Estado deberá atender enfermedades graves a migrantes venezolanos.

La Corte Constitucional protegió los derechos a la salud y la vida de dos migrantes venezolanos irregulares que fueron diagnosticados con enfermedades de alto costo, las cuales no pudieron ser atendidas en su país ante la crisis económica y social, por lo que la responsabilidad ahora quedó en manos del Estado colombiano.

Para el alto tribunal estas decisiones se dan en el marco de la realización progresiva de lagarantía del derecho a la salud de la población migrante del vecino país, cuestión que obliga al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes para avanzar lo más pronto posible en este objetivo.

El primero de los casos es el de Natty Yeraldín Sanguino, de 34 años de edad, quien salió de su país dejando a sus cinco hijos debido a la crítica situación económica, sin embargo, al llegar a Cúcuta fue atendida en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en donde se le diagnóstico cáncer de cuello uterino.

En dicho centro asistencial se le brindaron servicios de radioterapia mientras estuvo internada, pero el tratamiento se suspendió una vez salió del hospital, por su falta de capacidad económica.

Sanguino interpuso una tutela solicitando terminar el tratamiento, aduciendo la protección de su derecho a la vida y falta de empleo, sin embargo, el juzgado de Cúcuta negó el amparo tras considerar que los servicios urgentes fueron prestados por el hospital y por la ausencia de un documento que demostrara su condición de migrante legal.

El otro caso es el de un niño de dos años, Miguel Arcángel Márquez, cuya madre entuteló advirtiendo que el menor padecía una hernia escrotal gigante, enfermedad que no pudo ser tratada en su país debido a la falta de anestesia con qué realizar una cirugía.

La tutela fue fallada a favor del menor en primera instancia, pero en segunda el juzgado de Cúcuta negó el amparo, también por falta de documentos de legalización de su presencia en el país.

La Corte Constitucional analizó los argumentos del Hospital Universitario Erasmo Meoz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, y de otras entidades públicas, con los que determinó que en todo caso la población venezolana debe ser atendida.

“El Gobierno colombiano y todo el entramado institucional con funciones en materia de salud deben ser constantes en la labor de consecución de recursos de cooperación internacional y nacional, y en la toma de cualquier otro tipo de medidas que le permitan avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la realización del derecho a la salud de los migrantes con mayores estándares a la mera urgencia médica, especialmentetratándose de aquellos migrantes en mayor situación de vulnerabilidad”, expresó el alto tribunal en su fallo.

FUENTE EL COLOMBIANO

A las urnas consulta anticorrupción.

El Congreso de la República aprobó que en los próximos tres meses, antes de finalizar septiembre, se llame a las urnas a los colombianos para que voten los 7 mandatos de la consulta promovida por el Partido Verde (ver recuadro), entre los que están: reducir el salario de los congresistas y cárcel efectiva para los corruptos.

Según la Ley 134 de 1994, la decisión que tome el pueblo en la consulta, será obligatoria cuando “la pregunta obtenga el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre que haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”.

En términos simples en la consulta deberán participar 12 millones 261 mil 314 personas, para que sea válida; y de esas la mitad más uno, 6 millones 130 mil 658 personas, tendrán votar afirmativamente cada una de las preguntas. Es de recordar que en la pasada elección presidencial participaron 19 millones 636 mil 714 personas que representan el 53.38% del censo.

Con esta decisión, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, deberá convocar, en los próximos ocho días, a los colombianos a las urnas.

Según el ministro de Interior, Guillermo Rivera, “el gobierno expresó el respaldo a la realización de la consulta y hoy lo reitera y celebra que pese a las diferencias de criterio la mayoría expresaron su respaldo. El gobierno convocará y creará las condiciones para que la consulta se pueda desarrollar ”.

A su turno, la senadora Claudia López, promotora de la iniciativa, hizo un llamado a los ciudadanos “para que salgan a las urnas y voten porque la corrupción no se derrota en Twitter, ni en Facebook, ni quejándonos, se derrota en las urnas. Ganó la democracia”.

La discusión permeó la justa presidencial, antes del debate, los dos candidatos se refirieron a la consulta. Gustavo Petro aseguró: “solicito al Congreso de la República dar trámite a la discusión”. A su turno, Iván Duque, sostuvo que el 17 de abril le pidió a su bancada “que respaldara la votación de la consulta. Mi compromiso para derrotar la corrupción no es electorero ni producto de presiones. Quiero ser el presidente que la enfrente y la derrote como lo he predicado toda mi vida”.

La historia

La iniciativa nació en el Partido Verde y fue encabezada por la actual senadora y excandidata a la vicepresidencia Claudia López. Durante varios meses el comité promotor se dedicó a recoger firmas. En ese proceso lograron 4 millones de apoyos que fueron entregados el 27 de julio de 2017.

Luego de ese esfuerzo las firmas fueron revisadas por los expertos de la Registraduría Nacional quienes aseguraron que 3 millones cumplían con los requisitos.

Luego de la aprobación el Consejo Nacional Electoral se tomó cerca de 6 meses para entregar el visto bueno a las cuentas de la recolección.

El balón llegó a la cancha del Congreso el pasado 17 de abril cuando el Senado decidió aplazar para luego de la primera vuelta la aprobación de la iniciativa. Quienes más hicieron fuerza para que la discusión se dejara para ayer fue el Centro Democrático que argumentó un posible riesgo de interferencia en la campaña a la presidencia.

La primera sesión no estuvo exenta de demoras debido a que 29 de los senadores asistentes se declararon impedidos para votar por lo que la plenaria debió votar los impedimentos para después adentrarse en la discusión.

Las críticas

Roy Barreras, senador del Partido de la U, sostuvo que el precio de la consulta, 290 mil millones de pesos, es muy alto y agregó que es una iniciativa inútil. “A nadie, ninguno de esos 3 millones de ciudadanos les dijo nunca la senadora López que de las siete preguntas que iba a presentar al Congreso, cinco ya existen y las otras dos son de rango constitucional. Sabe ella que es inútil la consulta para modificar la Constitución”, dijo.

Alfredo Rangel del Centro Democrático aseguró que “los promotores de esta consulta están engañando a la opinión pública, el sueldo de los congresistas no se puede modificar con una ley ordinaria requiere una reforma constitucional. Eso lo va a tumbar la corte en el análisis”.

FUENTE EL COLOMBIANO

Homicidio de Jaime Garzón, en vilo por competencias.

Sebastián Escobar, abogado de la familia del periodista Jaime Garzón, se sorprendió una vez llegó a la audiencia de alegatos finales contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, investigado por el homicidio del comunicador, y esta no se llevó a cabo debido a que la defensa del exoficial solicitó enviar el proceso a una sala incidental de la Justicia Especial para la Paz, para que esta defina la competencia.

“Me pareció una decisión bastante ligera, porque desde un principio lo que hace el juzgado es enviar el proceso a una sala que ni siquiera existe, esa sala fue declarada inconstitucional”, dijo el penalista, quien añadió que el juez debió poner un procedente e indicar porque motivo no era su competencia llevar el proceso. “Lo que hace a la ligera es desembarazarse del proceso”, dijo.

En ese sentido, la audiencia que era llevada por el Juez Especializado de Bogotá quedará suspendida de manera indefinida hasta cuando se defina si le corresponde a la justicia ordinaria o a la justicia transicional concluir el juicio en contra de Plazas Acevedo, investigado por el homicidio de Garzón.

Sobre coronel en retiro Plazas Acevedo, el pasado 9 de abril la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento por el presunto delito de secuestro extorsivo contra Martha Cecilia Velásquez, una comerciante que vivía en el sur de la capital del país.

FUENTE EL COLOMBIANO

A la cárcel por no pagar 12 canciones del Gran Combo de Puerto Rico.

La Sociedad de Autores y Compositores (Sayco), logró la primera condena penal en Colombia por defraudación patrimonial de derechos de autor.

Fue en el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá donde el Juez Gabriel Hincapié dio a conocer la primera condena penal en Colombia por defraudación de Derechos de Autor y Derechos Conexos, al señor Jairo Ramón Jurado Mesa, sentenciándolo a 48 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 26,66 salarios mínimos vigentes.

Según explicó Sayco, “el pasado 8 de febrero del año 2013, el empresario Jurado Mesa llevó a cabo un concierto que se denominó ‘Vive el Festival de Barranquilla’, en el establecimiento de comercio ‘Aguapanelas Internacional’, en el municipio de Chía, donde El Gran Combo de Puerto Rico interpretó 12 canciones representadas en territorio Colombiano por la asociación, por las que dicha sociedad de gestión colectiva debía recibir la suma de 23 millones de pesos que nunca le fueron cancelados. Por el contrario, el pago por la utilización de las mencionadas obras se le realizó de manera ilegal al autodenominado gestor individual ‘Angedaicol’, representado por el señor Libardo Álvarez, quien recibió 1.500.000 pesos, sin tener derecho alguno de recaudo por estas canciones”.

Para Sayco, la sentencia condenatoria a Jurado Mesa es un referente y llamado de atención a los empresarios y organizadores de conciertos y espectáculos en Colombia, para que cumplan con su deber de cancelar a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, quien es la sociedad de gestión colectiva que representa aproximadamente el 98 % de las obras musicales que se interpretan en el país, así como la encargada de realizar el recaudo a las más de 110 Sociedades hermanas u homólogas alrededor del mundo.

Cesar Ahumada, el gerente de Sayco, manifestó su complacencia por el fallo e indicó que “la sentencia condenatoria a Jurado Mesa sienta un precedente importante en Colombia en defensa de los Derechos de Autor”.

FUENTE EL COLOMBIANO

¿Qué harán los presidenciales ante la crisis de Savia Salud?

Todos los candidatos coinciden en combatir las bandas criminales del departamento y de ejecutar acciones para frenar la minería ilegal. Sin embargo, los analistas coinciden en coincidir en que hacen falta aterrizar las propuestas porque se quedan en generalidades.

En el análisis de este último bloque de temas participaron los siguientes profesores.

Jorge Humberto Blanco Restrepo es el jefe de la división de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Phoenix, Estados Unidos.

Germán Darío Valencia Agudelo es doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia.

Jorge Iván Avendaño Mesa es especialista en derecho procesal civil de la Universidad Autónoma Latinoamaricana.

HUMBERTO DE LA CALLE

SAVIA SALUD

Implementaremos el plan de choque que contempla vincular a una banca de inversión y asignar un gerente técnico que ponga en marcha un modelo de negocio para la operación de Savia Salud.

Desde una perspectiva más amplia, nuestra prioridad para el sistema de salud será el saneamiento de las finanzas. Pondremos en funcionamiento mecanismos para garantizar que el sistema de salud sea transparente y eficiente, basado en indicadores de calidad.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

Reconoce la importancia de mantener a Savia y apoyar la implementación del plan de choque que se ha acordado entre los socios y el gobierno, lo que es bueno para Antioquia porque salvaguarda a 1,7 millones de personas que están afiliadas. Hace una propuesta general del fortalecimiento del sistema, aunque no concreta las estrategias para lograr esto.

BANDAS CRIMINALES

Pondremos en marcha el Plan Cero Coca para atajar el narcotráfico. Al igual que un Nuevo Esquema de Seguridad en el Posconflicto. Priorizaremos el crecimiento en funciones de inteligencia, con apoyo de la tecnología para visibilizar y desmantelar las bandas criminales e identificar a sus líderes. Debemos evitar el reclutamiento de jóvenes.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Reconoce el narcotráfico como la principal actividad criminal del departamento. Su propuesta se dirige a atacar a los líderes delincuenciales, apoyado en las tecnologías. Sin embargo, se olvida que hay otras rentas criminales por controlar, y que la lucha debería dirigirse contra las organizaciones delictivas y sus variadas rentas. Es sabido que las personas pasan, pero las organizaciones pueden continuar.

MINERÍA ILEGAL

Con la creación del Fondo Nacional contra la minería ilegal destinaremos recursos necesarios para erradicar esta forma de explotación criminal, priorizando zonas como el Bajo Cauca. Nuestro plan contempla desde el pago de recompensas a denunciantes, hasta la creación de una justicia penal especializada en delitos ambientales. Para la minería artesanal, promoveremos la formalización y la implementación de seguridad y salud.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

La creación del fondo es una buena propuesta y la lucha contra la minería ilegal es fundamental. Sin embargo se debe pensar en la revisión de la protección de páramos y zonas de nacimientos de ríos. No se trata de la creación de una nueva jurisdicción, es apoyar la ya existente en materia de recursos y personal. Se debe crear un bloque normativo para clasificar los bienes dedicados a la minería ilegal.

IVÁN DUQUE

SAVIA SALUD

Frente a la discusión de si se liquida o se fortalece o se sanea, me inclino más por su saneamiento que por su liquidación. Y lo digo desde una perspectiva gerencial y práctica: lo que hay que asegurar es que el flujo de recursos hacia el sistema reconozca varias cosas que el departamento tiene que vivir, como, por ejemplo, la dispersión en la cobertura, porque no es lo mismo tener la medicina cerca que en un lugar remoto.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

La posición de no liquidar a Savia Salud y apoyar el saneamiento da tranquilidad. Debe contar con el apoyo nacional no solo en la cofinanciación del plan de saneamiento, sino con las reformas estructurales que hagan viable al sistema en términos de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, reconocimiento de las cargas de enfermedad de la población afiliada, estímulos al desempeño, entre otras medidas.

BANDAS CRIMINALES

Lo que les puedo decir a todas las personas de Antioquia y de Medellín, empezando por el alcalde, que ha sido valiente al enfrentar la criminalidad, es que estaré respaldándolos siempre para derrotar a las estructuras del crimen organizado. Creo que el alcalde está haciendo algo valeroso, y espero acompañarlo. Brindaré el mismo acompañamiento a los alcaldes de todo el departamento.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Su propuesta esta implícita, se inclina por una política de lucha directa contra el crimen y motivar el sometimiento a la justicia. Esta idea, aunque es poco innovadora, es efectiva; se caracteriza por atacar las causas subjetivas de la criminalidad. La debilidad de la propuesta está en el carácter reduccionista, pues es necesario acompañar las medidas con otras de atención social.

MINERÍA ILEGAL

Para contrarrestarla, voy a fortalecer la Policía Ambiental, con recursos tecnológicos y capital humano. Además, constituiremos la Fuerza de Reacción Integral Ambiental (FRIA), una fuerza élite combinada entre Policía, Ejército, Fiscalía y Autoridades Ambientales, con apoyo de organismos de inteligencia, y con las capacidades de: reacción rápida, judicialización de los criminales y destrucción de maquinaria.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

El fortalecimiento de las autoridades debe ser estructural, partiendo desde el ente acusador hasta los operadores jurídicos que hacen aplicar la norma; ¿Pero dónde están los dineros de la minería ilegal y las redes de lavados de activos?, no se debe pensar en la destrucción de la maquinaria, si no en cómo aprovechar este tipo de recursos. No se menciona la persecución criminal al tráfico de fauna y flora.

SERGIO FAJARDO

SAVIA SALUD

La creación de Savia Salud resolvió en su momento una grave crisis de la salud en el departamento de Antioquia. Millones de personas estaban por quedarse sin atención. La administración de Luis Pérez multiplicó por cuatro el déficit de Savia Salud. Hoy lo que se necesita es liderazgo político para sacar la entidad adelante. El objetivo principal debe ser garantizar un servicio de calidad a sus afiliados.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

La creación de esta EPS fue una decisión de carácter estratégico que resolvía un problema crítico. El problema de Savia no es solo de carácter operacional, está en gran parte explicado por problemas estructurales del sistema, que la mayoría de los candidatos los expresan de manera muy general, sin propuestas específicas y concretas sobre cómo lograr mejorar la eficiencia y sobre todo la calidad.

BANDAS CRIMINALES

No adelantaremos procesos de paz con estas estructuras ilegales, pero si hay voluntad para someterse a la justicia estaré dispuesto a revisar esquemas para hacerlo en condiciones de seguridad, con claridad, exigiéndoles entrega de rutas de droga, caletas, bienes y la seguridad de que pararán su accionar. Aumentaré el pie de fuerza y crearé Comandos Conjuntos de Seguridad subregionales.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Es la única propuesta que insiste en territorializar la lucha contra el crimen. Su estrategia consiste en focalizar y diferenciar a las organizaciones delictiva en las subregiones, intentando efectividad en las acciones del Estado; pues considera que no es el mismo modus operandi del criminal en las grandes urbes, al que se da en los territorios rurales del departamento.

MINERÍA ILEGAL

Vamos a incrementar significativamente los mecanismos de comando y control de la policía y las autoridades ambientales en las zonas más afectadas por la extracción ilícita de minerales con el fin de ejercer mayor y efectivo control y vigilancia a dichos procesos ilegales. Intensificaremos la lucha contra la minería criminal, particularmente de oro, a partir de la intervención de los sitios de explotación y destrucción de maquinaria por parte de la Fuerza Pública.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

Los mecanismos de comando y control no solo deben estar en cabeza de la Policía, debe ser una trabajo interinstitucional. es importante analizar el proceso de concesión de licencias y títulos con énfasis en minería responsable y exigir el ejercicio responsable ambiental y la reparación del daño generado. Se requiere mayor educación y desmitificar ciertos aspectos de la minería artesanal, responsable y sin mercurio.

GUSTAVO PETRO

BANDAS CRIMINALES

Creo que debemos proteger la integridad y la vida de las personas bajo un modelo de prevención, intervención social y acción oportuna de la fuerza pública bajo un enfoque de derechos. Promoveré acciones integrales contra las diversas causas que degradan las condiciones de vida. Se perseguirá y sancionará la delincuencia bajo una lógica que combine la disuasión, la lucha frontal contra delitos y crímenes.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Su propuesta, muy distinta al resto de los candidatos, consiste en atacar la criminalidad por las causas objetivas; es decir, buscará abordar las raíces sociales y económicas que incentivan la criminalidad, a través de programas de asistencia gubernamental en educación, empleo e inclusión, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad y ofrecer mayores oportunidades para la legalidad.

MINERÍA ILEGAL

Frente a la minería en general proponemos quitarle a las mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala, se buscará fortalecer su organización comunitaria y se apoyará con financiación y acompañamiento la reconversión a otras actividades productivas. Con respecto a la pequeña minería, estará dirigida al consumo interno, será objeto de un programa concertado orientado a disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en acuerdos con los actores regionales.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

Es importante realizar énfasis en la formalización y desarrollo de minería ambiental, en la erradicación del mercurio, se debe proyectar un programa de reparación de las zonas afectadas. La pequeña minería, como base del consumo interno, es utópico en la medida en que nos menciona la estructura que se debe crear para analizar el origen legal del oro. No se menciona la persecución criminal a los delitos de lavado de activos.

GERMÁN VARGAS

SAVIA SALUD

Es un fracaso. Eso fue una empresa que se constituyó entre la Gobernación, la Alcaldía y una empresa privada que poco aportó. El problema no es Savia Salud, son el 1.700.000 de afiliados a esa empresa que merecen mejor atención. Las deudas de Savia Salud ya superan los 750.000 millones. El Gobierno expidió un decreto autorizando a que se paguen con cargo a las regalías. Yo lo que creo prudente es liquidar esa empresa.

Jorge H. Blanco
Coordinador de la especialización en Gerencia de la Salud Pública de la Universidad CES

La liquidación dejaría a la deriva 1,7 millones de afiliados. No es sensato proponerla sin plantear una alternativa de solución para los afiliados. Savia Salud con un apoyo político real y decidido desde el orden nacional, departamental y local, involucrando a los prestadores y los afiliados puede ser un caso exitoso de alianza público-privada en el marco de la reorientación que se le está dando al sistema a partir de la ley estatutaria.

BANDAS CRIMINALES

Libraremos una lucha frontal contra los delitos que más afectan la tranquilidad. Aumentaré el pie de fuerza y la seguridad en el departamento, mediante el fortalecimiento y reestructuración de la Policía, reemplazaremos los CAI por estaciones y subestaciones que cuenten con todos los servicios: inspector, policía judicial, Fiscalía, centros de conciliación y comisarías de familia.

Germán Valencia
Profesor Instituto de Estudios Políticos U.de.A

Este candidato sigue firme en la idea de que lo identifiquen como el primer policía de Colombia. Insiste en defender la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía a través de reestructuraciones de la Policía Nacional. Considera, además, que es necesario poner en diálogo y trabajo coordinado entre las múltiples organizaciones que se involucran en el sistema de lucha contra la criminalidad.

MINERÍA ILEGAL

Mi política pública para el ambiente contempla acciones concretas para perseguir a los delincuentes de la minería criminal y la deforestación a través de una efectiva judicialización, la trazabilidad de la maquinaria empleada y un sistema satelital para detectar las zonas afectadas con estas actividades ilegales.

Jorge Avendaño
Profesor de Derecho Universidad de Medellín

La lucha contra la minería ilegal debe plantearse de manera integral, contra traficantes de madera, de fauna y flora silvestre, traficantes de maquinaria y de mercurio, redes de extorsionistas, tráfico de personas y de hidrocarburos. Se debe modernizar las herramientas normativas ya que en los procesos se capturan los bajos y niveles medios de las organizaciones transnacionales. Sin embargo quienes lavan los activos quedan por fuera de estos procesos.

 FUENTE EL COLOMBIANO

 

Las causas que dejan acéfalos a los municipios.

En medio de la investigación por corrupción en el financiamiento de vías en Armenia, por el que ya fue enviada a la cárcel la exalcaldesa, Luz Piedad Valencia, la Fiscalía General de la Nación encontró que el actual mandatario, Carlos Mario Álvarez, también está involucrado y por eso, fue capturado el domingo 29 de abril.

El ente investigador encontró que Álvarez firmó cuatro pagarés por 6.000 millones de pesos cuando era candidato para financiar su campaña, un dinero que provenía de un proyecto de 100.000 millones para obras viales en la capital del Quindío, que fue recaudado por impuesto de valorización aprobado durante la administración de Valencia.

Es decir que Álvarez llegó a la alcaldía gracias al dinero de la ciudad a la que aspiraba y llegó a gobernar.

No es un caso de excepción. Al revisar las causas por las que más han salido de su cargo los alcaldes, resalta principalmente las irregularidades a la hora de licitar y adjudicar los contratos.

Según datos de la Procuraduría, en el actual periodo electoral (2016-2019) existen 5.521 procesos activos contra alcaldes, lo cual habla en promedio de más de cinco investigaciones por cada mandatario, contando con que hay 1.122 municipios en Colombia.

Vale anotar que muchas de estas investigaciones no llegan a convertirse en sanciones, ya que a la fecha, solo 13 municipios han terminado acéfalos por un periodo determinado de tiempo.

Sin embargo, de este voluminoso expediente del ministerio público, en 142 de los casos ya hay un fallo sancionatorio (que no siempre se trata de una suspensión, puede ser también destituido) y hay 220 pliegos de cargos elaborados para las distintas alcaldías.

Las irregularidades encontradas son casi calcadas entre ellas para el tema contractual: pliegos amañados, contrataciones a dedo o sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y falta de idoneidad en el contratista, lo que termina concluyendo en obras inconclusas o infladas a la hora de calcular su costo final.

De hecho, en su último informe sobre este tema, presentado el 23 de abril pasado sobre los hallazgos de 2017, la Contraloría General de la República encontró en todo el país obras inservibles, llamadas “elefantes blancos”, por un costo para la nación calculado en 323.574 millones de pesos.

Regresando a los alcaldes castigados por los entes de control, los casos más sonoros tienen la sospecha de corrupción como principal detonante de estos comportamientos. A Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha, capital Guajira, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años el 28 de abril pasado tras encontrar que adjudicó el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para su municipio de manera directa, por medio de un convenio de asociación que correspondía en realidad a un contrato de suministros. 5.700 millones de pesos de este PAE para una región necesitada como La Guajira quedaron en riesgo por la decisión.

Además de este fenómeno, otro indicador que se encuentra en gran cantidad al revisar los casos de cada alcalde es el de los errores de carácter administrativo.

Por citar un ejemplo, en Cartagena, donde eligieron este domingo al noveno alcalde en 10 años, su mandatario Manuel Vicente Duque fue suspendido el 18 de mayo de 2017 por haber cambiado dos veces en siete meses la competencia de control urbano, lo que habría sido determinante dentro del caos de las curadurías que se descubrió en la capital de Bolívar a raíz del desplome del edificio Blas de Lezo en abril de ese año, que dejó 21 personas muertas.

Investigaciones posteriores llevaron a Duque a la cárcel, pues se descubrió que habría acordado con 14 concejales de la ciudad la elección de una contralora que no cumplía con los requisitos legales.

¿Qué está pasando?

Una cifra abultada de denuncias de corrupción no siempre es un síntoma de que las cosas van marchando peor que antes. Suele también responder a un cambio en la sociedad, que se ve alimentado por una mayor disponibilidad de información y una mayor demanda de transparencia.

Así lo considera Pablo Sanabria, doctor en Administración y Políticas Públicas y experto en temas de corrupción de la Escuela de Gobierno de la U. de Los Andes. “Esto no es un tema solo de lo público y quienes están en cargos de poder, sino de los ciudadanos. No solo es el funcionario, sino la sociedad la que es corrupta… Lo que la evidencia ha mostrado es que no es necesariamente con estrategias penales como se reduce la corrupción”.

Para Sanabria, aunque es especialmente en estas épocas electorales cuando se hace más publicidad sobre la solución punitiva y carcelaria para castigar al corrupto, “se tienen que pensar en estrategias a largo plazo”.

“Lo que hay que mirar es qué del estatuto anticorrupción sirve y qué no, porque estos se enfocan más en lo punitivo. Ver si cada municipio puede tomar esta política nivel nacional, evaluar cuáles prácticas son más usuales y generar para sí mismos un plan propio”.

Acorde con los hallazgos de la Escuela de Gobierno de Los Andes, cada municipio tiene prácticas corruptas propias en mayor o menor cantidad. “Hemos encontrado que este es un fenómeno más local, que responde a particularidades”, concluyó.

Según este experto, el ciudadano es sensible a casos colosales de corrupción, como el caso Odebrecht o Reficar. Sin embargo, su nivel de indignación es nulo cuando se trata de comportamientos individuales, como sobornar a un agente de Tránsito o pagar para que un trámite sea más veloz.

Víctimas del centralismo

“Es muy complicado ser alcalde en Colombia”, expuso el director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, para defender que las cifras de sanciones, en muchos casos, corresponden a una desconexión de la realidad colombiana.

“Tenemos un país famoso por producir normas permanentemente que cambian las reglas de juego en la administración pública local. Se expiden más o menos al año más de 3.000 normas que lo afectan, como si todos los municipios fueran iguales”, explicó.

Para Toro, existe una serie de particularidades en los municipios que hacen imposible la aplicación de normas centralizadas: “Tenemos muchas ciudades que no tienen recursos para asesores jurídicos competentes que conozcan toda esa maraña de normas. Entonces es muy fácil que un alcalde cometa un error. Además, hay pueblos apartados donde contratan con un solo oferente, porque es el único que hay”.

Dice no desconocer la facilidad que hay en Colombia para prácticas de poca transparencia y admitió que en las campañas a las alcaldías es usual que aparezcan contratistas con dinero para financiar y ganas de cobrar el favor posteriormente, “pero es indiscutible que una campaña cuesta un ojo de la cara. Hay la solución es que haya una financiación estatal efectiva de las campañas”.

Concluyó el director de Fedemunicipios que “en Colombia nos preocupa más el control formal que el control real de los recursos públicos”.

Según las conclusiones de la Federación, la interinidad de los alcaldes son nefastas para el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo de los municipios pues calcula que, entre las aprobaciones de los planes de desarrollo, los empalmes y las leyes de garantías, un mandatario local solo alcanza a gobernar 26 meses de los cuatro años de periodo.

FUENTE EL COLOMBIANO