Se trata de la demanda interpuesta por la Alcaldía de Medellín con la que se cuestionó el perfil de Quintero para asumir ese cargo.
El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta contra el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente Nacional de Salud por parte del presidente Gustavo Petro.
La decisión fue tomada por el tribunal el pasado 21 de mayo, que encontró suficiente mérito para revisar los argumentos planteados por la Alcaldía de Medellín para oponerse a esa designación.
A pesar de que el recurso tuvo visto bueno para comenzar a tramitarse, el Consejo de Estado se negó a suspender al exalcalde del ejercicio de su cargo, tal como se solicitaba en unas medidas cautelares, considerando que aún no había material probatorio suficiente para tomar una decisión de esa envergadura.
¿En qué consiste la demanda?
La demanda admitida por el Consejo de Estado fue radicada el pasado 27 de abril ante la Sección Quinta del Consejo de Estado y aparece firmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y los directores del Hospital General de Medellín, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín.
En el recurso, la Alcaldía planteó que Quintero no tendría legitimidad para ocupar el cargo de superintendente de Salud, argumentando que no tendría los conocimientos ni la experiencia que demanda ese cargo.
Según plantearon, pese a que Quintero antes de ser alcalde también pasó por otras entidades públicas como Innpulsa o el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), esos cargos no estarían a la altura del nivel de especificidad que demanda dirigir una superintendencia.
Si bien durante su paso por la Alcaldía, Quintero habría tenido incidencia en decisiones de salud, los demandantes señalaron que dicha tarea no sería comparable con el conocimiento profundo que el cargo de superintendente demanda, sobre todo asociado al funcionamiento y la regulación del sistema de salud.
“El señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, por cuanto no cumple con los presupuestos de formación académica y experiencia profesional relacionada para ser Superintendente Nacional de Salud”, se plasmó en esa acción.
Además de esa brecha de conocimientos, los demandantes también aseveraron que Quintero no contaría ni siquiera con los meses de experiencia que aparecen en los requisitos del cargo.
A la luz de esas cuentas, sostuvieron que, incluso contando su paso por la Alcaldía como experiencia válida, tendría una experiencia de 46 meses y no de 84, que es la que demanda el cargo.
“Incluso si se admitiera la aplicación de las equivalencias previstas en el ordenamiento jurídico para el nivel directivo, el tiempo acumulado, incluyendo la compensación por títulos de posgrado, también resultaría insuficiente para satisfacer el requisito legal”, señalaron.
Además de declarar inválida la resolución con la que se nombró a Quintero, en la demanda se pedía suspenderlo provisionalmente del cargo mientras se dirimía el tema.
No obstante, pese a que el Consejo de Estado encontró mérito en revisar el caso a fondo, consideró que no sería procedente suspender a Quintero.
“En esta etapa incipiente del proceso aún no se cuenta con todas las pruebas y antecedentes administrativos del caso, lo que impide a la Sala hacer un estudio detallado de las funciones de todos los cargos y trabajos desempeñados por el demandado que, a juicio de la parte actora, no tienen relación alguna con el empleo de superintendente nacional de salud”, estableció el Consejo de Estado.
Según se lee en el auto, el exalcalde fue notificado del proceso, así como el ministro de Salud y el presidente de la República, quienes podrán pronunciarse sobre la demanda y entregar sus argumentos.
La decisión del Consejo de Estado generó múltiples reacciones en Medellín, sobre todo entre quienes han cuestionado la llegada del exalcalde al cargo.
“El nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud no es más que una bofetada a la institucionalidad del país, una maniobra de politiquería barata que pretende entregarle la vigilancia de la vida de los colombianos a un personaje que carece de la formación y la experiencia idónea para el cargo. Quien no pudo administrar con transparencia a Medellín, hoy pretende saltarse los requisitos legales, demostrando que su única especialidad es el hambre de poder y el desprecio por las normas”, opinó el concejal Alejandro De Bedout.
