Internacional

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que Israel mata de una forma que “parece indiscriminada” y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza (la de la Franja de Gaza) no justifica el uso de munición letal.

“Parece que cualquiera puede ser asesinado o herido; mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700 metros de la valla. Dispararon a un amputado doble, ¿que amenaza es un amputado?”, afirmó el portavoz en Ginebra de la Oficina, Rupert Colville.

“Parece bastante claro que se está matando de forma indiscriminada”, precisó Colville.

“El uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, no el primero y debe responder a una amenaza a la vida. El intento de saltar o dañar una valla, o lanzar cocteles molotov no es claramente una amenaza de muerte”, subrayó el portavoz.

Colville puntualizó que el hecho de que no había “amenaza real de muerte” contra el Ejército israelí se demuestra en el hecho de que solo un soldado israelí resultó herido leve.

“La comparación de cifras habla por si sola”, y citó que según informaciones verificadas por la ONU, 58 personas murieron, entre ellas seis niños y un trabajador sanitario; y 1.360 personas resultaron heridas por munición letal, de las cuales 155 están en condición crítica y pueden morir en cualquier momento.

El Ministerio de Salud palestino eleva la cifra total de muertos a 60 y a 2.700 la de heridos, la mitad de ellos de bala o metralla.

Desde el 30 de marzo las diversas facciones palestinas han convocado manifestaciones semanales para reivindicar su derecho al retorno a las tierras de las que fueron expulsados o huyeron con la guerra y creación del Estado de Israel en 1948, que cumplió ayer setenta años.

Ayer, además, los palestinos se manifestaron contra la inauguración de la Embajada de EEUU en Jerusalén y en el marco de la Gran Marcha del Retorno.

“Hemos recordado en innumerables ocasiones a Israel las leyes internacionales y una y otra vez estás normas son ignoradas”, denunció el portavoz.

Colville recordó que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, ha definido lo que ocurre en Gaza como “muertes ilegales” porque el la Franja es un territorio ocupado por Israel, y es una violación de la cuarta Convención de Ginebra, el tratado que rige la actuación en zonas de conflicto.

Al mismo tiempo, Colville definió la situación en Gaza como de “pesadilla” dada la falta de camas de hospitales y de personal para tratarlos y denunció que “Israel una vez más no ha dejado salir de la Franja a palestinos heridos para obtener tratamiento en otro lugar”.

El portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, confirmó que Israel sigue “controlando” la salida desde Gaza y que la situación sanitaria es “una tragedia” dada la falta de capacidad para atender a “cientos de heridos” y que se están quedando sin materiales esenciales y se quedarán sin carburante en menos de una semana.

Tarik Jasarevic, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), añadió que la capacidad de reacción de los hospitales de Gaza está en mínimos desde hace una década a causa del bloqueo israelí a la franja, y que una de cada cinco medicinas esenciales se han agotado y se necesitan urgentemente tanto antibióticos para tratar a los heridos como tratamientos para el cáncer.

Según el recuento de la ONU, desde que comenzaron las protestas han muerto 112 personas, entre ellas 14 niños.

FUENTE EL COLOMBIANO.

La tragedia marcó a 68 hogares venezolanos, luego de que, el pasado miércoles 28 de marzo, un conato de motín dentro de una comisaría policial en Valencia, estado de Carabobo, en el centro de Venezuela, generara un incendio de gran magnitud. 68 reos fallecieron, el 80 % asfixiados por el hollín y el 20% restante, por quemaduras.

“La situación inicia con el intento de secuestro a un policía para quitarle su arma, no lo lograron y en represalia prendieron fuego a los colchones dentro de las celdas. El objetivo nunca fue que ocurriera algo de tal magnitud, la idea era que cuando se quemaran los colchones y empezara a salir humo, les abrieran las puertas de las celdas. Esto no ocurrió porque los dejaron encerrados”, relató Carlos Nieto, abogado especialista en Derechos Humanos y coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Este hecho, que tiene consternada a la comunidad internacional, fue rechazado por representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, que exigieron al gobierno de Nicolás Maduro una sincera disponibilidad para encarar las causas de lo ocurrido.

El suceso se ha convertido en el segundo incidente grave de este tipo en la historia carcelaria venezolana. Solo lo supera el incendio provocado en 1994 por reclusos en la cárcel de Sabaneta, en el estado Zulia, que dejó un saldo de 108 fallecidos y fue calificado como “una masacre, algo dantesco y doloroso”, por la entonces gobernadora de la región, Lolita Aniyar.

Sobre el hecho en Carabobo, la primera versión que se había manejado según la cual presuntamente se roció con gasolina a los reclusos y había cadáveres que presentaban marcas de proyectil, quedó descartada, precisó el coordinador de Una Ventana por la Libertad, ONG venezolana que lucha por los derechos de los presos: “Lo que sí hubo fue negligencia por parte de los policías: se fueron y los dejaron en las celdas muriéndose”.

En el centro de detención, construido para albergar 40 privados de libertad de manera preventiva y transitoria, permanecían un total de 250 personas. “La comisaría tenía una sobrepoblación del 400 %”, apuntó el activista.

Pero la historia carcelaria venezolana no solo registra incendios; sucesos atroces como el ocurrido en la Dirección de la Policía del Táchira, en octubre de 2016, en donde el secuestro de dos agentes se prolongó por unos 20 días, dejando muertos, desaparecidos y hasta hechos de canibalismo, forman parte de la crisis.

El hacinamiento, retardo procesal, la falta de alimentación y atención médica hacen cada día más difícil la vida dentro de los reclusorios.

La desesperación de quienes viven la tragedia de tener un pariente dentro de una cárcel venezolana se traduce en lágrimas y una constante tensión al no saber si saldrá o no con vida del sitio.

Así lo relató Aura Chacón, familiar de una reclusa del Centro Penitenciario de Occidente, en el Táchira, quien contó a EL COLOMBIANO que “ella está más flaca. Me dijo que no me preocupe, que todo va bien pero yo sé que no es así. Ha perdido más de 20 kilos desde que ingresó hace cinco años a prisión. Tiene una enfermedad en la piel, que le saca chichones en todo el cuerpo. No la asisten. Hace un mes fue la última vez que la vi y me dijo que solo comía una vez al día. Lo peor es que han restringido las visitas”.

Para el abogado constitucionalista y también defensor de los derechos humanosJosé Vicente Haro, la muerte de decenas de presos en cárceles y centros de detención venezolanos, no es nada nuevo.

“Es un hecho reiterado y responsabilidad del Estado, del régimen y su inhumano sistema carcelario”. Aunque en el país la pena de muerte fue abolida en 1863, Haro aseguró que “en Venezuela de facto existe esta condena”.

Durante 2017, de acuerdo al informe sobre la situación de Derechos Humanos en los centros de detención preventiva, presentado por Una Ventana a la Libertad, un total de 65 personas perdieron la vida en estos lugares, que no son propiamente centros carcelarios, sino de prejudicialización.

Las causas de las muertes han sido diversas pero las que más se repiten están relacionadas con impactos de bala (27 fallecidos); nueve personas murieron por cuadros de desnutrición y tuberculosis, y ocho más perdieron la vida al no recibir los tratamientos médicos requeridos. Otros cinco decesos se registraron por riñas y por agresión con armas cortopunzantes.

Paradójicamente las cifras demuestran que el 41 % de las muertes se produjeron por armas de fuego, aun cuando se desconoce cómo ingresan allá, sin embargo, el blindaje de la información por el Gobierno no permite conocer las cifras oficiales de estos hechos.

Las pequeñas cárceles que son lugares transitorios donde, tras 96 horas, el indiciado debe ir a la audiencia preliminar y de allí, según la decisión del juez, sale libre o se condena, se han convertido en recintos para cumplir sentencia.

La policía, que tiene como misión la seguridad de la población, se ha dedicado a cuidar presos. Acción para la que no tiene la preparación adecuada, ni posee espacios, logística o equipos. No existen cifras en Venezuela que indiquen cuántos agentes estarían con funciones penitenciarias, pero un 30 % de ellos se encuentran de custodios en los calabozos en lugar de estar en la calle, reseñó Nieto.

“El responsable es el Estado a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que prohibió el ingreso de reclusos a los centros carcelarios que ellos administran a menos que sea con autorización previa de ellos”, resaltó.

Alrededor de 500 centros de detención preventiva en el país están albergando actualmente a 45.000 personas. Casi el mismo número (55.000) del que hay en centros penitenciarios cumpliendo la pena o a la espera de un juicio en el que se dicte sentencia, de acuerdo a Una Ventana a la Libertad.

“El Estado venezolano ya ha reconocido el problema que se vive en los calabozos policiales. No le ha dado solución por negligencia, porque hasta ha creado comisiones de seguridad para atender esta problemática, pero no toma ninguna medida”, dijo Nieto.

La situación de hacinamiento en los centros de detención transitoria fue denunciada en octubre de 2017 ante la CIDH por la misma ONG.

La sobrepoblación carcelaria ha generado otros males como fugas masivas de detenidos dentro de las celdas de prevención (ver cronología).

El 70 % de los presos venezolanos no tienen aún una sentencia, no saben si son culpables o inocentes y en esa situación pueden pasar hasta 5 años o más de acuerdo a Una Ventana por la Libertad.

La situación carcelaria se ha convertido en un problema de políticas públicas, señaló el criminólogo Fermín Mármol, quien agregó que “hay venezolanos que duran años en las sedes policiales, cuando ninguna de estas tiene las condiciones (baños, canchas, médicos) que permitan albergarlos por tiempo prolongado. Se convierten en depósitos humanos y en una máquina violadora de derechos humanos”.

De acuerdo al experto, la razón por la que han proliferado cárceles transitorias para cumplir condenas en Venezuela son dos: el aumento de la criminalidad y la ineficiencia del sistema de justicia.

“Comparando las dos últimas décadas del siglo XX con las casi ya dos décadas del siglo XXI, se puede decir que el crimen en Venezuela se ha incrementado. Ahora tenemos más homicidios, robos, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y corrupción”, precisó.

La impunidad, dijo Mármol, también ha aumentado casi a la par del crimen y la violencia, demostrando la incapacidad del Estado.

“Nada puede funcionar en un país cuando sus gobernantes violan el pacto social de una nación, que no es más que la Constitución Nacional. Lamentablemente desde 1999 el sistema penitenciario del país le ha dado la espalda a la Constitución”, aseguró.

Para el criminólogo, invisibilizar la situación carcelaria es parte de las políticas adoptadas por el gobierno de Maduro.

FUENTE EL COLOMBIANO