¿Qué olvida Petro cuando pide no subir los precios?

La fijación de una tarifa para los servicios públicos domiciliarios o el transporte depende de muchas variables y no exclusivamente de un factor.

El ajuste del 16% que tendrá el salario mínimo el año que viene y su efecto positivo en las finanzas de los hogares, particularmente en los de ingresos bajos, quiere ser defendido a toda costa por el presidente, Gustavo Petro, quien durante el fin de semana viene insistiendo en que los precios de algunos bienes y servicios no deben subir.

Tras el acuerdo que permitió incrementar el mínimo en $160.000, el cual pasará de un millón de pesos a $1.160.000, en su cuenta de Twitter, el mandatario ha sido insistente en que los valores de grupos de gasto de la canasta familiar como los arriendos, los servicios públicos, el transporte, y la comida deben crecer un 13% el próximo año, pues la consigna es simple: “Se trata que el salario y los ingresos reales de los colombianos suban”.

Pero, el anuncio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) de aumentar las tarifas de transporte de los sistemas masivos en 12,53% suscitó el descontento de Petro, quien en la red social escribió: “¿Si el diésel no aumenta de precio, porque si los pasajes de los buses?

Además, el presidente recordó que Asocapitales no es autoridad tarifaria y le pidió la Superintendencia de Transporte una vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios propuestos, señalando que no se pueden indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte.

Claridad

En línea con la anotación de Petro, referente a la dinámica de los costos de la llamada canasta del transporte, se puede ejemplificar que según las cifras del Dane el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros muestra que entre julio y septiembre de este año la variación fue del 10,72% frente a los mismos meses del año anterior, impulsada por los grupos de gasto asociados a partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación, costos fijos e insumos (ver gráfico).

En ese contexto, Camilo García, director del Consejo Superior del Transporte, comentó que en los trinos al presidente Petro se le olvida que las tasas de uso de las terminales aumentan con la inflación al igual que los peajes.

A juicio del dirigente, el mandatario también deja de lado que los insumos tales como llantas, repuestos, aceites se han incrementado en más de 60% en el último año. “Nosotros tenemos trabajadores, a los que debemos incrementarles el salario mínimo”, añadió.

Igualmente, comentó que no hay seguros y para que a los transportadores les vendan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tienen que pagar por las pólizas de responsabilidad más altas del mercado.

A lo anterior se suma el hecho de que la demanda del transporte de pasajeros no se ha recuperado y está movilizando alrededor del 75% de pasajeros que en 2019, antes de la pandemia.

Y un detalle más, los costos de financiamiento son los mayores en dos décadas y por la caída del mercado y por las tasas de interés, los transportadores tienen acceso limitado al crédito, concluyó García.

Servicios

En otro de sus mensajes, Petro les solicitó a las comisiones reguladoras de servicios públicos desligar las tarifas del índice general de precios y de factores especulativos. ¿Puede hacerlo?

Para Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, Petro es quien administra la política general de servicios públicos, y lo hace a través de las comisiones reguladoras.

“Pero, para hacer efectivas medidas, como la anunciada en el trino, tiene que haber análisis, deliberación y decisión de la Comisión de Regulación de Energía, Gas (Creg), y modificar las fórmulas tarifarias que contengan la inflación como factor de actualización de tarifas. Creo que es un trino para producir sensación de que el aumento del salario mínimo no va a ser afectado por la tarifa de energía, muy personal del presidente, pero que falta ver cómo lo concreta con los miembros de la Creg”, finalizó Gaviria.

FUENTE: El Colombiano

Cundinamarca reporta 19 muertes por consumo de licor adulterado

Los informes forenses arrojaron que los muertos tenían en sus cuerpos rastros de metanol, alcohol conocido para el uso industrial y no apto para el consumo humano.

Las festividades navideñas apenas empiezan y en Bogotá ya reportan 16 muertes a causa del consumo de licor adulterado. La Secretaría Distrital de Salud alertó porque ha encontrado en algunas botellas componentes de metanol –alcohol inductrial no apto para el consumo humano–.

“Sector Salud y la Policía de Bogotá detectaron dos licores que contienen metanol, el cual produce intoxicación e incluso la muerte. No lo consuma y denuncie al 123 si ve su venta”, alertó Caludia López, alcaldesa de Bogotá.

De acuerdo con el reporte oficial, entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de este año se han registrado 16 muertes a causa de intoxicación por injerir licor adulterado en Bogotá.

Las autoridades capitalinas han realizado 131 operativos de control y como resultado de ellos han procedido con el cierre de 28 establecimientos que no cumplían con las normas sanitarias. Alertaron porque comercializar licor adulterado puede generar sanciones de tipo penal.

“Los que comercialicen, imiten o simulen bebidas alcohólicas pueden tener hasta 11 años de prisión, multa de 1.500 salarios mínimos y cierre definitivo del establecimiento”, señaló, por su parte, la secretaría de Seguridad de Bogotá.

Además de Bogotá, el municipio de Soacha también reportó tres muertes por consumo de licor adulterado. Las autoridades señalan a las marcas “Cabañita” y “Rey de Reyes” de comercializar las bebidas con compuestos de metanol.

¿Cómo esquivar el licor adulterado?

–Compre el licor en sitios autorizados.

–Verifique el estado de las botellas (sellos, envolturas y etiquetas).

–Desconfíe del licor con precios mucho más bajos de los ofrecidos por el resto del mercado.

–Las bebidas alcohólicas no deben presentar partículas en suspensión.

FUENTE: El Colombiano

Gobierno Petro da al ELN su quinto chance de hacer la paz

Desde este lunes los emisarios del Gobierno se sientan en la mesa
con los elenos. Así empiezan los diálogos en Caracas, Venezuela.

Cero y van cinco.Otra vez el Gobierno de Colombia se sienta con la guerrilla del ELN a negociar la paz, y en esta ocasión el presidente Gustavo Petro tiene todo su arsenal listo para que sea la vencida para acabar con una guerra de casi 60 años contra ese grupo armado. La mesa de conversaciones entre ambos bandos se instalará en la tarde de este lunes en Caracas, Venezuela, con el visto bueno del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y el jefe de le delegación del ELN, Pablo Beltrán.

Rueda es quien ha establecido los contactos de la Casa de Nariño con esa y otras asociaciones armadas del país para armar el rompecabezas de la “paz total” de Petro. Sin embargo, el ELN es hasta ahora el más relevante de ese catálogo de delincuentes y narcos porque es el único que tiene fines políticos, como en su momento los tenían las extintas Farc.

El mismo mandatario ha dejado ver que en ese objetivo de la paz todos caben. Si su “paz total” fuera un edificio en construcción, estas conversaciones serían el primer piso que cimienta las bases de las múltiples mesas que quiere poner en marcha durante sus cuatro años en la Casa de Nariño.

Entre las ambiciones de llegar a acuerdos con las disidencias de las Farc, grupos como el Clan del Golfo y otras narcobandas, el camino que inicia este lunes con el ELN es el que está más pavimentado. Las negociaciones tomarán como base lo que ya se había avanzado en los diálogos de paz más recientes que comenzaron con la administración de Juan Manuel Santos.

Esos tuvieron el banderazo de salida en Quito, en febrero de 2017 (ver Antecedentes), justo después del éxito santista de sellar la paz con las extintas Farc, pero encontraron su ocaso en el Ejecutivo de Iván Duque con el bombazo del grupo armado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, atentado terrorista en el que fallecieron 22 jóvenes que empezaban su carrera.

La participación del régimen de Nicolás Maduro en este proceso es tan necesaria como cuestionada porque, si bien se trata de una administración señalada de violar los Derechos Humanos de los venezolanos, la guerrilla tiene presencia en los dos países y buena parte de su accionar se concentra en la frontera binacional.

Venezuela no deja de ser un país cuestionado en la política global, por lo que el Palacio blindó sus diálogos con los avales de otros actores. El equipo tiene el respaldo de los anteriores garantes internacionales, que eran Cuba y Noruega, este último es uno de los mayores promotores de paz en el multilateralismo global.

Al grupo de guardianes del proceso se sumó la Chile de Gabriel Boric y la España de Pedro Sánchez, dos gobiernos de izquierda cercanos al mandatario que se pusieron a disposición de su administración para acompañar a Colombia en este nuevo tránsito.

En el combo de veedores se suman enviados del secretario general de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal colombiana (la iglesia católica). Son varios los nombres de quienes acompañarán esta instancia, pero en la primera fase de esa mesa falta un actor clave del conflicto, pues no hay una silla designada aún para delegados de las Fuerzas Armadas. Al fin de cuentas, son ellos quienes han combatido a la guerrilla durante casi cinco décadas.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó claro que “se ha planteado que por lo menos en los primeros momentos de la negociación los militares no estén en esa mesa de negociación, pero sí en las mesas técnicas”. La voz castrense, por ahora, está en el aire.

Un opositor en la mesa

Los voceros del Ejecutivo son el senador Iván Cepeda y la senadora María José Pizarro. Cepeda ya hizo la paz en su carrera política como facilitador de las conversaciones con las extintas Farc y hasta militó en el movimiento político Alianza Democrática M-19, que surgió tras el fin del la guerrilla M-19, grupo en el que Petro era combatiente.

La silla que ocupa Pizarro es fundamental. Ella es una de las congresistas de confianza del mandatario, tanto que fue quien le puso la banda presidencial en su investidura del 7 de agosto, y esa cercanía nació de su padre, el comandante Pizarro que también estuvo en el M-19.

Otro de las bases de ese extinto movimiento que está en las conversaciones es José Otty Patiño. Él fue uno de los fundadores del desaparecido grupo y, tras su desmovilización, se dedicó a estudiar el conflicto y su fin desde las aulas. Ahora, 32 años después de firmar su paz, se sienta literalmente al otro lado de la mesa para negociar una nueva con otros actores en armas. Él, en este caso, asiste como civil.

No todos los que tienen un escaño en Venezuela pertenecen a las entrañas del petrismo. Allá está el presidente de Fedegán e integrante de la mesa directiva del Centro Democrático, José Félix Lafaurie, el mensajero de la oposición para una conversación que su propio partido y hasta su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, critican.

Lafaurie pasó de llamar a Petro “comunista” a venderles tierras para su reforma agraria y ocupar un asiento en sus conversaciones. A pesar del polémico fichaje que logró el mandatario, hasta el expresidente Álvaro Uribe está de acuerdo con su participación en la delegación.

“Estoy seguro de que el doctor Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que por obvias razones mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esa naturaleza”, puntualizó Uribe.

Lafaurie defiende que él es el interlocutor de un gremio ante el Ejecutivo. En todo caso, su participación en el proceso es un punto de inflexión porque la derecha que personifica el ganadero justificó buena parte de sus cuestionamientos a la paz de Santos con las Farc a que ellos no fueron tenidos en cuenta para construir lo acordado en La Habana. ¿Criticarán estos diálogos teniendo un asiento en ellos?

Negociar con los federalistas

Hacer la paz con el ELN no es sencillo y el hecho de que este sea el quinto intento de firmarla lo demuestra. Esa guerrilla es de corte federalista, lo que significa que no siguen una sola línea de mando, sino a diferentes bandos que trazan su accionar.

El grupo fundado en 1964 cuenta con 5.397 integrantes, de los que 2.587 están en armas, 2.653 son milicianos y los restantes 157 pertenecen en el frente de guerra urbano. Esa cantidad de hombres y mujeres tiene presencia en 21 departamentos y 167 municipios del territorio nacional, lo que equivale al 18 % del país.

En esos espacios han protagonizado acciones como voladuras de oleoductos, patrullajes ilegales y, en el pasado, secuestros. Eso sí: hay que decir que como parte de su voluntad de hablar liberaron a secuestrados como los dos soldados que estaban retenidos en Arauca y que recobraron su libertad el pasado 16 de noviembre. En agosto entregaron a otras personas que tenían en cautiverio.

Aunque la relación del ELN con el Gobierno Petro es menos espinosa que la que tenían con el expresidente Duque, su comandante García asegura que tienen diferencias con la “paz total”, el cese el fuego multilateral y con que se “siga el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo”. Él también reclamó que “la participación de la sociedad no puede ser en ‘modo exprés’”. ¿Está pidiendo más años con escaños garantizados en el Congreso que los ocho que les dieron a las Farc?

Los voceros del ELN, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, manifiestan que el grupo tiene voluntad de paz, pero al ser federalista hay dudas sobre si esa intención está en todas las estructuras que la conforman. Sobre todo, respecto a la que maneja alias “Pablito”, jefe en Arauca, quien ha estado distanciado del Comando Central y de quien no se tiene claridad sobre su paradero.

En algún punto de las conversaciones los elenos tendrán que dar claridad sobre “Pablito”, pues sellar una paz total requiere tener en cuenta a ese bando. Incluso los antecedentes recientes con las extintas Farc muestran que entre los guerrilleros que tuvieron diferencias con el proceso –como el fallecido Ricardo Abel Ayala Orrego, alias “Cabuyo”, o alias Iván Márquez– surgieron grupos disidentes que volvieron a la guerra.

A negociar con rigor

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ya empezó a dar claridad sobre ese tema. En entrevista con EL COLOMBIANO, Ruiz aseguró que durante las visitas de su equipo a la guerrilla evidenciaron que ha habido buena disposición entre sus militantes y que el grupo “tiene decisiones a nivel nacional independientemente del accionar operativo que tenga como grupo armado”.

Este lunes se conocerán los nombres de quienes conformarán la delegación del ELN y del resto de emisarios del Gobierno. Entre esas personas, además de Beltrán y Carbonell, también estaría el segundo comandante Pablo Beltrán y otros de los combatientes que estuvieron en Cuba en estos tres años de silencios entre la Casa de Nariño y el Comando Central.

La mesa se reinstala, como ya se dijo, retomando los avances que ya se tenían en la agenda que fue firmada en marzo de 2016 (con la administración Santos) el expresidente que pidió “rigor” en los diálogos.

Del rigor que tengan los delegados de Gustavo Petro en la construcción de este primer peldaño de su “paz total” dependerá el examen de la opinión pública al resto de acercamientos con los ilegales. Por ahora, las estadísticas indican que el 84,4% de los colombianos tiene una opinión desfavorable del ELN y apenas el 5,9% afirma tener una percepción favorable, según Invamer.

Ese punto, sin embargo, es la valoración más positiva de ellos en la opinión pública desde mayo de 2017, de acuerdo con el histórico de esa casa encuestadora. Lo que sucede en Venezuela decantará la credibilidad de la gente en la propuesta de “paz total”, que por ahora solo tiene el visto bueno, según la misma encuesta, del 44% de la sociedad .

FUENTE: El Colombiano

Comunidades afectadas por Hidroituango montaron campamento de protesta al frente del edificio de EPM

En el extenso pliego de peticiones piden una póliza todo riesgo ante posibles desastres y emergencias.

Después del fallido simulacro de evacuación en el que las comunidades de Puerto Valdivia, Tarazá, Ituango y Briceño se negaron a participar como protesta a los incumplimientos de EPM, más de 300 campesinos viajaron desde el Bajo Cauca y se instalaron este miércoles frente al edificio de EPM. No planean moverse hasta que la junta directiva los escuche.

Edilberto Manuel Vargas, integrante de la Asociación de Mineros Artesanales de Puerto Valdivia y coordinador del movimiento Ríos Vivos, manifestó que decidieron plantarse ante EPM cansados de la falta de garantías y por la incertidumbre en torno a las pruebas y entrada en operación de Hidroituango. La petición directa que hacen, apunta Vargas, es conocer el estudio sobre el macizo rocoso de Hidroituango, algo que llevan pidiendo desde hace años.

Vargas señala que la mesa que tienen con EPM está estancada y responsabilizó directamente de ello al alcalde Daniel Quintero. “Ni él ni las administraciones pasadas han tenido la responsabilidad necesaria con las comunidades del cañón del río Cauca. Siempre nos han estigmatizado y mentido”, apunta y recuerda que todavía hay decenas de líderes sociales amenazadas y exiliados del territorio por su defensa del territorio en los últimos años.

En el extenso pliego de peticiones que tiene Ríos Vivos para negociar con EPM y las autoridades departamentales destaca la Reparación integral de los ecosistemas afectados por el megaproyecto Hidroituango, entre estos, la reforestación con árboles nativos, construcción comunitaria de corredores ecológicos y áreas de protección especial realizados por las comunidades articuladas al Movimiento Ríos Vivos y así restaurar en parte la biodiversidad destruida por la construcción de Hidroituango.

También piden verdad, justicia social y ambiental, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de Hidroituango, incluyendo que haya una póliza de seguro por riesgos de avalancha, inundación, movimientos en masa, nuevas pérdidas de los medios de vida y de subsistencia de la población, nuevas afectaciones ambientales y sociales para los integrantes del Ríos Vivos.

Edilberto dice que no se marcharán hasta que EPM les garantice que todos los pobladores de comunidades ribereñas potencialmente en riesgo por Hidroituango quedarán censadas y que el proceso de evacuación será en términos dignos y con las garantías de seguridad a sus bienes.

Se espera que se sigan sumando campesinos afectados por Hidroituango, que llegarían, incluso, desde Sabanalarga y La Mojana sucreña.

FUENTE: El Colombiano

Lista la orden para evacuar Puerto Valdivia por Hidroituango

La resolución 1056 de 2022 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ordena que se debe evacuar la población que está entre este corregimiento de Valdivia y el kilómetro 12, de Tarazá.

La evacuación de Puerto Valdivia y parte de Tarazá cuando sea encendido Hidroituango o cuando se hagan sus pruebas correspondientes es una realidad, luego de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) emitiera en las últimas horas la resolución 1056 de 2022, con la cual se definen los procedimientos para retirar a las comunidades aguas abajo del proyecto.

Entre los apartes de la resolución, en el artículo 4, se indica: “al no conocer la respuesta del macizo rocoso ante las vibraciones generadas por la puesta en marcha de las unidades mencionadas, se deberá activar, durante las pruebas y entrada en operación de las unidades 1 y 2, la acción AR01. Ordenar la evacuación inmediata de todas las personas que se encuentren en la zona de riesgo, la cual corresponde a la alerta roja del PGR (Plan de Gestión del Riesgo) del PHI (Proyecto Hidroeléctrico Ituango) para los asentamientos y vivienda dispersa de Puerto Valdivia hasta kilómetro 12 (Valdivia – Antioquia)”.

Así las cosas, cerca de 5.000 personas deberán ser evacuadas cuando se conozcan las fechas en las cuales se van a hacer los encendidos de las turbinas del proyecto hidroelétricos, además de que las comunidades más distantes tendrán que estar pendientes de los simulacros que debe organizar directamente EPM.

“Los asentamientos y viviendas dispersas localizadas en la zona de posible afectación, aguas abajo del proyecto, en tiempos de arribo naranja y amarillo, deberán realizar los simulacros de evacuación contemplados en el PGR del PHI, con los integrantes de cada Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y con el apoyo directo de EPM como responsable del proyecto hidroeléctrico”, indica la resolución.

El documento, el cual se discutió en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del pasado sábado en Puerto Valdivia, también indica las condiciones en las cuales se debe hacer el análisis del macizo rocoso de la hidroeléctrica para conocer en qué estado se encuentra luego de la emergencia de 2018.

“El Servicio Geológico Colombiano, en el marco de sus funciones determinadas en el artículo 4 del Decreto 4131 de 2011 y como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizará una inspección que permita evaluar las condiciones actuales del macizo rocoso del PHI”, señala esta normativa en el artículo 7.

Luego de la expedición de esta resolución, queda pendiente conocer los protocolos que tendrá EPM para realizar la evacuación y las condiciones en los cuales los habitantes de las zonas afectadas quedarán durante el tiempo que estén fuera de sus casas.

FUENTE El Colombiano

Intoxicación masiva en colegio de Puerto Triunfo tras consumo de alimento escolar

Las autoridades investigan si los alimentos del PAE estaban contaminados o si otra causa fue la responsable de la intoxicación de 34 estudiantes de primaria.

Una intoxicación masiva de estudiantes de un colegio de Puerto Triunfo es investigada por las autoridades, ya que esta se dio luego de que el grupo consumiera la ración del PAE, aunque aún el hecho no se le atribuye al Programa de Alimentación Escolar.

El caso ocurrió en la Institución Educativa Pablo VI este jueves 3 de noviembre y afectó a 34 niños de primaria, de los cuales todos fueron atendidos a tiempo y ninguno revistió gravedad.

El alcalde de la localidad del Magdalena medio antioqueño, Javier Guerra Castillo, informó que los alumnos “presentaron signos y síntomas gastrointestinales”, por lo cual fueron trasladados al hospital de la localidad y, según el reporte médico, “fueron manejados de manera óptima en el primer nivel del municipio sin requerir traslado primario”.

Ante la denuncia de la comunidad, que atribuyó la intoxicación al presunto consumo de alimentos contaminados del PAE, la Secretaría de Gobierno del municipio y un técnico de Sanidad de la Gobernación hicieron presencia en el Restaurante Escolar, donde se tomaron muestras de los alimentos correspondientes a la minuta del PAE de ese día para hacer los análisis respectivos.

El alcalde, sin embargo, resaltó que “de los 2.700 cupos que se destinan en todo el municipio para el PAE, no se reportó novedad alguna en las demás instituciones educativas de Puerto Triunfo”.

El mandatario también destacó que alterno a los alimentos consumidos del programa del restaurante escolar, la institución compartió con los alumnos otros alimentos adicionales, como pollo y papas fritas, por lo que también se recogieron muestras de estos alimentos para análisis.

En su cuenta de Twitter, el diputado Andrés Mesa compartió imágenes de los niños en el hospital, mientras calificó el caso de “extremadamente grave”.

El mandatario le pidió a la comunidad hacer un manejo responsable de la información sobre estos temas, ya que el asunto está en investigación y no hay conclusiones definitivas sobre la causa de la intoxicación.

Adicional, fue convocada una reunión extraordinaria del Comité PAE local, la Gobernación, la Alcaldía, la Personería, los padres de familia y los operadores del programa en la localidad.