Agosto 28, 2022
En días pasados, el presidente Gustavo Petro anunció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) debería ser manejado por las asociaciones y los Consejos de padres y madres de familia de las instituciones educativas. Igualmente, hizo énfasis en la necesidad de garantizar comida caliente en todas las escuelas y colegios del país. Estas declaraciones generan confianza, alegría y satisfacción, pues controvierten la falacia neoliberal de que la contratación con empresas privadas es mejor que entregar directamente los recursos a las comunidades.
“Nos hemos propuesto lograr comida caliente, lograr una nutrición real de la población que llegue a un colegio, es lograr que sean las asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos”, afirmó el presidente desde el Amazonas, unos de los departamentos más golpeados por la pobreza y la desnutrición en el país.
Como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, existe una relación directa entre la nutrición escolar y la calidad de la educación, algo que el presidente reitera cuando afirma que “muchos niños y niñas van a estudiar con hambre. Y un país así no se puede desarrollar, un país así va limitando sus propias posibilidades, no importa la inmensa riqueza natural que tenga”.
El PAE, que actualmente es manejado por la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, se ha convertido en un nicho de corrupción sin precedentes en la historia reciente del país. Alimentos en mal estado o con sobrecostos, incumplimiento con las medidas de las raciones, contratos amañados con empresas sin experiencia para pagar favores políticos, entre otros escándalos, hacen parte del prontuario criminal que las empresas encargadas de “operar” el PAE le van a dejar a la sociedad colombiana. No pasa una semana sin que se destape, en cualquier ciudad o municipio del país, una olla podrida de corrupción alrededor del PAE.
Acabar con los intermediarios del PAE es un ataque directo al corazón del neoliberalismo que ve en los dineros públicos una fuente de lucro. En una época no muy lejana, cuando todavía tenía eco la idea de que los gobiernos debían favorecer un proyecto nacional para industrializar y desarrollar el país, eran las asociaciones de padres con el acompañamiento de las administraciones municipales quienes manejaban la alimentación escolar.
Con la asesoría y apoyo de Icbf se elaboraban minutas que garantizaban una dieta de calidad. Además, existían programas de capacitación permanente a cargo del Estado para padres y madres de familia y para los representantes de los profesores. Claro que en ese entonces se pagaba una cuota que jugaba un papel simbólico para mantener de forma justa los costos de producción y transporte.
Ojalá se apruebe pronto esta medida, pues en tiempos en que la verdad histórica se abre campo en las escuelas del país urge buscar mecanismos que impulsen el desarrollo social, el tejido comunitario y el empoderamiento de las comunidades. Y qué mejor forma de hacerlo que alrededor de la producción y consumo de los alimentos. Esta medida fomentaría prácticas sostenibles social y ambientalmente, como la alimentación de km cero, el comercio circular y la seguridad y soberanía alimentaria.
El magisterio colombiano siempre ha defendido la alimentación escolar como parte constitutiva del derecho a la educación, por lo que ya es hora de tener un PAE digno que le permita a la niñez y a la juventud colombiana “comer sabroso” para poder “vivir sabroso”.
Fuente: La silla vacia
