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La tragedia marcó a 68 hogares venezolanos, luego de que, el pasado miércoles 28 de marzo, un conato de motín dentro de una comisaría policial en Valencia, estado de Carabobo, en el centro de Venezuela, generara un incendio de gran magnitud. 68 reos fallecieron, el 80 % asfixiados por el hollín y el 20% restante, por quemaduras.

“La situación inicia con el intento de secuestro a un policía para quitarle su arma, no lo lograron y en represalia prendieron fuego a los colchones dentro de las celdas. El objetivo nunca fue que ocurriera algo de tal magnitud, la idea era que cuando se quemaran los colchones y empezara a salir humo, les abrieran las puertas de las celdas. Esto no ocurrió porque los dejaron encerrados”, relató Carlos Nieto, abogado especialista en Derechos Humanos y coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Este hecho, que tiene consternada a la comunidad internacional, fue rechazado por representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, que exigieron al gobierno de Nicolás Maduro una sincera disponibilidad para encarar las causas de lo ocurrido.

El suceso se ha convertido en el segundo incidente grave de este tipo en la historia carcelaria venezolana. Solo lo supera el incendio provocado en 1994 por reclusos en la cárcel de Sabaneta, en el estado Zulia, que dejó un saldo de 108 fallecidos y fue calificado como “una masacre, algo dantesco y doloroso”, por la entonces gobernadora de la región, Lolita Aniyar.

Sobre el hecho en Carabobo, la primera versión que se había manejado según la cual presuntamente se roció con gasolina a los reclusos y había cadáveres que presentaban marcas de proyectil, quedó descartada, precisó el coordinador de Una Ventana por la Libertad, ONG venezolana que lucha por los derechos de los presos: “Lo que sí hubo fue negligencia por parte de los policías: se fueron y los dejaron en las celdas muriéndose”.

En el centro de detención, construido para albergar 40 privados de libertad de manera preventiva y transitoria, permanecían un total de 250 personas. “La comisaría tenía una sobrepoblación del 400 %”, apuntó el activista.

Pero la historia carcelaria venezolana no solo registra incendios; sucesos atroces como el ocurrido en la Dirección de la Policía del Táchira, en octubre de 2016, en donde el secuestro de dos agentes se prolongó por unos 20 días, dejando muertos, desaparecidos y hasta hechos de canibalismo, forman parte de la crisis.

El hacinamiento, retardo procesal, la falta de alimentación y atención médica hacen cada día más difícil la vida dentro de los reclusorios.

La desesperación de quienes viven la tragedia de tener un pariente dentro de una cárcel venezolana se traduce en lágrimas y una constante tensión al no saber si saldrá o no con vida del sitio.

Así lo relató Aura Chacón, familiar de una reclusa del Centro Penitenciario de Occidente, en el Táchira, quien contó a EL COLOMBIANO que “ella está más flaca. Me dijo que no me preocupe, que todo va bien pero yo sé que no es así. Ha perdido más de 20 kilos desde que ingresó hace cinco años a prisión. Tiene una enfermedad en la piel, que le saca chichones en todo el cuerpo. No la asisten. Hace un mes fue la última vez que la vi y me dijo que solo comía una vez al día. Lo peor es que han restringido las visitas”.

Para el abogado constitucionalista y también defensor de los derechos humanosJosé Vicente Haro, la muerte de decenas de presos en cárceles y centros de detención venezolanos, no es nada nuevo.

“Es un hecho reiterado y responsabilidad del Estado, del régimen y su inhumano sistema carcelario”. Aunque en el país la pena de muerte fue abolida en 1863, Haro aseguró que “en Venezuela de facto existe esta condena”.

Durante 2017, de acuerdo al informe sobre la situación de Derechos Humanos en los centros de detención preventiva, presentado por Una Ventana a la Libertad, un total de 65 personas perdieron la vida en estos lugares, que no son propiamente centros carcelarios, sino de prejudicialización.

Las causas de las muertes han sido diversas pero las que más se repiten están relacionadas con impactos de bala (27 fallecidos); nueve personas murieron por cuadros de desnutrición y tuberculosis, y ocho más perdieron la vida al no recibir los tratamientos médicos requeridos. Otros cinco decesos se registraron por riñas y por agresión con armas cortopunzantes.

Paradójicamente las cifras demuestran que el 41 % de las muertes se produjeron por armas de fuego, aun cuando se desconoce cómo ingresan allá, sin embargo, el blindaje de la información por el Gobierno no permite conocer las cifras oficiales de estos hechos.

Las pequeñas cárceles que son lugares transitorios donde, tras 96 horas, el indiciado debe ir a la audiencia preliminar y de allí, según la decisión del juez, sale libre o se condena, se han convertido en recintos para cumplir sentencia.

La policía, que tiene como misión la seguridad de la población, se ha dedicado a cuidar presos. Acción para la que no tiene la preparación adecuada, ni posee espacios, logística o equipos. No existen cifras en Venezuela que indiquen cuántos agentes estarían con funciones penitenciarias, pero un 30 % de ellos se encuentran de custodios en los calabozos en lugar de estar en la calle, reseñó Nieto.

“El responsable es el Estado a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que prohibió el ingreso de reclusos a los centros carcelarios que ellos administran a menos que sea con autorización previa de ellos”, resaltó.

Alrededor de 500 centros de detención preventiva en el país están albergando actualmente a 45.000 personas. Casi el mismo número (55.000) del que hay en centros penitenciarios cumpliendo la pena o a la espera de un juicio en el que se dicte sentencia, de acuerdo a Una Ventana a la Libertad.

“El Estado venezolano ya ha reconocido el problema que se vive en los calabozos policiales. No le ha dado solución por negligencia, porque hasta ha creado comisiones de seguridad para atender esta problemática, pero no toma ninguna medida”, dijo Nieto.

La situación de hacinamiento en los centros de detención transitoria fue denunciada en octubre de 2017 ante la CIDH por la misma ONG.

La sobrepoblación carcelaria ha generado otros males como fugas masivas de detenidos dentro de las celdas de prevención (ver cronología).

El 70 % de los presos venezolanos no tienen aún una sentencia, no saben si son culpables o inocentes y en esa situación pueden pasar hasta 5 años o más de acuerdo a Una Ventana por la Libertad.

La situación carcelaria se ha convertido en un problema de políticas públicas, señaló el criminólogo Fermín Mármol, quien agregó que “hay venezolanos que duran años en las sedes policiales, cuando ninguna de estas tiene las condiciones (baños, canchas, médicos) que permitan albergarlos por tiempo prolongado. Se convierten en depósitos humanos y en una máquina violadora de derechos humanos”.

De acuerdo al experto, la razón por la que han proliferado cárceles transitorias para cumplir condenas en Venezuela son dos: el aumento de la criminalidad y la ineficiencia del sistema de justicia.

“Comparando las dos últimas décadas del siglo XX con las casi ya dos décadas del siglo XXI, se puede decir que el crimen en Venezuela se ha incrementado. Ahora tenemos más homicidios, robos, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y corrupción”, precisó.

La impunidad, dijo Mármol, también ha aumentado casi a la par del crimen y la violencia, demostrando la incapacidad del Estado.

“Nada puede funcionar en un país cuando sus gobernantes violan el pacto social de una nación, que no es más que la Constitución Nacional. Lamentablemente desde 1999 el sistema penitenciario del país le ha dado la espalda a la Constitución”, aseguró.

Para el criminólogo, invisibilizar la situación carcelaria es parte de las políticas adoptadas por el gobierno de Maduro.

FUENTE EL COLOMBIANO

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacdh) publicó ayer un informe en el que establece, con tono concluyente, que en el caso de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, hay “fuerte evidencia de torturas”, y aún más, de que el caso “no fue investigado adecuadamente e incluso fue encubierto por el Estado”.

Según la Oacdh, está claro además que en la desaparición y asesinato de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa —que se encontraban protestando en septiembre, 4 años atrás, para conmemorar la masacre de Tlatelolco (1968)—, las autoridades tuvieron un papel clave, pues concluye que “personal de la Policía y de la Armada Mexicana” arrestó a los jóvenes que después fueron asesinados.

La versión oficial en México apunta a que policías corruptos entregaron a los estudiantes a narcos del cártel Guerreros Unidos, que les dio muerte. Pero la Oacdh no cerró la puerta a nuevas líneas de investigación, que implicarían de mayor forma al Estado, como señalan ONG y activistas de derechos humanos.

¿Qué de nuevo puede lograr con esto el máximo ente internacional para frenar la impunidad por uno de los más bochornosos casos de los últimos años en México? De antemano se evidencia que su informe, basado en análisis forenses y entrevistas con implicados —detenidos, testigos y autoridades—, agrega otro elemento al caso al concluir que hay evidencias de que 34 de ellos fueron torturados durante la pesquisa oficial.

Tampoco tiene ambigüedades para afirmar que a su vez, estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas.

¿Pero qué efectos podría dejar la investigación? Y, sobre todo, ¿serán jurídicamente vinculantes? EL COLOMBIANO consultó con expertos.

Para Guillermo Arizmendi, exasesor del Parlamento Latinoamericano en Derechos Humanos y docente de la Universidad de Caldas, en primer lugar la ONU ejerce presión directa contra las instituciones mexicanas. “Era una deuda de la comunidad internacional, que no ha hecho lo suficiente por demandar del Estado mexicano la depuración de la inmensa olla de corrupción que representan todos sus organismos de seguridad, de justicia y penitenciarios”, dijo.

Pero Arizmendi advierte que una de las causas de esa falta de presión en el pasado podría seguir siendo un obstáculo para la lucha contra la impunidad en este y otros casos: “si el Estado mexicano no tuviera ese músculo económico y diplomático en el concierto global, con toda seguridad que el caso Ayotzinapa ya se hubiera resuelto. En suma, es importante la conclusión a la que se ha llegado respecto a la tortura y el encubrimiento, pero aún falta más contundencia de ONU para llegar a la verdad y ayudar a depurar a la institucionalidad mexicana”.

En eso, por ejemplo, resultaría esperanzador que el caso Ayotzinapa sea declarado crimen de lesa humanidad, lo que permitiría ampliar la pesquisa, pero esto no se daría sin duda si los mecanismos internacionales sucumben, en opinión del experto, a la influencia regional de México.

Por su parte, Carlos Arévalo, docente de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, consideró que si bien el informe de la ONU no es vinculante, probablemente suscite por fin la apertura y avance de procesos contra el Estado mexicano en entes regionales y mundiales de justicia.

“La Oacdh establece básicamente que la investigación en México no estuvo bien hecha y tuvo un sesgo para eliminar las pruebas. No es obligatorio su informe jurídicamente, pero hace una recomendación al Estado mexicano de que haga bien la pesquisa contra los responsables. Y si este no obedece, ahí podrá ya entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sancionar y esta puede utilizar el informe como fundamento”, explicó.

A pesar de que Arévalo coincide en la idea de que México ha ejercido influencia para evitar consecuencias internacionales por el caso, es escéptico de la idea de que logre a futuro frenar la pesquisa:“esto no es ya un escenario político donde puede acudir al Consejo de Seguridad de ONU. Esto es un escenario de responsabilidad legal, y ahí ya no puede influir”.

FUENTE EL COLOMBIANO

La crisis social y económica de Venezuela se ve reflejada directamente en los estómagos. Así lo revelan los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2017), realizada por la Fundación Bengoa –entidad privada–, que muestra cifras dramáticas en cuanto a pobreza en ese país.

“El 87 % de los venezolanos son pobres y 61 % está en la pobreza extrema”, es una de las conclusiones a las que se llega en el informe.

“Más del 60 % de los representantes de los hogares están dejando de comer o están acostándose con hambre para rendir los alimentos porque no había suficiente dinero para la compra”, explicó la médico especialista en nutrición Marianella Herrera, tras presentar los resultados.

Herrera también calificó como un “drama” el hecho de que la harina de maíz precocida, que se fabricaba en el país, había sido “destronada” de lugar como el primer alimento “en la intención de compra del venezolano promedio”, pues este producto está enriquecido con hierro, vitamina A y B. Un producto que se ha caracterizado por su calidad desapareció de los anaqueles y ahora conseguir un kilo es “casi una rareza”.

Según describió, ahora la que llega a los hogares es de una marca importada, que se vende en la caja de alimentos que otorga el Gobierno a precios subsidiados y que no está enriquecida, lo que golpea directamente la nutrición.

Andrés Colmenárez, director de la ONG Funpaz, con presencia en esta nación, sostuvo que “no es una novedad” el resultado de la encuesta, pues allí se han degradado los niveles históricos de pobreza en la población, por cuenta del régimen, que solo se ha fijado en mantenerse en el poder, y la hiperinflación.

“Los niveles de miseria a los que nos estamos enfrentando tienen consecuencias directas sobre los países vecinos, y se puede corroborar con el éxodo masivo”.

El director de Funpaz resalta que los países miembros de la OEA, en conjunto con la ONU, “deben tomar medidas urgentes que permitan paliar y apoyar” a los venezolanos, pues la preocupación aumenta. “Notamos que el ejecutivo no promueve la igualdad y la garantía de vida a los ciudadanos”, lo que se convierte en una clara vulneración de sus derechos.

En el mismo sentido, Encovi analizó la población consultada, según la distribución de sus ingresos y observó “una pérdida de 10 kilos de peso en promedio; es decir, todos los estratos socio económicos están afectados, incluso los más altos”.

Resalta que en 2014, cuando se empezó a aplicar, los consultados podían ser discriminados por estrato socio económico “y a partir de 2015 no fue posible” y solo se hace una “distinción entre los pobres y los no pobres”.

FUENTE EL COLOMBIANO.