ECONOMÍA

Ese PND propone un gasto por $1.151 billones en las iniciativas del gobierno.

El informe de ponencia para el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue radicado ante el Congreso y ahí se incluyen 358 artículos que marcan la ruta para las iniciativas sociales del gobierno encabezado por Gustavo Petro, quien tendría un presupuesto de $1.154 billones de aquí hasta 2026 de cara al cumplimiento de sus propuestas.

Desde el Ministerio de Hacienda resaltaron que el texto se redactó “tras largas jornadas de socialización, deliberación, estudio y análisis que superaron las 12 horas diarias en los últimos 15 días”.

El documento de ponencia comenzó a gestarse desde el pasado 21 de febrero, cuando fueron designados los 40 congresistas de las comisiones económicas encargados de estudiar el proyecto en compañía del director Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP); José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda; y los demás ministros de las carteras que integran el Gobierno.

Con la radicación de la ponencia para primer debate, las comisiones económicas hicieron el anuncio del proyecto y desde este martes se llevará a cabo la discusión y votación en el Capitolio Nacional.

Vale recordar que entre las principales metas que tiene el Plan se destacan: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas.

El Plan propone cinco grandes transformaciones: “Ordenamiento del territorio alrededor del agua”; “Seguridad humana y justicia social”; “Derecho humano a la alimentación”; “Transformación productiva, internacionalización y acción climática”; y “Convergencia regional”.

Asignación de los recursos

Según la ponencia para primer debate, de los $1.154 billones, el 64% del monto se irá a temas relacionados con la Seguridad Humana y la Justicia Social.

Luego se contemplan $138,4 billones para la Convergencia regional; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $46,1 billones para el Derecho Humano a la alimentación; $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua; y 83,4 para Estabilidad Macroeconómica.

Con miras a respaldar la implementación y el desarrollo del Acuerdo Final, la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fueron incluidos $50,4 billones.

FUENTE: EL Colombiano

El gobierno propone un plan de desarrollo financiado con $1.154 billones y hay dudas frente a la suficiencia de esos recursos.

Pocos días después de radicarse la reforma a la salud ante el Congreso, las dudas frente al costo de las iniciativas planteadas por el gobierno han hecho parte de la discusión. Por ello, hacía falta que el Ministerio de Hacienda se pronunciara al respecto.

Y es que en este debate público se deben poner de presente las inquietudes de todos los sectores. Por ejemplo, Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa) señaló que la sola construcción de 680 Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), en municipios que no cuentan con centro de salud, podría costar unos $50 billones.

Ese monto equivale al recaudo adicional de dos reformas tributarias como la aprobada en 2022 y representa el total asignado al área de la salud en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023.

Pues bien, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, ya habló al respecto y aseguró que todos los planes irán en línea con la disciplina financiera que necesita el país.

“Estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de la regla fiscal y eso significa que todas las reformas en curso, es decir, la reforma agraria, la reforma a la salud y la reforma pensional, tendrán que ser coherentes con la regla fiscal, que es una norma que el gobierno debe acatar porque es exactamente de origen legal”, comentó el jefe de Hacienda.

“Eso no significa nada diferente a que esto lo haremos en el contexto de los objetivos sociales y de lucha contra el cambio climático del país, que son los objetivos centrales del gobierno”, añadió.

Entretanto, el presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia enunció grosso modo que la reforma a la salud también implicaría un gasto de otros $37 billones entre proyectos como el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de Empresas Sociales del Estado y la unificación de la Unidad de Pago por Capitación.

En todo caso, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno ante el Congreso propone un gasto de $1.154 billones en sus cuatro años de ejecución. El 50% de los recursos vendrían del Presupuesto General de la Nación ($577 billones), lo que supondría un promedio de $144,3 billones por año.

Teniendo en cuenta que la salud no es el único renglón en el que el gobierno de Gustavo Petro está planteando inversiones considerables, una de las dudas frecuentes frente a su plan de desarrollo es si los recursos le alcanzarán para todo.

Cabe recordar que una de las misiones que tiene Ocampo es estabilizar las finanzas de la Nación, dado que en la pandemia la deuda pública subió sustancialmente y las calificadoras de riesgo están atentas a qué tan prudente será la política de gasto y endeudamiento.

FUENTE: El Colombiano

La fijación de una tarifa para los servicios públicos domiciliarios o el transporte depende de muchas variables y no exclusivamente de un factor.

El ajuste del 16% que tendrá el salario mínimo el año que viene y su efecto positivo en las finanzas de los hogares, particularmente en los de ingresos bajos, quiere ser defendido a toda costa por el presidente, Gustavo Petro, quien durante el fin de semana viene insistiendo en que los precios de algunos bienes y servicios no deben subir.

Tras el acuerdo que permitió incrementar el mínimo en $160.000, el cual pasará de un millón de pesos a $1.160.000, en su cuenta de Twitter, el mandatario ha sido insistente en que los valores de grupos de gasto de la canasta familiar como los arriendos, los servicios públicos, el transporte, y la comida deben crecer un 13% el próximo año, pues la consigna es simple: “Se trata que el salario y los ingresos reales de los colombianos suban”.

Pero, el anuncio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) de aumentar las tarifas de transporte de los sistemas masivos en 12,53% suscitó el descontento de Petro, quien en la red social escribió: “¿Si el diésel no aumenta de precio, porque si los pasajes de los buses?

Además, el presidente recordó que Asocapitales no es autoridad tarifaria y le pidió la Superintendencia de Transporte una vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios propuestos, señalando que no se pueden indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte.

Claridad

En línea con la anotación de Petro, referente a la dinámica de los costos de la llamada canasta del transporte, se puede ejemplificar que según las cifras del Dane el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros muestra que entre julio y septiembre de este año la variación fue del 10,72% frente a los mismos meses del año anterior, impulsada por los grupos de gasto asociados a partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación, costos fijos e insumos (ver gráfico).

En ese contexto, Camilo García, director del Consejo Superior del Transporte, comentó que en los trinos al presidente Petro se le olvida que las tasas de uso de las terminales aumentan con la inflación al igual que los peajes.

A juicio del dirigente, el mandatario también deja de lado que los insumos tales como llantas, repuestos, aceites se han incrementado en más de 60% en el último año. “Nosotros tenemos trabajadores, a los que debemos incrementarles el salario mínimo”, añadió.

Igualmente, comentó que no hay seguros y para que a los transportadores les vendan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tienen que pagar por las pólizas de responsabilidad más altas del mercado.

A lo anterior se suma el hecho de que la demanda del transporte de pasajeros no se ha recuperado y está movilizando alrededor del 75% de pasajeros que en 2019, antes de la pandemia.

Y un detalle más, los costos de financiamiento son los mayores en dos décadas y por la caída del mercado y por las tasas de interés, los transportadores tienen acceso limitado al crédito, concluyó García.

Servicios

En otro de sus mensajes, Petro les solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos desligar las tarifas del índice general de precios y de factores especulativos. ¿Puede hacerlo?

Para Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, Petro es quien administra la política general de servicios públicos, y lo hace a través de las comisiones reguladoras.

“Pero, para hacer efectivas medidas, como la anunciada en el trino, tiene que haber análisis, deliberación y decisión de la Comisión de Regulación de Energía, Gas (Creg), y modificar las fórmulas tarifarias que contengan la inflación como factor de actualización de tarifas. Creo que es un trino para producir sensación de que el aumento del salario mínimo no va a ser afectado por la tarifa de energía, muy personal del presidente, pero que falta ver cómo lo concreta con los miembros de la Creg”, finalizó Gaviria.

FUENTE: El Colombiano

La Procuraduría recomendó que las dos turbinas de Hidroituango entren al tiempo en funcionamiento como disminución de riesgo.

Las necesidad de que el proyecto Hidroituango entre en operación con el funcionamiento de sus dos turbinas es una de las 10 recomendaciones que emitió la Procuraduría justo antes de que se cumpla el plazo para la entrada en operación de la hidroeléctrica que pretende generar el 17% de la energía del país.

“Hidroituango mantiene el estado de riesgo debido a que el flujo continuo del río Cauca es descargado por la estructura del vertedero, razón por la cual se reconoce que para disminuir el riesgo se requiere poner en funcionamiento las turbinas de generación”, dicta el pronunciamiento del Ministerio Público.

La emisión de las recomendaciones de la Procuraduría coinciden con la solicitud que EPM adelantará ante el gobierno nacional con la que pretenden obtener más plazo para poner en funcionamiento de Hidroituango, esto con la intención de escapar de las millonarias multas que les impartirían desde la Comisión Reguladora de Energía.

El argumento de Empresas Públicas es que se requieren de más pruebas técnicas que garanticen el éxito de la entrada de operación. Una de las alternativas propuestas era inaugurar con el encendido de solo una de las dos turbinas del proyecto antes del 30 de noviembre.

La Procuraduría, por su parte, reconoció que –desde la perspectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres– es necesario que antes de poner a funcionar el sistema se adelanten todas las pruebas necesarias. Sin embargo, alertó porque “cualquier demora en las obras o pruebas necesarias para poner en funcionamiento las unidades de generación representa un mayor riesgo para los trabajadores y para las comunidades aguas abajo de la presa”.

“Serias falencias” aguas abajo

El documento del órgano de control también señala “serias falencias” en el manejo de la Gestión del Riesgo de Desastres y, además, registró que los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí –ubicados aguas abajo de Hidroituango– todavía no han ajustados sus Planes de Ordenamiento Territorial ante los riesgos que supone tener cerca la presa.

En este punto, la Procuraduría alertó porque los municipios carecen de personal especializado, de gestión documental y de equipos de socorro bien equipados para la atención de emergencias.

El ministerio público señaló que la contingencia aguas abajo se mantiene e invitó a EPM y a las demás autoridades competentes a cumplir con todos los requisitos técnicos, mecánicos, eléctricos e hidráulicos como medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las comunidades y trabajadores.

Las recomendaciones del órgano de control fueron expedidas este 21 de octubre y sus copias fueron enviadas a las ministra de Energía, Irene Vélez; Susana Muhamad, MinAmbiente; Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia; Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM; Javier Pavas, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a Jaime Enrique Gómez, director del DAGRAN.

EPM pasó el examen en estos puntos

-EPM tiene un adecuado Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) con responsabilidades claras, redundancia y una cadena de llamadas bien definida y actualizada.

-EPM ha instalado un Sistema de Alerta Temprana (SAT) robusto y redundante, pero es vulnerable al vandalismo y a los grupos armados ilegales, es necesario evaluar la estrategia o el tipo de equipos y continuar las campañas de sensibilización de la Comunidad para su cuidado y buen manejo.

FUENTE: El Colombiano

El presidente atribuyó la disparada del dólar a la política monetaria del banco central estadounidense. Los expertos creen que también hay incidencias locales.

Ante un dólar históricamente caro, hay un momento en el que las variables política y la económica se cruzan para hacer un diagnóstico de la enfermedad financiera.

Este miércoles, la divisa cerró en un precio promedio de $4.819 y, por décima vez en lo corrido de 2022, rompió su techo récord. Las redes sociales y noticieros son los escenarios en los que han reñido las versiones políticas y económicas al tratar de explicar por qué la moneda estadounidense no para de subir.

El presidente Gustavo Petro, a quien se le achaca parte de la culpa por la trepada, ayer atribuyó el problema directamente a Estados Unidos: “Viene una crisis económica. Los Estados Unidos, prácticamente, están arruinando a todas las economías del mundo”.

“La Alemania poderosa entra en recesión, y quien lo dijera, la Inglaterra que un día fue el poder colonial, hoy se deshace en una crisis económica profunda (…) y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos; a veces, sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas”, enfatizó.

Desde su perspectiva, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), homólogo del Banco de la República, tiene la mayor responsabilidad de lo que está ocurriendo con el dólar, toda vez que, al subir sus tasas de interés, “se lleva los capitales de los países latinoamericanos, dejándonos vacíos”.

Resulta que Estados Unidos está enfrentando el costo de vida más alto desde la década de 1980. Y para tratar de enfriar los precios, está aumentando sus tasas de interés. Por ello, según han explicado diversos analistas, los inversores prefieren tomar sus dólares y ponerlos allá, pues recibirán mejores rentabilidades con esos tipos de interés. Esa fuga de divisas ocasiona el encarecimiento en países como Colombia al tener menos dólares circulantes para comprar.

Un comisionista de bolsa le dijo a este diario que, para ponerlo en perspectiva, de cada $100 que haya incrementado el dólar, “$95 obedecen al contexto internacional y solo $5 obedecen al riesgo político”.

Desde su perspectiva, Gustavo Petro está enfrentando una atmósfera tan compleja, como la que en su momento tuvo que encarar el expresidente Iván Duque cuando cayó la pandemia.

“Si tú coges monedas como la libra inglesa o el yen japonés y calculas a cómo estaban hace un año, vas encontrar que también tienen una caída del orden del 20%, la de Colombia, que es cercana al 23%, no se ve tan desproporcionada frente esas”, expuso el experto.

De otro lado, mencionó que en el mercado oficial de Colombia, se pueden negociar unos US$300.000 millones al año, cifra que supera por mucho el ingreso de dólares que se inyectan a través de las exportaciones, mismas que entre enero y agosto, según el Dane, alcanzaron US$39.137 millones.

De acuerdo con el especialista, también hay que tener en cuenta que el peso colombiano es una moneda de “beta alto”, es decir, muy sensible a cualquier flujo por moverse en un mercado relativamente pequeño. A esto, sumó que, Coincidencialmente, el mercado bursátil local está principalmente movido por emisores del sector minero-energético, que serían los afectados con las políticas del gobierno.

“Gustavo Petro es un hombre inteligente que, quizás, todavía no está muy familiarizado con los mercados financieros. Pero cuando los entienda, comprenderá que él los necesita porque se viene un periodo de sequía y necesitará de ellos para financiar sus iniciativas sociales”, comentó.

¿El efecto Petro es del 50%?

Para el economista y docente Andrés Coba, la incidencia del gobierno Petro en el rally del dólar es muy paritaria con el contexto internacional.

“Por qué culpan a Petro del aumento del dólar? Porque cuando el dólar sube, la única buena noticia para un país como Colombia es que como nosotros exportamos petróleo y recibimos más divisas en dólares. Así podríamos compensar una cosa con la otra, pero acá quieren acabar con el salvavidas. Por eso, parte de lo que está pasando con el dólar, no todo, es culpa del gobierno, de su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y su pésima reforma tributaria, que va a poner en apuros fiscales al país”.

En medio de todas las fuerzas que empujan al dólar, los analistas no descartan que pueda terminar este año arriba de los $4.900

FUENTE: El Colombiano