La crisis social y económica de Venezuela se ve reflejada directamente en los estómagos. Así lo revelan los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2017), realizada por la Fundación Bengoa –entidad privada–, que muestra cifras dramáticas en cuanto a pobreza en ese país.
“El 87 % de los venezolanos son pobres y 61 % está en la pobreza extrema”, es una de las conclusiones a las que se llega en el informe.
“Más del 60 % de los representantes de los hogares están dejando de comer o están acostándose con hambre para rendir los alimentos porque no había suficiente dinero para la compra”, explicó la médico especialista en nutrición Marianella Herrera, tras presentar los resultados.
Herrera también calificó como un “drama” el hecho de que la harina de maíz precocida, que se fabricaba en el país, había sido “destronada” de lugar como el primer alimento “en la intención de compra del venezolano promedio”, pues este producto está enriquecido con hierro, vitamina A y B. Un producto que se ha caracterizado por su calidad desapareció de los anaqueles y ahora conseguir un kilo es “casi una rareza”.
Según describió, ahora la que llega a los hogares es de una marca importada, que se vende en la caja de alimentos que otorga el Gobierno a precios subsidiados y que no está enriquecida, lo que golpea directamente la nutrición.
“No es novedad”
Andrés Colmenárez, director de la ONG Funpaz, con presencia en esta nación, sostuvo que “no es una novedad” el resultado de la encuesta, pues allí se han degradado los niveles históricos de pobreza en la población, por cuenta del régimen, que solo se ha fijado en mantenerse en el poder, y la hiperinflación.
“Los niveles de miseria a los que nos estamos enfrentando tienen consecuencias directas sobre los países vecinos, y se puede corroborar con el éxodo masivo”.
El director de Funpaz resalta que los países miembros de la OEA, en conjunto con la ONU, “deben tomar medidas urgentes que permitan paliar y apoyar” a los venezolanos, pues la preocupación aumenta. “Notamos que el ejecutivo no promueve la igualdad y la garantía de vida a los ciudadanos”, lo que se convierte en una clara vulneración de sus derechos.
En el mismo sentido, Encovi analizó la población consultada, según la distribución de sus ingresos y observó “una pérdida de 10 kilos de peso en promedio; es decir, todos los estratos socio económicos están afectados, incluso los más altos”.
Resalta que en 2014, cuando se empezó a aplicar, los consultados podían ser discriminados por estrato socio económico “y a partir de 2015 no fue posible” y solo se hace una “distinción entre los pobres y los no pobres”.
FUENTE EL COLOMBIANO.
