cerradas. “Los niños absorben con más facilidad las medidas de precaución y ellos, que son los que menos sufren y tienen formas severas en muy baja proporción, son los más sacrificados”.

Fuente EL COLOMBIANO

¿Qué hay detrás de los ataques a Fecode para privatizar la educación?

La propuesta de un referendo, las ideas de entregar bonos educativos, las acusaciones injustificadas y las mentiras en redes son sólo algunas de las estrategias del partido de gobierno para privatizar la educación y estigmatizar a la organización sindical más importante del país; por ello, hoy les contamos que hay realmente detrás de estas iniciativas y de los ataques contra Fecode y el Magisterio Colombiano.

Desde su fundación el partido de gobierno adelanta una campaña con la firme intención de privatizar la educación pública en el país, en esa dirección ha adelantado desde hace años varias propuestas que van desde bonos educativos y proyectos de ley hasta alianzas macabras, convenios y concesiones a la fecha, promueve un referendo en el que se exponen varios propósitos explicados en 13 puntos y agrupados en 5 capítulos. Uno de ellos es acabar con Fecode, porque la federación ha sido el mayor obstáculo para los mercaderes de la educación que durante años han querido privatizar este derecho de diferentes maneras.

Jorge Eliécer Guevara, Senador De La República: “El referendo que está promoviendo el ex Presidente Uribe un propósito claro y es atacar tiene la educación pública, enfrentarla, disminuirla, quitarle su presupuesto y lo dijo de manera clara y categórica en la plenaria del senado la senadora María del Rosario Guerra, queremos más colegios en concesión y más educación privada, y en este sentido, la fórmula es reducirle el presupuesto, por supuesto, a la educación pública y entregarla en bonos al sector privado ”.

Si bien, la educación es el camino hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, también lo es el hecho de que, a mayor educación, mayor nivel de pensamiento crítico, en este sentido, al uribismo no le conviene tener una sociedad letrada y por ello, atacar a Fecode y señalar a los docentes del sector público como adoctrinadores es el camino del partido del gobierno y su líder principal para acabar con la organización sindical más fuerte del país. Por eso recurren a falsos argumentos y calumnias porque cuando una mentira se repite mil veces, ésta termina volviéndose verdad.

Ángela María Robledo, Representante a la Cámara: “Álvaro Uribe Vélez es un hombre acostumbrado a estigmatizar y a tachar de comunistas y guerrilleros a todos los que no piensan como él, y también ha sido un hombre absolutamente enemigo de considerar la educación un derecho, por eso, ha decidido de manera descarada y mezquina acusar a Fecode de estar infiltrado por la izquierda y el comunismo”.

No cabe duda que detrás de la ola de amenazas, señalamientos y hostigamientos en contra de Fecode y el magisterio está el interés de privatizar la educación pública en Colombia, y con ello todo lo que de ella se desprende: transporte, alimentación, infraestructura, etc.… y es allí donde la Federación ha sido la piedra en el zapato porque durante años ha impedido que el derecho a la educación se convierta en una mercancía cualquiera, en manos de unos pocos.

Fuente FECODE

¡Vamos al Paro Nacional el 19 de noviembre!

Las centrales obreras y las Confederaciones de Pensionados convocaron el día 19 de noviembre de 2020, a un Paro Nacional con movilizaciones en Bogotá, las capitales y municipios del país.

Entre los objetivos del paro está la exigencia de derogatoria del Decreto 1174 y la negociación del Pliego de Emergencia, que le fue entregado al Gobierno Nacional, pero que se ha negado a negociar. Por eso, la consigna Duque ni dialoga, ni negocia.

El llamado es que la jornada de este día y las programadas para el 21 y 25 de noviembre, tengan un carácter democrático y pacífico, pero de forma masiva y contundente.

La movilización en Bogotá el día 19, iniciar a partir de las 9:30 de la mañana en el Parque Nacional, para realizar una movilización hacia la Plaza de Bolívar, con todas las medidas necesarias de bioseguridad, como el uso del tapabocas, distanciamiento, gel antibacteriano y alcohol.

Entre los puntos del paro también están:

Por vida y paz. Rechazo a los asesinatos, masacres, la represión de la protesta social. En defensa de la vida, la paz, los acuerdos de paz y su implementación.

Democracia: El respeto pleno a la protesta social ya las libertades ciudadanas, a la independencia del poder judicial y al acatamiento de sus decisiones.

Cabe recordar que el pliego de emergencia contiene puntos relacionados con la defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria nacional, el cumplimiento de los acuerdos firmados con Fecode, la defensa del empleo y la renta básica. Finalmente, una de las líneas principales del paro será el respaldo al sector salud, en particular, en rechazo al proyecto de ley 010 que cursa en el Congreso .

Fuente FECODE