¿Qué harán los presidenciales ante la crisis de Savia Salud?

Todos los candidatos coinciden en combatir las bandas criminales del departamento y de ejecutar acciones para frenar la minería ilegal. Sin embargo, los analistas coinciden en coincidir en que hacen falta aterrizar las propuestas porque se quedan en generalidades.

En el análisis de este último bloque de temas participaron los siguientes profesores.

Jorge Humberto Blanco Restrepo es el jefe de la división de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Phoenix, Estados Unidos.

Germán Darío Valencia Agudelo es doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia.

Jorge Iván Avendaño Mesa es especialista en derecho procesal civil de la Universidad Autónoma Latinoamaricana.

HUMBERTO DE LA CALLE

SAVIA SALUD

Implementaremos el plan de choque que contempla vincular a una banca de inversión y asignar un gerente técnico que ponga en marcha un modelo de negocio para la operación de Savia Salud.

Desde una perspectiva más amplia, nuestra prioridad para el sistema de salud será el saneamiento de las finanzas. Pondremos en funcionamiento mecanismos para garantizar que el sistema de salud sea transparente y eficiente, basado en indicadores de calidad.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

Reconoce la importancia de mantener a Savia y apoyar la implementación del plan de choque que se ha acordado entre los socios y el gobierno, lo que es bueno para Antioquia porque salvaguarda a 1,7 millones de personas que están afiliadas. Hace una propuesta general del fortalecimiento del sistema, aunque no concreta las estrategias para lograr esto.

BANDAS CRIMINALES

Pondremos en marcha el Plan Cero Coca para atajar el narcotráfico. Al igual que un Nuevo Esquema de Seguridad en el Posconflicto. Priorizaremos el crecimiento en funciones de inteligencia, con apoyo de la tecnología para visibilizar y desmantelar las bandas criminales e identificar a sus líderes. Debemos evitar el reclutamiento de jóvenes.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Reconoce el narcotráfico como la principal actividad criminal del departamento. Su propuesta se dirige a atacar a los líderes delincuenciales, apoyado en las tecnologías. Sin embargo, se olvida que hay otras rentas criminales por controlar, y que la lucha debería dirigirse contra las organizaciones delictivas y sus variadas rentas. Es sabido que las personas pasan, pero las organizaciones pueden continuar.

MINERÍA ILEGAL

Con la creación del Fondo Nacional contra la minería ilegal destinaremos recursos necesarios para erradicar esta forma de explotación criminal, priorizando zonas como el Bajo Cauca. Nuestro plan contempla desde el pago de recompensas a denunciantes, hasta la creación de una justicia penal especializada en delitos ambientales. Para la minería artesanal, promoveremos la formalización y la implementación de seguridad y salud.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

La creación del fondo es una buena propuesta y la lucha contra la minería ilegal es fundamental. Sin embargo se debe pensar en la revisión de la protección de páramos y zonas de nacimientos de ríos. No se trata de la creación de una nueva jurisdicción, es apoyar la ya existente en materia de recursos y personal. Se debe crear un bloque normativo para clasificar los bienes dedicados a la minería ilegal.

IVÁN DUQUE

SAVIA SALUD

Frente a la discusión de si se liquida o se fortalece o se sanea, me inclino más por su saneamiento que por su liquidación. Y lo digo desde una perspectiva gerencial y práctica: lo que hay que asegurar es que el flujo de recursos hacia el sistema reconozca varias cosas que el departamento tiene que vivir, como, por ejemplo, la dispersión en la cobertura, porque no es lo mismo tener la medicina cerca que en un lugar remoto.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

La posición de no liquidar a Savia Salud y apoyar el saneamiento da tranquilidad. Debe contar con el apoyo nacional no solo en la cofinanciación del plan de saneamiento, sino con las reformas estructurales que hagan viable al sistema en términos de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, reconocimiento de las cargas de enfermedad de la población afiliada, estímulos al desempeño, entre otras medidas.

BANDAS CRIMINALES

Lo que les puedo decir a todas las personas de Antioquia y de Medellín, empezando por el alcalde, que ha sido valiente al enfrentar la criminalidad, es que estaré respaldándolos siempre para derrotar a las estructuras del crimen organizado. Creo que el alcalde está haciendo algo valeroso, y espero acompañarlo. Brindaré el mismo acompañamiento a los alcaldes de todo el departamento.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Su propuesta esta implícita, se inclina por una política de lucha directa contra el crimen y motivar el sometimiento a la justicia. Esta idea, aunque es poco innovadora, es efectiva; se caracteriza por atacar las causas subjetivas de la criminalidad. La debilidad de la propuesta está en el carácter reduccionista, pues es necesario acompañar las medidas con otras de atención social.

MINERÍA ILEGAL

Para contrarrestarla, voy a fortalecer la Policía Ambiental, con recursos tecnológicos y capital humano. Además, constituiremos la Fuerza de Reacción Integral Ambiental (FRIA), una fuerza élite combinada entre Policía, Ejército, Fiscalía y Autoridades Ambientales, con apoyo de organismos de inteligencia, y con las capacidades de: reacción rápida, judicialización de los criminales y destrucción de maquinaria.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

El fortalecimiento de las autoridades debe ser estructural, partiendo desde el ente acusador hasta los operadores jurídicos que hacen aplicar la norma; ¿Pero dónde están los dineros de la minería ilegal y las redes de lavados de activos?, no se debe pensar en la destrucción de la maquinaria, si no en cómo aprovechar este tipo de recursos. No se menciona la persecución criminal al tráfico de fauna y flora.

SERGIO FAJARDO

SAVIA SALUD

La creación de Savia Salud resolvió en su momento una grave crisis de la salud en el departamento de Antioquia. Millones de personas estaban por quedarse sin atención. La administración de Luis Pérez multiplicó por cuatro el déficit de Savia Salud. Hoy lo que se necesita es liderazgo político para sacar la entidad adelante. El objetivo principal debe ser garantizar un servicio de calidad a sus afiliados.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

La creación de esta EPS fue una decisión de carácter estratégico que resolvía un problema crítico. El problema de Savia no es solo de carácter operacional, está en gran parte explicado por problemas estructurales del sistema, que la mayoría de los candidatos los expresan de manera muy general, sin propuestas específicas y concretas sobre cómo lograr mejorar la eficiencia y sobre todo la calidad.

BANDAS CRIMINALES

No adelantaremos procesos de paz con estas estructuras ilegales, pero si hay voluntad para someterse a la justicia estaré dispuesto a revisar esquemas para hacerlo en condiciones de seguridad, con claridad, exigiéndoles entrega de rutas de droga, caletas, bienes y la seguridad de que pararán su accionar. Aumentaré el pie de fuerza y crearé Comandos Conjuntos de Seguridad subregionales.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Es la única propuesta que insiste en territorializar la lucha contra el crimen. Su estrategia consiste en focalizar y diferenciar a las organizaciones delictiva en las subregiones, intentando efectividad en las acciones del Estado; pues considera que no es el mismo modus operandi del criminal en las grandes urbes, al que se da en los territorios rurales del departamento.

MINERÍA ILEGAL

Vamos a incrementar significativamente los mecanismos de comando y control de la policía y las autoridades ambientales en las zonas más afectadas por la extracción ilícita de minerales con el fin de ejercer mayor y efectivo control y vigilancia a dichos procesos ilegales. Intensificaremos la lucha contra la minería criminal, particularmente de oro, a partir de la intervención de los sitios de explotación y destrucción de maquinaria por parte de la Fuerza Pública.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

Los mecanismos de comando y control no solo deben estar en cabeza de la Policía, debe ser una trabajo interinstitucional. es importante analizar el proceso de concesión de licencias y títulos con énfasis en minería responsable y exigir el ejercicio responsable ambiental y la reparación del daño generado. Se requiere mayor educación y desmitificar ciertos aspectos de la minería artesanal, responsable y sin mercurio.

GUSTAVO PETRO

BANDAS CRIMINALES

Creo que debemos proteger la integridad y la vida de las personas bajo un modelo de prevención, intervención social y acción oportuna de la fuerza pública bajo un enfoque de derechos. Promoveré acciones integrales contra las diversas causas que degradan las condiciones de vida. Se perseguirá y sancionará la delincuencia bajo una lógica que combine la disuasión, la lucha frontal contra delitos y crímenes.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Su propuesta, muy distinta al resto de los candidatos, consiste en atacar la criminalidad por las causas objetivas; es decir, buscará abordar las raíces sociales y económicas que incentivan la criminalidad, a través de programas de asistencia gubernamental en educación, empleo e inclusión, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad y ofrecer mayores oportunidades para la legalidad.

MINERÍA ILEGAL

Frente a la minería en general proponemos quitarle a las mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala, se buscará fortalecer su organización comunitaria y se apoyará con financiación y acompañamiento la reconversión a otras actividades productivas. Con respecto a la pequeña minería, estará dirigida al consumo interno, será objeto de un programa concertado orientado a disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en acuerdos con los actores regionales.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

Es importante realizar énfasis en la formalización y desarrollo de minería ambiental, en la erradicación del mercurio, se debe proyectar un programa de reparación de las zonas afectadas. La pequeña minería, como base del consumo interno, es utópico en la medida en que nos menciona la estructura que se debe crear para analizar el origen legal del oro. No se menciona la persecución criminal a los delitos de lavado de activos.

GERMÁN VARGAS

SAVIA SALUD

Es un fracaso. Eso fue una empresa que se constituyó entre la Gobernación, la Alcaldía y una empresa privada que poco aportó. El problema no es Savia Salud, son el 1.700.000 de afiliados a esa empresa que merecen mejor atención. Las deudas de Savia Salud ya superan los 750.000 millones. El Gobierno expidió un decreto autorizando a que se paguen con cargo a las regalías. Yo lo que creo prudente es liquidar esa empresa.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

La liquidación dejaría a la deriva 1,7 millones de afiliados. No es sensato proponerla sin plantear una alternativa de solución para los afiliados. Savia Salud con un apoyo político real y decidido desde el orden nacional, departamental y local, involucrando a los prestadores y los afiliados puede ser un caso exitoso de alianza público-privada en el marco de la reorientación que se le está dando al sistema a partir de la ley estatutaria.

BANDAS CRIMINALES

Libraremos una lucha frontal contra los delitos que más afectan la tranquilidad. Aumentaré el pie de fuerza y la seguridad en el departamento, mediante el fortalecimiento y reestructuración de la Policía, reemplazaremos los CAI por estaciones y subestaciones que cuenten con todos los servicios: inspector, policía judicial, Fiscalía, centros de conciliación y comisarías de familia.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Este candidato sigue firme en la idea de que lo identifiquen como el primer policía de Colombia. Insiste en defender la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía a través de reestructuraciones de la Policía Nacional. Considera, además, que es necesario poner en diálogo y trabajo coordinado entre las múltiples organizaciones que se involucran en el sistema de lucha contra la criminalidad.

MINERÍA ILEGAL

Mi política pública para el ambiente contempla acciones concretas para perseguir a los delincuentes de la minería criminal y la deforestación a través de una efectiva judicialización, la trazabilidad de la maquinaria empleada y un sistema satelital para detectar las zonas afectadas con estas actividades ilegales.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

La lucha contra la minería ilegal debe plantearse de manera integral, contra traficantes de madera, de fauna y flora silvestre, traficantes de maquinaria y de mercurio, redes de extorsionistas, tráfico de personas y de hidrocarburos. Se debe modernizar las herramientas normativas ya que en los procesos se capturan los bajos y niveles medios de las organizaciones transnacionales. Sin embargo quienes lavan los activos quedan por fuera de estos procesos.

 FUENTE EL COLOMBIANO

 

Las causas que dejan acéfalos a los municipios.

En medio de la investigación por corrupción en el financiamiento de vías en Armenia, por el que ya fue enviada a la cárcel la exalcaldesa, Luz Piedad Valencia, la Fiscalía General de la Nación encontró que el actual mandatario, Carlos Mario Álvarez, también está involucrado y por eso, fue capturado el domingo 29 de abril.

El ente investigador encontró que Álvarez firmó cuatro pagarés por 6.000 millones de pesos cuando era candidato para financiar su campaña, un dinero que provenía de un proyecto de 100.000 millones para obras viales en la capital del Quindío, que fue recaudado por impuesto de valorización aprobado durante la administración de Valencia.

Es decir que Álvarez llegó a la alcaldía gracias al dinero de la ciudad a la que aspiraba y llegó a gobernar.

No es un caso de excepción. Al revisar las causas por las que más han salido de su cargo los alcaldes, resalta principalmente las irregularidades a la hora de licitar y adjudicar los contratos.

Según datos de la Procuraduría, en el actual periodo electoral (2016-2019) existen 5.521 procesos activos contra alcaldes, lo cual habla en promedio de más de cinco investigaciones por cada mandatario, contando con que hay 1.122 municipios en Colombia.

Vale anotar que muchas de estas investigaciones no llegan a convertirse en sanciones, ya que a la fecha, solo 13 municipios han terminado acéfalos por un periodo determinado de tiempo.

Sin embargo, de este voluminoso expediente del ministerio público, en 142 de los casos ya hay un fallo sancionatorio (que no siempre se trata de una suspensión, puede ser también destituido) y hay 220 pliegos de cargos elaborados para las distintas alcaldías.

Las irregularidades encontradas son casi calcadas entre ellas para el tema contractual: pliegos amañados, contrataciones a dedo o sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y falta de idoneidad en el contratista, lo que termina concluyendo en obras inconclusas o infladas a la hora de calcular su costo final.

De hecho, en su último informe sobre este tema, presentado el 23 de abril pasado sobre los hallazgos de 2017, la Contraloría General de la República encontró en todo el país obras inservibles, llamadas “elefantes blancos”, por un costo para la nación calculado en 323.574 millones de pesos.

Regresando a los alcaldes castigados por los entes de control, los casos más sonoros tienen la sospecha de corrupción como principal detonante de estos comportamientos. A Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha, capital Guajira, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años el 28 de abril pasado tras encontrar que adjudicó el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para su municipio de manera directa, por medio de un convenio de asociación que correspondía en realidad a un contrato de suministros. 5.700 millones de pesos de este PAE para una región necesitada como La Guajira quedaron en riesgo por la decisión.

Además de este fenómeno, otro indicador que se encuentra en gran cantidad al revisar los casos de cada alcalde es el de los errores de carácter administrativo.

Por citar un ejemplo, en Cartagena, donde eligieron este domingo al noveno alcalde en 10 años, su mandatario Manuel Vicente Duque fue suspendido el 18 de mayo de 2017 por haber cambiado dos veces en siete meses la competencia de control urbano, lo que habría sido determinante dentro del caos de las curadurías que se descubrió en la capital de Bolívar a raíz del desplome del edificio Blas de Lezo en abril de ese año, que dejó 21 personas muertas.

Investigaciones posteriores llevaron a Duque a la cárcel, pues se descubrió que habría acordado con 14 concejales de la ciudad la elección de una contralora que no cumplía con los requisitos legales.

¿Qué está pasando?

Una cifra abultada de denuncias de corrupción no siempre es un síntoma de que las cosas van marchando peor que antes. Suele también responder a un cambio en la sociedad, que se ve alimentado por una mayor disponibilidad de información y una mayor demanda de transparencia.

Así lo considera Pablo Sanabria, doctor en Administración y Políticas Públicas y experto en temas de corrupción de la Escuela de Gobierno de la U. de Los Andes. “Esto no es un tema solo de lo público y quienes están en cargos de poder, sino de los ciudadanos. No solo es el funcionario, sino la sociedad la que es corrupta… Lo que la evidencia ha mostrado es que no es necesariamente con estrategias penales como se reduce la corrupción”.

Para Sanabria, aunque es especialmente en estas épocas electorales cuando se hace más publicidad sobre la solución punitiva y carcelaria para castigar al corrupto, “se tienen que pensar en estrategias a largo plazo”.

“Lo que hay que mirar es qué del estatuto anticorrupción sirve y qué no, porque estos se enfocan más en lo punitivo. Ver si cada municipio puede tomar esta política nivel nacional, evaluar cuáles prácticas son más usuales y generar para sí mismos un plan propio”.

Acorde con los hallazgos de la Escuela de Gobierno de Los Andes, cada municipio tiene prácticas corruptas propias en mayor o menor cantidad. “Hemos encontrado que este es un fenómeno más local, que responde a particularidades”, concluyó.

Según este experto, el ciudadano es sensible a casos colosales de corrupción, como el caso Odebrecht o Reficar. Sin embargo, su nivel de indignación es nulo cuando se trata de comportamientos individuales, como sobornar a un agente de Tránsito o pagar para que un trámite sea más veloz.

Víctimas del centralismo

“Es muy complicado ser alcalde en Colombia”, expuso el director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, para defender que las cifras de sanciones, en muchos casos, corresponden a una desconexión de la realidad colombiana.

“Tenemos un país famoso por producir normas permanentemente que cambian las reglas de juego en la administración pública local. Se expiden más o menos al año más de 3.000 normas que lo afectan, como si todos los municipios fueran iguales”, explicó.

Para Toro, existe una serie de particularidades en los municipios que hacen imposible la aplicación de normas centralizadas: “Tenemos muchas ciudades que no tienen recursos para asesores jurídicos competentes que conozcan toda esa maraña de normas. Entonces es muy fácil que un alcalde cometa un error. Además, hay pueblos apartados donde contratan con un solo oferente, porque es el único que hay”.

Dice no desconocer la facilidad que hay en Colombia para prácticas de poca transparencia y admitió que en las campañas a las alcaldías es usual que aparezcan contratistas con dinero para financiar y ganas de cobrar el favor posteriormente, “pero es indiscutible que una campaña cuesta un ojo de la cara. Hay la solución es que haya una financiación estatal efectiva de las campañas”.

Concluyó el director de Fedemunicipios que “en Colombia nos preocupa más el control formal que el control real de los recursos públicos”.

Según las conclusiones de la Federación, la interinidad de los alcaldes son nefastas para el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo de los municipios pues calcula que, entre las aprobaciones de los planes de desarrollo, los empalmes y las leyes de garantías, un mandatario local solo alcanza a gobernar 26 meses de los cuatro años de periodo.

FUENTE EL COLOMBIANO

70 años de una violencia que no termina.

Más allá de El Bogotazo, la oleada violenta que estalló con el magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán derivó en un “colombianazo” con víctimas en todo el país, que hoy, 70 años después de confrontaciones armadas en violencias sucesivas, ha cobrado la vida de cerca de un millón de personas, casi la mitad de la población de Medellín. Todavía hay sectores de la sociedad colombiana que siguen reclamando más muertos.

Antes de que Gaitán expirara, la turba que reaccionó había convertido en muladar las zonas vecinas de la carrera Séptima con la avenida Jiménez, escenario del crimen, con el cadáver y la sangre de Juan Roa Sierra, señalado como el supuesto homicida.

Su cuerpo inerte, desnudo, apuñalado, lacerado y molido por todo el que pudo golpearlo fue arrastrado hasta la casa presidencial, donde la muchedumbre enardecida reclamaba la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, a cuyo gobierno se le endilgaba el crimen.

Registros de ese 9 de abril dicen que en las horas que siguieron al magnicidio murieron, solo en Bogotá, entre 500 y 3.000 personas, la mayoría sepultadas en fosas comunes bajo cruces sin nombres. Los heridos, saqueos e incendios se contabilizaron por miles.

La calma fue impuesta a precio de bala por el gobierno de Ospina Pérez, quien se mantuvo firme en su cargo, pese al fuego que le echaban a la hoguera los líderes de los partidos Liberal y Conservador, Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, intentando sacarlo del poder, hecho que narra el periodista Alberto Velásquez Martínez, en el libro Colombia País de Rupturas, que estará en circulación este miércoles.

Sometidos los revoltosos en Bogotá y otras ciudades y pueblos grandes, Colombia entró en la noche negra de la violencia partidista, que se prolongó por diez años.

Frente Nacional

El fin de esa primera vorágine cesó con la creación del Frente Nacional luego de pasar por el gobierno de Laureano Gómez, que quiso apagar el fuego con fuego, y la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien sacó a Gómez del poder. La confrontación cobró entre 200.000 y 300.000 vidas. Más de dos millones de personas fueron desplazadas en una nación de diez millones de habitantes.

Los campos fueron desolados, los ríos y sembradíos sirvieron de cementerio de miles de personas, la muerte misma, con sus agentes oficiales y no oficiales, se jactó con todas sus formas de terror: corte de franela, de corbata, crucifixiones, decapitaciones, lapidaciones, descuartizamientos, despellejamientos y empalamientos, que a su vez incubaban toda suerte de venganzas…

Figura de Gaitán

Pero quién fue y qué significaba Gaitán para que su muerte hubiese partido la historia de Colombia en el siglo XX, desatado una guerra civil que inició con cargas de machete contra escopetas, fusiles y bombardeos oficiales y que luego derivó en nuevos conflictos, muchos disímiles entre sí, pero que han tenido como base el pensamiento gaitanista, como las guerrillas, paramilitares, delincuencia organizada y las bacrim, caso Autodefensas Gaitanistas de Urabá…

El historiador de la Universidad Nacional, Guillermo Aguirre, describe al líder como un hombre superior, un caudillo con alto voltaje; con una enorme personalidad política y una capacidad de oratoria avasallantes; conectado con el sentir de las clases más desfavorecidas, a las que sabía llegarles con mensajes, algunos, de tinte populista, y que conocía el momento histórico que vivía un país, asolado por la violencia política, desatada tras el fin de la hegemonía conservadora.

Esa enorme franja de la población veía en Gaitán la esperanza de un gobierno popular, con programas de alto impacto social. “Su muerte frustró ese sueño y la gente terminó desfogándose por los caminos de la violencia”, comenta.

Abusos con su imagen

Darío Acevedo, analista político y profesor asociado de la Universidad Nacional, dice que si bien Gaitán no fue el primero, sí ha sido el más grande movilizador de masas en la historia de Colombia.

“Él usó técnicas caudillistas que presenció cuando estudió en Italia, en la época de florecimiento de la dictadura de Moussolini. Eso le valió para que lo acusaran de fascista los liberales oficialistas, los conservadores, la Iglesia, la prensa liberal y conservadora y los comunistas que veían en él a un enemigo”.

Así, entre cruces y odios políticos, Gaitán, quien conectaba con el pueblo raso fue apabullado, apaleado, señalado de hampón, homicida y caricaturizado en una campaña sistemática de desprestigio, orquestada desde el oficialismo liberal, que dirigía Gabriel Turbay; el conservatismo que inspiraba Laureano Gómez; la Iglesia Católica, en la voz de monseñor Miguel Ángel Builes, los comunistas, terratenientes y demás formas del poder local y nacional.

Su programa político no tenía mayor misterio en esa época y no hay nada que pueda llevar a pensar que preconizaba un nacionalismo extremo ni que condujera a instaurar el socialismo en Colombia.

Los historiadores coinciden en que Gaitán no era socialista, era un liberal de tendencia intervencionista, muy propia de la época.

“Lo que se ha dicho de él es una infamia. Su hija Gloria Gaitán afirma que su pensamiento era socialista y que era un científico político, todo un exabrupto; los comunistas y muchos sectores de la izquierda marxista, hasta los años 80, miraban su proyecto con desconfianza y a él como un miembro de la oligarquía, un demagogo y un enemigo de los trabajadores”, dice.

En los años 80 y 90, con los cambios del comunismo en China, Rusia y Alemania, los socialistas y comunistas criollos y latinoamericanos dieron un giro y se dedicaron a reivindicar figuras nacionales, sin haber hecho un ejercicio de rechazo o crítica a sus antiguas posiciones.

Entonces, convirtieron en héroes a quienes antes miraban como oligarcas, egoístas, defensores del culto a la personalidad y desalmados.

Por esa vía oportunista introdujeron a sus proyectos a personajes como Bolívar, que nunca fue un marxista o socialista, porque fue anterior a Marx; Gaitán, cuya figura la han utilizado para tratar de llegarle más fácil a la gente, sobre todo al campesinado que sí sabía quién había sido Gaitán y, por alguna razón de escuela, quizás también conoce algo elemental sobre Bolívar.

El presidente que no fue

En el texto Colombia entre el Sismo y el Cisma, Velásquez Martínez señala que en las elecciones de 1946, el Partido Comunista había adherido a Gabriel Turbay por considerar a Gaitán un “aventurero, político y un oportunista de discursos farragosos y lo calificaban de facistoide”.

Turbay apoyado en el oficialismo de su partido mantuvo la división cerrándole el paso así a Gaitán. Al final, las urnas favorecieron al conservador Ospina Pérez.

Turbay dejó a Colombia y se fue a vivir su derrota a Europa. En París lo arropó la muerte. Gaitán no cedió y arreció contra el orden establecido en un país de castas dominantes.

Su presencia en las plazas públicas era desbordante. Por millares los liberales, conservadores gaitanistas e incluso los sin partido acudían a escuchar su voz. En las elecciones legislativas de 1947 logró las mayorías electorales.

El 7 de febrero de 1948, dos meses antes de su muerte, encabezó la “Marcha del silencio”, en Bogotá, a la que acudieron 100.000 personas. Protestaban por la violencia política. “Señor Presidente (Ospina) os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre”, clamó en la manifestación.

Una semana después, en otra marcha multitudinaria en Manizales, en honor a 20 liberales asesinados, volvió a levantar la voz contra la campaña de exterminio, protagonizada por agentes del gobierno.

La muerte sigue su cauce

Gaitán se sentía invulnerable al lado de su gente. “Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal”.

¿Quién lo mató? Se señala a Roa, pero las dudas son más certeras que la certeza oficial misma y señalan al sicario como un simple eslabón de una confabulación.

El historiador Germán Olano, de la Universidad el Rosario, dice que el general Marshall, de EE. UU., siempre creyó que el Bogotazo fue obra de Moscú. En un libro de Olano sobre el caso Gaitán, publicado en 1956, denuncia a Fidel Castro, quien ese día se encontraba en Bogotá en un encuentro internacional de estudiantes, como una de las personas que disparó contra el líder liberal y “hasta hoy nadie me ha desmentido”, dice.

El expresidente Alfonso López Michelsen, señala a Juan Roa Sierra como un “pobre desquiciado”. Plinio Apuleyo Mendoza, en otro libro, dice que “todo lo cuadró un policía”; pero en otro texto, se comenta que el padre de Plinio Apuleyo,Plinio Apuleyo Neira, liberal, exjefe de la policía, que acompañaba a Gaitán, lo había llevado hasta el sitio donde le disparó el sicario, pues el caudillo amenazaba el liderazgo del liberalismo en ese momento, dice Olano.

Como en los magnicidios de la historia de Colombia, nunca se sabrá quién o quiénes planearon todo y dieron la orden de muerte.

En 1953, “Pinilla ascendió al poder arropado por la oligarquía criolla y los jefes de los partidos Liberal y Conservador que veían comprometido su futuro por el avance de las guerrillas del Llano, que ya sumaban unos 10.000 hombres en armas, bajo el mando de Guadalupe Salcedo; habían realizado tres conferencias y en la última decidieron marchar sobre Bogotá. En ese momento el ejército oficial sumaba 8.000 efectivos”, dice el historiador.

Paralelo con las guerrillas liberales de los Llanos, en las tierras de la zona Andina y los santanderes operaban ejércitos de bandoleros liberales, que solo buscaban hacer daño a todo aquello que relacionaran con el conservatismo, y “Los pájaros”, una maquinaria sanguinaria en extremo, con apoyo oficial.

La suerte jugó a favor del establecimiento. El primer gran acto de Pinilla fue declarar una amnistía y un perdón general para todos los actores de la guerra civil. Salcedo y sus hombres se desmovilizaron, lo mismo hicieron pájaros y demás bandoleros.

Democracia a medias

Cuatro años después cae la dictadura y liberales y conservadores crean el Frente Nacional, una forma imperfecta de democracia, la cual si bien logró poner fin a la violencia partidista, dejó por fuera de la construcción de la nueva nación a amplios sectores políticos, sociales y a miles de ciudadanos que se oponían a la forma como los partidos tradicionales manejan el país.

En 1964, un exguerrillero liberal, Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, muerto de infarto mientras campeaba en la Colombia profunda, creó las Farc, como autodefensa campesina por los ataques del gobierno central contra las poblaciones que lo cuestionaban; la chispa violenta creció y al año siguiente nació el Eln; al siguiente, el Epl, en los 70 emergió el M19 y en los 80 aparece el narcotráfico, sus ejércitos mafiosos y su enorme capacidad de degradación de amplios sectores de la sociedad. En su texto Colombia país de rupturas, Velásquez Martínez señala a este como el peor de todos los males de Colombia en el siglo XX, incluso por encima de El Bogotazo.

En los noventa, luego de varios intentos frustrados de diálogos con las guerrillas y el ascenso de estas, surgen las Auc, en buena parte financiadas con recursos del narcotráfico y la chispa violenta se eleva a conflagración.

Esperanza lejana

A inicios de los noventa, convencidos de que era más el daño que estaban haciendo que el que querían reparar, se desmovilizaron varios grupos guerrilleros. Se necesitaron 25 años de diálogos frustrados y muertes para que las Farc lo hicieran. El tiempo corre y el Eln sigue esquivo a su reinserción a la vida civil.

El contador de la muerte no para. El Registro Único de Víctimas del Conflicto suma 8.074.272 víctimas – hoy es el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas–, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros.

Las condiciones bajo las que se desmovilizaron las Farc no convencen a amplios sectores ciudadanos y el debate se traslada a una campaña política en la que los programas pasan a segundo plano y los líderes de las fuerzas en contienda enfocan sus baterías en hacer daño a la persona de su opositor, hecho que lleva al país a recordar los días siniestros que antecedieron El Bogotazo o “el colombianazo”.

Que llegue la paz a la tumba de Gaitán, porque Colombia se descubre lejos de alcanzarla.

EL COLOMBIANO

En La Guajira sobran promesas, pero faltan hechos contundentes.

Justo en febrero del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos intervino La Guajira con el objetivo de mejorar la atención en los sectores de salud, acueducto y alimentación de La Guajira, pero pasados 13 meses de aquella decisión, la situación no ha cambiado mucho. Así, lo reveló esta semana la Defensoría.

En Riohacha, su capital, el 15,1 % de sus habitantes está en situación de pobreza extrema, según el Dane, es decir, obtienen ingresos mensuales por $116.330 o menos, lo que, directamente, redunda en la crítica situación que viven.

Los guajiros siguen sumidos en desnutrición, pobreza y desigualdad, y cada que es visitada por una autoridad que defiende los Derechos Humanos –como sucedió con la Defensoría del Pueblo– quedan expuestas las condiciones de vida que afrontan, en especial las comunidades wayúu.

Hasta la semana epidemiológica 12, que recoge datos de enero a marzo de este año, al Instituto Nacional de Salud (INS) le reportaron 16 muertes por desnutrición o síntomas asociados a este flagelo, con corte a marzo. Lo más grave es que pese a las acciones del gobierno, son siete muertes más que en el mismo lapso del año pasado, según cifras del propio INS.

“A los niños les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados”, criticó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la Audiencia Defensorial sobre la situación de mortalidad por desnutrición o causas asociadas, de esta semana.

Negret insistió en que los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu. “La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántos acceden a agua potable”.

Así mismo, sostuvo que esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó en diciembre pasado, protección a los derechos de alrededor de 3.000 indígenas de la región.

Críticas al gobierno

El defensor cuestionó las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerar que debía estar en la Audiencia y no llegó su directora,Karen Abudinen. Justamente ayer Abudinen arribó al departamento con la “Operación Guajira”, con la que atenderá a los menores de edad.

Ángel María Solano, presidente de la Veeduría Nacional de Salud para La Guajira, coincidió con lo planteado, pues señaló que la intervención ha puesto barreras para que la atención sea directa. Además, Solano reclamó la falta del agua para algunas zonas, sobre todo en la Alta Guajira.

“El Estado no está haciendo lo que le compete”, cuestionó Solano, haciendo hincapié en que el presidente Santos ya va a cumplir sus ocho años de gobierno, pero las condiciones no cambiaron.

Abudinen, para hacerle frente al reclamo, agregó que durante dos semanas cerca de 600 profesionales atenderán a los niños, además de que cada cuatro días entregará un informe de lo que se hace. Una estrategia similar fue implementada por la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, pero los casos de desnutrición se mantuvieron; no obstante, tras denuncias de corrupción en la región, la Fiscalía logró capturar a 11 contratistas, quienes defraudaron a la entidad en alrededor de $2.700 millones en 2016.

Las acciones

Pese a que la situación sigue siendo crítica, no se debe desconocer que se han hecho esfuerzos enfocados, precisamente, en la atención en salud de las comunidades, así como en educación y acueducto. Esto lo planteó Weildler Guerra, exgobernador, quien señaló que es necesario tener en cuenta el factor climático, pues estos tres meses han sido secos, lo que representa falta de agua, “que afecta la seguridad alimentaria, pues no hay líquido para los alimentos ni los cultivos”. También reconoció que se debe hacer seguimiento especial a los Wayúu que llegan de Venezuela “en condiciones muy difíciles”.

Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que las condiciones estructurales de La Guajira y de otros departamentos en condiciones provocan que los planes de intervención y atención multidisciplinares sean más complejos; sin embargo, manifestó que “desde el sector se ha generado una estrategia fundamentada en la atención primaria”, que consiste en mayor presencia de centros de salud, para que la atención sea rápida.

Aunque el gobierno Santos invirtió en 2017 alrededor de $785 mil millones para los sectores de salud, educación y acueducto, lo que esperan en La Guajira es que se disponga de más plata, para que la crisis se resuelva.

FUENTE EL COLOMBIANO

Depuración de archivos, la gran tarea de la justicia para la paz.

Seis bóvedas con 1.545 cajas con la información de inteligencia que por años recopiló el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pasarán en los próximos meses a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto sumado a los expedientes de la Corte Suprema de Justicia y los que empezarán a entregar los tribunales del país se convierten en un volumen casi inmanejable de información, en la que reposa, finalmente, lo ocurrido en el conflicto en Colombia.

El acceso a esos archivos hace posible el derecho a la verdad que tienen las víctimas, reseña el informe “Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo”, de Dejusticia, una ONG que ha estudiado el sistema transicional en Colombia.

La dificultad radicará, de acuerdo con ese documento, en la conservación y la indexación de ese material. Será entonces tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la propia JEP “producir y recopilar unos conjuntos documentales de excepcional valor para la memoria del país”.

Medidas cautelares

La JEP otorgó medidas cautelares a los documentos inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, basada en que, entre otras cosas, “las múltiples investigaciones penales, ya concluidas y en curso, se fundamentaron en gran medida en documentos que reflejaban el presunto actuar delictivo de funcionarios y empleados del DAS y las relaciones con grupos al margen de la ley, razón por la cual su preservación y disponibilidad para la JEP es de suma importancia, para la consecución de la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.

Según ese órgano transicional, los documentos del DAS corren riesgo de perderse, incluso, en el pasado ya otras organizaciones han alertado de destrucción y abandono de material muy sensible.

Para Claudia Julieta Duque, periodista que fue torturada por el DAS cuando investigaba irregularidades, esta “es una medida tardía, porque ya se perdieron los archivos digitales y más de 60.000 documentos que estaban en papel de fax y jamás fueron fotocopiados”.

Agregó que tampoco es una medida suficiente porque “solo cobija archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Por mi experiencia, en otros documentos como los administrativos (folios de vida, felicitaciones), los de transporte y vehículos, entre otros, reposa información clave para esclarecer crímenes y responsables”.

Duque explicó que, por ejemplo, con los documentos de entrega de papelería lograron establecer la existencia del G3, un grupo especial, que de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hacía inteligencia con apariencia de legalidad, pero se dedicaba a cometer delitos contra opositores al Gobierno. Era precisamente el grupo de las llamadas chuzadas.

Los expedientes de la Corte

Los que sí llegaron a la JEP son los primeros 18 expedientes de la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de los múltiples asuntos que la JEP tendrá que resolver. Son 50 años de conflicto resumidos en unos casos emblemáticos: el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino a manos de las Farc; el caso de la guerrillera Marilú Ramírez, conocida como la Mata Hari, que infiltró un curso de oficiales de la Escuela Superior de Guerra contra la que atentó y el caso contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario por la masacre de la familia Turbay Cote.

Además, se encuentran los expedientes de diez militares condenados por falsos positivos en diferentes regiones del país; el caso de Gilberto Torres Muñetón,quien fue confundido con alias El Becerro, comandante del frente 57 de las Farc; el caso de Henry Becerra Torres, condenado por el asesinato de Édgar David Carvajal Arango, desmovilizado de las Farc; el archivo en contra de Edison Moreno Barragán por la detonación de una bomba en Bogotá; el proceso contra 11 miembros de una organización que proveía material bélico al Bloque Oriental y el de otros dos colaboradores que les vendían armas.

Cuando los expedientes fueron entregados a la JEP, el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte, aseguró que “si le va bien a la JEP, le va bien al país. Tras la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno con la guerrilla de las Farc, la justicia sigue siendo una sola. Y, en este proceso de transición, tiene que estar acompañada de acciones que nos lleven a conocer la verdad y a reparar el daño causado”.

y agregó: “Todas las instituciones del país, incluida la Corte Suprema debemos apoyar estos procesos que nos llevarán a reconstruir una Nación con millones de víctimas ansiosas de encontrar la paz”.

La tarea no es poca, y mucho menos fácil, aún no se han tramitado todas las leyes que soportan la justicia especial, pero, la misión es una sola: develar los sucedido en 50 años de guerra..

FUENTE EL COLOMBIANO

Durante el puente se movilizaron 2,6 millones de vehículos en el país.

El ministro de Transporte, Germán Cardona, y el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, presentaron el balance del puente festivo, en el que se movilizaron 2.682.000 vehículos por las carreteras del país.

“Se han movilizado a nivel nacional 2.682.000 vehículos por las carreteras del país. En el departamento de Cundinamarca lo han hecho 817.000 automóviles y por Bogotá 487.000”, indicó Castrillón.

En materia de accidentalidad, los funcionarios destacaron que se presentó una disminución en el número de muertos en accidentes de tránsito, sin embargo, se registraron 27 víctimas fatales.

“Se han presentado 118 accidentes que han arrojado 142 personas heridas. A pesar de la disminución en el número de muertos, se han presentado 27 personas fallecidas y para nosotros es lamentable porque trabajamos para salvar vidas. Sin embargo, hemos logrado disminuir un 57 % en el número de muertos que equivale a 36 fallecimientos menos en las vías del país”, manifestó Castrillón

Por su parte, el ministro de Transporte aseguró que “en este puente festivo afortunadamente se disminuyeron los accidentes y se presentaron 344 siniestros menos y 454 lesionados menos respecto a la mismo periodo del año anterior. Pero es muy triste para los colombianos que 27 personas hayan fallecido en accidentes de tránsito, de estas dos lo hicieron en estado de embriaguez”, aseguró Cardona.

Asimismo, durante el puente festivo se han efectuado 2721 pruebas de alcoholemia, en donde 233 personas fueron sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez.

“Hasta el momento hemos efectuado 3029 comparendos principalmente por manejar sin la licencia de conducción (580), no acatar las normas de tránsito (442), no tener la revisión técnico-mecánica al día (343), adelantar en sitios prohibidos (113) y desarrollar transporte ilegal o informal (125)”, explicó el director de la Policía de Tránsito.

FUENTE EL COLOMBIANO