70 años de una violencia que no termina.

Más allá de El Bogotazo, la oleada violenta que estalló con el magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán derivó en un “colombianazo” con víctimas en todo el país, que hoy, 70 años después de confrontaciones armadas en violencias sucesivas, ha cobrado la vida de cerca de un millón de personas, casi la mitad de la población de Medellín. Todavía hay sectores de la sociedad colombiana que siguen reclamando más muertos.

Antes de que Gaitán expirara, la turba que reaccionó había convertido en muladar las zonas vecinas de la carrera Séptima con la avenida Jiménez, escenario del crimen, con el cadáver y la sangre de Juan Roa Sierra, señalado como el supuesto homicida.

Su cuerpo inerte, desnudo, apuñalado, lacerado y molido por todo el que pudo golpearlo fue arrastrado hasta la casa presidencial, donde la muchedumbre enardecida reclamaba la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, a cuyo gobierno se le endilgaba el crimen.

Registros de ese 9 de abril dicen que en las horas que siguieron al magnicidio murieron, solo en Bogotá, entre 500 y 3.000 personas, la mayoría sepultadas en fosas comunes bajo cruces sin nombres. Los heridos, saqueos e incendios se contabilizaron por miles.

La calma fue impuesta a precio de bala por el gobierno de Ospina Pérez, quien se mantuvo firme en su cargo, pese al fuego que le echaban a la hoguera los líderes de los partidos Liberal y Conservador, Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, intentando sacarlo del poder, hecho que narra el periodista Alberto Velásquez Martínez, en el libro Colombia País de Rupturas, que estará en circulación este miércoles.

Sometidos los revoltosos en Bogotá y otras ciudades y pueblos grandes, Colombia entró en la noche negra de la violencia partidista, que se prolongó por diez años.

Frente Nacional

El fin de esa primera vorágine cesó con la creación del Frente Nacional luego de pasar por el gobierno de Laureano Gómez, que quiso apagar el fuego con fuego, y la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien sacó a Gómez del poder. La confrontación cobró entre 200.000 y 300.000 vidas. Más de dos millones de personas fueron desplazadas en una nación de diez millones de habitantes.

Los campos fueron desolados, los ríos y sembradíos sirvieron de cementerio de miles de personas, la muerte misma, con sus agentes oficiales y no oficiales, se jactó con todas sus formas de terror: corte de franela, de corbata, crucifixiones, decapitaciones, lapidaciones, descuartizamientos, despellejamientos y empalamientos, que a su vez incubaban toda suerte de venganzas…

Figura de Gaitán

Pero quién fue y qué significaba Gaitán para que su muerte hubiese partido la historia de Colombia en el siglo XX, desatado una guerra civil que inició con cargas de machete contra escopetas, fusiles y bombardeos oficiales y que luego derivó en nuevos conflictos, muchos disímiles entre sí, pero que han tenido como base el pensamiento gaitanista, como las guerrillas, paramilitares, delincuencia organizada y las bacrim, caso Autodefensas Gaitanistas de Urabá…

El historiador de la Universidad Nacional, Guillermo Aguirre, describe al líder como un hombre superior, un caudillo con alto voltaje; con una enorme personalidad política y una capacidad de oratoria avasallantes; conectado con el sentir de las clases más desfavorecidas, a las que sabía llegarles con mensajes, algunos, de tinte populista, y que conocía el momento histórico que vivía un país, asolado por la violencia política, desatada tras el fin de la hegemonía conservadora.

Esa enorme franja de la población veía en Gaitán la esperanza de un gobierno popular, con programas de alto impacto social. “Su muerte frustró ese sueño y la gente terminó desfogándose por los caminos de la violencia”, comenta.

Abusos con su imagen

Darío Acevedo, analista político y profesor asociado de la Universidad Nacional, dice que si bien Gaitán no fue el primero, sí ha sido el más grande movilizador de masas en la historia de Colombia.

“Él usó técnicas caudillistas que presenció cuando estudió en Italia, en la época de florecimiento de la dictadura de Moussolini. Eso le valió para que lo acusaran de fascista los liberales oficialistas, los conservadores, la Iglesia, la prensa liberal y conservadora y los comunistas que veían en él a un enemigo”.

Así, entre cruces y odios políticos, Gaitán, quien conectaba con el pueblo raso fue apabullado, apaleado, señalado de hampón, homicida y caricaturizado en una campaña sistemática de desprestigio, orquestada desde el oficialismo liberal, que dirigía Gabriel Turbay; el conservatismo que inspiraba Laureano Gómez; la Iglesia Católica, en la voz de monseñor Miguel Ángel Builes, los comunistas, terratenientes y demás formas del poder local y nacional.

Su programa político no tenía mayor misterio en esa época y no hay nada que pueda llevar a pensar que preconizaba un nacionalismo extremo ni que condujera a instaurar el socialismo en Colombia.

Los historiadores coinciden en que Gaitán no era socialista, era un liberal de tendencia intervencionista, muy propia de la época.

“Lo que se ha dicho de él es una infamia. Su hija Gloria Gaitán afirma que su pensamiento era socialista y que era un científico político, todo un exabrupto; los comunistas y muchos sectores de la izquierda marxista, hasta los años 80, miraban su proyecto con desconfianza y a él como un miembro de la oligarquía, un demagogo y un enemigo de los trabajadores”, dice.

En los años 80 y 90, con los cambios del comunismo en China, Rusia y Alemania, los socialistas y comunistas criollos y latinoamericanos dieron un giro y se dedicaron a reivindicar figuras nacionales, sin haber hecho un ejercicio de rechazo o crítica a sus antiguas posiciones.

Entonces, convirtieron en héroes a quienes antes miraban como oligarcas, egoístas, defensores del culto a la personalidad y desalmados.

Por esa vía oportunista introdujeron a sus proyectos a personajes como Bolívar, que nunca fue un marxista o socialista, porque fue anterior a Marx; Gaitán, cuya figura la han utilizado para tratar de llegarle más fácil a la gente, sobre todo al campesinado que sí sabía quién había sido Gaitán y, por alguna razón de escuela, quizás también conoce algo elemental sobre Bolívar.

El presidente que no fue

En el texto Colombia entre el Sismo y el Cisma, Velásquez Martínez señala que en las elecciones de 1946, el Partido Comunista había adherido a Gabriel Turbay por considerar a Gaitán un “aventurero, político y un oportunista de discursos farragosos y lo calificaban de facistoide”.

Turbay apoyado en el oficialismo de su partido mantuvo la división cerrándole el paso así a Gaitán. Al final, las urnas favorecieron al conservador Ospina Pérez.

Turbay dejó a Colombia y se fue a vivir su derrota a Europa. En París lo arropó la muerte. Gaitán no cedió y arreció contra el orden establecido en un país de castas dominantes.

Su presencia en las plazas públicas era desbordante. Por millares los liberales, conservadores gaitanistas e incluso los sin partido acudían a escuchar su voz. En las elecciones legislativas de 1947 logró las mayorías electorales.

El 7 de febrero de 1948, dos meses antes de su muerte, encabezó la “Marcha del silencio”, en Bogotá, a la que acudieron 100.000 personas. Protestaban por la violencia política. “Señor Presidente (Ospina) os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre”, clamó en la manifestación.

Una semana después, en otra marcha multitudinaria en Manizales, en honor a 20 liberales asesinados, volvió a levantar la voz contra la campaña de exterminio, protagonizada por agentes del gobierno.

La muerte sigue su cauce

Gaitán se sentía invulnerable al lado de su gente. “Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal”.

¿Quién lo mató? Se señala a Roa, pero las dudas son más certeras que la certeza oficial misma y señalan al sicario como un simple eslabón de una confabulación.

El historiador Germán Olano, de la Universidad el Rosario, dice que el general Marshall, de EE. UU., siempre creyó que el Bogotazo fue obra de Moscú. En un libro de Olano sobre el caso Gaitán, publicado en 1956, denuncia a Fidel Castro, quien ese día se encontraba en Bogotá en un encuentro internacional de estudiantes, como una de las personas que disparó contra el líder liberal y “hasta hoy nadie me ha desmentido”, dice.

El expresidente Alfonso López Michelsen, señala a Juan Roa Sierra como un “pobre desquiciado”. Plinio Apuleyo Mendoza, en otro libro, dice que “todo lo cuadró un policía”; pero en otro texto, se comenta que el padre de Plinio Apuleyo,Plinio Apuleyo Neira, liberal, exjefe de la policía, que acompañaba a Gaitán, lo había llevado hasta el sitio donde le disparó el sicario, pues el caudillo amenazaba el liderazgo del liberalismo en ese momento, dice Olano.

Como en los magnicidios de la historia de Colombia, nunca se sabrá quién o quiénes planearon todo y dieron la orden de muerte.

En 1953, “Pinilla ascendió al poder arropado por la oligarquía criolla y los jefes de los partidos Liberal y Conservador que veían comprometido su futuro por el avance de las guerrillas del Llano, que ya sumaban unos 10.000 hombres en armas, bajo el mando de Guadalupe Salcedo; habían realizado tres conferencias y en la última decidieron marchar sobre Bogotá. En ese momento el ejército oficial sumaba 8.000 efectivos”, dice el historiador.

Paralelo con las guerrillas liberales de los Llanos, en las tierras de la zona Andina y los santanderes operaban ejércitos de bandoleros liberales, que solo buscaban hacer daño a todo aquello que relacionaran con el conservatismo, y “Los pájaros”, una maquinaria sanguinaria en extremo, con apoyo oficial.

La suerte jugó a favor del establecimiento. El primer gran acto de Pinilla fue declarar una amnistía y un perdón general para todos los actores de la guerra civil. Salcedo y sus hombres se desmovilizaron, lo mismo hicieron pájaros y demás bandoleros.

Democracia a medias

Cuatro años después cae la dictadura y liberales y conservadores crean el Frente Nacional, una forma imperfecta de democracia, la cual si bien logró poner fin a la violencia partidista, dejó por fuera de la construcción de la nueva nación a amplios sectores políticos, sociales y a miles de ciudadanos que se oponían a la forma como los partidos tradicionales manejan el país.

En 1964, un exguerrillero liberal, Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, muerto de infarto mientras campeaba en la Colombia profunda, creó las Farc, como autodefensa campesina por los ataques del gobierno central contra las poblaciones que lo cuestionaban; la chispa violenta creció y al año siguiente nació el Eln; al siguiente, el Epl, en los 70 emergió el M19 y en los 80 aparece el narcotráfico, sus ejércitos mafiosos y su enorme capacidad de degradación de amplios sectores de la sociedad. En su texto Colombia país de rupturas, Velásquez Martínez señala a este como el peor de todos los males de Colombia en el siglo XX, incluso por encima de El Bogotazo.

En los noventa, luego de varios intentos frustrados de diálogos con las guerrillas y el ascenso de estas, surgen las Auc, en buena parte financiadas con recursos del narcotráfico y la chispa violenta se eleva a conflagración.

Esperanza lejana

A inicios de los noventa, convencidos de que era más el daño que estaban haciendo que el que querían reparar, se desmovilizaron varios grupos guerrilleros. Se necesitaron 25 años de diálogos frustrados y muertes para que las Farc lo hicieran. El tiempo corre y el Eln sigue esquivo a su reinserción a la vida civil.

El contador de la muerte no para. El Registro Único de Víctimas del Conflicto suma 8.074.272 víctimas – hoy es el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas–, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros.

Las condiciones bajo las que se desmovilizaron las Farc no convencen a amplios sectores ciudadanos y el debate se traslada a una campaña política en la que los programas pasan a segundo plano y los líderes de las fuerzas en contienda enfocan sus baterías en hacer daño a la persona de su opositor, hecho que lleva al país a recordar los días siniestros que antecedieron El Bogotazo o “el colombianazo”.

Que llegue la paz a la tumba de Gaitán, porque Colombia se descubre lejos de alcanzarla.

EL COLOMBIANO

En La Guajira sobran promesas, pero faltan hechos contundentes.

Justo en febrero del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos intervino La Guajira con el objetivo de mejorar la atención en los sectores de salud, acueducto y alimentación de La Guajira, pero pasados 13 meses de aquella decisión, la situación no ha cambiado mucho. Así, lo reveló esta semana la Defensoría.

En Riohacha, su capital, el 15,1 % de sus habitantes está en situación de pobreza extrema, según el Dane, es decir, obtienen ingresos mensuales por $116.330 o menos, lo que, directamente, redunda en la crítica situación que viven.

Los guajiros siguen sumidos en desnutrición, pobreza y desigualdad, y cada que es visitada por una autoridad que defiende los Derechos Humanos –como sucedió con la Defensoría del Pueblo– quedan expuestas las condiciones de vida que afrontan, en especial las comunidades wayúu.

Hasta la semana epidemiológica 12, que recoge datos de enero a marzo de este año, al Instituto Nacional de Salud (INS) le reportaron 16 muertes por desnutrición o síntomas asociados a este flagelo, con corte a marzo. Lo más grave es que pese a las acciones del gobierno, son siete muertes más que en el mismo lapso del año pasado, según cifras del propio INS.

“A los niños les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados”, criticó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la Audiencia Defensorial sobre la situación de mortalidad por desnutrición o causas asociadas, de esta semana.

Negret insistió en que los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu. “La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántos acceden a agua potable”.

Así mismo, sostuvo que esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó en diciembre pasado, protección a los derechos de alrededor de 3.000 indígenas de la región.

Críticas al gobierno

El defensor cuestionó las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerar que debía estar en la Audiencia y no llegó su directora,Karen Abudinen. Justamente ayer Abudinen arribó al departamento con la “Operación Guajira”, con la que atenderá a los menores de edad.

Ángel María Solano, presidente de la Veeduría Nacional de Salud para La Guajira, coincidió con lo planteado, pues señaló que la intervención ha puesto barreras para que la atención sea directa. Además, Solano reclamó la falta del agua para algunas zonas, sobre todo en la Alta Guajira.

“El Estado no está haciendo lo que le compete”, cuestionó Solano, haciendo hincapié en que el presidente Santos ya va a cumplir sus ocho años de gobierno, pero las condiciones no cambiaron.

Abudinen, para hacerle frente al reclamo, agregó que durante dos semanas cerca de 600 profesionales atenderán a los niños, además de que cada cuatro días entregará un informe de lo que se hace. Una estrategia similar fue implementada por la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, pero los casos de desnutrición se mantuvieron; no obstante, tras denuncias de corrupción en la región, la Fiscalía logró capturar a 11 contratistas, quienes defraudaron a la entidad en alrededor de $2.700 millones en 2016.

Las acciones

Pese a que la situación sigue siendo crítica, no se debe desconocer que se han hecho esfuerzos enfocados, precisamente, en la atención en salud de las comunidades, así como en educación y acueducto. Esto lo planteó Weildler Guerra, exgobernador, quien señaló que es necesario tener en cuenta el factor climático, pues estos tres meses han sido secos, lo que representa falta de agua, “que afecta la seguridad alimentaria, pues no hay líquido para los alimentos ni los cultivos”. También reconoció que se debe hacer seguimiento especial a los Wayúu que llegan de Venezuela “en condiciones muy difíciles”.

Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que las condiciones estructurales de La Guajira y de otros departamentos en condiciones provocan que los planes de intervención y atención multidisciplinares sean más complejos; sin embargo, manifestó que “desde el sector se ha generado una estrategia fundamentada en la atención primaria”, que consiste en mayor presencia de centros de salud, para que la atención sea rápida.

Aunque el gobierno Santos invirtió en 2017 alrededor de $785 mil millones para los sectores de salud, educación y acueducto, lo que esperan en La Guajira es que se disponga de más plata, para que la crisis se resuelva.

FUENTE EL COLOMBIANO

Depuración de archivos, la gran tarea de la justicia para la paz.

Seis bóvedas con 1.545 cajas con la información de inteligencia que por años recopiló el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pasarán en los próximos meses a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto sumado a los expedientes de la Corte Suprema de Justicia y los que empezarán a entregar los tribunales del país se convierten en un volumen casi inmanejable de información, en la que reposa, finalmente, lo ocurrido en el conflicto en Colombia.

El acceso a esos archivos hace posible el derecho a la verdad que tienen las víctimas, reseña el informe “Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo”, de Dejusticia, una ONG que ha estudiado el sistema transicional en Colombia.

La dificultad radicará, de acuerdo con ese documento, en la conservación y la indexación de ese material. Será entonces tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la propia JEP “producir y recopilar unos conjuntos documentales de excepcional valor para la memoria del país”.

Medidas cautelares

La JEP otorgó medidas cautelares a los documentos inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, basada en que, entre otras cosas, “las múltiples investigaciones penales, ya concluidas y en curso, se fundamentaron en gran medida en documentos que reflejaban el presunto actuar delictivo de funcionarios y empleados del DAS y las relaciones con grupos al margen de la ley, razón por la cual su preservación y disponibilidad para la JEP es de suma importancia, para la consecución de la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.

Según ese órgano transicional, los documentos del DAS corren riesgo de perderse, incluso, en el pasado ya otras organizaciones han alertado de destrucción y abandono de material muy sensible.

Para Claudia Julieta Duque, periodista que fue torturada por el DAS cuando investigaba irregularidades, esta “es una medida tardía, porque ya se perdieron los archivos digitales y más de 60.000 documentos que estaban en papel de fax y jamás fueron fotocopiados”.

Agregó que tampoco es una medida suficiente porque “solo cobija archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Por mi experiencia, en otros documentos como los administrativos (folios de vida, felicitaciones), los de transporte y vehículos, entre otros, reposa información clave para esclarecer crímenes y responsables”.

Duque explicó que, por ejemplo, con los documentos de entrega de papelería lograron establecer la existencia del G3, un grupo especial, que de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hacía inteligencia con apariencia de legalidad, pero se dedicaba a cometer delitos contra opositores al Gobierno. Era precisamente el grupo de las llamadas chuzadas.

Los expedientes de la Corte

Los que sí llegaron a la JEP son los primeros 18 expedientes de la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de los múltiples asuntos que la JEP tendrá que resolver. Son 50 años de conflicto resumidos en unos casos emblemáticos: el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino a manos de las Farc; el caso de la guerrillera Marilú Ramírez, conocida como la Mata Hari, que infiltró un curso de oficiales de la Escuela Superior de Guerra contra la que atentó y el caso contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario por la masacre de la familia Turbay Cote.

Además, se encuentran los expedientes de diez militares condenados por falsos positivos en diferentes regiones del país; el caso de Gilberto Torres Muñetón,quien fue confundido con alias El Becerro, comandante del frente 57 de las Farc; el caso de Henry Becerra Torres, condenado por el asesinato de Édgar David Carvajal Arango, desmovilizado de las Farc; el archivo en contra de Edison Moreno Barragán por la detonación de una bomba en Bogotá; el proceso contra 11 miembros de una organización que proveía material bélico al Bloque Oriental y el de otros dos colaboradores que les vendían armas.

Cuando los expedientes fueron entregados a la JEP, el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte, aseguró que “si le va bien a la JEP, le va bien al país. Tras la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno con la guerrilla de las Farc, la justicia sigue siendo una sola. Y, en este proceso de transición, tiene que estar acompañada de acciones que nos lleven a conocer la verdad y a reparar el daño causado”.

y agregó: “Todas las instituciones del país, incluida la Corte Suprema debemos apoyar estos procesos que nos llevarán a reconstruir una Nación con millones de víctimas ansiosas de encontrar la paz”.

La tarea no es poca, y mucho menos fácil, aún no se han tramitado todas las leyes que soportan la justicia especial, pero, la misión es una sola: develar los sucedido en 50 años de guerra..

FUENTE EL COLOMBIANO

Durante el puente se movilizaron 2,6 millones de vehículos en el país.

El ministro de Transporte, Germán Cardona, y el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, presentaron el balance del puente festivo, en el que se movilizaron 2.682.000 vehículos por las carreteras del país.

“Se han movilizado a nivel nacional 2.682.000 vehículos por las carreteras del país. En el departamento de Cundinamarca lo han hecho 817.000 automóviles y por Bogotá 487.000”, indicó Castrillón.

En materia de accidentalidad, los funcionarios destacaron que se presentó una disminución en el número de muertos en accidentes de tránsito, sin embargo, se registraron 27 víctimas fatales.

“Se han presentado 118 accidentes que han arrojado 142 personas heridas. A pesar de la disminución en el número de muertos, se han presentado 27 personas fallecidas y para nosotros es lamentable porque trabajamos para salvar vidas. Sin embargo, hemos logrado disminuir un 57 % en el número de muertos que equivale a 36 fallecimientos menos en las vías del país”, manifestó Castrillón

Por su parte, el ministro de Transporte aseguró que “en este puente festivo afortunadamente se disminuyeron los accidentes y se presentaron 344 siniestros menos y 454 lesionados menos respecto a la mismo periodo del año anterior. Pero es muy triste para los colombianos que 27 personas hayan fallecido en accidentes de tránsito, de estas dos lo hicieron en estado de embriaguez”, aseguró Cardona.

Asimismo, durante el puente festivo se han efectuado 2721 pruebas de alcoholemia, en donde 233 personas fueron sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez.

“Hasta el momento hemos efectuado 3029 comparendos principalmente por manejar sin la licencia de conducción (580), no acatar las normas de tránsito (442), no tener la revisión técnico-mecánica al día (343), adelantar en sitios prohibidos (113) y desarrollar transporte ilegal o informal (125)”, explicó el director de la Policía de Tránsito.

FUENTE EL COLOMBIANO

Adiós a la escritura de notaría, un plan que ahorra un billón de pesos.

A partir de junio, todos los trámites de escritura pública migrarán del papel a lo digital. Es decir que aquellos documentos, usualmente largos, que se elaboran en las notarías se podrán hacer desde la comodidad de un computador, en su casa.

Este fue el anuncio de la Superintendencia de Notariado y Registro que confirmó que aunque desde mitad de año los procesos migrarán a los digital, el traslado que deberán pasar los documentos que se han tramitado así a la fecha será gradual, para eliminar su versión de papel.

El plan tiene tres objetivos generales. El primero, lógicamente, es el ahorro de papel que implica dar un paso importante para la protección del ambiente y los recursos naturales del país.

No es un ahorro pequeño, tomando en cuenta que para cualquier documento de este tipo se requieren al menos tres copias en papel para que reposen en un archivo.

El segundo es ahorrar tiempo tanto de ciudadanos como de funcionarios dedicados a operaciones mecánicas. Esto debe llevar, por consiguiente, a un ahorro en el tiempo mismo que dura cada trámite.

Y el tercero es ahorrarse cerca de un billón de pesos, que es lo que le cuesta a la Superintendencia, anualmente, organizar los 1.800 kilómetros de papel que existen de archivo nacional desde 1786. Además de los gastos propios de papel y tinta que tienen que destinarse para los trámites del día a día de los colombianos. Es de anotar que solo hasta mitad de año se sabrá a cuánto equivale la inversión que realizará la entidad en este sistema.

Existe otra gran ventaja adicional de pasar a la digitalización, explicó el superintendente, Jairo Alonso Mesa, y es evitar que “pase lo de Cartagena, en donde se encontraron más de 50 licencias falsas”.

La versión digital de los documentos de escritura pública garantiza la confiabilidad de la información requerida, una debilidad encontrada en la capital del Bolívar, donde las curadurías permitieron la entrada de documentos poco fiables para las construcciones.

¿Cómo se implementará?

Explicaron desde la Superintendencia que los datos serán almacenados de forma segura dentro del sistema de datos de la entidad y tendrán disponibilidad permanente para ser consultados.

“Estamos trabajando con los notarios y las oficinas de registro para que efectivamente se pueda implementar la escritura electrónica, que contribuirá a hacer más expeditos los trámites, garantizando la disponibilidad y la consulta desde cualquier sitio y a cualquier hora”, resaltó Mesa.

Aunque se ahorrará papel y fuerza de trabajo al permitir la función virtual, desde la Superintendencia aclararon que los costos de los documentos serán similares, pero se trabajará con un Pin o algún mecanismo de pago virtual para realizar el cobro.

Aún así, remarcaron que el ciudadano ahorrará dinero porque la radicación del documento será automática y no habrá que ir a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

“En los próximos meses, una vez ajustados los procesos técnicos y con pruebas definitivas, comenzaremos a eliminar gradualmente el uso del papel”, agregó el funcionario.

Por otra parte, para el tema de las curadurías, los documentos que requieren trámite notarial para su aprobación se podrán consultar en la “nube” que tendrá la Superintendencia para que cada notario pueda descargarlas y verificar que su autenticidad.

Advirtió Mesa la urgencia de implementar estas mejoras, pues “si no paramos el consumo de papel en cinco años no tendremos cómo manejar los archivos, con un agravante y es que la escritura pública queda una copia en la notaría pública, otra en el protocolo, otra en el registro y otra en catastro”.

Aparte de esto, la digitalización extinguirá en gran medida una figura tradicional de las notarías: los tramitadores.

Estos ya habían perdido gran parte de su nicho de mercado con la ley antitrámites de 2012 y si ahora se recortará aún más, dependerá de la usabilidad plataforma digital que desarrolle en estos meses la Superintendencia.

Este tema “ayuda a reducir el riesgo profesional de los intervinientes en la calificación y anexo de información a los mismos, así como a los que realizan algún tipo de actividad comercial sobre el mismo y a manejar bien este tipo de documentación que posee contenido muy sensible”, afirmó el superintendente .

FUENTE EL COLOMBIANO

“El Eln no renuncia a la paz”, dice alias Gabino.

En una carta conocida este lunes, firmada por Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino” , comandante del Ejército de Liberación Nacional, este grupo guerrillero manifiesta que no renuncia a la paz “como objetivo en el que es indispensable la participación de la sociedad y el decidio apoyo de la comunidad internacional… porque la paz no es un asunto exclusivo de la insurgencia y el gobierno”, asegura Gabino al final de la comunicación.

Sin embargo, asegura que para pasar la página del conflicto armado, debe haber puntos comunes entre los sectores políticos, dirigentes y el grupo armado, pues recuerda que encontrar una salida política al conflicto lo han buscado desde hace 28 años, en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, “y ni en esa oportunidad ni con los siguientes gobiernos, hemos encontrado despejado el camino por tal objetivo y por el contrario, hemos encontrado unas clases dominantes, soberbias, arrogantes intransigentes,interesadas solamente en la desmovilización y entrega de armas de la insurgencia, para que esta se someta a su sistema político”.

El líder del grupo guerrillero también cuestiona que “la clase en el poder está preparada para la guerra y no para la paz, los anuncios de paz de la oligarquía colombiana son una estrategia guerrerista, en la que se busca someter a la guerrilla en una mesa de diálogo, concebido para quebrar su moral de lucha y cercenar sus convicciones e ideales”.

En el mismo sentido, cuestiona los resultados que han tenido los líderes de farc, la cual calificó como “dramática”. “No dejan ninguna duda de que no es suficiente con que la guerrilla cumpla, pues si alguien hizo lo acordado y más, fueron los hombres y mujeres que, desde las Farc le apostaron al proceso”.

FUENTE EL COLOMBIANO