El director del Dapre confirmó una adición de $14,1 billones. El jueves 15 de septiembre vence plazo para votar el monto.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) vería un aumento para 2023, pues este lunes 12 de septiembre, tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro y los congresistas de las comisiones económicas, se acordó una adición presupuestal de $14,14 billones.
Así lo confirmó Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), al término del encuentro. De este modo, el monto del presupuesto para el próximo año sería de $405,5 billones.
Vale mencionar que, según los plazos que establece la ley, el Congreso tiene hasta este jueves 15 de septiembre como plazo máximo para la aprobación del monto para la vigencia del próximo año. Tras esto, el Legislativo cuenta con plazo hasta el 20 de octubre, a media noche, para aprobar el proyecto con los usos y apropiaciones por sectores.
“El mayor incremento en el presupuesto general de la nación en 2023 será en agricultura, educación (infraestructura y gratuidad), salud (modelo preventivo e infraestructura), paz total y agua potable y saneamiento básico”, dijo Lizcano por medio de su cuenta de Twitter.
El proyecto de presupuesto que hoy se discute en el Congreso fue radicado el pasado 29 de julio por el gobierno saliente de Iván Duque. En este se propuso un monto de por $391,4 billones, con 250,6 billones para gastos de funcionamiento, $78 billones destinados al pago del servicio de la deuda y $62,8 billones a inversión.
Al respecto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, habló en varias ocasiones de la necesidad de revisar la norma de presupuesto, por lo menos para el primer año de la administración, pues el gobierno saliente es quien radica el articulado, y el entrante quien lo aprueba.
En días pasados el ministro había anunciado que el Gobierno esperaba alcanzar un aumento de por lo menos $11 billones, con $8 billones que provendrían de un mayor recaudo por la reactivación, la lucha contra la evasión y una mayor tributación, y el monto restante de excedentes financieros que no han sido utilizados por algunas entidades.
José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.
Para este martes 13 de septiembre se tiene prevista otra reunión entre Hacienda y los coordinadores y ponentes del proyecto de Presupuesto General.
Luego de que el presidente Gustavo Petro se refirió a los posibles cambios en una reforma pensional, durante la posesión de nuevos funcionarios, el mismo mandatario reiteró algunas ideas que había expresado en la campaña.
Frente a esa reforma que podría llevarse al Congreso el año entrante, los fondos privados también hicieron llamados de atención para que los cambios puedan mejorar el sistema de protección para la vejez y no pongan en riesgo el cumplimiento con los pensionados del futuro.
De acuerdo con las explicaciones dadas por Petro en la madrugada de este miércoles por su cuenta de Twitter, “un porcentaje del aporte” de los asalariados en fondos de pensiones pasaría a Colpensiones para financiar un bono de 500.000 pesos a tres millones de adultos mayores sin pensión.
“Todo esto es necesario -dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos-, pero sin afectar el ahorro de la gente, ni la posibilidad de que al llegar a su vejez los trabajadores actuales no cuenten con los recursos necesarios para pensionarse”.
Durante la campaña, Petro había dicho que el aporte sobre los primeros cuatro millones de pesos que reciba al mes cada trabajador irían a Colpensiones, y de ahí en adelante, el trabajador podría escoger si lleva el resto del aporte a una cuenta de ahorro pensional de su propiedad.
De esta manera, de acuerdo con la explicación de Petro, lo que irá a Colpensiones es parte de los aportes en el futuro y no los ahorros que ya se han depositado en la cuenta individual del trabajador.
Por tanto, señaló Petro en sus redes sociales, “la parte de cotización (de los empleados en fondos privados de pensiones) que ingresa a Colpensiones le conferiŕá a su propietario asalariado derecho a la pensión”, en clara alusión de que no se tocaría el ahorro pensional de los trabajadores hecho antes de la reforma.
Esta declaración calentó el debate sobre la reforma pensional que, según reveló el presidente Petro, se discutirá el año entrante.
De acuerdo con Montenegro, “hay que cuidar el ahorro, y no desbordar el gasto a través de ahorro propiedad de los trabajadores.”
Expertos de la industria financiera han solicitado mayores detalles y datos al presidente Gustavo Petro sobre su idea de reforma para que el debate alrededor se dé con todos los alcances e información pertinente.
Potenciar el programa ‘Adulto mayor’
La idea del presidente Petro con la reforma pensional, que ha comentado desde su campaña como candidato, es lograr el cubrimiento pensional universal: que alrededor de tres millones de personas mayores, sin pensión, tengan un bono de hasta 500.000 pesos mensuales como mesada.
En sus redes sociales, Gustavo Petro reiteró que el objetivo es potenciar los recursos hoy destinados al programa ‘Adulto mayor’ al pasarlos al control de Colpensiones y engrosarlos hasta 18 billones con estos traslado de aportes pensionales, del flujo pensional de ahorradores en fondos privados.
De este modo, los beneficiarios adultos mayores no recibirían $80.000 pesos al mes como hoy, sino 500.000 pesos.
Isbelia Quinto de Fernández lee la Marcha del Hambre, del fallecido Rafael Hernández, a su nieto Carlos Andrés Arias Fernández.
La protesta social partió con 800 docentes desde Santa Marta a Bogotá y culminó en una audiencia con el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo.
Para quienes hoy se escandalizan por las posiciones férreas de Fecode en la reivindicación de derechos laborales y reclamos por una educación de mejor calidad, hay que recordarles que estas exigencias no son nuevas y que los problemas son de siempre.
Hace 54 años, con la consigna “Por Colombia, por la educación… ¡hasta la muerte!”, 800 maestros del Magdalena iniciaron una marcha desde Santa Marta hasta Bogotá, para exigirle al entonces presidente, Carlos Lleras Restrepo, visibilizar y dar solución a las problemáticas sociales, económicas y educativas por las que atravesaba el gremio de educadores.
La histórica y heroica protesta la llamaron crudamente, ‘La Marcha del hambre”. De los 800 manifestaron que partieron solo 86 llegaron a la capital, 50 mujeres y 36 hombres, los otros sucumbieron por el clima y las agotadoras jornadas a pie.Lea también…
El detonante de la movilización resultó la deuda de nueve meses de salarios.
Era tan degradante y humillante la situación laboral de los docentes, que la Gobernación les pagaba con cajas de Ron Caña.
Además, las escuelas estaban en pésimas condiciones físicas, lo que repercutía en la calidad y rendimiento académico.
La educación era manejada al acomodo y para beneficio de los políticos regionales.
En la antesala de la “Marcha del hambre” hubo protestas locales como paros, movilizaciones por las calles, tomas de colegios y bloqueos en lugares estratégicos.
La movilización hacia Bogotá partió desde la Catedral Basílica de Santa Marta el 24 de septiembre de 1966, y culminó en la plaza de Bolívar de Bogotá, el 21 de octubre, 27 días después.Relato de Isbelia
Este suceso trascendió el ámbito regional y se constituyó en noticia nacional e internacional, pero –además– resultó un hito en las batallas del magisterio colombiano por la reivindicación de sus derechos.
Fue un capítulo aparte en las luchas populares de la clase trabajadora de América Latina, y tiene a Isbelia Quinto de Fernández como una de sus principales figuras.
A sus 72 años es una de los 32 sobrevivientes de la hazaña, y con una memoria fresca contó cómo fue la experiencia.
Para iniciar rememora la inclemencia del tiempo, las carreteras destapadas, el frío, la lluvia, dormir sobre periódicos, la sed y el hambre.
“Recordar todo esto me hace vibrar la sangre”, dice con la misma entereza que tuvo hace 54 años para sumarse a la gigantesca movilización.
En su memoria guarda retratada la atrevida aventura, cuando con 20 años trabajaba en la Escuela 11 para Niñas, de Ciénaga.
“Fue un suceso tan extraordinario que ni siquiera los que participamos fuimos capaces de creer que se iba a dar en la forma en que se dio”, manifiesta.
“Llegamos a pensar que en el camino nos detuvieran para decirnos: ‘Aquí está la plata, regresen que vamos a negociar’. Pero no fue así, los maestros nos quedamos esperando ese aviso”.El recorrido
Recuerda igualmente que salieron de Santa Marta, pasaron por El Rodadero, Gaira, y llegaron a Ciénaga, donde pernoctaron.
Durmieron en diferentes casas. Rafael Hernández, el vocero principal, los citó para el día siguiente a las 3:30 de la mañana.
“A esa hora salimos rumbo a Fundación. Era horrible porque la carretera estaba muy mala. Había mucho sol y para protegernos nos colocamos hojas de matarratón en la cabeza, debajo de los sombreros”, anotó.
En Fundación muchos ya no podían dar un paso más. “Los pies eran sangre y vejigas. Nos curábamos con agua caliente, algunos tiraron la toalla y se devolvieron. Quedamos como 100 personas”, precisó.
Rafael Hernández, según Isbelia Quinto, “el alma de la marcha”, les alentaba: “Nunca emprendan un camino que no vayan a terminar”.
También pregonaba: “El que está aquí caminando es porque es un verraco, el que no que se devuelva”. “En ese momento yo dije, para atrás, ni para coger impulso”, rememora la profesora.
Cuando llegaron a Arcabuco, en Boyacá, luego de pasar el Chicamocha, fue el momento más difícil y temeroso. Era una carretera de abismo de lado y lado.
“Decidimos continuar el viaje por la noche, con lámparas para la niebla, tiritando del frío y tomados de la mano, haciendo una cadena”.
Manifestó que lo más hermoso fue la llegada a Bogotá en horas de la tarde, pero la víspera tuvieron una agradable e inimaginada sorpresa.
“Nos acostamos, y a eso de las 11 de la noche nos despertó el sonar de guitarras. Eran Garzón y Collazos en persona, el famoso dueto de música colombiana llegó al sitio y nos puso serenata y juntos cantamos ‘Negrita’, ‘Espumas’ y otros temas. También nos cantó la tuna de Bogotá. Eso fue emocionante y nos dio vida, pues éramos unos espíritus agotados que casi no podíamos más”, relató.
“A la mañana siguiente nos levantamos briosos. El Ejército nos abría camino porque había mucha gente. Todos nos querían abrazar, nos aplaudían”.
El grupo llegó a la Plaza de Bolívar y no podía entrar por la cantidad de gente que los esperaba.
“En un momento escuchamos a través de un megáfono una voz que decía: uno, dos y tres, y nos alzaron en hombros”.
Isbelia narra también que cuando iban a ingresar al Capitolio todos corearon el estribillo: “Por Colombia, por la educación… ¡hasta la muerte!”.Anécdotas
Los maestros sufrieron por el frío, lodo y lluvias, pero pudieron más las ganas por exigir sus derechos.
Cuentan que la profesora Carmen Charris sufrió un desmayo durante la entrevista con el presidente Carlos Lleras Restrepo y que Carmen Ariza, la profesora de mayor edad en el recorrido, al llegar a Bogotá le tocó cargar en hombros a Carmen Ariza de Leyva, quien tenía los pies ampollados.
Rebeca Hernández de Rosado, debido al cansancio extremo de jornadas largas a pie, tuvo que retirarse de la marcha el 19 de octubre, en el tramo Chocontá-Tocancipá, en medio de lluvia y granizo.
El docente y escritor Osvaldo Manjarrés fue testigo del arranque de la ‘Marcha del Hambre’. Estudiaba en el colegio Hugo J. Bermúdez, y con otro compañero pidieron permiso al rector, Anciolino Vives, para observar la partida de los docentes. “En aquella época ya comenzaba plenamente el rechazo a un sistema educativo no propio para una juventud y sociedad que analizaba los alcances educativos en países de Europa”, indicó. Agregó que “por eso los maestros reclamaban el justo sitio que les correspondía como educadores colombianos. Ya pensaban, sin profunda ideología política, en una educación progresista y futurista, en un salario digno y en un bienestar de salud”.
Hace por lo menos cien años que la relación de Colombia con Estados Unidos juega un papel decisivo en la economía colombiana. Desde el I took Panamá de noviembre de 1903 han pasado muchas décadas, signadas en buena parte por una relación estrecha y con muy pocas desavenencias entre los dos gobiernos en todos los terrenos. La relación ha incluido acuerdos militares tales como la participación colombiana en la guerra de Corea, su vinculación al Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), el intento de establecer aquí simultáneamente ocho bases militares estadounidenses y el hecho de poner a disposición de ese país importantes instalaciones militares. El ritmo, profundidad y características de la lucha contra los cultivos ilícitos y toda una estrategia de desarrollo fueron plasmados en el Plan Colombia que, redactado en inglés, incluye la apertura económica y el Tratado de Libre Comercio como unos de sus componentes principales. Hay, además, acuerdos culturales y educativos. En suma, los gobiernos colombianos han compartido la visión estratégica de Estados Unidos en el mundo y se enorgullecen de ser su principal aliado en Suramérica y de apoyar y participar en la OTAN.
Desde 1998, cuando comenzó a negociarse el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la liberalización comercial y la adopción de normas que no pudieron acordarse en la OMC por desacuerdos entre los países desarrollados ha sido el eje de las relaciones económicas entre los dos países. Ante el inminente fracaso del acuerdo, con el cual el gobierno colombiano coincidía plenamente, Colombia fue el primer país de la región andina que propuso suscribir un TLC bilateral con Estados Unidos. Se suscribió con el pretexto de que, al expirar el Atpdea y con él unas cuantas preferencias unilaterales y discrecionales con las que Estados Unidos compensaba los esfuerzos colombianos en la lucha contra el tráfico de drogas, era necesario que se volvieran permanentes y de mayor alcance. Colombia, a cambio, tendría que dar rápido acceso a su mercado a los productos de Estados Unidos, muchos subsidiados allá.
En la negociación, que culminó en 2006, el país no logró conservar ningún mecanismo de protección a la producción nacional. El Tratado de Libre Comercio entró en vigencia en 2012, por la exigencia del partido Demócrata de que se incluyeran exigencias en materia laboral, ambiental y de derechos humanos, las cuales, en el fondo, buscaban proteger sectores de la economía estadounidense ante la eventual competencia desleal proveniente del dumping laboral o ambiental.
El TLC no implicó un desmonte de la política industrial, ya desmontada durante los primeros años de la apertura, pero sí lo hizo irreversible con el tratado internacional. Durante todos estos años Colombia se ha desindustrializado y ha perdido la capacidad de alimentar a su propia población con productos nativos.
Las diferencias en la chequera de los dos países impiden que Colombia subsidie su agro para colocarlo en condiciones de competir con los productos importados, ya no en el campo internacional sino en el mercado interno. No solo en los subsidios, sino también en el costo país, hay diferencias grandísimas que no pueden subsanarse sino con cuantiosas inversiones en infraestructura y tecnología.
Quienes afirman que da lo mismo tener o no tener TLC y que basta con promover la competitividad olvidan que se aceptaron condiciones desiguales y que llevamos tres décadas de rezago, que solo podrán resolverse con un esfuerzo extraordinario para el cual el país tiene las manos atadas. El TLC le impide al Estado promover una política activa, dar preferencias a los productores nacionales y restablecer la capacidad de investigación, acopio, crédito subsidiado y demás que se necesitan para nivelar la cancha.
Los TLC tienen ganadores y perdedores. Ganadores, Estados Unidos y la Unión Europea. Perdedores, los nuestros. Es incluso posible que entre ellos pueda haber diálogo, especialmente con “nuestros amigos estadounidenses”. Pero si la parte colombiana no tiene una clara y firme posición acerca de sus intereses, el tema difícilmente entrará en la agenda, como efectivamente está sucediendo hasta el momento. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Dónde quedan las afirmaciones hechas por el candidato Petro? “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor” y “Revisaremos los Tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales” (Programa de Gobierno Gustavo Petro y Francia Márquez).
Valdría la pena atender los llamados hechos hace apenas unos meses por el actual ministro de Industria y Comercio: “En el mediano plazo, para recuperar la capacidad de implementar políticas públicas que conduzcan a un modelo de desarrollo sostenible de incorporación de progreso técnico, desarrollo de la capacidad humana y generación de empleo la renegociación de los tratados bilaterales (…) no es hora de replantear y renegociar tan draconianos Acuerdos, incluyendo los reales intereses de los países en desarrollo?”. Y “Si definimos un nuevo camino no hay ninguna limitante, los acuerdos se renegocian o se denuncian. Los únicos que no ‘se devuelven son los ríos’” (Una breve reflexión disruptiva (2, 3, 5). Germán Umaña Mendoza. Marzo 2, 9 y 24 de 2022. Ver Enlace 1, enlace 2 y enlace 3).
Fuente: MásColombia, Enrique Daza – Exsecretario de la Alianza Social Continental y de la Red Colombiana frente al Libre Comercio, Recalca. Director del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo
La ceremonia del 7 de agosto la organiza Plaza Mayor. Ese día cuesta $2.400 millones. Lo demás, dinero también asignado por el gobierno saliente, es para eventos posteriores.
Gustavo Petro dejó claro que en su llegada al poder va a romper todos los protocolos establecidos en los actos de transmisión de mando presidencial en Colombia. Para ello hizo una serie de peticiones que incluyen el acompañamiento de al menos 100.000 personas en plazas de Bogotá, 70 actos culturales, 1.000 artistas en escena, y la exhibición de la espada del libertador Simón Bolívar.
El evento de posesión que tiene en mente el presidente electo para llegar a la Casa de Nariño valdrá una millonada. Así lo reveló el Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), que detalló que el contrato de la realización del cambio de mando presidencial se le adjudicó el pasado 25 de julio a la firma antioqueña Plaza Mayor Medellín, por un monto total de 3.571 millones de pesos, de los cuales 2.400 millones de pesos corresponden al acto de transmisión de mando.
Para este evento el foco no solo estará centrado en los invitados diplomáticos, sino en la participación de los ciudadanos en actos culturales. De acuerdo al equipo logístico, se tendrán a disposición el Parque Santander, la Plazoleta del Rosario, la Plaza de las Nieves y el Parque de los Periodistas, en Bogotá, para que los ciudadanos disfruten de diversos eventos culturales y artísticos.
¿Es derroche o tradición?
Al conocerse la millonaria cifra que se invertirá en el acto de cambio de presidente, surgieron algunas críticas. Uno de los que cuestionó el elevado costo del evento fue el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien dijo que “la posesión de Petro cuesta casi 4.000 millones, absurdo ese derroche”.
Entre algunas de las peticiones de Petro para que su posesión quede en la historia está la instalación de pantallas sobre las carreras Séptima y Octava, corredores con comparsas, y sobre las 10 de la mañana del 7 de agosto, un despliegue que interprete el Carnaval de Negros y Blancos.
“Vamos a tener actos culturales, vamos a tener cantantes, bailarines, artistas de todos los lugares. La idea es que vengan personas de todos los territorios, vamos a llenar esto, serán más de 100.000 personas, también solo 1.000 trabajando en este proyecto”, afirmó Silvia Sáenz, relacionista pública y actual encargada de los eventos de Petro.
De acuerdo al contrato que se le adjudicó a la firma Plaza Mayor Medellín, la inversión total se distribuirá así: 2.400 millones de pesos para la transmisión de mando; 532 millones de pesos para los eventos fuera de las sedes de la Presidencia, 494 millones de pesos para otros eventos dentro de sedes de la Presidencia, y 143 millones de pesos para los actos que se realizarán en la Vicepresidencia.
Desde el Dapre se detalló que Plaza Mayor Medellín fue elegida para la gestión del evento porque considera que cumple con los requisitos y experiencia exigidos para la modalidad de contratación, pues esta misma firma realizó el evento de posesión de Iván Duque en 2018, que costó en total 3.288 millones de pesos.
Cuatro años después, Petro superó esa cifra –que también fue alta– y dejó claro que no escatimará en gastos .
El Gobierno sostuvo que la pérdida adquisitiva de los ingresos de los trabajadores se está sintiendo, por eso la propuesta de fijar el mínimo en $1 millón para 2022.
Alza del 10,07% va en contra de la recuperación y de la generación de empleo: Anif y Fedesarrollo.
El aumento de $91.474 pesos para que el salario mínimo de 2022 quede en $1 millón, propuesto el fin de semana por el presidente Iván Duque, tuvo buena acogida entre los empresarios y las organizaciones sindicales del país, aunque estas últimas no dejaron de ajustar sus pretensiones.
La iniciativa del mandatario es que el ajuste de la remuneración mínima para el año que viene sea del 10,07%, con lo que la cifra pasará de $908.526 a $1 millón, lo que se convertirá en el porcentaje con el incremento más alto desde el año 2001.
Anoche el presidente Duque, en una intervención desde la Casa de Nariño, resaltó y agradeció el acompañamiento de los grandes industriales a su propuesta. “Llegar al millón de pesos es un hito histórico, de solidaridad y de respaldo a los trabajadores que han sido partícipes de la reactivación”, dijo.
Entre las voces de respaldo a la idea del mandatario figuraron las de Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, quien mencionó que los empresarios se sumaron a la idea del mínimo para 2022 de un millón de pesos, dados los índices de crecimiento que se observan en los últimos meses, los cuales corresponden a los esfuerzos de los trabajadores colombianos y al empeño hecho por el Gobierno para acelerar la vacunación contra la covid.
Respaldos y reclamos
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, fue uno de los primeros dirigentes gremiales en apoyar el incremento “extraordinario” del 10,07% para el salario mínimo. “2020 y 2021 han sido complejos para todos. Los hogares han visto afectada su capacidad adquisitiva con la inflación, el Gobierno ha enfrentado una emergencia económica y las empresas han encarado, en algunos casos, cierres de operaciones”.
Aun en esas condiciones, Mac Master consideró prudente hacer un esfuerzo que permita concretar un alza que ayude a los trabajadores que están en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, abogó porque se mantenga la vigilancia sobre indicadores claves como la competitividad, la inflación, empleo e informalidad (ver ¿Qué sigue?).
En la misma línea se expresó Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), quien estimó conveniente seguir impulsando el proceso de reactivación económica y la recuperación de los puestos de trabajo perdidos por la pandemia de la covid.
A su turno, el Comando Nacional Unitario presentó su propuesta de incremento de $1.125.000 que incluye un salario de $1.000.000 y auxilio de transporte de $125.000.
Adicionalmente, los sindicatos y las confederaciones de pensionados solicitaron el control de los precios de los bienes regulados e indexados (servicios públicos y productos importados) y el cumplimiento del acuerdo del año 2013 en la mesa de concertación con los pensionados, es decir que únicamente paguen el 4% en los aportes a salud.
No más del 7%
Desde el centro de estudios de Anif se advirtió que un incremento excesivo en el salario mínimo, superior al 7%, acentuaría aún más esa imposibilidad de acceder al mercado laboral, aumentando en mayor medida el desempleo y el empleo por cuenta propia de baja remuneración, en su mayoría informal, que el empleo particular, en su mayoría formal.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que “un aumento del mínimo muy por encima del 7,5% pondrá en riesgo la recuperación del empleo formal, especialmente en aquellos sectores económicos que aún no han retornado a sus niveles prepandemia, como el de la construcción, y en aquellos municipios de ingresos bajos y medios, especialmente los rurales, en donde la incidencia de la informalidad laboral supera ampliamente la ya excesiva tasa del 63% en el total nacional”.
