Hidroituango será terminado por los chinos: EPM adjudicó las obras finales que costarán $1 billón

Las firmas, que ya habían sido rechazadas a comienzos de este año, firmarán un contrato para encargarse de las obras civiles de las últimas cuatro unidades de generación.

Empresas Públicas de Medellín(EPM) adjudicó las obras finales del proyecto de Hidroituango al consorcio integrado por las firmas Yellow River, de China, y la colombiana Schrader Camargo, las mismas que habían sido rechazadas por la compañía en febrero de este año por no lograr acreditar su experiencia constructiva.

La decisión fue informada por la compañía en un comunicado de prensa publicado este miércoles, en el que precisó que el contrato firmado por ese consorcio tendrá un valor de aproximadamente $1 billón y un plazo de ejecución de 1.125 días calendario; es decir, aproximadamente tres años.

Dentro de las obras que este consorcio deberá ejecutar están las obras civiles de las unidades 5, 6, 7 y 8, con las que se espera que la megahidroeléctrica pueda generar los 2.400 megavatios con los que fue concebida desde un inicio.

El camino que trajo a ese consorcio colombo-chino a quedarse con ese contrato ha estado lleno de polémicas y cuestionamientos desde el año pasado, sobre todo por cuenta de varias modificaciones realizadas por EPM a las condiciones del proceso y los líos que esas firmas tuvieron para demostrar su experiencia constructiva.

En 2022, cabe recordar que estas mismas empresas (entonces bajo la sombrilla del Consorcio PC-SC) fueron las únicas que presentaron una oferta para culminar la hidroeléctrica, pero fueron descalificadas por EPM.

Según trascendió en febrero de este año, la razón principal de esa descalificación radicó en que la firma colombiana Schrader Camargo había presentado obras como la embajada de Estados Unidos y un complejo industrial de la Cervecería del Valle, que EPM no aceptó como experiencia constructiva para la hidroeléctrica.

En esa licitación, que tuvo que ser declarada desierta por EPM en medio de alertas de la Procuraduría, también generaron suspicacias una serie de modificaciones realizadas por la compañía precisamente en materia de acreditación de experiencia constructiva.

En una polémica adenda que se conoció en septiembre de 2022, precedidos por una serie de oficios que se cruzaron EPM y Yellow River, la compañía antioqueña accedió a flexibilizar las exigencias para los socios nacionales.

Tras esa fallida licitación, y con el tiempo en su contra, EPM abrió una segunda solicitud pública de ofertas, en la que compraron derechos de participación 12 firmas colombianas e internacionales.

Al final, solamente se presentaron tres ofertas, una de la firma italiana Todini Costruzioni Generali, otra de la asiática China Gezhouba Group Company Limited y otra nuevamente por el mismo consorcio colombo-chino rechazado (esta vez sin la empresa Powerchina).

El 31 de agosto pasado, EPM publicó en su portal de contratación un informe de análisis y conclusiones en los que descalificó tanto a Gezhouba como a Todini y volvió a dejar solo en el proceso al consorcio integrado por Yellow River y Schrader Camargo.

Esa decisión de la compañía llamó la atención porque, según quedó en los anexos técnicos de ese informe, el consorcio colombo-chino presentó la oferta más cara y acreditó la menor cantidad de experiencia constructiva.

Por ejemplo, mientras Todini aseguró poder terminar la hidroeléctrica con un presupuesto de $917.224 millones y Gezhouba hizo lo propio con una cifra de $932.269 millones, Yellow River y Schrader Camargo presentaron una oferta de $1,1 billones, $135.418 millones más de su propia oferta presentada en la fallida licitación de 2022.

Por otra parte, pese a estar concursando desde 2022 por quedarse con la hidroeléctrica, EPM ha entregado de forma directa varios contratos a la colombiana Schrader Camargo, que van desde la culminación de las obras civiles de las unidades 3 y 4 (firmado por un valor de $35.250 millones y que ha tenido adiciones por $19.511 millones), así como obras para taponar y clausurar los túneles de desviación de Hidroituango (en otro contrato directo firmado por $125.523 millones).

FUENTE: El Colombiano

“Congelamiento” de energía se paga en enero: EPM contradice a Quintero y admite que las tarifas subirán

En un derecho de petición, la empresa señaló que una vez termine el alivio tarifario de este año lo cobrará a los usuarios el próximo año.

El alivio tarifario que empezó a aplicar EPM a partir de junio, en el que las tarifas de energía se redujeron en un -0.59% para casi todos los estratos en comparación con mayo, será pagado por los usuarios a partir de enero del próximo año.

Así lo informó la compañía en respuesta a un derecho de petición revelado este martes en una columna de opinión publicada en La Silla Vacía por Santiago Ortega, director de Innovación en Emergente Energía Sostenible.

En el oficio, la empresa no solo admitió nuevamente que dicho alivio se trata de un diferimiento amparado en la opción tarifaria, tal como lo han explicado expertos desde mayo pasado, sino que anticipó que calcula desde ya un incremento adicional del 0,6% en las tarifas para cuando llegue el próximo gobierno en 2023.

“(…) una vez finalice la aplicación de la medida de estabilización de las tarifas de energía eléctrica con la facturación del mes de diciembre de 2023, para la facturación de enero de 2024, EPM deberá actuar acorde con la normativa que esté vigente en dicho momento concretamente en lo referido a las opciones tarifarias, según las proyecciones vigentes para la recuperación por opción tarifaria se aplicaría un incremento del 0.6% mensual”, consignó la empresa en ese documento oficial, elaborado el pasado viernes 23 de junio.

La respuesta de la empresa arroja luz sobre uno de los puntos más sensibles del alivio tarifario presentado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que consiste en quién asumirá lo que se deje de cobrar durante el segundo semestre de este año.

Aunque el alcalde ha sostenido que dichos recursos no serían pagados por los usuarios, y hasta aseguró que el próximo gobierno tendría margen para decidir si mantiene ese mismo mecanismo, la versión entregada por EPM muestra que la compañía desde ya está haciendo cálculos internos para equilibrar ese saldo pendiente, que la regulación le obliga a recuperar.

Este mismo escenario fue el mismo que ya había advertido la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el 24 de mayo en declaraciones entregadas a la emisora Caracol Radio.

“Hay un esquema de financiación de tarifas que se llama la opción tarifaria, es un esquema que surgió en el contexto del covid, en el cual se decide que las empresas operadoras puedan reducir la tarifa en un determinado periodo de tiempo. El excedente que se da respecto a lo cobrado se carga posteriormente a unos saldos, que después, en el tiempo, el usuario deberá ir pagando según el esquema tarifario de cada uno de los operadores”, dijo entonces la ministra.

FUENTE: El Colombiano

“El Gobierno Nacional debe ajustar el proceso de paz total”: Aníbal Gaviria

El gobernador Aníbal Gaviria le pide al presidente Gustavo Petro que apoye la creación de un “laboratorio de vida” en el Bajo Cauca que podría llevar a la creación de un distrito agro-minero.

Al gobernador Aníbal Gaviria le ha tocado sortear todas las muestras de poder que el Clan del Golfo le ha hecho al Gobierno Nacional. Desde hace 12 días, el departamento está sacudido por un paro minero sin precedentes que arrincona al Bajo Cauca y al Nordeste, y Gaviria quiere proponerle al presidente Gustavo Petro “un laboratorio de vida” en estas subregiones que consistiría en crear un distrito agro-minero que tenga en cuenta a todos los actores del oro. El gobernador también pide que la paz total no se convierta en un escudo para los armados.

Gobernador, ¿en qué va el paro minero?

“Ya hay un desgaste de los del paro y hay una muy importante presencia de la Fuerza Pública que ha ido avanzando en el control territorial. En este momento la troncal del nordeste ya está liberada. El lunes en la noche y ayer en el transcurso del día se abrió la Troncal de Occidente, o sea Medellín, Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Montería. Las vías fundamentales que estaban obstruidas ya están desbloqueadas”.

¿Y por qué se demoraron tanto? Ya van casi 13 días…

“Porque los bloqueos eran varios y en una sola de las zonas, en Tarazá y Cáceres, los manifestantes tumbaron cerca de veinte árboles y los atravesaron. Ahí se concentraron las protestas el fin de semana y ahí quemaron el peaje de Tarazá, y se intentó quemar y tomar la Estación de Policía de un corregimiento de Cáceres. Allí se demoró más la Fuerza Pública en lograr remover los obstáculos de la vía y en asegurar el sector para que los vehículos pudieran transitar”.

¿El cese al fuego bilateral que el gobierno de Petro decretó con el Clan del Golfo hizo todo más lento?

“No, en este caso no. En casos anteriores sí. Yo he sido crítico de ese cese al fuego y lo fui cuando estos grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, se estuvieron paseando por Yarumal, Campamento, Angostura, y por sus instituciones educativas. Desde allí le dije al país y al Gobierno Nacional que los actores armados estaban abusando del cese al fuego porque lo interpretaban como una inacción de la Fuerza Pública. El presidente Petro, desde el episodio de Yarumal, fue claro en decir que el cese al fuego no es únicamente para que dejen de dispararse el Ejército y los grupos armados, sino para que los grupos armados dejen de vulnerar a la población civil. No pueden seguir aumentando sus cultivos ilícitos, ni generar destrucción con la minería ilegal, ni tampoco ir a las escuelas a reclutar a los niños, eso fue lo que dijo Petro y se dinamizó la Fuerza Pública, que hasta ese momento sí estaba más lenta”.

¿Los videos de las disidencias jugando con los niños en escuelas de Yarumal fue lo que hizo mover a la Fuerza Pública?

“Totalmente. Es que en ese momento el país y la propia Fuerza Pública estaban en una confusión porque no sabían si podían repeler o no a los guerrilleros que llegaban a un centro poblado. Obviamente sí los podían repeler, porque si ellos seguían sembrando coca y seguían haciendo minería ilegal, ese no era el cese al fuego. Pero esa confusión estaba en ese momento. Yo quiero en esto ser claro, cuando se dio la orden del viernes del ingreso de la Fuerza Pública para normalizar el territorio, la orden se cumplió de inmediato, y las órdenes que ha dado el Gobierno Nacional de atacar a las dragas se han atendido también de inmediato. No ha habido lentitud”.

¿El Gobierno Nacional es el que ha quemado las dragas?

“Son decisiones del Ministerio de Defensa”.

¿Cuántas han quemado?

“Cinco dragas se quemaron el primero de marzo y tres se quemaron y destruyeron el sábado 11 de marzo, yo he apoyado al Gobierno Nacional en esas decisiones y el Gobierno ha apoyado a la Gobernación en la recuperación del control del territorio”.

¿Ocho dragas destruidas les hacen algún pellizco a los mineros?

“Sí, es que estas dragas son dragones de tipo brasileño, son grandes estructuras que producen un tremendo daño ambiental, no sólo por la forma en la que trabajan sino porque también utilizan mercurio y mucho de ese mercurio queda en el río”.

¿Pero cuántas de esas dragas hay en el Bajo Cauca?

“La cifra es muy poco oficial porque obviamente son ilegales, pero yo creo que puede haber unas 30 o 40 máximo. Estos no son aparatos de la minería ancestral ni de la artesanal, cuestan 1.500 o 2.500 millones de pesos, y por eso la quema de esos aparatos produjo la reacción del Clan del Golfo”.

Usted que ha sido crítico de la “paz total”, ¿cómo la ve a la luz de este paro?

“Todos tenemos el anhelo de paz y la mejor contribución es ser críticos de sus vacíos. La paz total tiene que tener una verificación. El cese al fuego, como el mismo Presidente lo ha dicho, no puede permitir que grupos ilegales sigan delinquiendo y aumenten la minería ilegal, la destrucción ambiental, la siembra de coca y las extorsiones. ¡Ese no puede ser el cese al fuego!”.

¿El paro minero golpea a la “paz total”?

“Esto amerita una rectificación, amerita un análisis de la verdadera voluntad de estos grupos con la paz total, porque la voluntad no puede mostrarse con cartas al Gobierno Nacional, sino con hechos. No puede ser que se envíen cartas y al mismo tiempo están propiciando una parálisis total del Bajo Cauca y el Nordeste con efectos gravísimos contra la población. Es que secuestrar 400.000 habitantes en su territorio, impedirles que se muevan, impedirles que se abastezcan, hacer que se cierren los comercios, obstaculizar las vías, pues eso no es paz total. Entonces claramente lo digo, el Gobierno debe rectificar, debe ajustar el proceso de paz total y debe exigir a estos grupos hechos reales de paz”.

El presidente Gustavo Petro viene a Antioquia…

“Sí, la información que tenemos es que el Presidente viene al Bajo Cauca. Quiero resaltar para que no quede ninguna duda de que la Fuerza Pública ha actuado de manera muy profesional. Tuvo una actuación prudente pero firme apoyando la recuperación de la tranquilidad de los ciudadanos. Y para eso la mandó el Presidente”.

¿Cuántos hombres mandó?

“Unos 10.000 hombres del Ejército y la Policía en el Bajo Cauca y el Nordeste, recuperando la libertad y el orden para las gentes”.

¿Le va a plantear algo al Presidente?

“Quiero proponerle una solución estructural: que el Bajo Cauca y el Nordeste se conviertan en un laboratorio de vida. Porque aquí desafortunadamente lo que ha habido es muerte y destrucción. A través de los años se han depredado miles de hectáreas con la minería ilegal y la coca. Se han muerto muchas personas. Han entrado en la ilegalidad muchos. Se ha deteriorado el tejido social”.

¿Cómo sería ese laboratorio de vida?

“Tiene muchos elementos. Uno básico es el distrito minero o agro minero que venimos trabajando desde la Gobernación con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con las alcaldías, con el CUEES (Comité Universidad Empresa Estado Sociedad), con las fuerzas vivas del Bajo Cauca. Allí también tiene que estar el distrito agrícola del maíz, que es uno de los más grandes proyectos del PDET. El plan maestro que ha venido discutiendo y construyendo el CUEES con todos los actores de la región, incluyéndonos nosotros. Y por supuesto todo lo que proponemos en la visión Antioquia 2040: corazón verde de América”.

Suena a un proyecto muy ambicioso…

“Esto no es un tema de un año, esto tiene que ser un plan a mediano y largo plazo que sirva como un laboratorio no sólo para el Bajo Cauca y el Nordeste sino para Colombia, donde se conjuguen inversiones y acciones del Gobierno Nacional, Departamental y local, también las corporaciones regionales, y en todas las áreas. Un laboratorio de vida que sea una solución estructural a los vacíos del Estado en el Bajo Cauca y el Nordeste por décadas”.

¿Es un laboratorio que necesita un gerente? ¿Una gran inversión del Estado? ¿De qué magnitud estamos hablando?

“Sí, es que el problema es de gran magnitud. La destrucción que hemos visto y que ustedes publicaron este domingo es la catástrofe ambiental más grande en la historia de Antioquia. ¿Merece eso un plan grande con inversiones de billones de pesos? Yo creo que sí. Además, porque es una zona en la que se concentran todos los problemas de Colombia: guerrilla, narcotraficantes, minería ilegal, daño ambiental, pobreza… Los grupos al margen de la ley están desde las Farc, el ELN, los grupos paramilitares, los narcotraficantes, ahora también el clan del Golfo”.

Es un sitio de reciclaje de la violencia…

“Exacto, por eso es un laboratorio de vida, que puede ser referente no sólo para el Bajo Cauca y el Nordeste, sino para otros territorios. Y tiene que tener una gobernanza, tiene que haber un gerente y obviamente un presupuesto importante del gobierno nacional, del gobierno departamental, fundamentalmente, y también la búsqueda del apoyo internacional. La destrucción de los bosques, de los ríos, es un problema que toca la sensibilidad global sobre el cambio climático”.

Le he oído una comparación entre las vías 4G y la destrucción de la minería ilegal ¿cómo es la imagen?

“Se está construyendo una gran vía de las 4G entre Alto Dolores y Remedios y Segovia, y entre Remedios y Zaragoza. Y desde el aire ves la obra de infraestructura vial más grande que estamos construyendo en Antioquia y se ve como si fuera un hilito al lado de la enorme destrucción producto de la minería ilegal. Una destrucción cien veces mayor que la que la huella que deja la 4G. Eso es algo impresionante”.

¿Qué significa un distrito minero? ¿Se legalizará a los ilegales?

“Lo más grave es que nosotros hemos convertido una riqueza en un problema. El oro ha sido el símbolo de la riqueza en toda la historia de la humanidad. Y allí lo que hay es mucho oro. Entonces, no puede ser que nosotros convirtamos la riqueza en muerte, en destrucción y en pobreza. Eso no lo hace el oro, eso lo hace el subdesarrollo. Porque los estados desarrollados que tienen riqueza convierten la riqueza en más riqueza. ¿Qué hacemos para convertir el oro en riqueza?”.

¿Por qué ha crecido tanto la minería ilegal?

“Porque ha aumentado enormemente el precio del oro y hoy la rentabilidad de la minería ilegal está por encima de la rentabilidad del tráfico de cocaína. Entonces los dos se convirtieron en grandes pilares de las organizaciones criminales”.

¿Y cuánto pueden ganar ahí? ¿Cuánta plata producen ahí?

“Ojalá pudiéramos tener mejores cifras, pero los negocios ilícitos de la droga y de la minería ilegal en Antioquia, en su conjunto, le generan ingresos de cientos de miles de millones de pesos al año a las organizaciones criminales. No sé decirte exactamente el valor”.

¿Ya le contó al presidente Petro su idea del laboratorio de vida?

“Nosotros hemos planteado el distrito minero y eso lo conocen los ministros del gobierno nacional y lo han visto con muy buenos ojos. Pero lo que quiero plantearle al presidente seguramente hoy en Caucasia es que como Estado no nos podemos quedar únicamente en la solución del paro y en el ataque a la minería ilegal. Tenemos que dar una solución más integral al territorio y esa solución es el laboratorio de vida en un período de ocho años de 2023 al 2030. Ya después se podrá proyectar hasta el 2040 y en ese período de ocho años definir unas inversiones de varios billones de pesos”.

¿De cuánto sería la inversión?

“Nosotros ya tenemos un borrador del laboratorio de vida que tiene los planes y los proyectos de inversión en el área productiva, en el área social, en el área de infraestructura, en el área de comunicaciones, en el área de cooperación internacional y por eso puedo hablar de que pensamos que la inversión podría ser de aproximadamente 5 billones de pesos. Nosotros en este Gobierno estamos invirtiendo un billón de pesos en el Bajo Cauca y otro billón en el Nordeste. Entonces no es desproporcionado que en los próximos ocho años se pueda invertir esa suma”.

Gobernador, ¿usted espera que el Gobierno Nacional se monte en esta propuesta con recursos o cree que con los recursos de la Gobernación de Antioquia se podría hacer esto?

“Los recursos del gobierno departamental los estamos invirtiendo y seguramente se invertirán allí, pero los que hacen la diferencia, los que convierten verdaderamente esto en un laboratorio de vida, son los recursos frescos nuevos del gobierno nacional. Yo propongo que el concepto de laboratorio de vida y este laboratorio se integren en el plan de desarrollo nacional para que puedan financiarse y para que se puedan construir las herramientas a través de la ley del plan. El Bajo Cauca y el Nordeste no van a esperar, las necesidades de la gente allí no van a esperar, la destrucción ambiental que continúa no va a esperar”.

¿Los habitantes de estos municipios pueden dormir hoy tranquilos o cuando dormirán tranquilos?

“Yo creo que es un proceso gradual”.

¿Todavía no está bajo control la zona?

“Hay un control, pero un control parcial, pueden dormir más tranquilos hoy de lo que dormían ayer, ayer de lo que dormían antier y pueden dormir más tranquilos seguramente mañana de lo que están durmiendo hoy, pero le voy a decir sólo podrán ellos dormir tranquilos y nosotros también, si ponemos a funcionar esta solución estructural del laboratorio de vida. Si aquí no se da una solución estructural mañana tendremos otro paro y no sólo en el Nordeste o en el Bajo Cauca sino en otros territorios”.

Se van acercando al norte de Antioquia, la mancha del oro se va extendiendo…

“No sólo el oro. Recordemos que el Clan del Golfo ya hizo un paro más grande que este en términos territoriales cuando extraditaron a Otoniel. Pararon Bajo Cauca, pararon Occidente, pararon el Norte, pararon Nordeste y pararon otros seis departamentos de Colombia. ¿Por qué? Porque vieron tocados sus intereses. Entonces, la solución estructural es más presencia del Estado, un Estado más fuerte en la ley, en la autoridad, en la fuerza pública y un Estado más fuerte en lo social, un Estado que haga más escuelas, que dé más salud, que haga más infraestructura de servicios públicos. Nuestra tragedia, nuestra gran paradoja, es que, por la debilidad del Estado, convertimos la riqueza en pobreza. ¿Qué tristeza? La región del Bajo Cauca es de las más ricas de Colombia y ¿para qué nos ha servido? Allí lo que hemos tenido y lo que tenemos hoy es una tierra degradada, una creciente destrucción ambiental y una degradación también del tejido social. Convirtamos la riqueza del Bajo Cauca en riqueza para el Bajo Cauca y el Nordeste y eso lo hacemos a través de este laboratorio de vida, que nos permita tener un Estado más fuerte”.

FUENTE: EL Colombiano

Toma indígena a la Alcaldía de Medellín dejó ocho lesionados

Un grupo de 500 manifestantes ingresó por la fuerza al primer piso del edificio de la Alcaldía. En la tarde los trasladaron a un coliseo.

En una especie de resguardo indígena se convirtió ayer el primer piso de la Alcaldía de Medellín, tras la toma por la fuerza que hizo un grupo de 500 indígenas, incluidos unos 300 niños. Después de una movilización pacífica por el Centro, de forma sorpresiva y violenta, esta comunidad se metió al edificio, donde permanecieron durante horas.

Los indígenas de la comunidad Emberá Katío, procedente del Chocó y que están ubicados en algunos inquilinatos en Niquitao, iniciaron la marcha desde este sector, en un recorrido tranquilo, que aparecía relegado ante el paro de los taxistas que se realizaba simultáneamente.

Pero a las 10:45 de la mañana el panorama cambió y la tranquilidad de la movilización indígena se convirtió en una violenta toma del edificio de la Alcaldía de Medellín. Con palos y piedras redujeron los controles de los vigilantes y quebrando vidrios y dañando torniquetes tomaron posesión del hall principal, mientras que el personal encargado de controlar el ingreso tenía que abandonar sus puestos para no ser agredidos.

Pese a la presencia del personal de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes Esmad, que estaba en la zona para controlar cualquier situación derivada de la protesta de los taxistas, los indígenas alcanzaron a llegar hasta el tercer piso de la Alcaldía. Incluso, 10 funcionarios, ante el temor, quedaron atrapados en la capilla y fueron rescatados por personal de la Personería.

Rodrigo Vitucay Tequía, uno de los gobernadores indígenas que abanderó la protesta, afirmó que con ella buscan que se les respete el derecho a trabajar en las calles y, aunque suene inverosímil, pedían hacerlo junto a menores de edad. Aseguró que ya habían tratado el tema con la Alcaldía y ante unos incumplimientos, los cuales no explicaron, decidieron hacer esta toma.

Con el fin de calmar los ánimos, el personero de Medellín, William Vivas, intentó crear una mesa de concertación entre la Alcaldía y los manifestantes, a fin de que estos abandonaran la sede de la administración municipal.

Pero instantes después, a través de sus redes sociales, el alcalde Daniel Quintero publicó: “No permitiremos de ninguna forma que se explote, instrumentalice o se abuse niños. No importa que tan violenta sea la protesta”. Sin embargo la postura del alcalde contrasta con que en los tres años de su gobierno se ha denunciado el estado de mendicidad de más de 500 indígenas, muchos acompañados de niños, y no se ha hecho nada.

Con la protesta, los empleados de la sede municipal tuvieron que ser evacuados de la edificación por el sótano y muchos tuvieron que teletrabajar en el resto del día.

Sobre la 1:15 de la tarde, con los menores en el primer piso de la Alcaldía, hubo nuevas confrontaciones en la plazoleta de La Alpujarra, entre agentes del Esmad y los indígenas, que fue controlada con el uso de bombas de humo. Los desórdenes dejaron 8 personas lesionadas, entre ellas tres policías.

En horas de la tarde se llegó a un acuerdo para levantar la toma de la Alcaldía y trasladar a los indígenas al coliseo Carlos Mauro Hoyos, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, mientras avanzan las negociaciones, aunque, “algunas de estas peticiones son difíciles de cumplir”, reconoció el personero Vivas.

Todo esto sucede en la misma semana que se estableció medida de aseguramiento en contra de la ahora exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por presunta corrupción en la contratación de Buen Comienzo, lo que para muchos ha sido jugar, precisamente, con la alimentación de los niños de la ciudad.

FUENTE: El Colombiano

¿Por qué no se prendió la segunda unidad de Hidroituango?

Aunque la empresa declaró la operación comercial de las dos primeras turbinas del proyecto, la hidroeléctrica está operando a medias desde diciembre pasado.

El pasado 14 de diciembre, EPM anunció al país que las primeras dos unidades de generación de Hidroituango habían iniciado su operación comercial. La noticia, esperada desde hace más de una década, fue presentada como un hito y una especie de cierre ante las múltiples dudas y cuestionamientos que se han cernido sobre el ensamblaje de estos gigantescos aparatos. Sin embargo, la unidad número dos está por ajustar cuatro semanas apagada y no se sabe por qué.

Aunque desde diciembre pasado ha sido poco lo que había vuelto a hablarse de la central, conocedores del sistema energético nacional fueron los que encendieron las alertas recientemente, luego de ver con intriga la información que EPM le viene reportando a XM.

Pese a que desde el pasado 30 de noviembre, día en que se declaró la operación comercial de las dos primeras unidades, la empresa de servicios públicos ha insistido en que ambos artefactos estaban perfectamente operativos, la información dice otra cosa.

Los reportes de EPM

Como cualquier otro generador, EPM está obligado a reportar con antelación ante XM las novedades que tenga en su operación. Semana a semana, a través de un informe periódico titulado Análisis Energético de Corto Plazo, XM hace públicas esas proyecciones.

Según puede leerse en los registros históricos de esa publicación, las dos primeras unidades de Hidroituango aparecieron por primera vez en la semana del 12 de diciembre al 18 de diciembre. A raíz de la orden de evacuación que impartió el Gobierno Nacional, ambas unidades fueron declaradas como “indisponibles” durante todo ese primer periodo.

Sin embargo, tras la entrada formal en operación comercial el pasado 14 de diciembre, mientras la unidad 1 salió de ese listado, la unidad 2 siguió declarándose indisponible.

Así ocurrió también entre el 19 y el 23 de diciembre, entre el 26 y el 27 de diciembre, entre el 2 y el 8 de enero, y para esta semana entre el 9 y el 18 de enero.

Aunque expertos consultados coinciden en que en cualquier otra central energética del país declarar la indisponibilidad de una unidad es normal, en el caso de la unidad 2 de Hidroituango la historia es diferente por varias razones.

El primer factor que despierta suspicacia se vincula con el atropellado proceso con el que EPM declaró la operación comercial de Hidroituango, a pocas horas de vencerse el plazo contraído con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Aquel hito, completado el 30 de noviembre, se produjo luego de varios meses de declaraciones contradictorias entre la Alcaldía y EPM.

Por ejemplo, mientras el alcalde Daniel Quintero aseguró a comienzos de noviembre en una rueda de prensa que la primera unidad estaría lista para prenderse el 15 de ese mes, EPM manejaba un tono más precavido y llegada esa fecha le salió al paso al alcalde asegurando que su ensamblaje iba por buen camino pero que faltaban las pruebas “a carga nominal”.

Además de esa contraposición de fechas, un factor que siempre fue manejado con discreción fue el avance de la unidad 2 y su desfase con la unidad 1, que EPM fijó públicamente en cinco días en julio de 2022 y luego ajustó a 10 días de forma interna, antes de noviembre.

Pese a esos márgenes, la empresa matriculó ante el sistema interconectado la primera unidad el 26 de noviembre e hizo lo mismo con la unidad 2 el 30 de noviembre.

A ese panorama se suman varias declaraciones del vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo en octubre, que dijo querer “un par de semanas más” de tiempo para probar las unidades antes de inaugurarlas.

Bajo esa óptica, una de las dudas que salen a flote en medio de esos trabajos que se ejecutaron contra el reloj, principalmente buscando librar a EPM de un multimillonario incumplimiento ante la Creg, es cuál es el real estado de la unidad 2. ¿Quedaron calibraciones o pruebas pendientes?, ¿por qué la unidad 1 está funcionando, pero la 2 no?

Aunque el tema venía pasando de agache hasta hace algunos días, EPM se refirió el pasado fin de semana al tema y en respuesta a un requerimiento enviado por Noticias Caracol aseguró que la unidad 2 no funcionaba por un proceso de “limpieza en su sistema de captación”. Según registró ese informativo, EPM sostuvo que la unidad podría entrar a generar de forma continua “entre el 15 y el 18 de enero”; un rango que no encaja con el periodo de indisponibilidad reportado a XM.

Para cotejar esa inconsistencia y conocer el estado de la unidad 2, este diario envió un requerimiento al área de comunicaciones de EPM, que sin entregar información sobre el tema señaló que esta semana la empresa planeaba pronunciarse al respecto.

Al margen de la incertidumbre técnica, las demoras también despiertan preocupación por los ingresos que deja de percibir EPM, calculados en casi $2.000 millones diarios por unidad de generación.

FUENTE: El Colombiano

Comunidades afectadas por Hidroituango montaron campamento de protesta al frente del edificio de EPM

En el extenso pliego de peticiones piden una póliza todo riesgo ante posibles desastres y emergencias.

Después del fallido simulacro de evacuación en el que las comunidades de Puerto Valdivia, Tarazá, Ituango y Briceño se negaron a participar como protesta a los incumplimientos de EPM, más de 300 campesinos viajaron desde el Bajo Cauca y se instalaron este miércoles frente al edificio de EPM. No planean moverse hasta que la junta directiva los escuche.

Edilberto Manuel Vargas, integrante de la Asociación de Mineros Artesanales de Puerto Valdivia y coordinador del movimiento Ríos Vivos, manifestó que decidieron plantarse ante EPM cansados de la falta de garantías y por la incertidumbre en torno a las pruebas y entrada en operación de Hidroituango. La petición directa que hacen, apunta Vargas, es conocer el estudio sobre el macizo rocoso de Hidroituango, algo que llevan pidiendo desde hace años.

Vargas señala que la mesa que tienen con EPM está estancada y responsabilizó directamente de ello al alcalde Daniel Quintero. “Ni él ni las administraciones pasadas han tenido la responsabilidad necesaria con las comunidades del cañón del río Cauca. Siempre nos han estigmatizado y mentido”, apunta y recuerda que todavía hay decenas de líderes sociales amenazadas y exiliados del territorio por su defensa del territorio en los últimos años.

En el extenso pliego de peticiones que tiene Ríos Vivos para negociar con EPM y las autoridades departamentales destaca la Reparación integral de los ecosistemas afectados por el megaproyecto Hidroituango, entre estos, la reforestación con árboles nativos, construcción comunitaria de corredores ecológicos y áreas de protección especial realizados por las comunidades articuladas al Movimiento Ríos Vivos y así restaurar en parte la biodiversidad destruida por la construcción de Hidroituango.

También piden verdad, justicia social y ambiental, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de Hidroituango, incluyendo que haya una póliza de seguro por riesgos de avalancha, inundación, movimientos en masa, nuevas pérdidas de los medios de vida y de subsistencia de la población, nuevas afectaciones ambientales y sociales para los integrantes del Ríos Vivos.

Edilberto dice que no se marcharán hasta que EPM les garantice que todos los pobladores de comunidades ribereñas potencialmente en riesgo por Hidroituango quedarán censadas y que el proceso de evacuación será en términos dignos y con las garantías de seguridad a sus bienes.

Se espera que se sigan sumando campesinos afectados por Hidroituango, que llegarían, incluso, desde Sabanalarga y La Mojana sucreña.

FUENTE: El Colombiano