Así fue la jugadita de Petro para meter su ‘reforma a la salud’

Aldo Cadena llegó a la presidencia de la Nueva EPS luego de varias maniobras, a pesar de la reticiencia de las cajas. El polémico directivo hizo parte del descalabro de Capital Salud.

Los antecedentes del recién nombrado presidente de la Nueva EPS —la de más grande cobertura en el país, con presencia en 1.117 municipios—, Aldo Cadena Rojas, como administrador y gerente al frente de una entidad promotora de salud no son los mejores, así como la forma en la que se habría dado su llegada a ese puesto.

Ese movimiento, presuntamente, se dio por medio de presiones a miembros de la junta directiva de esa EPS, que está conformada por tres personas de las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar y otros dos representando al Gobierno.

Dos fuentes que conocieron los intringulis de cómo fue la maniobra le contaron que hubo presiones para que la junta directiva aprobara un nuevo manual de funciones para ajustar el perfil del cargo y nombrar ahí a Aldo Cadena.

Las cajas de compensación, especialmente, se habían negado a la idea de cambiar al entonces presidente José Fernando Cardona Uribe, al considerar que había hecho una labor impecable a lo largo de los 14 años que estuvo al frente de la EPS y además, porque temían que el cargo quedara en manos de políticos cuestionados.

Sin embargo, cuentan las fuentes que dos de las cajas se vieron sometidas a una presión porque están “en una situación de debilidad financiera enorme”. Compensar, por ejemplo, depende de los recursos de la salud y a Camfam le tienen intervenida Famisanar.

Bajo esa premisa fue que el gobierno logró alinearlas para que Cadena llegara al cargo. Para terminar de convercerlos, se comprometíó a atender una petición que les hicieron desde las cajas de compensación de firmar un acuerdo en el que se comprometían a respetar el gobierno corporativo de la entidad, pero los delegados gubernamentales no firmaron.

Esta jugada es para muchos la punta de lanza del gobierno Petro para hacer su ‘reforma a la salud’, en caso de que el Congreso no la apruebe, pues no solo tendría el control de la EPS más grande del país, sino que podría terminar recofiendo otras EPS que empiecen a flaquear en el camino.

El descalabro de Cadena en Bogotá

Aldo Cadena fue el presidente de la junta directiva de la EPS Capital Salud y también secretario de Salud ad hoc para los temas referentes a ella entre julio de 2014 y diciembre de 2015, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.

El pasado que empaña sus resultados de gestión al frente de esta EPS reposan en un informe de la firma KPMG, que hizo una auditoría forense a los manejos de Capital Salud entre octubre de 2014 y mayo de 2016 para buscar posibles fraudes.

Lo que encontró ese escrutinio a la aseguradora es que en su gerencia, esa EPS pasó de $151.000 millones en pérdidas en diciembre de 2014 a $367.000 millones en diciembre de 2015 y su pasivo (deudas sin pagar) pasó de $254.000 millones a $635.000 millones en el mismo tiempo.

La auditoría muestra el desorden en las finanzas de Capital Salud que conllevaron, por ejemplo, a que no se hicieran auditorías médicas o hasta se hicieran pagos dobles a hospitales y clínicas que prestaban servicios a los afiliados.

Entre los hallazgos significativos de el informe, la auditoría encontró que hubo falta de controles y ejecución de autorizaciones con procedimientos de verificación incompletos causados por la “aprobación de servicios a usuarios sin derecho o con doble afiliación que pueden conllevar a sobrecostos de la entidad”.

Como causa de lo anterior, KPMG halló que esa EPS no usaba la aplicación “Base de Datos Única de Afiliados” (BDUA), lo cual “refleja la ausencia de controles en la validación de los derechos de los usuarios” y constituye un incumplimiento a las normas del Ministerio de Salud.

Los auditores hallaron que en esos años Capital Salud autorizó pagos por servicios de ambulancias a prestadores que no se dedican a dar ese servicio. El pago por evento es un mecanismo de liquidación que en los sistemas de salud se conoce como “pago por servicio” y consiste en pagarle al profesional de salud o prestadores cada actividad realizada para que haya incentivo para aumentar la productividad.

Sin embargo, expertos como el consultor en salud Ramón Castaño advierten que este mecanismo puede inducir la demanda de atención en salud, “en especial de los servicios que son más rentables”.

Ese pago que hizo Capital Salud por ambulancias a un prestador que no se dedicaba a eso fue de $1.437 millones. Pero lo preocupante para los auditores fue que la aseguradora tenía contratos firmados por $1.009 millones con otras IPS (instituciones prestadoras de salud) para el mismo fin. Esta situación fue descrita en el informe como “posibles incumplimientos del prestador contratado para tal fin”.

Las 119 páginas del informe también reflejan el desorden con el que se manejaron los pagos de las cuentas médicas. El hallazgo señalado indica que hubo 963 cuentas médicas por valor de $136 millones aprobadas para pago “en las cuales no hay evidencia de auditoría genérica, administrativa o médica”.

Una auditoría sirve para que una EPS —que paga a un hospital o clínica por servicios a sus afiliados— pueda revisar que lo que le cobran corresponde a lo que realmente hizo y que cumplió con una serie de criterios.

“Adicionalmente, se encontró que cerca del 26 % del total de cuentas médicas no tuvieron ningún tipo de auditoría médica (evaluación de la calidad de la atención en salud que reciben los pacientes)”, remata el documento que es de acceso público.

La cereza en el pastel de esto es que en esas cuentas no auditadas “se ve una concentración importante en proveedores de servicios con alto riesgo de error o fraude por ser de tercer nivel, servicios especializados y de alto costo”.

En total, fueron $367.041 millones los que por esos años Capital Salud pagó a las IPS en Bogotá por facturas que no tenían auditoría médica. Mientras que las que sí tuvieron fueron por cuenta de $1 billón.

FUENTE: El Colombiano

JN.1, la nueva variante de covid que genera repunte de casos

Es una especie de subvariante de la BA.2.86 que se propaga con gran velocidad por todo el mundo.

El fin de año y los primeros días del 2024 llegaron para muchos con fuertes problemas respiratorios y estados gripales. Los cambios de temperatura y la actividad social han hecho que muchas personas se contagien. Sin embargo, en medio de ese escenario, varios países ya lanzaron una alerta sobre la propagación de una nueva variante del covid 19, conocida como JN.1 “Pirola”, que ya ha sido detectada en China, India, el Reino Unido, Estados Unidos y América Latina.

La variante JN.1, que es considerada una subvariante de la BA.2.86, fue detectada por primera vez en septiembre en Estados Unidos, en donde ha causado el mayor incremento de contagios desde la variante Omicrón. En Italia, la JN.1 también disparó los contagios, en la última semana de diciembre, las autoridades de salud dijeron que, “la curva epidémica de gripe mostró un valor de incidencia nunca alcanzado en temporadas anteriores”.

En varias ciudades del país se vienen presentando picos en la atención por urgencias de enfermedades respiratorias y un repunte en los casos de coronavirus. Hasta el 22 de diciembre, el país acumulaba un total de 6.338.339 personas contagiadas y 142.076 fallecimientos por causas relacionadas al virus. Solo en la semana entre el 16 y el 22 de diciembre fueron reportados 7.930 nuevos casos y la muerte de 80 personas por covid en Colombia.

Ante el incremento de casos de enfermedades respiratorias, en las últimas semanas, Tedros Adhanom Ghebreyesu, director de la OMS, dijo, sin hacer alusión directa a ninguna de las variantes del covid, que hay que tomar las medidas porque los contagios podrían seguir en aumento después de las últimas vacaciones.

Para eso, el líder de la OMS recomendó asegurarse de hacerse la prueba del covid y buscar atención cuando sea necesario porque los tratamientos pueden prevenir enfermedades graves y la muerte. Además, la necesidad de continuar usando máscaras, ventilación y distanciamiento para reducir la exposición, y de estar al día con las vacunas contra el propio covid-19 y la gripe.

“Como gobiernos: brindar acceso a pruebas, tratamientos y vacunas confiables, especialmente a quienes corren mayor riesgo de sufrir una infección grave. Mantenga la vigilancia, la secuenciación y la presentación de informes para seguir la evolución del virus covid-19 y proporcione mensajes claros sobre los riesgos y las medidas para reducir el riesgo para sus poblaciones”, explicó Tedros.

El vocero de la OMS igualmente llamó la atención sobre el costo para la salud mental de la pandemia y se refirió al estrés y agotamiento severo que han sufrido “muchos de nuestros propios empleados, como muchos trabajadores de la salud en todo el mundo”, debido a que “la pandemia nos ha enfrentado a desafíos sin precedentes”.

Medidas

Varios países ya empezaron a tomar medidas sociales. En España, por ejemplo, el gobierno pidió que la mascarilla vuelva a ser temporalmente obligatoria en los hospitales y los centros de salud ante el aumento de los virus de invierno, como la gripe.

Ante el “notable aumento de infecciones por virus respiratorios”, instamos a “la obligatoriedad de la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios”, declaró la ministra española de Sanidad, Mónica García, en la red social X.

“Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud”, donde se realizan gran parte de las consultas, añadió.

La región de Valencia (este) y de Cataluña (noreste) ya anunciaron el viernes que llevar la mascarilla será obligatorio para los sanitarios y los pacientes en los hospitales y centros de salud.

Los médicos españoles llevan varios días dando la voz de alarma por el aumento de casos de gripe, covid-19 y otros virus respiratorios, sobre todo en el este del país. Durante la pandemia, la obligación de llevar mascarilla fue ampliamente respetada en España, un país traumatizado por la primera oleada de covid-19 en la primavera de 2020.

Síntomas del JN.1

Entre los síntomas más comunes en la etapa inicial de la JN.1 están la congestión y el dolor de garganta. Igualmente pueden causar pérdida del sentido del gusto y del olfato, y tos seca, pero no se manifiestan tan fuertes como se presentaban en otras variedades del virus.

Al igual que otros tipos de covid, cuando se complica la JN.1 puede generar dificultades respiratorias, dolores en el pecho y coloraciones grises o azules en los labios y uñas blancas por la falta de oxígeno. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de las personas contagiadas con esta variante no desarrollan enfermedad grave, pero siempre es recomendable consultar a un especialista ante la identificación de síntomas.

FUENTE: El Colombiano

Con mermelada sabor TIC estarían aceitando la reforma a la salud

Hoy la Cámara de Representantes volverá a discutir y votar los 62 artículos que faltan del proyecto. Aunque los votos del Partido de la U han sido claves, estos tendrían un precio.

Cada vez toman más fuerza las denuncias de presunto cohecho (la palabra jurídica para corrupción y soborno) en torno al trámite y aprobación de la reforma a la salud del Gobierno de Petro en el Congreso; situación que ha sido expuesta por algunas congresistas –como Catherine Juvinao Jennifer Pedraza– y que manchan de ilegitimidad a ese proyecto de ley.

Se trata del papel que ha jugado el ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, en la votación de la reforma por parte de los congresistas del Partido de la U, colectividad a la que perteneció hasta 2021 y desde donde llegó a ser presidente del Senado entre 2016 y 2017.

Según expuso la periodista Paola Herrera, se estaría usando la Agencia Nacional del Espectro y la Agencia Nacional Digital para darle cuotas políticas a los representantes a la Cámara de La U a cambio de sus votos en el Legislativo en favor de la reforma a la salud. En ese sentido, señaló que el representante Wilmer Carrillo y el senador Alfredo Deluque serían los encargados de alinear a sus colegas para seguir votándole esta reforma al Gobierno nacional.

De hecho, durante la votación de diez artículos la semana pasada –en la que la discusión estuvo marcada por los gritos, los aplazamientos y las peleas entre representantes– fue clave el apoyo de la bancada de La U.

Por ejemplo, en la aprobación de los artículos 97, 99, 100, 101 y 102 fueron decisivos los votos de los representantes Camilo Ávila, Wilmer Ramiro Carrillo, Alexander Guarín Silva, Milene Jarava Díaz, Álvaro Mauricio Londoño, José Eliécer Salazar, Jorge Eliécer Tamayo y Diego Fernando Caicedo.

Así mismo, este grupo votó a favor de los artículos 40, 41, 44, 45 y 46 junto a sus compañeros Julián David López, Astrid Sánchez Montes de Oca, Ana Paola García y Teresa de Jesús Enríquez.

El primer paquete de artículos habla de la gestión de las tecnologías aplicables en salud, del sistema de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud, de la producción de vacunas en el país, de la eliminación de trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y de la condonación de intereses por sanciones impuestas por el Invima.

El segundo paquete se refiere al régimen de contratación de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), a los órganos de dirección y administración de las ISE, al régimen laboral de estas, a los derechos de permanencia de los servidores y a la Entidad de Salud del Estado Itinerante.

Hasta ahora, esta reforma, que volverá al ruedo hoy en la Cámara, ha sido votada en un 56 %, con 73 artículos aprobados y ocho eliminados.

Pero volviendo a las presuntas dádivas a los de La U, la otra entidad señalada como fortín politiquero para tranzar apoyos y así aceitar la reforma a la salud es el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Ministerio de las TIC, al mando de Lizcano.

Según la denuncia, por medio de esa entidad se estarían firmando convenios interadministrativos para otorgar contratos a los recomendados de los senadores y representantes a la Cámara.

De hecho, en una revisión que hizo de la contratación en el Fondo Único, encontró que los contratos por prestación de servicios pasaron de 44 entre agosto (cuando inició el Gobierno Petro) y noviembre de 2022 a 339 en el mismo periodo de este año. Incluso, de los 1.373 contratos que ha firmado esa entidad en lo que va de esta administración, 1.305 han sido por prestación de servicios. El 95 % de toda la contratación.

¿Quién es Mauricio Lizcano?

El presunto artífice de estos movimientos en el Congreso, en donde se ha vuelto un visitante asiduo cuando la reforma a la salud está en discusión, es un curtido político nacido en Medellín, pero con carrera política hecha en Caldas, que estuvo en el Congreso entre 2006 y 2018 avalado por el Partido de la U, año en el que no aspiró a repetir curul por irse a hacer campaña por Germán Vargas Lleras.

Tres años después de estar casi en el anonimato, renunció a La U para fundar su propio partido, Gente en Movimiento, que en las pasadas elecciones logró ganar la Gobernación de Vaupés y la de Caldas en coaval con otros cuatro partidos; así como la Alcaldía de Espinal (Tolima) en coalición con el Partido Conservador y tres curules en la Asamblea de Caldas.

En 2017 la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por la compra de un predio en Quinchía (Risaralda) que habría sido objeto de reclamo en varios procesos de restitución de tierras.

Ante estos hechos, Lizcano respondió en su cuenta de X (antes Twitter) que “en el Ministerio de las TIC no se entrega mermelada a cambio de votos por las reformas”.

¿Vicios de trámite en la reforma?

Cada mes que pasa aparecen más señalamientos de presuntos vicios de trámite en el proyecto de reforma a la salud. Primero fue el del tipo de ley que debió haberse presentado: varios constitucionalistas y congresistas coinciden en que debió ser una ley estatutaria, y no una ordinaria, por tratarse de un derecho fundamental (la salud).

Después representantes de oposición expresaron que se interrumpieron votaciones en curso sin justificación clara y que en el texto hay errores de numeración. El más reciente fue el de la claridad por el costo fiscal que tendrá, pues hasta ahora la reforma no tiene el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda al tratarse de una ley que implica gasto público.

FUENTE: El Colombiano

Matoneo y acusaciones calientan el debate de la reforma a la salud

Creación de una subcomisión para buscar consensos armó Troya, pese a haber sido aprobada en plenaria.

Una hora y media se demoró en comenzar el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de negarse una proposición para modificar el orden del día que tenía en primer lugar el abordaje de ese proyecto.

Esta discusión llevaba pendiente casi dos meses y estuvo antecedida por una pelea que involucró a tres congresistas de Alianza Verde, Nuevo Liberalismo y Cambio Radical. Se trató de la aprobación para crear una subcomisión en la Cámara que busca concertar un nuevo texto de reforma y que esté conformada por representantes de los partidos que están en esa corporación. Y eso fue Troya.

Miembros del gobiernista Pacto Histórico emprendieron una “cacería virtual” y un matoneo político en redes contra las representantes Katherine Miranda, Julia Miranda y Carolina Arbeláez, a quienes señalaron de “conspiradoras” y “vendidas” que le hicieron una “jugadita” a esta reforma.

El señalamiento se basaba en que esa proposición, firmada por Julia Miranda, fue aprobada por el pleno de la Cámara y, al parecer, sin que los integrantes del Pacto Histórico se percataran de lo que se estaba votando.

En diálogo Katherine Miranda contó que “lo que ocasionó el matoneo fue la votación de esa proposición que no tiene otro interés diferente que el de generar consensos y escuchar a la academia, al gremio de la salud y a los indígenas, que no se ha hecho hasta ahora”.

La molestia del petrismo en el Congreso vino porque consideraron que esa subcomisión era una “jugadita” para dilatar el debate de la reforma a la salud. “(Hay) representantes que se hacen elegir en nombre de la renovación y lo alternativo, pero tienen como hábito los engaños y las jugaditas de la política de siempre”, expresó la representante Mafe Carrascal.

Por otro lado, la representante Martha Alfonso lanzó una acusación contra el gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi). Ante la cámara de Noticias Caracol dijo que estaba “absolutamente segura (de) que detrás de esta subcomisión están los intereses económicos de las EPS, que seguramente está Acemi detrás de estas jugaditas y que lo que quiere es que no avance el debate”. Incluso, dijo que hay un cálculo político para no asumir un costo electoral previo a las elecciones regionales.

Ante esto, la presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, respondió que “para tranquilidad de la doctora Alfonso, desde luego que no son las EPS, pero sí pedimos que se abra el espacio”, en referencia a que “no entendemos por qué no darle lugar a esa subcomisión” si se “está hablando de un gran acuerdo nacional y de la posibilidad de entregarle al país una conversación amplia sobre la reforma a la salud que hemos pedido”.

¿En qué quedó la subcomisión?

Al menos hasta hoy, la subcomisión impulsada por las representantes es un saludo a la bandera. El presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, expresó en el debate que sí se va a crear esta subcomisión para concertar un nuevo texto de reforma, pero advirtió que “de ninguna manera vamos a impedir el debate que debe darse en esta corporación”, debido a que “una comisión accidental no puede abrogarse las tareas que le corresponden a la plenaria de la Cámara”.

Finalizó su intervención explicando que la tarea de esa subcomisión será “únicamente traerle un informe a la plenaria que será aprobado o desaprobado”. De hecho, la Ley 5 de 1992 –que es el reglamento del Congreso– no refiere en su contenido la creación o funcionamiento de subcomisiones. Solo habla de comisiones: permanentes, legales, especiales y accidentales.

Hasta el cierre de esta edición, la plenaria de Cámara debatía dos ponencias de archivo del proyecto de los representantes Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Cambio Radical), quienes pidieron que la reforma se hundiera. Tanto Corzo como Pérez propusieron esto mismo en el primer debate, pero fueron derrotados con los votos del Pacto Histórico, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Comunes, Alianza Verdes y las curules de paz.

FUENTE: El Colombiano

Listo salvavidas para que la reforma no ‘mate’ a las EPS

Liberales, La U y conservadores exigen que se les deje función de aseguramiento, que sean mixtas y de libre elección.

Los partidos Liberal, Conservador y La U –claves en la coalición del Gobierno de Gustavo Petro– establecieron en un borrador de 20 puntos las exigencias que le hacen al Presidente para respaldar su polémica reforma a la salud. Y la clave está en el salvavidas que le lanzan a las entidades promotoras de salud (EPS) para que la iniciativa de Carolina Corcho no las ‘mate’.

Este rescate político –tal y como lo anticipó EL COLOMBIANO– consiste en mantenerles la mayoría de funciones que actualmente tienen, pues lo que buscan las tres bancadas mayoritarias del Capitolio es que continúen con el aseguramiento de los pacientes, la posibilidad de ser mixtas, públicas o privadas, que mantengan a sus afiliados actuales, que haya libertad para elegir a cuál afiliarse y hasta les cambiarían el nombre. Proponen bautizarlas como EGVIS: Entidades Gestoras de Salud y Vida.

“No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud”, se lee en un el postulado que firmaron Dilian Francisca Toro (La U), César Gaviria (Liberal) y Efraín Cepeda (Conservador).

Esto va en evidente contradicción a lo radicado por la ministra Corcho, que las relegaba a ser responsables de Centros de Atención Primaria en Salud, manejar los sistemas de referencia de las personas vinculadas a sus centros de atención y ejecutar las auditorías que requiera el sistema. Esto era, en plata blanca, acabarlas.

Pero en la propuesta de los partidos, que realizaron al menos 3 reuniones para ultimar los detalles de su propuesta –la cual aún está pendiente de ser entregada al Presidente–, se mantiene uno de los cambios que se estipularon en el proyecto: eliminar –con matices– la intermediación financiera de aseguradoras.

“El sistema de salud se ejecutará mediante las EGVIS, las cuales gestionarán de manera integral los riesgos en salud, y administrarán los riesgos financieros de manera compartida con el Estado”, se lee en el documento.

Los partidos Liberal, Conservador y La U –claves en la coalición del Gobierno de Gustavo Petro– establecieron en un borrador de 20 puntos las exigencias que le hacen al Presidente para respaldar su polémica reforma a la salud. Y la clave está en el salvavidas que le lanzan a las entidades promotoras de salud (EPS) para que la iniciativa de Carolina Corcho no las ‘mate’.

Este rescate político –tal y como lo anticipó EL COLOMBIANO– consiste en mantenerles la mayoría de funciones que actualmente tienen, pues lo que buscan las tres bancadas mayoritarias del Capitolio es que continúen con el aseguramiento de los pacientes, la posibilidad de ser mixtas, públicas o privadas, que mantengan a sus afiliados actuales, que haya libertad para elegir a cuál afiliarse y hasta les cambiarían el nombre. Proponen bautizarlas como EGVIS: Entidades Gestoras de Salud y Vida.

“No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud”, se lee en un el postulado que firmaron Dilian Francisca Toro (La U), César Gaviria (Liberal) y Efraín Cepeda (Conservador).

Esto va en evidente contradicción a lo radicado por la ministra Corcho, que las relegaba a ser responsables de Centros de Atención Primaria en Salud, manejar los sistemas de referencia de las personas vinculadas a sus centros de atención y ejecutar las auditorías que requiera el sistema. Esto era, en plata blanca, acabarlas.

Pero en la propuesta de los partidos, que realizaron al menos 3 reuniones para ultimar los detalles de su propuesta –la cual aún está pendiente de ser entregada al Presidente–, se mantiene uno de los cambios que se estipularon en el proyecto: eliminar –con matices– la intermediación financiera de aseguradoras.

“El sistema de salud se ejecutará mediante las EGVIS, las cuales gestionarán de manera integral los riesgos en salud, y administrarán los riesgos financieros de manera compartida con el Estado”, se lee en el documento.

Así mismo, estas EGVIS conservarían sus afiliados priorizando una atención “altamente resolutiva en el nivel primario o básico, cercana, centrada en el usuario y el lugar donde reside y trabaja”. Y aquí es donde entra el derecho de libre elección de la entidad gestora que se prefiera.

“Existirán incentivos relacionados con los resultados en salud, satisfacción de usuarios, gestión financiera y la calidad de la atención”, agregaron. Además, piden establecer un referente arifario –con piso y techo– de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de la cual el 5% debe ir a las EGVIS.

En algo que concuerdan con la propuesta de Corcho, también con bemoles, es que le dan vía libre al sistema de información unificado “interoperable y obligatorio”, con el fin de que haya un manejo transparente en la administración de recursos. Incluso, piden que se paguen las deudas de las EPS para que estas, a su vez, le den viabilidad financiera a las IPS y a los hospitales públicos. Estos lineamientos, que para estos partidos “corregirán” los puntos más álgidos de la reforma del Gobierno y envían un mensaje de tranquilidad a los gremios de las EPS–, no sería una solución definitiva para los problemas de fondo del sistema de salud. Así lo reconocen ellos mismos.

Es decir, aunque el modelo de aseguramiento en salud gire en torno a estas entidades, no son el único actor del que depende el buen funcionamiento y la oportuna atención en salud a los usuarios.

Como lo dice el profesor de salud pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, esta tarea de las aseguradoras ha funcionado para mantener el control del gasto y que este no se dispare. “La responsabilidad de hacer control del gasto no es tan fácil de hacer y las EPS tienen un rol destacado en controlarlo. No todos los dolores de cabeza del sistema son culpa de esta figura”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el exgerente de Savia Salud Luis Gonzalo Morales reaccionó a las propuestas de los partidos y aseguró que es “un tratado de retórica con muy pocas cosas que no se hayan propuesto”. Dijo que no es adecuado prohibir la integración vertical de un asegurador prestador, y en cambio, deberían “hacer obligatorio que EPS creen infraestructura donde no existe”.

Para mejor entendimiento, actualmente la plata de la salud le llega a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y esta le gira anualmente plata a las EPS para que garanticen la atención a sus afiliados. Luego, estas le pagan a las instituciones prestadoras (IPS) que atienden a los usuarios, quienes les pasan las cuentas de cobro por los servicios que se le dio al paciente.

Costos y recursos de la reforma

En medio de la competencia por presentar reformas y los diálogos con los partidos en el Congreso para avanzar en el debate de la reforma, la Adres presentó este martes la proyección de recursos que necesitaría el sistema de salud –como lo plantea la ministra Corcho y el presidente Petro– en su primer año de funcionamiento, así como en la década venidera.

Números más, números menos: el modelo requeriría $89,1 billones para 2024, que se discriminarían así: $18 billones para la atención primaria, $65 billones para servicios ambulatorios, $1,1 billones para el fortalecimiento de la red pública, $1,5 billones para la infraestructura de los centros de atención, entre otros.

Esta suma aumentaría año tras año hasta llegar, en 2033, los $118,8 billones de la siguiente manera: $93,7 billones en 2025, $99,3 billones en 2026, $102,374 en 2027, $104,9 billones en 2028 y así sucesivamente. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda calculó que la reforma tendría un costo fiscal de $9 billones en 2024 y $12,7 billones en 2033.

Ante esto, la pregunta más obvia que salta a la vista es de dónde saldrá esa plata. El director de la Adres, Félix León, explicó que de “las cotizaciones, los aportes del presupuesto nacional y el sistema general de participaciones, que son los recursos para salud” y agregó que estos recursos crecen porque crece el presupuesto nacional, los impuestos, los aportes, el trabajo y el aporte de los trabajadores”.

En ese sentido, Hacienda proyectó que estas fuentes de ingresos subirán con énfasis en las cotizaciones al sistema y aportes de la nación (presupuesto general). Sin embargo, el investigador García expresó que “el gobierno hace un cálculo muy optimista de las cotizaciones cuando han mantenido una proporción a la baja”, que pasó de financiar el 52 % del sistema en 2010 al 40 % en 2020, según un estudio de la Universidad de Antioquia.

Sin ir más lejos, la idea de reformar el sistema de salud debe acaparar aspectos de fondo para mejorar la calidad de atención, como la cantidad de médicas que hay, aspecto en el que Colombia tiene 23 por cada 10 mil habitantes, mientras el promedio de la OCDE es de 36. Así como la de preguntarse si la proyección de darle una carga a las cotizaciones de trabajadores para proveer los recursos que necesitaría el posible modelo es viable con una población que está envejeciendo demográficamente, según el último censo del DANE.

Alerta por desabastecimiento de medicamentos en el país: ¿qué responde el Ministerio de salud?

El gremio de las EPS del régimen contributivo, ACEMI, advirtió que medicamentos como el Acetaminofén y el Ibuprofeno estaban escasos en el país. Por eso, varias aseguradoras que tienen a su cargo la gestión del riesgo de cerca de 34 millones de personas, reportaron a finales de este febrero novedades de abastecimiento en 1.242 principios activos, es decir, los componentes de medicamentos.

Por ello, las alarmas por un posible desabastecimiento se encendieron ante la preocupación por los pacientes con hipertensión arterial, transtornos mentales y VIH que podrían quedarse sin sus medicinas. Según los registros de Acemi, esta situación fue advertida desde mediados del 2022 y prevé que pueda empeorar. Como consecuencia, dicen, los problemas de abastecimiento permanecen en al menos la mitad de productos y la situación solo ha sido controlada en el 15 % de los casos.

En ese sentido, el INVIMA advirtió sobre 50 medicamentos escasos o en riesgo de escasez y 15 referencias completamente desabastecidas.

Ante esto, el Ministerio de Salud aseguró que “no todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar”. Y además explicó que “el nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS”, distinto a la mayoría de las IPS y EPS del sector, en donde “se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”.

La cartera de salud dijo que aún no se puede afirmar que hay una escasez porque algunos gremios están pendientes de enviar sus reportes. Por tanto, dicen requerir la información completa para evaluar la situación de los medicamentos en el país.

Infográfico

FUENTE: El Colombiano

Presidente aceptó hacer cambios en la reforma, pero tiene tres innegociables

El presidente se reunió con los directores de los partidos y les pidió propuestas para modificar varios artículos.

Los planes del Gobierno para sacar adelante la reforma a la salud enfrentan un reto que es, por lo menos, anormal: solucionar la resistencia dentro del propio gabinete ministerial, además de la que hay en la oposición, partidos aliados y académicos.

Esto se hizo más notorio luego de que se conociera el documento de 17 páginas con los reparos de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; de Agricultura, Cecilia López; y de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del director de Planeación, Jorge González. El presidente Gustavo Petro reconoció que el texto existió, pero matizó con que hubo un acuerdo para manejar sus proyecciones.

En consonancia con esto, Petro se reunió este lunes en Casa de Nariño con la bancada liberal, así como con los directores de los partidos Liberal, La U y Conservador para hablar sobre esta reforma. Tal vez esta última cita fue la más clave, porque el propio mandatario dijo que “traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados”. O sea, sí habrá cambios en el texto.

Y respecto a la primera reunión, la representante María Eugenia Lopera le dijo a EL COLOMBIANO que “se habló de la agenda legislativa y de que seguirán escuchando todos los actores”. Además, el también representante Germán Rozo expresó que “el Presidente hizo una exposición sobre la reforma a la salud y pidió que hiciéramos mesas de trabajo para conocer las propuestas del liberalismo”.

Las reuniones con los partidos son claves para el debate de la reforma, que –desde antes de ser radicada– genera hondos debates, empezando por el talante de la ministra Carolina Corcho y su tendencia a favorecer el diálogo con sectores cercanos a ella y no con quienes tienen reparos.

Pero Petro dejó claro que la reforma tiene líneas rojas que no serán modificables. Así se lo contó a este diario uno de los asistentes, quien pidió reserva de su nombre pero resumió la cita en que Petro “no quiere que las EPS y privados manejen recursos públicos”, y pidió que “lo ayudáramos con la bancada de Gobierno” a sacar adelante el proyecto. Estos son los tres puntos innegociables para Petro.

No hay intermediación financiera de las EPS

En términos generales esto se traduce en el cambio en la administración de recursos (la intermediación financiera), que dejaría de estar en manos de las entidades promotoras de salud (EPS) y pasaría a manos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

“Este modelo ha demostrado que no ha garantizado el aseguramiento en salud ni el financiero: las EPS le deben más de $23 billones a clínicas privadas y hospitales”, aseguró la congresista Martha Alfonso. Al respecto, los gremios de las EPS han advertido que esto significa desaparecer las aseguradoras y el sistema actual, pues “deja el nombre de EPS, pero se le dan funciones que son completamente diferentes”.

Cambio de enfoque del modelo como se conoce

Esta ‘línea roja’ sería la menos roja de todas debido a que es un punto en común que varios críticos de la reforma comparten como necesaria y se basa en que el modelo de salud no se ocupe de atender la enfermedad, sino de evitarla o pronosticarla a tiempo. Esto significaría “tener todo un dispositivo de prestación de servicios básicos y la articulación del Ministerio con otras carteras para atender determinantes sociales como agua potable, alimentación y educación”, explicó Alfonso.

Régimen especial para profesionales de salud

Este punto busca mejorar las condiciones laborales y contractuales de los profesionales de la salud por medio de un régimen especial para ellos que también les asegure condiciones justas y estables para su capacitación y formación.

No obstante, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, le dijo a EL COLOMBIANO que hay otros puntos en los que el Gobierno y la ministra Corcho tendrán que sacar su talante más conciliador. El primero de estos es el acceso a los servicios de salud y la libertad de escogencia, que, a su juicio, como está planteado en la reforma “va contra de la ley estatutaria en salud y si eso no se resuelve, no veo fácil que logren la aceptación por parte de la opinión pública”.

Por otro lado, mencionó la estructura de las redes de servicios, las cuales “son muy complejas y donde la reforma es muy débil en el cómo”. Y, por último, “el financiamiento del costo final de la reforma que debe quedar claro y preciso para todos”.

Por su parte, el vocero del movimiento “Pacientes Colombia”, Denis Silva, le manifestó a este diario que el Gobierno debe analizar “la pertinencia de temporalizar y transformar las EPS, porque pasarían a ser prestadoras de salud”; al igual que “revisar juiciosamente le plan preventivo y predictivo para saber de dónde vamos a sacar lo $24 billones que vale eso y el talento humano para llevarlo a cabo”.

Sin ir más lejos, las cartas inamovibles del Gobierno ya están sobre la mesa. Solo la conciliación política dará luz verde a la reforma que carga con el sambenito de que ni siquiera cuenta con el respaldo del Ejecutivo en pleno y de la polarización que esta genera: según la encuesta Opinómetro de Datexco, el 44 % de los encuestados está de acuerdo con el proyecto y el 43 % está en desacuerdo.

Ahora, en el Congreso está la llave de la respuesta y en el Ministerio de Hacienda, la de la caja fuerte, en la que debe haber al menos $12 mil millones para costear fiscalmente la reforma en diez años, según acordaron con el Ministerio de Salud.

FUENTE: El Colombiano