Destacada

El mandatario defendió su reforma pensional y sostuvo que generaría un ahorro presupuestal, cuyos recursos sí podrían destinarse a inversión en infraestructura.

Petro ha defendido “un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público”, que garantice el derecho “fuera del negocio”.

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la controversia desatada por Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien sugirió que con dineros de fondos de pensiones privados se podría financiar el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Según el primer mandatario, “no es cierto” que el ahorro que se haga de transferencias se gaste en infraestructura.

De acuerdo con Petro, se trata de un tipo de financiación que hoy hacen fondos privados de pensiones con billones de pesos. “Véalo en la Ruta del Sol II y en el puente de Chirajara”, señaló.

En esa línea, el jefe de Estado defendió su reforma pensional, que será presentada en 2023, explicando que al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan a Colpensiones se lograría la disminución del presupuesto que el Gobierno gira a la entidad. Lo anterior, señaló, generaría un ahorro con el que sí podrían financiarse otros proyectos.

“El ahorro presupuestal que se logra con la reforma, y que no viene del dinero de los cotizantes sino del presupuesto nacional, se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional”, agregó el mandatario.

Petro agregó que con su reforma, durante los dos primeros años, se gastará la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal “que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional”. Posteriormente, dijo, se generaría “un segundo ahorro presupuestal” que sí podría ser destinado a inversión en infraestructura.

Previamente, el presidente de Colpensiones sostuvo que el sistema pensional quedaría bajo una sola entidad administradora de carácter público. “Vamos a hacer un solo sistema pensional en Colombia y a buscar un régimen de transición para que todos los que tengan derecho a pensionarse se metan a Colpensiones”, subrayó Dussán.

Para el funcionario, la propuesta es necesaria porque “la Ley 100 se envejeció” y porque, dice, luego de 30 años de vigencia hay más de cinco millones de colombianos en edad de pensión que no están cobijados con el sistema.

Sobre qué pasaría con los recursos del ahorro en el fondo público una vez se adelante la reforma, Dussán afirmó: “Los vamos a invertir en programas sociales. Podríamos pensar en obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla”.

El modelo pensional del presidente Gustavo Petro se organizaría mediante pilares de tipo no contributivo, contributivo y complementario, combinando el actual régimen de prima media (administrado por Colpensiones) y el de capitalización (de los fondos privados) a través de tres modalidades.

FUENTE: El Colombiano

Desde este lunes los emisarios del Gobierno se sientan en la mesa
con los elenos. Así empiezan los diálogos en Caracas, Venezuela.

Cero y van cinco.Otra vez el Gobierno de Colombia se sienta con la guerrilla del ELN a negociar la paz, y en esta ocasión el presidente Gustavo Petro tiene todo su arsenal listo para que sea la vencida para acabar con una guerra de casi 60 años contra ese grupo armado. La mesa de conversaciones entre ambos bandos se instalará en la tarde de este lunes en Caracas, Venezuela, con el visto bueno del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el jefe de le delegación del ELN, Pablo Beltrán.

Rueda es quien ha establecido los contactos de la Casa de Nariño con esa y otras asociaciones armadas del país para armar el rompecabezas de la “paz total” de Petro. Sin embargo, el ELN es hasta ahora el más relevante de ese catálogo de delincuentes y narcos porque es el único que tiene fines políticos, como en su momento los tenían las extintas Farc.

El mismo mandatario ha dejado ver que en ese objetivo de la paz todos caben. Si su “paz total” fuera un edificio en construcción, estas conversaciones serían el primer piso que cimienta las bases de las múltiples mesas que quiere poner en marcha durante sus cuatro años en la Casa de Nariño.

Entre las ambiciones de llegar a acuerdos con las disidencias de las Farc, grupos como el Clan del Golfo y otras narcobandas, el camino que inicia este lunes con el ELN es el que está más pavimentado. Las negociaciones tomarán como base lo que ya se había avanzado en los diálogos de paz más recientes que comenzaron con la administración de Juan Manuel Santos.

Esos tuvieron el banderazo de salida en Quito, en febrero de 2017 (ver Antecedentes), justo después del éxito santista de sellar la paz con las extintas Farc, pero encontraron su ocaso en el Ejecutivo de Iván Duque con el bombazo del grupo armado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, atentado terrorista en el que fallecieron 22 jóvenes que empezaban su carrera.

La participación del régimen de Nicolás Maduro en este proceso es tan necesaria como cuestionada porque, si bien se trata de una administración señalada de violar los Derechos Humanos de los venezolanos, la guerrilla tiene presencia en los dos países y buena parte de su accionar se concentra en la frontera binacional.

Venezuela no deja de ser un país cuestionado en la política global, por lo que el Palacio blindó sus diálogos con los avales de otros actores. El equipo tiene el respaldo de los anteriores garantes internacionales, que eran Cuba y Noruega, este último es uno de los mayores promotores de paz en el multilateralismo global.

Al grupo de guardianes del proceso se sumó la Chile de Gabriel Boric y la España de Pedro Sánchez, dos gobiernos de izquierda cercanos al mandatario que se pusieron a disposición de su administración para acompañar a Colombia en este nuevo tránsito.

En el combo de veedores se suman enviados del secretario general de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal colombiana (la iglesia católica). Son varios los nombres de quienes acompañarán esta instancia, pero en la primera fase de esa mesa falta un actor clave del conflicto, pues no hay una silla designada aún para delegados de las Fuerzas Armadas. Al fin de cuentas, son ellos quienes han combatido a la guerrilla durante casi cinco décadas.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó claro que “se ha planteado que por lo menos en los primeros momentos de la negociación los militares no estén en esa mesa de negociación, pero sí en las mesas técnicas”. La voz castrense, por ahora, está en el aire.

Un opositor en la mesa

Los voceros del Ejecutivo son el senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro. Cepeda ya hizo la paz en su carrera política como facilitador de las conversaciones con las extintas Farc y hasta militó en el movimiento político Alianza Democrática M-19, que surgió tras el fin del la guerrilla M-19, grupo en el que Petro era combatiente.

La silla que ocupa Pizarro es fundamental. Ella es una de las congresistas de confianza del mandatario, tanto que fue quien le puso la banda presidencial en su investidura del 7 de agosto, y esa cercanía nació de su padre, el comandante Pizarro que también estuvo en el M-19.

Otro de las bases de ese extinto movimiento que está en las conversaciones es José Otty Patiño. Él fue uno de los fundadores del desaparecido grupo y, tras su desmovilización, se dedicó a estudiar el conflicto y su fin desde las aulas. Ahora, 32 años después de firmar su paz, se sienta literalmente al otro lado de la mesa para negociar una nueva con otros actores en armas. Él, en este caso, asiste como civil.

No todos los que tienen un escaño en Venezuela pertenecen a las entrañas del petrismo. Allá está el presidente de Fedegán e integrante de la mesa directiva del Centro Democrático, José Félix Lafaurie, el mensajero de la oposición para una conversación que su propio partido y hasta su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, critican.

Lafaurie pasó de llamar a Petro “comunista” a venderles tierras para su reforma agraria y ocupar un asiento en sus conversaciones. A pesar del polémico fichaje que logró el mandatario, hasta el expresidente Álvaro Uribe está de acuerdo con su participación en la delegación.

“Estoy seguro de que el doctor Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que por obvias razones mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esa naturaleza”, puntualizó Uribe.

Lafaurie defiende que él es el interlocutor de un gremio ante el Ejecutivo. En todo caso, su participación en el proceso es un punto de inflexión porque la derecha que personifica el ganadero justificó buena parte de sus cuestionamientos a la paz de Santos con las Farc a que ellos no fueron tenidos en cuenta para construir lo acordado en La Habana. ¿Criticarán estos diálogos teniendo un asiento en ellos?

Negociar con los federalistas

Hacer la paz con el ELN no es sencillo y el hecho de que este sea el quinto intento de firmarla lo demuestra. Esa guerrilla es de corte federalista, lo que significa que no siguen una sola línea de mando, sino a diferentes bandos que trazan su accionar.

El grupo fundado en 1964 cuenta con 5.397 integrantes, de los que 2.587 están en armas, 2.653 son milicianos y los restantes 157 pertenecen en el frente de guerra urbano. Esa cantidad de hombres y mujeres tiene presencia en 21 departamentos y 167 municipios del territorio nacional, lo que equivale al 18 % del país.

En esos espacios han protagonizado acciones como voladuras de oleoductos, patrullajes ilegales y, en el pasado, secuestros. Eso sí: hay que decir que como parte de su voluntad de hablar liberaron a secuestrados como los dos soldados que estaban retenidos en Arauca y que recobraron su libertad el pasado 16 de noviembre. En agosto entregaron a otras personas que tenían en cautiverio.

Aunque la relación del ELN con el Gobierno Petro es menos espinosa que la que tenían con el expresidente Duque, su comandante García asegura que tienen diferencias con la “paz total”, el cese el fuego multilateral y con que se “siga el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo”. Él también reclamó que “la participación de la sociedad no puede ser en ‘modo exprés’”. ¿Está pidiendo más años con escaños garantizados en el Congreso que los ocho que les dieron a las Farc?

Los voceros del ELN, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, manifiestan que el grupo tiene voluntad de paz, pero al ser federalista hay dudas sobre si esa intención está en todas las estructuras que la conforman. Sobre todo, respecto a la que maneja alias “Pablito”, jefe en Arauca, quien ha estado distanciado del Comando Central y de quien no se tiene claridad sobre su paradero.

En algún punto de las conversaciones los elenos tendrán que dar claridad sobre “Pablito”, pues sellar una paz total requiere tener en cuenta a ese bando. Incluso los antecedentes recientes con las extintas Farc muestran que entre los guerrilleros que tuvieron diferencias con el proceso –como el fallecido Ricardo Abel Ayala Orrego, alias “Cabuyo”, o alias Iván Márquez– surgieron grupos disidentes que volvieron a la guerra.

A negociar con rigor

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ya empezó a dar claridad sobre ese tema. En entrevista con EL COLOMBIANO, Ruiz aseguró que durante las visitas de su equipo a la guerrilla evidenciaron que ha habido buena disposición entre sus militantes y que el grupo “tiene decisiones a nivel nacional independientemente del accionar operativo que tenga como grupo armado”.

Este lunes se conocerán los nombres de quienes conformarán la delegación del ELN y del resto de emisarios del Gobierno. Entre esas personas, además de Beltrán y Carbonell, también estaría el segundo comandante Pablo Beltrán y otros de los combatientes que estuvieron en Cuba en estos tres años de silencios entre la Casa de Nariño y el Comando Central.

La mesa se reinstala, como ya se dijo, retomando los avances que ya se tenían en la agenda que fue firmada en marzo de 2016 (con la administración Santos) el expresidente que pidió “rigor” en los diálogos.

Del rigor que tengan los delegados de Gustavo Petro en la construcción de este primer peldaño de su “paz total” dependerá el examen de la opinión pública al resto de acercamientos con los ilegales. Por ahora, las estadísticas indican que el 84,4% de los colombianos tiene una opinión desfavorable del ELN y apenas el 5,9% afirma tener una percepción favorable, según Invamer.

Ese punto, sin embargo, es la valoración más positiva de ellos en la opinión pública desde mayo de 2017, de acuerdo con el histórico de esa casa encuestadora. Lo que sucede en Venezuela decantará la credibilidad de la gente en la propuesta de “paz total”, que por ahora solo tiene el visto bueno, según la misma encuesta, del 44% de la sociedad .

FUENTE: El Colombiano