Educación al día

La crisis de los hospitales en Antioquia, ocasionada por el no pago de las EPS, cada día es más asfixiante. La soga al cuello se apretó por cuenta de las liquidaciones de Medimás y Coomeva, lo que aumentó la deuda a $498.000 millones con 17 hospitales del departamento. Por eso los directivos de las entidades hicieron un llamado de auxilio para que se les entreguen los recursos y así no afectar a todo el que requiera un servicio médico.

De Medimás y Coomeva, las dos últimas liquidadas, los recursos no pagados ascienden a $218.000 millones.

Mauricio Tamayo, presidente corporativo del Hospital San Vicente Fundación, explicó que de este dinero, $60.000 millones corresponden a deudas con Medimás, y $158.000 millones son de Coomeva: “Si uno compara las cifras del 31 de diciembre del año pasado y 31 de enero de este año, se subió en $14.000 millones. Es una cifra que nos tiene en unas complicaciones muy grandes a las clínicas y hospitales para cumplir con las obligaciones y poder seguir operando como efectivamente nuestra comunidad lo necesita”.

Los recursos no entregados por las EPS a los centros asistenciales representan el 25% de la cartera de estos centros asistenciales, quienes tienen el 80% de las camas hospitalarias del departamento y que operan en el área metropolitana y el Oriente antioqueño.

“Con los efectos liquidatorios no se garantizan los recursos para pagar las acreencias por las atenciones prestadas. No pedimos nada distinto a que nos paguen por la atención de los pacientes que con absoluta responsabilidad hemos atendido”, señaló Andrés Trujillo, director general de la Clínica CES.

La denuncia fue realizada por la asociación conformada por 17 clínicas y hospitales de Medellín, Bello, Envigado, Rionegro y La Ceja, que ven perdidos los dineros adeudados por estas dos EPS.

Uno de los ejemplos es el caso del Hospital San Vicente Fundación, que de los $291.000 millones que tienen de cartera por cobrar, $75.600 millones corresponden a deudas con las EPS liquidadas. En el caso de la Clínica CES, el monto asciende a los $9.000 millones y para el Hospital Pablo Tobón Uribe son de $60.000 millones.

La afectación al usuario

Por el momento, la promesa de los directivos de las clínicas y hospitales es hacer todo el esfuerzo para continuar prestando los servicios, básicos y especializados, a los usuarios, a la espera de contar con el dinero para poder cumplir con las nóminas de empleados y adquirir los insumos y medicamentos.

“Para ser sostenibles en el tiempo necesitamos los recursos, porque hay que pagar las quincenas, los insumos, los medicamentos, los impuestos y los servicios públicos. Pero esto tiene un límite y, si esto sigue así, se llegará el día en el que las acreencias superarán la capacidad de seguir funcionando”, añadió Trujillo.

Pero por ahora, con mucho esfuerzo, los directivos de estas clínicas han sacado recursos de donde pueden para cumplirle tanto a los pacientes como a los trabajadores, de quienes se asegura que en estos 17 hospitales tienen sus quincenas al día.

El proceso de liquidación de Medimás iniciará hoy, mientras que el de Coomeva arrancó el mes pasado. El temor de los hospitales pasa porque en los casos ocurridos con SaludCoop y CaféSalud, se perdieron millones de pesos luego de que estas fueran liquidadas por la Superintendencia de Salud.

El director general de la Clínica CES explicó: “En esos procesos liquidatorios no va a haber activos suficientes para pagar las acreencias. Indiscutiblemente, además, tenemos los antecedentes de otros procesos como SaludCoop y Café Salud, donde pasó lo mismo y quienes perdemos la plata somos las clínicas y hospitales”.

Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), señaló que las nuevas medidas del Gobierno Nacional han dado pie para que las EPS se puedan liquidar y fundar sin recursos, lo que ha llevado a una creciente deuda que debilita a los hospitales, situación que termina afectando a los usuarios a la hora de pedir cualquier atención médica.

Este es el último llamado que hacen los hospitales en medio de una crisis que lleva ocho años. No obstante, aseguraron, que es un llamado urgente antes de tener que decirle al usuario: ¡No lo podemos atender porque no hay con qué!

FUENTE: El Colombiano

A 22 días de cumplirse dos años desde que se confirmó el primer caso de covid en Antioquia, el departamento se alista para el tramo final del cuarto pico a partir de hoy.

La secretaria de Salud departamental, Lina Bustamante, le confirmó a este medio que hoy se levantará la alerta roja hospitalaria que la Gobernación decretó el 27 de enero pasado para afrontar el punto más crítico de la ola ómicron que alcanzó a presionar la ocupación de UCI hasta el 92%.

Según apunta Bustamante, la decisión de levantar la medida responde a que todos los indicadores arrojan señales de que la reducción de contagios, severidad y mortalidad llegó a un punto de no retorno.

Actualmente la carga de pacientes covid en la ocupación hospitalaria (UCI, UCE y hospitalización) no supera el 7%. En UCI esa carga es menor del 20%. El departamento pasó de tener 291 pacientes covid en cuidados intensivos al comenzar febrero a tener 153 ayer.

Medellín, por su parte, pasó de tener más de 5.000 positivos hace un mes, en el momento más álgido del pico, a reportar menos de 300. El contagio en la ciudad se redujo en un 54%, según la secretaria de Salud, Andree Uribe.

El indicador de casos había quedado relegado para medir confiablemente el comportamiento de la cuarta ola luego de los cambios que ordenó Minsalud para focalizar la toma de pruebas en población vulnerable, lo que según epidemiólogos dejaba un punto ciego para monitorear la dinámica de ómicron.

Sin embargo, Uribe insistió en que parámetros como la letalidad, con una reducción del 32% y la de ocupación UCI por covid, que está en 18% son los que permiten confirmar “que estamos al otro lado en términos de covid”.

¿Y entonces qué sigue?

Despejadas las dudas de que el cuarto pico es prueba superada, a la luz de los datos que entregan las autoridades de salud, hay un interrogante crucial acerca de cómo se afrontará el siguiente tramo de la pandemia: ¿Qué pasará con vacunación?

En el lapso entre el tercer y cuarto pico, a finales de 2021, la vacunación en varios departamentos se desaceleró reiteradamente entre agosto y octubre. Aunque también coincidió con un periodo de escasez de vacunas, el Gobierno Nacional regañó en aquel momento a las entidades territoriales por el cierre de puntos de vacunación.

El problema de fondo, y así lo reconocieron alcaldes y secretarios de Salud en Antioquia, es que a las IPS no les estaba llegando oportunamente el pago por la prestación del servicio de vacunación, mientras sus costos seguían incrementándose por logística y personal, a medida que el plan de inmunización.

El costo logístico y operativo de cada vacuna oscila entre $11.000 y $19.000 y en municipios como Envigado, por citar un caso, la deuda del Gobierno con los prestadores superó los $5.000 millones entre febrero y agosto.

La solución que hallaron, mientras Minsalud optimizaba el trámite del pago ajustando la resolución 1324, fue cerrar puntos y reducir personal, lo que golpeó la dinámica de vacunación en Antioquia. Septiembre fue el mes más discreto en cifras de vacunación.

Ahora que empieza a hablarse del fin de la pandemia, Minsalud volvió a pedir a las entidades territoriales que eviten el cierre de puntos de vacunación, causando un aumento en las filas, esperas, y “una barrera de acceso” porque, según advirtió Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención, una persona que ve un panorama semejante prefiere abstenerse de aplicarse la dosis que requiere.

Ese regaño le cayó particularmente a Antioquia que, de acuerdo con Bermont, es la cuarta región con más puntos cerrados recientemente (7), solo superada por Cundinamarca (24), Bogotá (9) y Nariño (8).

La secretaria Bustamante responde que no tienen contemplado ningún escenario en el que se reduzca el ritmo de vacunación. “Por el contrario, hemos pedido a los municipios aumentar horarios de atención y búsqueda activa de personas mayores de 60 años y con comorbilidades”, apunta.

La funcionaria señala que les han pedido a las aseguradoras intensificar esa búsqueda activa pues son estas las que tienen la base de datos de quiénes se han vacunado y cuál es la población de riesgo susceptible a vacunar.

Abdiel Mateus, vocero de la Veeduría para la Vacunación, advierte que no es suficiente con mantener puntos abiertos y es necesario cambiar la lógica de la vacunación y establecer una inmunización puerta a puerta y en grandes espacios. De otro modo, insiste, alcanzar la meta de vacunación en esquemas completos y refuerzos podría tardar más de un año, demasiado riesgo para una nueva recaída.

Y es que, si bien es cierto que ómicron empieza a ceder terreno y las autoridades cantan victoria parcialmente, cerca de un millón de personas circulan sin haber recibido vacuna alguna y el 46% de los mayores de 60 años, los más vulnerables, siguen sin recibir su dosis de refuerzo.

FUENTE: El Colombiano