La crisis en la Iglesia Católica chilena continúa. Esta vez, la Fiscalía de ese país anunció una investigación en contra de 158 miembros de la institución, entre los que estarían desde laicos y sacerdotes hasta obispos, quienes fueron acusados de perpetuar o encubrir casos de abusos sexuales contra niños, y adolescentes. Se estima que estos hechos habrían ocurrido en un lapso de casi 60 años, desde 1960 hasta la actualidad.
Según un informe entregado por el ente acusador que dio a conocer AFP, la gran mayoría de los hechos denunciados que serán materia de investigación corresponden a “delitos sexuales cometidos por sacerdotes, párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales”. Estas 158 personas habrían hecho parte del clero en el momento en el que ocurrieron las presuntas violaciones, motivo que las vinculó al proceso que lleva a cabo el ente acusador.
Jairo Coro, portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, llamó a reflexionar sobre la cifra de posibles víctimas que reveló la Fiscalía. Según su testimonio, “cada persona debió vivir un proceso sumamente doloroso” y aseguró que esta es lo que más “estremece y preocupa” a la Iglesia. Será necesario conocer el resultado de las investigaciones para saber con exactitud cuántos fueron los involucrado.
Los involucrados
Actualmente, la Fiscalía de Chile adelanta 144 investigaciones por presuntas violaciones a 266 víctimas. De estas, 178 serían niños y adolescentes, mientras 31 de los afectados son adultos y se desconoce si los restantes (58) eran o no menores de edad al momento del presunto delito.
Las organizaciones sociales han asegurado que se trata de un secreto a voces del que la Conferencia Episcopal de ese país tenía conocimiento desde hace más de diez años. Así lo expresó Juan Carlos Claret, quien integra una comunidad de laicos ubicada en la ciudad de Osorno. De acuerdo con su versión, la institución “conocía al menos 120 casos de sacerdotes involucrados en abusos sexuales”, por lo que comenta que la cifra que entregó ayer la Fiscalía “se queda corta” ante la magnitud de las denuncias.
FUENTE EL COLOMBIANO