Así fue la jugadita de Petro para meter su ‘reforma a la salud’

Aldo Cadena llegó a la presidencia de la Nueva EPS luego de varias maniobras, a pesar de la reticiencia de las cajas. El polémico directivo hizo parte del descalabro de Capital Salud.

Los antecedentes del recién nombrado presidente de la Nueva EPS —la de más grande cobertura en el país, con presencia en 1.117 municipios—, Aldo Cadena Rojas, como administrador y gerente al frente de una entidad promotora de salud no son los mejores, así como la forma en la que se habría dado su llegada a ese puesto.

Ese movimiento, presuntamente, se dio por medio de presiones a miembros de la junta directiva de esa EPS, que está conformada por tres personas de las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar y otros dos representando al Gobierno.

Dos fuentes que conocieron los intringulis de cómo fue la maniobra le contaron que hubo presiones para que la junta directiva aprobara un nuevo manual de funciones para ajustar el perfil del cargo y nombrar ahí a Aldo Cadena.

Las cajas de compensación, especialmente, se habían negado a la idea de cambiar al entonces presidente José Fernando Cardona Uribe, al considerar que había hecho una labor impecable a lo largo de los 14 años que estuvo al frente de la EPS y además, porque temían que el cargo quedara en manos de políticos cuestionados.

Sin embargo, cuentan las fuentes que dos de las cajas se vieron sometidas a una presión porque están “en una situación de debilidad financiera enorme”. Compensar, por ejemplo, depende de los recursos de la salud y a Camfam le tienen intervenida Famisanar.

Bajo esa premisa fue que el gobierno logró alinearlas para que Cadena llegara al cargo. Para terminar de convercerlos, se comprometíó a atender una petición que les hicieron desde las cajas de compensación de firmar un acuerdo en el que se comprometían a respetar el gobierno corporativo de la entidad, pero los delegados gubernamentales no firmaron.

Esta jugada es para muchos la punta de lanza del gobierno Petro para hacer su ‘reforma a la salud’, en caso de que el Congreso no la apruebe, pues no solo tendría el control de la EPS más grande del país, sino que podría terminar recofiendo otras EPS que empiecen a flaquear en el camino.

El descalabro de Cadena en Bogotá

Aldo Cadena fue el presidente de la junta directiva de la EPS Capital Salud y también secretario de Salud ad hoc para los temas referentes a ella entre julio de 2014 y diciembre de 2015, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá.

El pasado que empaña sus resultados de gestión al frente de esta EPS reposan en un informe de la firma KPMG, que hizo una auditoría forense a los manejos de Capital Salud entre octubre de 2014 y mayo de 2016 para buscar posibles fraudes.

Lo que encontró ese escrutinio a la aseguradora es que en su gerencia, esa EPS pasó de $151.000 millones en pérdidas en diciembre de 2014 a $367.000 millones en diciembre de 2015 y su pasivo (deudas sin pagar) pasó de $254.000 millones a $635.000 millones en el mismo tiempo.

La auditoría muestra el desorden en las finanzas de Capital Salud que conllevaron, por ejemplo, a que no se hicieran auditorías médicas o hasta se hicieran pagos dobles a hospitales y clínicas que prestaban servicios a los afiliados.

Entre los hallazgos significativos de el informe, la auditoría encontró que hubo falta de controles y ejecución de autorizaciones con procedimientos de verificación incompletos causados por la “aprobación de servicios a usuarios sin derecho o con doble afiliación que pueden conllevar a sobrecostos de la entidad”.

Como causa de lo anterior, KPMG halló que esa EPS no usaba la aplicación “Base de Datos Única de Afiliados” (BDUA), lo cual “refleja la ausencia de controles en la validación de los derechos de los usuarios” y constituye un incumplimiento a las normas del Ministerio de Salud.

Los auditores hallaron que en esos años Capital Salud autorizó pagos por servicios de ambulancias a prestadores que no se dedican a dar ese servicio. El pago por evento es un mecanismo de liquidación que en los sistemas de salud se conoce como “pago por servicio” y consiste en pagarle al profesional de salud o prestadores cada actividad realizada para que haya incentivo para aumentar la productividad.

Sin embargo, expertos como el consultor en salud Ramón Castaño advierten que este mecanismo puede inducir la demanda de atención en salud, “en especial de los servicios que son más rentables”.

Ese pago que hizo Capital Salud por ambulancias a un prestador que no se dedicaba a eso fue de $1.437 millones. Pero lo preocupante para los auditores fue que la aseguradora tenía contratos firmados por $1.009 millones con otras IPS (instituciones prestadoras de salud) para el mismo fin. Esta situación fue descrita en el informe como “posibles incumplimientos del prestador contratado para tal fin”.

Las 119 páginas del informe también reflejan el desorden con el que se manejaron los pagos de las cuentas médicas. El hallazgo señalado indica que hubo 963 cuentas médicas por valor de $136 millones aprobadas para pago “en las cuales no hay evidencia de auditoría genérica, administrativa o médica”.

Una auditoría sirve para que una EPS —que paga a un hospital o clínica por servicios a sus afiliados— pueda revisar que lo que le cobran corresponde a lo que realmente hizo y que cumplió con una serie de criterios.

“Adicionalmente, se encontró que cerca del 26 % del total de cuentas médicas no tuvieron ningún tipo de auditoría médica (evaluación de la calidad de la atención en salud que reciben los pacientes)”, remata el documento que es de acceso público.

La cereza en el pastel de esto es que en esas cuentas no auditadas “se ve una concentración importante en proveedores de servicios con alto riesgo de error o fraude por ser de tercer nivel, servicios especializados y de alto costo”.

En total, fueron $367.041 millones los que por esos años Capital Salud pagó a las IPS en Bogotá por facturas que no tenían auditoría médica. Mientras que las que sí tuvieron fueron por cuenta de $1 billón.

FUENTE: El Colombiano

“UN PAE DIGNO PARA “VIVIR SABROSO”

Agosto 28, 2022

En días pasados, el presidente Gustavo Petro anunció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) debería ser manejado por las asociaciones y los Consejos de padres y madres de familia de las instituciones educativas. Igualmente, hizo énfasis en la necesidad de garantizar comida caliente en todas las escuelas y colegios del país. Estas declaraciones generan confianza, alegría y satisfacción, pues controvierten la falacia neoliberal de que la contratación con empresas privadas es mejor que entregar directamente los recursos a las comunidades.

“Nos hemos propuesto lograr comida caliente, lograr una nutrición real de la población que llegue a un colegio, es lograr que sean las asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos”, afirmó el presidente desde el Amazonas, unos de los departamentos más golpeados por la pobreza y la desnutrición en el país. 

Como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, existe una relación directa entre la nutrición escolar y la calidad de la educación, algo que el presidente reitera cuando afirma que “muchos niños y niñas van a estudiar con hambre. Y un país así no se puede desarrollar, un país así va limitando sus propias posibilidades, no importa la inmensa riqueza natural que tenga”.

El PAE, que actualmente es manejado por la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, se ha convertido en un nicho de corrupción sin precedentes en la historia reciente del país. Alimentos en mal estado o con sobrecostos, incumplimiento con las medidas de las raciones, contratos amañados con empresas sin experiencia para pagar favores políticos, entre otros escándalos, hacen parte del prontuario criminal que las empresas encargadas de “operar” el PAE le van a dejar a la sociedad colombiana. No pasa una semana sin que se destape, en cualquier ciudad o municipio del país, una olla podrida de corrupción alrededor del PAE.

Acabar con los intermediarios del PAE es un ataque directo al corazón del neoliberalismo que ve en los dineros públicos una fuente de lucro. En una época no muy lejana, cuando todavía tenía eco la idea de que los gobiernos debían favorecer un proyecto nacional para industrializar y desarrollar el país, eran las asociaciones de padres con el acompañamiento de las administraciones municipales quienes manejaban la alimentación escolar. 

Con la asesoría y apoyo de Icbf se elaboraban minutas que garantizaban una dieta de calidad. Además, existían programas de capacitación permanente a cargo del Estado para padres y madres de familia y para los representantes de los profesores. Claro que en ese entonces se pagaba una cuota que jugaba un papel simbólico para mantener de forma justa los costos de producción y transporte.

Ojalá se apruebe pronto esta medida, pues en tiempos en que la verdad histórica se abre campo en las escuelas del país urge buscar mecanismos que impulsen el desarrollo social, el tejido comunitario y el empoderamiento de las comunidades. Y qué mejor forma de hacerlo que alrededor de la producción y consumo de los alimentos. Esta medida fomentaría prácticas sostenibles social y ambientalmente, como la alimentación de km cero, el comercio circular y la seguridad y soberanía alimentaria.

El magisterio colombiano siempre ha defendido la alimentación escolar como parte constitutiva del derecho a la educación, por lo que ya es hora de tener un PAE digno que le permita a la niñez y a la juventud colombiana “comer sabroso” para poder “vivir sabroso”.

Fuente: La silla vacia

¿Cuánta plata necesita la educación pública colombiana?

El sector educación fue durante 2017 y 2018 el sector que recibió la mayor asignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, fue insuficiente ante los retos y compromisos pendientes del sector ¿Cuánto más se necesita?

11/10/2018

Las cuentas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señalan que a la educación pública del país le faltan $80,7 billones anuales para alcanzar el mismo nivel que los países del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con los que tantos comparan a Colombia.

El monto proviene de necesidades de financiamiento por $23,4 billones anuales adicionales para la educación primaria, $36,6 billones más para el bachillerato, y $20,7 billones adicionales para las universidades.

En total, se necesitaría casi 20 veces más que la asignación que recibirá el sector educación en 2019, cuya suma alcanza apenas los $4,4 billones contando con la adición de $500.000 millones que los Ministerios de Hacienda y Educación anunciaron durante las marchas estudiantiles del miércoles.

Los $80,7 billones para la educación parecen casi imposibles de alcanzar en Colombia. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Javeriana tiene varias ideas.

El grupo recordó que, por ejemplo, la Contraloría General calcula que la corrupción le cuesta al país alrededor de $50 billones cada año.

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Además, el observatorio calculó que “llevar la tasa efectiva de tributación del 1% más privilegiado de los colombianos a un nivel comparable al que tendría ese mismo grupo en Estados Unidos le daría $12,9 billones adicionales al fisco, y reinstaurar el impuesto a la riqueza que fue eliminado por la última reforma tributaria traería $3,9 billones adicionales”. 

La implementación de los dos impuestos tomaría menos tiempo que la lucha efectiva contra la corrupción que le permitiría al Estado ahorrarse la gran parte de los recursos que aportarían al Presupuesto General estas tres medidas y que suman $66,8 billones, mucho más cerca de las necesidades de financiación que tienen los colegios y universidades públicas.

Las cuentas para 2019

Mientras Colombia encuentra la fórmula para aumentar la inversión en educación pública y reducir la brecha con las entidades privadas, además de mejorar la calidad de la formación que reciben sus ciudadanos, vale la pena recordar algunas cifras del Presupuesto General de la Nación para 2019.

El proyecto está a unos días de aprobarse en segundo debate ante el Senado y la Cámara de Representantes, por un monto total de $258,9 billones.

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De dicho monto, el Gobierno planea destinar $160,3 billones a funcionamiento, otros $51,9 billones para el pago de la deuda nacional y los restantes $46,8 billones para inversión.

Además, el Presupuesto General tiene varias “inflexibilidades” o asignaciones presupuestales que no pueden modificarse pues están ordenadas por la misma Constitución Política. Allí están por ejemplo los $41,2 billones del Sistema General de Participaciones.

Educación recibiría otros $41,4 billones teniendo en cuenta las modificaciones que se dieron durante la votación en primer debate y la adición de medio billón. Del monto total, se destinarán $37,2 billones para funcionamiento, un incremento de 9,2% frente a 2018, y los restantes $4,05 billones se asignarían a inversión.

Los $41,4 billones a su vez se distribuirán en $23,7 billones de la asignación del Sistema General de Participaciones, que benefician a 8,3 millones de estudiantes con educación gratuita y el pago de salarios de 320 mil docentes y directivos docentes,“incluyendo 3 puntos de nivelación salarial para 2019 ($532.700 millones) y el pago de la bonificación pedagógica ($281.600 millones – 11% de la asignación básica mensual)”, explica el Ministerio de Hacienda.

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Otros $9,3 billones se asignarán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que pagará $7,3 billones en mesadas pensionales a 206.000 maestros retirados, $1,4 billones de servicio a la salud para 850.000 personas y $600.000 millones de 10.299 docentes con cesantías retroactivas y 185.466 docentes con cesantías causadas anualmente.

Las universidades públicas recibirán, incluída la reciente adición de $500.000 millones, un total de $4,1 billones. Estos se distribuyen en $3,3 billones por asignación de la Ley 30 de Educación Superior, $439.100 millones para el pago de pasivos pensionales, $145.000 millones para mejoramiento de infraestructura y base, $223.000 millones para inversiones en proyectos que presenten las mismas universidades, $37.000 millones para pagar el descuento de 10% en las matrículas por participación democrática y $121.000 millones para gratuidad de la educación.

Por su parte, el Icetex recibirá $1,7 billones que incluyen  $101.000 millones para la línea de Excelencia que reemplazará al Ser Pilo Paga, programa que recibirá a su vez $797.000 millones para el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con estudiantes beneficiarios. 

Los restantes $795.000 millones se destinarán a la renovación créditos Líneas de Icetex, subsidio a la tasa de interés y de sostenimiento. “Así como garantizar nuevas convocatorias de Fondos Poblacionales y cumplimiento de compromisos de atención a la población rural y gratuidad educativa”, señala el Minhacienda.

El Programa de Alimentación Escolar recibirá $1,2 billones para la entrega de 5,4 millones de raciones de alimento y extender en 1 millón a los estudiantes beneficiarios.

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Para infraestructura educativa, el Presupuesto General tiene una asignación de $582.200 millones que incluye los $20.000 millones para que la Universidad Nacional llegue a las regiones en cumplimiento del acuerdo de paz; $197.400 millones de vigencias futuras para la construcción de nuevas aulas; para cumplir con la Cumbre Agraria de 2013, fallos de Restitución de Tierras y otros compromisos que suman la construccion de 1.362 aulas y el mejoramiento de 723, se entregarán $109.500 millones para obras con enfoque territorial en Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño y Norte de Santander.

Finalmente, se destinarán $275.300 millones para otras obras “en la ruralidad, mejoramiento de infraestructura, reforzamiento, construcción de cocinas y comedores escolares, avanzar de forma escalonada en la Jornada Única y dar cumplimiento a compromisos derivados de fallos de restitución de tierras”, añade el Ministerio de Hacienda.

El último billón se destinará al apoyo misional. Es decir que se pagarán $151.100 millones divididos a su vez en $58.900 millones de gastos generales del sector y $92.200 millones en pagos a 1.264 servidores públicos; por auditaje se pagarán $48.000 millones; para otros gastos de funcionamiento e inversión se entregarán $733.800 millones adicionales y para los nuevos institutos descentralizados, $67.100 millones.

Fuente: Semana

¡Vamos al Paro Nacional el 19 de noviembre!

Las centrales obreras y las Confederaciones de Pensionados convocaron el día 19 de noviembre de 2020, a un Paro Nacional con movilizaciones en Bogotá, las capitales y municipios del país.

Entre los objetivos del paro está la exigencia de derogatoria del Decreto 1174 y la negociación del Pliego de Emergencia, que le fue entregado al Gobierno Nacional, pero que se ha negado a negociar. Por eso, la consigna Duque ni dialoga, ni negocia.

El llamado es que la jornada de este día y las programadas para el 21 y 25 de noviembre, tengan un carácter democrático y pacífico, pero de forma masiva y contundente.

La movilización en Bogotá el día 19, iniciar a partir de las 9:30 de la mañana en el Parque Nacional, para realizar una movilización hacia la Plaza de Bolívar, con todas las medidas necesarias de bioseguridad, como el uso del tapabocas, distanciamiento, gel antibacteriano y alcohol.

Entre los puntos del paro también están:

Por vida y paz. Rechazo a los asesinatos, masacres, la represión de la protesta social. En defensa de la vida, la paz, los acuerdos de paz y su implementación.

Democracia: El respeto pleno a la protesta social ya las libertades ciudadanas, a la independencia del poder judicial y al acatamiento de sus decisiones.

Cabe recordar que el pliego de emergencia contiene puntos relacionados con la defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria nacional, el cumplimiento de los acuerdos firmados con Fecode, la defensa del empleo y la renta básica. Finalmente, una de las líneas principales del paro será el respaldo al sector salud, en particular, en rechazo al proyecto de ley 010 que cursa en el Congreso .

Fuente FECODE

POR EL PLIEGO NACIONAL DE EMERGENCIA

¡Por la salvación de la educación pública!

Duque no negocia con el Comité Nacional de Paro el pliego nacional de emergencia. Ignora la multitudinaria minga y sus justas reivindicaciones.  Y  trata de acallar las voces del paro del magisterio de 20 y 21 de octubre. Es ciego, sordo y mudo ante los reclamos de la ciudadanía asumiendo una actitud dictatorial, pero sólo logra cubrirse de desprestigio y unificar a los colombianos contra su gobierno.

Golpea la educación pública y los derechos de los maestros en medio de la pandemia. La respuesta a las peticiones de Fecode es acelerar con mensaje de urgencia el trámite del proyecto de ley 010 que acaba nuestro régimen especial de salud y la red hospitalaria pública y aumenta el poder de las EPS. Los proyectos de ley sobre la educación en casa, la educación digital, la primera infancia y el maestro tutor van dirigidas a acabar la autonomía escolar, el preescolar de tres grados, reformar clandestinamente la ley general de educación, disminuir la financiación y, en general, empobrecer la educación negándole a los niños y jóvenes una educación científica, nacional y democrática y, en consecuencia, condenando al país al atraso.

Incumple los acuerdos suscritos con Fecode negándose a realizar una reforma constitucional para aumentar de manera progresiva y real los recursos del SGP para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En educación el acuerdo es para resolver las brechas de preescolar, jornada única, canasta educativa, infraestructura, ruralidad y relaciones técnicas a las que se suma la falta de conectividad. Congeló los ascensos, no ha comenzado el curso de ascenso de 8.000 docentes de la tercera cohorte, no hay nuevo estatuto docente, no tenemos salud y seguridad en el trabajo, de manera deliberada permite el deterioro dramático de los servicios de salud, entre otras violaciones de los acuerdos. Impulsa la privatización y presiona a los alcaldes para que impulsen la certificación de sus municipios.

Insiste en la alternancia, pese a que no invierte en las instituciones educativas lo que estas requieren para contar con las medidas pertinentes para garantizar condiciones  de bioseguridad, en medio de los anuncios de rebrotes de la pandemia.

Pretende utilizar los problemas de conectividad y de falta de computadores para reducir la planta de personal docente, como si no fuera de público conocimiento que la raíz de los problemas se encuentra  en la falta de inversión del gobierno.

Vamos masiva y pacíficamente al paro el 19 de noviembre para exigir salud y educación, la defensa de la producción nacional, la renta básica para los millones de colombianos que están en la pobreza, garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales y contra la privatización de los oleoductos.

El 21 conmemoramos el 21N de 2019, junto con la memoria de Dilan Cruz y el 25 El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¡VIVA EL PARO NACIONAL DE 19 DE NOVIEMBRE!

TRIBUNA MAGISTERIAL NACIONAL 

FUENTE tribunamagisterial

Ministerio de Educación acepta aprobación de cursos de ECDF II y ECDF III

Boletín de Prensa No. 22

Mediante una misiva enviada a Secretarías de Educación de las entidades territoriales, el Ministerio de Educación da orientaciones puntuales sobre la situación de los docentes que aprobaron cursos de formación de la Segunda Cohorte de la ECDF y también el video de la tercera cohorte de la ECDF.

En concreto, el Ministerio de Educación aclara con precisión las recomendaciones a las Secretarías para aceptar la viabilidad de los dos movimientos en el escalafón para los docentes que se inscribieron y aprobaron el curso de formación de la ECDF II y la ECDF III.

Específicamente, el MEN orienta que “una vez se realice el ascenso o reubicación en el escalafón por efectos de los cursos de formación, podrá realizarse el correspondiente movimiento que se desprende de la evaluación con carácter diagnóstico formativa tercera cohorte”. Por supuesto, es necesario cumplir con los requisitos.

Cabe recordar que Fecode en la Comisión de Implementación defendió desde el inicio de la tercera cohorte el derecho de los docentes a su ascenso o reubicación; pues son dos procesos independientes, convocados en años diferentes, con normativas distintas, pero desarrollados en simultaneidad temporal debido a la demora del Gobierno Nacional en convocar a los cursos.

Entre las orientaciones también se encuentra que el “proceso de verificación descrito para el ascenso o reubicación en virtud de los cursos de formación (…) se surta antes de la emisión del acto administrativo de ascenso o reubicación que se desprende de la Evaluación de Carácter Diagnóstico formativo de la tercera cohorte, para garantizar su operatividad”.

Puede consultar el documento del Ministerio de Educación en el siguiente enlace:

http://www.fecode.edu.co/images/ecdf/tercera%20cohorte/Orientaciones_ECDF_Cohorte_II_y_III_Final.pdf

Por la vida, la paz, la educación pública, la democracia, los derechos del magisterio y de los colombianos.

FUENTE FECODE

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