ECONOMÍA

La fijación de una tarifa para los servicios públicos domiciliarios o el transporte depende de muchas variables y no exclusivamente de un factor.

El ajuste del 16% que tendrá el salario mínimo el año que viene y su efecto positivo en las finanzas de los hogares, particularmente en los de ingresos bajos, quiere ser defendido a toda costa por el presidente, Gustavo Petro, quien durante el fin de semana viene insistiendo en que los precios de algunos bienes y servicios no deben subir.

Tras el acuerdo que permitió incrementar el mínimo en $160.000, el cual pasará de un millón de pesos a $1.160.000, en su cuenta de Twitter, el mandatario ha sido insistente en que los valores de grupos de gasto de la canasta familiar como los arriendos, los servicios públicos, el transporte, y la comida deben crecer un 13% el próximo año, pues la consigna es simple: “Se trata que el salario y los ingresos reales de los colombianos suban”.

Pero, el anuncio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) de aumentar las tarifas de transporte de los sistemas masivos en 12,53% suscitó el descontento de Petro, quien en la red social escribió: “¿Si el diésel no aumenta de precio, porque si los pasajes de los buses?

Además, el presidente recordó que Asocapitales no es autoridad tarifaria y le pidió la Superintendencia de Transporte una vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios propuestos, señalando que no se pueden indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte.

Claridad

En línea con la anotación de Petro, referente a la dinámica de los costos de la llamada canasta del transporte, se puede ejemplificar que según las cifras del Dane el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros muestra que entre julio y septiembre de este año la variación fue del 10,72% frente a los mismos meses del año anterior, impulsada por los grupos de gasto asociados a partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación, costos fijos e insumos (ver gráfico).

En ese contexto, Camilo García, director del Consejo Superior del Transporte, comentó que en los trinos al presidente Petro se le olvida que las tasas de uso de las terminales aumentan con la inflación al igual que los peajes.

A juicio del dirigente, el mandatario también deja de lado que los insumos tales como llantas, repuestos, aceites se han incrementado en más de 60% en el último año. “Nosotros tenemos trabajadores, a los que debemos incrementarles el salario mínimo”, añadió.

Igualmente, comentó que no hay seguros y para que a los transportadores les vendan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tienen que pagar por las pólizas de responsabilidad más altas del mercado.

A lo anterior se suma el hecho de que la demanda del transporte de pasajeros no se ha recuperado y está movilizando alrededor del 75% de pasajeros que en 2019, antes de la pandemia.

Y un detalle más, los costos de financiamiento son los mayores en dos décadas y por la caída del mercado y por las tasas de interés, los transportadores tienen acceso limitado al crédito, concluyó García.

Servicios

En otro de sus mensajes, Petro les solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos desligar las tarifas del índice general de precios y de factores especulativos. ¿Puede hacerlo?

Para Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, Petro es quien administra la política general de servicios públicos, y lo hace a través de las comisiones reguladoras.

“Pero, para hacer efectivas medidas, como la anunciada en el trino, tiene que haber análisis, deliberación y decisión de la Comisión de Regulación de Energía, Gas (Creg), y modificar las fórmulas tarifarias que contengan la inflación como factor de actualización de tarifas. Creo que es un trino para producir sensación de que el aumento del salario mínimo no va a ser afectado por la tarifa de energía, muy personal del presidente, pero que falta ver cómo lo concreta con los miembros de la Creg”, finalizó Gaviria.

FUENTE: El Colombiano

La Procuraduría recomendó que las dos turbinas de Hidroituango entren al tiempo en funcionamiento como disminución de riesgo.

Las necesidad de que el proyecto Hidroituango entre en operación con el funcionamiento de sus dos turbinas es una de las 10 recomendaciones que emitió la Procuraduría justo antes de que se cumpla el plazo para la entrada en operación de la hidroeléctrica que pretende generar el 17% de la energía del país.

“Hidroituango mantiene el estado de riesgo debido a que el flujo continuo del río Cauca es descargado por la estructura del vertedero, razón por la cual se reconoce que para disminuir el riesgo se requiere poner en funcionamiento las turbinas de generación”, dicta el pronunciamiento del Ministerio Público.

La emisión de las recomendaciones de la Procuraduría coinciden con la solicitud que EPM adelantará ante el gobierno nacional con la que pretenden obtener más plazo para poner en funcionamiento de Hidroituango, esto con la intención de escapar de las millonarias multas que les impartirían desde la Comisión Reguladora de Energía.

El argumento de Empresas Públicas es que se requieren de más pruebas técnicas que garanticen el éxito de la entrada de operación. Una de las alternativas propuestas era inaugurar con el encendido de solo una de las dos turbinas del proyecto antes del 30 de noviembre.

La Procuraduría, por su parte, reconoció que –desde la perspectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres– es necesario que antes de poner a funcionar el sistema se adelanten todas las pruebas necesarias. Sin embargo, alertó porque “cualquier demora en las obras o pruebas necesarias para poner en funcionamiento las unidades de generación representa un mayor riesgo para los trabajadores y para las comunidades aguas abajo de la presa”.

“Serias falencias” aguas abajo

El documento del órgano de control también señala “serias falencias” en el manejo de la Gestión del Riesgo de Desastres y, además, registró que los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí –ubicados aguas abajo de Hidroituango– todavía no han ajustados sus Planes de Ordenamiento Territorial ante los riesgos que supone tener cerca la presa.

En este punto, la Procuraduría alertó porque los municipios carecen de personal especializado, de gestión documental y de equipos de socorro bien equipados para la atención de emergencias.

El ministerio público señaló que la contingencia aguas abajo se mantiene e invitó a EPM y a las demás autoridades competentes a cumplir con todos los requisitos técnicos, mecánicos, eléctricos e hidráulicos como medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las comunidades y trabajadores.

Las recomendaciones del órgano de control fueron expedidas este 21 de octubre y sus copias fueron enviadas a las ministra de Energía, Irene Vélez; Susana Muhamad, MinAmbiente; Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia; Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM; Javier Pavas, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a Jaime Enrique Gómez, director del DAGRAN.

EPM pasó el examen en estos puntos

-EPM tiene un adecuado Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) con responsabilidades claras, redundancia y una cadena de llamadas bien definida y actualizada.

-EPM ha instalado un Sistema de Alerta Temprana (SAT) robusto y redundante, pero es vulnerable al vandalismo y a los grupos armados ilegales, es necesario evaluar la estrategia o el tipo de equipos y continuar las campañas de sensibilización de la Comunidad para su cuidado y buen manejo.

FUENTE: El Colombiano

El presidente atribuyó la disparada del dólar a la política monetaria del banco central estadounidense. Los expertos creen que también hay incidencias locales.

Ante un dólar históricamente caro, hay un momento en el que las variables política y la económica se cruzan para hacer un diagnóstico de la enfermedad financiera.

Este miércoles, la divisa cerró en un precio promedio de $4.819 y, por décima vez en lo corrido de 2022, rompió su techo récord. Las redes sociales y noticieros son los escenarios en los que han reñido las versiones políticas y económicas al tratar de explicar por qué la moneda estadounidense no para de subir.

El presidente Gustavo Petro, a quien se le achaca parte de la culpa por la trepada, ayer atribuyó el problema directamente a Estados Unidos: “Viene una crisis económica. Los Estados Unidos, prácticamente, están arruinando a todas las economías del mundo”.

“La Alemania poderosa entra en recesión, y quien lo dijera, la Inglaterra que un día fue el poder colonial, hoy se deshace en una crisis económica profunda (…) y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos; a veces, sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas”, enfatizó.

Desde su perspectiva, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), homólogo del Banco de la República, tiene la mayor responsabilidad de lo que está ocurriendo con el dólar, toda vez que, al subir sus tasas de interés, “se lleva los capitales de los países latinoamericanos, dejándonos vacíos”.

Resulta que Estados Unidos está enfrentando el costo de vida más alto desde la década de 1980. Y para tratar de enfriar los precios, está aumentando sus tasas de interés. Por ello, según han explicado diversos analistas, los inversores prefieren tomar sus dólares y ponerlos allá, pues recibirán mejores rentabilidades con esos tipos de interés. Esa fuga de divisas ocasiona el encarecimiento en países como Colombia al tener menos dólares circulantes para comprar.

Un comisionista de bolsa le dijo a este diario que, para ponerlo en perspectiva, de cada $100 que haya incrementado el dólar, “$95 obedecen al contexto internacional y solo $5 obedecen al riesgo político”.

Desde su perspectiva, Gustavo Petro está enfrentando una atmósfera tan compleja, como la que en su momento tuvo que encarar el expresidente Iván Duque cuando cayó la pandemia.

“Si tú coges monedas como la libra inglesa o el yen japonés y calculas a cómo estaban hace un año, vas encontrar que también tienen una caída del orden del 20%, la de Colombia, que es cercana al 23%, no se ve tan desproporcionada frente esas”, expuso el experto.

De otro lado, mencionó que en el mercado oficial de Colombia, se pueden negociar unos US$300.000 millones al año, cifra que supera por mucho el ingreso de dólares que se inyectan a través de las exportaciones, mismas que entre enero y agosto, según el Dane, alcanzaron US$39.137 millones.

De acuerdo con el especialista, también hay que tener en cuenta que el peso colombiano es una moneda de “beta alto”, es decir, muy sensible a cualquier flujo por moverse en un mercado relativamente pequeño. A esto, sumó que, Coincidencialmente, el mercado bursátil local está principalmente movido por emisores del sector minero-energético, que serían los afectados con las políticas del gobierno.

“Gustavo Petro es un hombre inteligente que, quizás, todavía no está muy familiarizado con los mercados financieros. Pero cuando los entienda, comprenderá que él los necesita porque se viene un periodo de sequía y necesitará de ellos para financiar sus iniciativas sociales”, comentó.

¿El efecto Petro es del 50%?

Para el economista y docente Andrés Coba, la incidencia del gobierno Petro en el rally del dólar es muy paritaria con el contexto internacional.

“Por qué culpan a Petro del aumento del dólar? Porque cuando el dólar sube, la única buena noticia para un país como Colombia es que como nosotros exportamos petróleo y recibimos más divisas en dólares. Así podríamos compensar una cosa con la otra, pero acá quieren acabar con el salvavidas. Por eso, parte de lo que está pasando con el dólar, no todo, es culpa del gobierno, de su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y su pésima reforma tributaria, que va a poner en apuros fiscales al país”.

En medio de todas las fuerzas que empujan al dólar, los analistas no descartan que pueda terminar este año arriba de los $4.900

FUENTE: El Colombiano

La dinámica del sector de la construcción está en riesgo, por el fin de subsidios a vivienda No VIS, cientos de familias se quedan sin esta opción.

Colombia no ha sido ajena a la necesidad de desarrollar el sector vivienda promoviendo el acceso a esta como instrumento para la equidad social. Por esto, desde la política pública se han puesto en marcha iniciativas como Mi Casa Ya (MCY) y Frech No VIS.

Pero, en las últimas semanas dichos programas han estado frenados, lo que ha prendido las alertas por las afectaciones en los hogares más vulnerables y en el sector edificador.

De hecho, el equipo económico de Bancolombia prevé que en este cuarto trimestre se observará una desaceleración más fuerte en ventas de vivienda, debido a la finalización de subsidios de vivienda, especialmente en el segmento VIS, y al aumento en la tasa de interés a 10%.

No VIS, no va más

Los subsidios para vivienda No VIS, que son las que cuestan más de $150 millones, se crearon durante el gobierno del expresidente Iván Duque, con el fin de hacerle frente a los impactos negativos del covid-19 y acelerar la reactivación económica.

De esta manera comenzó a operar el subsidio Frech No VIS, como una ampliación de la política de vivienda del entonces gobierno. En 2020 se crearon 100.000 cupos que podían tomarse hasta el 31 de diciembre de este año. El beneficio entrega una ayuda económica mensual de $500.000 para quienes compren viviendas No VIS de hasta $500 millones en áreas urbanas, sin importar el nivel de ingresos ni propiedades ya adquiridas.

Por esto, una de las malas noticias que recibieron los colombianos es que este subsidio se eliminará a partir del 2023.

El anuncio fue hecho por Catalina Velasco, ministra de Vivienda, en entrevista con La W, en la que afirmó que lo que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro es llegar a las familias más pobres, “teniendo en cuenta que esas viviendas de hasta $400 millones son para quienes tienen ingresos altos… Queremos dirigir nuestros esfuerzos a personas que tienen entre 0 y 1,5 salarios mínimos, a las que viven en el sector rural”. Y recalcó que estos subsidios tenían un propósito de reactivación, por lo que es el momento de redireccionar esos recursos.

Sin embargo, las familias que ya cuentan con el subsidio seguirán beneficiándose de él.

“A la subida de las tasas de interés, al alto valor de los inmuebles, la inflación y el fortalecimiento del dólar, se suma ahora la eliminación de este subsidio. Se está generando la tormenta perfecta para el segmento No VIS. Las propiedades de más $150 millones son bastante adquiridas por los estratos medios, por lo que estas familias serían las más perjudicadas”, explicó Juan Álvarez, abogado especialista en derecho urbano.

Y agregó que a todo esto se suma la disminución de la oferta, pues esto desaceleraría aún más las ventas de vivienda No VIS para 2023: en agosto de este año disminuyeron 43% frente al mismo mes de 2021.Los recursos de Mi Casa YaSegún el centro de estudios económicos Anif, en los últimos años los subsidios vivienda VIS han apalancado 1 de cada 3 ventas de vivienda en este segmento, que es el de mayor volumen en el mercado.

Y es que la ministra de Vivienda anunció en días pasados que los recursos del programa MCY fueron comprometidos en su totalidad para esta vigencia. “Se otorgaron 65.000 subsidios, cumpliendo de manera anticipada con la meta de 2022. 41.800 contaban con financiación correspondiente a este año y el resto se respaldaron con vigencia futura del año 2023. La voluntad es mantener ese esquema de asignación”, dijo.

Por eso, esa cartera y Camacol hicieron un llamado a las constructoras que cuentan con proyectos de vivienda VIS para que mantengan las condiciones de negocio a los beneficiarios del subsidio.

Y Asobancaria resaltó que gracias a este el 60% de los colombianos puedan acceder a créditos y con ello a la posibilidad de adquirir vivienda propia. Además de que, actualmente, el 79,6% de los desembolsos de vivienda VIS utiliza este apoyo. “Hay que redoblar esfuerzos para ampliar el cubrimiento a los informales, al sector rural y promover los mejoramientos de vivienda”, señaló Hernando José Gómez, presidente del gremio.

Son muchas las familias que invirtieron en proyectos próximos a entregarse y para las que parece no haber una salida.

Aseguró que la decisión de subir tasas no sirve para contener la inflación.

Los altos precios en Colombia no dan tregua. En la mañana de este miércoles el Dane reveló que la inflación anual sigue disparada y en septiembre alcanzó 11,44%.

Como viene pasando en los últimos meses, los alimentos –que subieron 26,62%– siguen jalonando el encarecimiento del costo de vida.

Conocidos los datos, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter y le jaló las orejas a la junta directiva del Banco de la República.

“¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación?: No”, apuntó el Jefe de Estado.

Esto, en referencia a que el pasado jueves el Banrepública decidió subir las tasas de interés de 9% a 10%, con una votación de 6 a 1 entre los codirectores.

El único que no votó por subirlas a 10%, le apostó a llevarlas a 9,5% y, según lo dicho por Petro esa persona habría sido el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

No obstante, la explicación del mandatario fue errónea, pues Ocampo si votó por elevarlas (aunque en menor proporción), pero no se opuso.

“El ascenso de la tasa de interés interna, a la que se opuso el ministro de Hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la junta directiva de Banco de la República solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana”, expresó Petro.

Además, respecto al dato del IPC confirmó que el precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia; “esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto”.

El presidente remató diciendo que subir los intereses va en contra de la propuesta de su Gobierno y tiene que ver más con la salida de capitales a Estados Unidos.

“El ascenso de la tasa de interés va contra el crecimiento económico y el empleo de los colombianos”, expresó Petro.