En colegios dañados piden que se invierta rápido plata para arreglos

Las vigencias futuras aprobadas por $319.000 millones para esto solo se ejecutarán desde 2023.

Los muros que penden de un hilo no dan espera para caerse, tampoco las lluvias para traspasar los techos e inundar salones y, mucho menos, grietas y humedades para seguir comiéndose suelos y paredes. Así lo manifiestan estudiantes de colegios públicos que siguen a la expectativa de que se empiecen las obras para arreglar la infraestructura en las sedes donde estudian. La premisa de muchos es presionar porque saben que ya la Alcaldía de Medellín diseñó un plan de acción y hasta se aprobaron los recursos para ejecutarlo. Lo que piden es celeridad.

Por esta causa, el pasado miércoles, alumnos de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño hicieron una marcha para pedir que agilicen la reparación porque ya no aguantan más recibir clases en esas condiciones.

“La primera (exigencia) es que la Secretaría de Educación mande, por fin, los trabajadores que prometieron desde hace mucho tiempo, ya que nos han prometido muchas veces que van a enviar trabajadores y nunca lo han hecho. Estamos pidiendo que empiecen con los arreglos que necesita el colegio, por lo menos con las cosas básicas para que no se nos filtre el agua en los salones”, expresó Isabella Mina, estudiante del colegio. Sus palabras se hicieron virales en las redes.

Las exigencias van más allá. Solicitaron que la Secretaría de Educación los mantenga informados sobre los contratos que suscriba para arreglar las sedes educativas, especificando los recursos destinados; y que el Dagrd haga una visita para determinar la seguridad de cinco salones que abrieron hace poco tras ser reparados luego de estar cerrados un tiempo por los daños.

Al respecto, desde la Secretaría de Educación indicaron que harán gestión con el Dagrd para realizar la visita y que informarán los avances de los procesos relacionados con la intervención que se hará con vigencias futuras, en 2023 y 2024. Asimismo, indicaron que el próximo 25 de septiembre iniciarán la intervención parcial programada con recursos de la vigencia de 2022.

“Previamente, se les compartió el documento de liquidación del convenio APP y el acuerdo del Concejo que aprobó las vigencias futuras ya que esta institución es una de las que tiene mayor asignación de recursos para intervención a través de las vigencias futuras”, informaron desde la dependencia.

“Ejecuten la plata rápido”

En una visita que este medio hizo ayer al Gilberto Alzate Avendaño, los estudiantes se mostraron preocupados de tener que esperar hasta enero para que se ejecuten las obras de fondo y dijeron que ya están cansados de esperar y de creer, pues son muchas las promesas incumplidas.

Por eso, se seguirán movilizando, con carteles a la entrada del colegio, plantones y asambleas estudiantiles. Varios alumnos expresaron que están indignados porque el pasado 10 de agosto funcionarios de la administración les dijeron que en máximo 15 días llegarían los obreros, pero tras 35 días no lo habían hecho, por lo cual marcharon. Como se dijo antes, la nueva promesa es el 25 de septiembre.

Entre tanto, el colegio se sigue cayendo de a poco, hay profesores con problemas en los ojos por los hongos que se reproducen en algunas salas, los salones se mojan cuando llueve y los estudiantes caminan bajo techos arruinados. Esto, dijeron, les ha hecho perder clases y sienten que no están estudiando con calidad. La imagen del lugar ejemplifica sus palabras y alimenta su presión.

Presión para que la Alcaldía ponga en marcha, rápido y con contundencia, el plan de reparación que busca resolver un problema que lleva años creciendo y que no nació en este gobierno. En julio pasado, el Concejo aprobó las mencionadas vigencias futuras por $319.000 millones, para intervenir la infraestructura de 398 sedes, pero entre 2023 y 2024.

El plan incluye 13 sedes más que, según informó la Alcaldía, serán atendidas en 2022 con $17.000 millones liberados de la Alianza Público-Privada (APP) que los tenía con el Gobierno Nacional.

La Secretaría también informó que han tenido reuniones con rectores y jefes de núcleo para socializar los recursos priorizados y que analizaron los planes de contingencia que deben implementarse para las intervenciones.

Pasa en otros colegios

Pero el Gilberto no es la única institución que vive estos dramas. Samuel Contreras, personero de la I.E. Mariscal Robledo, sede Conrado González Mejía, explicó que “el tema va de mal en peor” y que deben esperar hasta enero para que se ejecuten los recursos de vigencias futuras.

No obstante, quieren que se comiencen ya los arreglos, por lo menos los más urgentes porque algunos daños mantienen en riesgo a los alumnos: “Hay un muro que se nos va caer, el que da a la zona de la calle donde los estudiantes esperan el transporte. Tememos un accidente”, dice el líder estudiantil.

Allí también se han tenido que acostumbrar a estudiar entre humedades, pisos dañados, canchas con huecos, ventanas rotas y salones inundados. Y en las zonas más deterioradas no es posible evitar por completo que niños curiosos se acerquen, lo que aumenta el riesgo de que algo les ocurra. “Nos dicen que en enero se comienzan a ejecutar las vigencias futuras, pero el muro no espera hasta enero para caerse”, dijo Conteras.

En la I.E. Juvenil Nuevo Futuro, tampoco aguantan. Alejandro Alzate, el personero, relató una situación similar a la de los demás: los arreglos no avanzan, las promesas no se cumplen y les dijeron que esperen hasta octubre para que lleguen los recursos.

Entonces, contó Alzate, cuando llueve, los estudiantes deben arrumarse en las zonas de los salones donde no caen las gotas; la cancha tiene el suelo deteriorado; hay una loza que está que se desploma; cerraron parte de los baños y los que quedan deben ser usados por casi 600 estudiantes por cada una de las dos jornadas de estudio.

Allí la premisa también es presionar y se suman a un clamor generalizado: que la alcaldía se mueva con la puesta en marcha del plan de acción antes de que ocurra una situación más lamentable que el hecho de estudiar bajo esas condiciones.

FUENTE: El Colombiano

En colegios de Medellín esperan el regreso de 40 sicólogos

Sindicato de directivos docentes denuncia cambios en la contratación que dejan en vilo a los estudiantes que llevan sus procesos. Alcaldía afirma que solo falta un profesional.

El personal de sicólogos sería reemplazado pero este cambio afectaría procesos de años con los estudiantes de las instituciones educativas.

Los procesos de atención en salud mental de al menos 40 instituciones educativas de Medellín están en riesgo por el cambio de los psicólogos. Aunque el personal será reemplazado, los estudiantes sienten que la crisis emocional de decenas de estudiantes se puede ver afectada por el relevo de este personal.

Al menos así lo manifestó un alumno de la Institución Educativa Lola González, de la comuna 13 (San Javier), en la que, según su relato, los estudiantes están crisis por la salida de la psicóloga que los venía acompañando en el proceso de retorno a las aulas después de dos años viendo clases por un computador.

“La psicóloga tenía un proceso de mediación y mejoraba los problemas de convivencia que existen. Desde que ella se fue, los mediadores no saben cómo afrontar los procesos que ella llevaba de forma extraordinaria”, expresó un estudiante, quien agregó que es el segundo cambio de este personal en los últimos tres años.

Contratos cortos

La crisis con los especialistas, según el Sindicato de Directivos Docentes del Municipio de Medellín (Sididmed), se origina en los contratos por prestación de servicios que se les hace, los cuales pueden ser por seis meses el inicial y posteriormente con prórrogas que pueden ser de uno a tres meses, según lo determine el encargado de la contratación.

Manuel López Ramírez, presidente del Sindicato, explicó que si bien esta modalidad de contratación no es nueva, señaló a la actual administración de no cumplir con la promesa de brindar garantías a este personal directivo y, en particular, a los psicólogos que abanderan el programa Entorno Escolar Protector.

En una carta que se hizo pública sobre la problemática, y que fue firmada por él y por Lilliam Patricia Villegas, secretaria ejecutiva de este sindicato, se señaló que “las políticas públicas exitosas se revisten de financiación adecuada y no sujeta a vaivenes burocráticos que afecten su ejecución”.

López resaltó que algunos de estos 40 psicólogos que salieron de las instituciones llevaban hasta seis años, “lo cual implica que tienen todo un proceso con sus comunidades y estos se ven estropeados por una decisión administrativa o política”.

En el caso particular de la Institución Lola González, según la denuncia del estudiante, el nuevo personal no ha llegado y después de la partida de la profesional que los atendía se presentó una pelea entre estudiantes, en la que tuvo que intervenir personal administrativo no cualificado para este fin.

No tienen garantías

Pero la situación no solo afecta a los psicólogos, sino también a los de otras áreas administrativas como secretarias y contadores, por lo que se buscan garantías desde la administración para la estabilidad laboral y operativa de los colegios.

En las 40 instituciones educativas afectadas, según el sindicato, por la salida de sus psicólogos continúan a la espera de la resolución de esta problemática para retomar los procesos que se venían llevando y atender las crisis de salud mental que dejó la pandemia.

“Algunos estudiantes volvieron a las aulas con depresión y con ansiedad y ella los estaba atendiendo muy bien. Sin embargo, nos habían dicho el martes que iba a continuar, pero de un momento a otro, al jueves siguiente, le cancelaron el contrato”, relató el estudiante del colegio Lola González, el cual se encuentra en anormalidad académica por esta problemática.

Además del repentino cambio de la profesional, los estudiantes afectados señalaron que no comprenden cómo se deja de lado una profesional que lleva largo tiempo con ellos a tres meses de finalizar el año académico.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación contradijo la versión entregada por el sindicato y por los estudiantes. Señalaron que ya está lista la contratación de todos los profesionales, excepto uno, al cual se le finalizó el contrato en las últimas horas.

Así mismo, señalaron que este tipo de rotaciones, tan criticadas por los estudiantes, forman parte de las dinámicas de las coberturas educativas, aunque sin descuidar los compromisos con los 304.696 estudiantes y sus familias que están a su cargo.

La petición de estabilidad por parte del sindicato tiene como prioridad que los programas como Entornos Escolares Protectores se desarrollen de manera eficiente. “No hay programa que se pueda sostener con calidad cuando el contrato es tan a corto plazo. Así no se logra un impacto”, concluyó el presidente del Sindicato.

FUENTE El Colombiano

Fiscalía investiga dos exministras de Educación por presunto tráfico de influencias

El 25 de agosto se libró orden de Policía Judicial para establecer la ubicación actual de las ministras Yaneth Giha y María Victoria Angulo.

La Fiscalía General de la Nación libró una orden de Policía Judicial para establecer el arraigo y ubicación actual de dos antiguas ministras de Educación.

La orden judicial fue emitida hace 6 días, el pasado 25 de agosto, y ustedes pueden verla a continuación:

Fiscalía investiga dos exministras de Educación por presunto tráfico de influencias by W Radio Colombia on Scribd

Las ministras objeto de la diligencia judicial son Yaneth Cristina Giha Tovar y María Victoria Angulo González. La orden fue emitida por cuenta del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez.

El fiscal investiga a las exministras Giha y Angulo por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público. El Código Penal establece una pena mínima de 4 años y medio de prisión y una máxima de 12 años por cometer ese delito.

La investigación se inició por cuenta de una orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro del caso que condenó al senador Eduardo Pulgar por ese mismo delito tráfico de influencias y por el de cohecho por ofrecer.

Como ustedes quizás recordarán, el senador Eduardo Pulgar está preso porque fue grabado tratando de sobornar a un juez. El ofrecimiento ilegal tenía por objeto que el juez torciera un proceso para favorecer a Luis Fernando Acosta Osío dentro de un pleito para controlar la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

La Universidad y el Hospital Metropolitano, que de ella depende, generan ingresos anuales por 80.000 millones de pesos.

Pulgar se acogió a sentencia anticipada aceptando dos de los cargos. En la condena, el magistrado ponente Marco Antonio Rueda encontró razones suficientes para compulsar copias a la Fiscalía contra las ministras Yanhet Giha y María Victoria Angulo por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.

Están documentadas varias reuniones entre las ministras y el senador Eduardo Pulgar. Tanto la ministra Giha como la ministra Angulo han sostenido que esos encuentros no tenían como propósito influir en las decisiones del Ministerio de Educación sobre el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Pese a la versión de las señoras ministras, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, asistido por un fiscal especializado, ha ordenado que:

  • Se establezca la ubicación de las exministras Yaneth Giha y María Victoria Angulo.
  • Oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que acredite la calidad foral de la señora exministra María Victoria Angulo.
  • Requerir a las contrapartes del señor Luis Fernando Acosta Ossío, los señores Carlos Jaller, Ivonne Acosta y Jorge Luis Hernández, para que entreguen copia de un documento enviado al Ministerio de Educación dentro del prolongado pleito por la Universidad Metropolitana.

Por último, le pide al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) que se allegue las fichas de identificación de las exministras que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En Barranquilla, el pleito por la Universidad Metropolitana ha transitado un camino tortuoso, pues varios funcionarios judiciales están cuestionados por su actuación en este proceso en el que nada le pasa al señor Luis Fernando Acosta Ossío y, en cambio, quienes han sido sus contrapartes, terminan empapelados o presos.

Recientemente, el condenado exsenador Eduardo Pulgar logró reelegirse en cuerpo ajeno y desde la cárcel. Su cuñada María Claudia Pérez Giraldo fue elegida senadora dentro de las listas del Partido Liberal y con una de las votaciones más altas del país.

Apenas hace unos días, a través de una tutela, Pulgar consiguió que lo trasladaran de la cárcel La Picota en Bogotá al cómodo batallón de Malambo, Atlántico, desde donde sigue manejando su enorme feudo electoral cuyo epicentro es Soledad situado en las goteras de su lugar de relativa reclusión.

No le va mal a Pulgar, quién sabe cómo le irá a las exministras de Educación.

Fuente: WRadio, Daniel Calderón

Jaime Dussán es el nuevo presidente de Colpensiones

El exsenador y expresidente de la Federación Nacional de Profesores FECODE, Jaime Dussán, es el nuevo presidente de Colpensiones en el Gobierno de Gustavo Petro.

29 agosto, 2022

Este lunes se confirmó a Jaime Dussán como nuevo presidente de Colpensiones en el Gobierno de Petro. Dussán se ha desempeñado como diputado en el Huila y Senador de la República. 

El huilense ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, graduándose como educador en la Universidad Surcolombiana en el año 1970, desde entonces ejerció su profesión en diferentes municipios del departamento del Huila. Además, se vinculó formalmente a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). 

En 1990 fue elegido presidente de FECODE, y entre 1992 y 1994 fue vicepresidente de la Confederación de Educadores Americanos. Al Congreso de la República llegó en 1998 y finalizó en 2010. 

Desde el Congreso lideró varias iniciativas como la creación de la estampilla Prodesarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) “Calidad Educativa y la Equidad Social”, evitar que las entidades territoriales entregaran título de concesión o a cualquier otro título el recaudo y gestión de sus diferentes tributos a tercero, entre otros. 

En las últimas semanas se ha cuestionado el nombre de Jaime Dussán por la oposición y por partidos de gobierno, cuando se mencionaba el posible nombramiento como Ministro de Trabajo.

Fuente: Redacción 360 Radio.

“UN PAE DIGNO PARA “VIVIR SABROSO”

Agosto 28, 2022

En días pasados, el presidente Gustavo Petro anunció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) debería ser manejado por las asociaciones y los Consejos de padres y madres de familia de las instituciones educativas. Igualmente, hizo énfasis en la necesidad de garantizar comida caliente en todas las escuelas y colegios del país. Estas declaraciones generan confianza, alegría y satisfacción, pues controvierten la falacia neoliberal de que la contratación con empresas privadas es mejor que entregar directamente los recursos a las comunidades.

“Nos hemos propuesto lograr comida caliente, lograr una nutrición real de la población que llegue a un colegio, es lograr que sean las asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos”, afirmó el presidente desde el Amazonas, unos de los departamentos más golpeados por la pobreza y la desnutrición en el país. 

Como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, existe una relación directa entre la nutrición escolar y la calidad de la educación, algo que el presidente reitera cuando afirma que “muchos niños y niñas van a estudiar con hambre. Y un país así no se puede desarrollar, un país así va limitando sus propias posibilidades, no importa la inmensa riqueza natural que tenga”.

El PAE, que actualmente es manejado por la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, se ha convertido en un nicho de corrupción sin precedentes en la historia reciente del país. Alimentos en mal estado o con sobrecostos, incumplimiento con las medidas de las raciones, contratos amañados con empresas sin experiencia para pagar favores políticos, entre otros escándalos, hacen parte del prontuario criminal que las empresas encargadas de “operar” el PAE le van a dejar a la sociedad colombiana. No pasa una semana sin que se destape, en cualquier ciudad o municipio del país, una olla podrida de corrupción alrededor del PAE.

Acabar con los intermediarios del PAE es un ataque directo al corazón del neoliberalismo que ve en los dineros públicos una fuente de lucro. En una época no muy lejana, cuando todavía tenía eco la idea de que los gobiernos debían favorecer un proyecto nacional para industrializar y desarrollar el país, eran las asociaciones de padres con el acompañamiento de las administraciones municipales quienes manejaban la alimentación escolar. 

Con la asesoría y apoyo de Icbf se elaboraban minutas que garantizaban una dieta de calidad. Además, existían programas de capacitación permanente a cargo del Estado para padres y madres de familia y para los representantes de los profesores. Claro que en ese entonces se pagaba una cuota que jugaba un papel simbólico para mantener de forma justa los costos de producción y transporte.

Ojalá se apruebe pronto esta medida, pues en tiempos en que la verdad histórica se abre campo en las escuelas del país urge buscar mecanismos que impulsen el desarrollo social, el tejido comunitario y el empoderamiento de las comunidades. Y qué mejor forma de hacerlo que alrededor de la producción y consumo de los alimentos. Esta medida fomentaría prácticas sostenibles social y ambientalmente, como la alimentación de km cero, el comercio circular y la seguridad y soberanía alimentaria.

El magisterio colombiano siempre ha defendido la alimentación escolar como parte constitutiva del derecho a la educación, por lo que ya es hora de tener un PAE digno que le permita a la niñez y a la juventud colombiana “comer sabroso” para poder “vivir sabroso”.

Fuente: La silla vacia

¿Cuánta plata necesita la educación pública colombiana?

El sector educación fue durante 2017 y 2018 el sector que recibió la mayor asignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, fue insuficiente ante los retos y compromisos pendientes del sector ¿Cuánto más se necesita?

11/10/2018

Las cuentas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señalan que a la educación pública del país le faltan $80,7 billones anuales para alcanzar el mismo nivel que los países del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con los que tantos comparan a Colombia.

El monto proviene de necesidades de financiamiento por $23,4 billones anuales adicionales para la educación primaria, $36,6 billones más para el bachillerato, y $20,7 billones adicionales para las universidades.

En total, se necesitaría casi 20 veces más que la asignación que recibirá el sector educación en 2019, cuya suma alcanza apenas los $4,4 billones contando con la adición de $500.000 millones que los Ministerios de Hacienda y Educación anunciaron durante las marchas estudiantiles del miércoles.

Los $80,7 billones para la educación parecen casi imposibles de alcanzar en Colombia. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Javeriana tiene varias ideas.

El grupo recordó que, por ejemplo, la Contraloría General calcula que la corrupción le cuesta al país alrededor de $50 billones cada año.

Recomendado: ¿Cómo se distribuirán los recursos adicionales para educación superior?

Además, el observatorio calculó que “llevar la tasa efectiva de tributación del 1% más privilegiado de los colombianos a un nivel comparable al que tendría ese mismo grupo en Estados Unidos le daría $12,9 billones adicionales al fisco, y reinstaurar el impuesto a la riqueza que fue eliminado por la última reforma tributaria traería $3,9 billones adicionales”. 

La implementación de los dos impuestos tomaría menos tiempo que la lucha efectiva contra la corrupción que le permitiría al Estado ahorrarse la gran parte de los recursos que aportarían al Presupuesto General estas tres medidas y que suman $66,8 billones, mucho más cerca de las necesidades de financiación que tienen los colegios y universidades públicas.

Las cuentas para 2019

Mientras Colombia encuentra la fórmula para aumentar la inversión en educación pública y reducir la brecha con las entidades privadas, además de mejorar la calidad de la formación que reciben sus ciudadanos, vale la pena recordar algunas cifras del Presupuesto General de la Nación para 2019.

El proyecto está a unos días de aprobarse en segundo debate ante el Senado y la Cámara de Representantes, por un monto total de $258,9 billones.

Puede interesarle: ¿Cuáles son los retos de Colombia en educación?

De dicho monto, el Gobierno planea destinar $160,3 billones a funcionamiento, otros $51,9 billones para el pago de la deuda nacional y los restantes $46,8 billones para inversión.

Además, el Presupuesto General tiene varias “inflexibilidades” o asignaciones presupuestales que no pueden modificarse pues están ordenadas por la misma Constitución Política. Allí están por ejemplo los $41,2 billones del Sistema General de Participaciones.

Educación recibiría otros $41,4 billones teniendo en cuenta las modificaciones que se dieron durante la votación en primer debate y la adición de medio billón. Del monto total, se destinarán $37,2 billones para funcionamiento, un incremento de 9,2% frente a 2018, y los restantes $4,05 billones se asignarían a inversión.

Los $41,4 billones a su vez se distribuirán en $23,7 billones de la asignación del Sistema General de Participaciones, que benefician a 8,3 millones de estudiantes con educación gratuita y el pago de salarios de 320 mil docentes y directivos docentes,“incluyendo 3 puntos de nivelación salarial para 2019 ($532.700 millones) y el pago de la bonificación pedagógica ($281.600 millones – 11% de la asignación básica mensual)”, explica el Ministerio de Hacienda.

Lea también: Por qué en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza y en Chile 6

Otros $9,3 billones se asignarán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que pagará $7,3 billones en mesadas pensionales a 206.000 maestros retirados, $1,4 billones de servicio a la salud para 850.000 personas y $600.000 millones de 10.299 docentes con cesantías retroactivas y 185.466 docentes con cesantías causadas anualmente.

Las universidades públicas recibirán, incluída la reciente adición de $500.000 millones, un total de $4,1 billones. Estos se distribuyen en $3,3 billones por asignación de la Ley 30 de Educación Superior, $439.100 millones para el pago de pasivos pensionales, $145.000 millones para mejoramiento de infraestructura y base, $223.000 millones para inversiones en proyectos que presenten las mismas universidades, $37.000 millones para pagar el descuento de 10% en las matrículas por participación democrática y $121.000 millones para gratuidad de la educación.

Por su parte, el Icetex recibirá $1,7 billones que incluyen  $101.000 millones para la línea de Excelencia que reemplazará al Ser Pilo Paga, programa que recibirá a su vez $797.000 millones para el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con estudiantes beneficiarios. 

Los restantes $795.000 millones se destinarán a la renovación créditos Líneas de Icetex, subsidio a la tasa de interés y de sostenimiento. “Así como garantizar nuevas convocatorias de Fondos Poblacionales y cumplimiento de compromisos de atención a la población rural y gratuidad educativa”, señala el Minhacienda.

El Programa de Alimentación Escolar recibirá $1,2 billones para la entrega de 5,4 millones de raciones de alimento y extender en 1 millón a los estudiantes beneficiarios.

Recomendado: No educar a las niñas le cuesta al mundo hasta US$30 billones

Para infraestructura educativa, el Presupuesto General tiene una asignación de $582.200 millones que incluye los $20.000 millones para que la Universidad Nacional llegue a las regiones en cumplimiento del acuerdo de paz; $197.400 millones de vigencias futuras para la construcción de nuevas aulas; para cumplir con la Cumbre Agraria de 2013, fallos de Restitución de Tierras y otros compromisos que suman la construccion de 1.362 aulas y el mejoramiento de 723, se entregarán $109.500 millones para obras con enfoque territorial en Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño y Norte de Santander.

Finalmente, se destinarán $275.300 millones para otras obras “en la ruralidad, mejoramiento de infraestructura, reforzamiento, construcción de cocinas y comedores escolares, avanzar de forma escalonada en la Jornada Única y dar cumplimiento a compromisos derivados de fallos de restitución de tierras”, añade el Ministerio de Hacienda.

El último billón se destinará al apoyo misional. Es decir que se pagarán $151.100 millones divididos a su vez en $58.900 millones de gastos generales del sector y $92.200 millones en pagos a 1.264 servidores públicos; por auditaje se pagarán $48.000 millones; para otros gastos de funcionamiento e inversión se entregarán $733.800 millones adicionales y para los nuevos institutos descentralizados, $67.100 millones.

Fuente: Semana