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La Organización Mundial de la Salud (OMS) clausuró este martes su asamblea anual con la firma de una resolución propuesta por 19 países miembros en la que pidió una mayor transparencia en los precios de los fármacos y el apoyo a la producción de éstos en países en desarrollo.

La resolución, que según fuentes de la OMS no tuvo el consenso de todos los asistentes a la asamblea -la industria farmacéutica no aprueba algunas de las propuestas- expresó su “grave preocupación por los altos precios de algunos productos sanitarios, y el desigual acceso de los Estados miembros a ellos”.

Ante esto y “la diversidad de datos sobre la cadena de valor de estos productos” la resolución urge a la OMS y los países miembros a “tomar medidas apropiadas para compartir públicamente información sobre los precios netos de los productos sanitarios”, según el borrador de la propuesta.

También se pide a los productores una información completa de “ingresos de ventas, precios, unidades vendidas, costes de mercado, subsidios e incentivos”.

Además, solicita “que se siga apoyando a los Estados miembros, especialmente a los países de ingresos medios y bajos, en el desarrollo de políticas nacionales que sirvan a la transparencia del mercado de productos sanitarios”.

Ello debería contribuir a “las capacidades nacionales de producción”, así como a “la rápida adopción de productos genéricos y biológicos similares a los convencionales”, destacó el texto propuesto.

La resolución fue promovida por países como Brasil, India, Italia, Grecia, Rusia, Portugal y España, entre otros.

La adopción del documento sirvió de colofón a nueve días de reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cerró con un discurso en el que lamentó recientes ataques a trabajadores sanitarios en zonas en conflicto, como Libia o la República Democrática del Congo.

“Nuestra visión es la de un mundo en el que la poliomielitis sea erradicada, en el que se preste atención a olvidadas enfermedades tropicales, en el que finalicen las epidemias de tuberculosis, VIH o malaria (…) o en el que la industria del tabaco cierre porque nadie quiera sus productos”, concluyó.

FUENTE EL COLOMBIANO

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Aunque la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Medimás ha concentrado la agenda en las últimas semanas, dada la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de revocarle su habilitación como EPS (que aún no está en firme), no es la única que aparece en el listado de los organismos de control como vulneradora de derechos de los usuarios.

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Salud, son 22 las que están bajo medida de vigilancia especial, es decir, que tienen la lupa del organismo de control para que mejoren las condiciones y, en caso de que eso no suceda, proceder a su cierre, que técnicamente se conoce como el retiro de la habilitación.

El asunto no es nuevo y es, para Jaime Arias, exministro de Salud, preocupante, toda vez que la mitad de las 44 EPS del país están siendo investigadas, lo que genera preocupación en los afiliados de 15 departamentos, donde están ubicadas las empresas (ver Informe).

“Es una voz de alarma que dice que las cosas no están funcionando, pero si el sistema de salud funcionara como se diseñó y como debería, sería normal que estuvieran dos o tres con esa vigilancia”.

¿Cuántos serían?

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, dijo que como están las cosas y si el panorama no cambia, serían alrededor de seis millones los afiliados que deberían ser reubicados.

Agrega que la entidad ya tiene experiencia y mecanismos de intervención, por ejemplo las usadas con Comfacor y Comparta. “Esa línea la vamos a continuar, garantizando el acceso al servicio de salud”, señala el superintendente, al destacar que hay decisiones sobre estas EPS en vigilancia especial que están por definirse.

Para ello hay 15 EPS, ocho del régimen contributivo, cinco del subsidiado y otras dos que están en ambos regímenes, con capacidad para aumentar sus afiliados, las que serían receptoras de los 3,8 millones de afiliados de Medimás (la segunda más grande del país) o los 1,7 millones de Savia Salud, en Antioquia, por ejemplo, en caso de que las decisiones finales sean retirarles las habilitaciones como EPS.

Entre las de mejores resultados aparecen Sura, Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Mutualser, que según pudo conocer este diario, están en los planes del Ministerio de Salud y de la Supersalud, para que sean las receptoras de los afiliados que estén en alguna EPS que pierda su habilitación, sin embargo, la cantidad de pacientes dependerá de sus capacidades. Por ejemplo, Nueva EPS dijo que podría atender hasta un millón de usuarios.

El origen del problema

Arias, quien fue senador ponente de la Ley 100 de 1993, que reformó el sistema de salud y que, básicamente, estableció un sistema solidario, agrega que el problema pasa por la desfinanciación, asunto en el que no hay cifras claras.

Por un lado, las empresas han dicho que el déficit bordea los 8 billones de pesos, mientras que oficialmente se habla de unos seis billones de pesos.

No obstante, para esto, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se aprobó crear el Acuerdo de Punto Final el cual permitirá tasar las deudas y encontrar un camino para sanearlas. Sobre este punto, el Supersalud recalcó que reconocer esas deudas y buscar caminos para saldarlas es una vía para que las EPS se fortalezcan, lo que se traducirá, directamente, en una mejor prestación de servicios de salud, que es el gran problemas de las EPS en la actualidad.

El exministro Arias destaca: “Las deudas que se tienen con las EPS también han generado las falencias, porque, de una u otra manera, le restan capacidad de actuar”, es decir, la ausencia de plata genera que la calidad de los servicios no sea la esperada, las citas con especialistas son lentas o hay demoras en la entrega de medicamentos.

Sobre lo que pasa en la actualidad, José Norman Salazar, quien es director del Centro de Derecho Médico (grupo de estudio académico del departamento de Caldas), señala que para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad, primero se debe garantizar que las EPS que serán receptoras, estén en capacidad de atender a por lo menos seis millones de usuarios que menciona el superintendente. Al respecto, Aristizábal sostiene que “hay un mercado asegurador fortalecido”.

FUENTE EL COLOMBIANO

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