Colombia

El exjefe paramilitar no tiene mando sobre ningún grupo y lleva 15 años por fuera del país, pero sí tiene “verdades” que podrían ayudarle al Gobierno contra sus opositores.

Aún no se conoce el decreto presidencial que nombrará al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz y la noticia ya ha revolucionado a medio país. ¿Cómo es que un exparamilitar que no tiene ninguna tropa bajo su mando y lleva más de 15 años por fuera del país puede aportarle a la paz? ¿Cuáles son las intenciones de ese excomandante de ingresar al país con esa figura? ¿Cómo más podría beneficiar ese nombramiento al gobierno del presidente Gustavo Petro?

Esas son algunas de las preguntas que aún están en el tintero y que deberá responder el Ejecutivo para no llenar de más sombras el programa de la paz total: principal bandera política de Petro.

Sobre el anuncio del jefe de Estado se sabe poco, pero es un hecho que a Mancuso no lo tomó por sorpresa el ofrecimiento. Desde hace varias semanas, emisarios de la oficina de Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, se habían venido comunicando con el equipo de abogados del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para informarle sobre la posibilidad de nombrarlo como “gestor”. Mancuso –que ha sabido aprovechar bien el discurso de la paz y los beneficios que tiene colaborar con la justicia– aceptó inmediatamente y esperó paciente hasta que el anuncio se hiciera oficial.

Finalmente, fue el mismo presidente el que lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Según dijo, “el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares no ha terminado y aún no se sabe toda la verdad”, por lo que aseguró que para “terminar el proceso y lograr la completa paz”, decidió otorgarle a Mancuso esa figura que, hasta ahora, solo había sido entregada a miembros de las disidencias de las Farc y grupos con carácter político.

De hecho, ese es otro de los interrogantes claves. Normalmente los gestores de paz son personajes que pertenecen a los grupos armados con lo que quiere negociar el Estado y que, de una manera u otra, tienen cierto poder o injerencia sobre los comandantes.

Bajo esa lógica, Mancuso no serviría para ninguna de esas dos labores básicamente porque ha permanecido incomunicado y lejos de los grupos armados desde mayo de 2008, año en que fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Es más, pareciera que la intención de Petro y sus alfiles más cercanos es otra: llevarlo a “decir toda la verdad” sobre la parapolítica y los principales financiadores de esos grupos paramilitares.

El canciller Álvaro Leyva lo dijo textual refiriéndose al exjefe paramilitar: “la verdad es el cimiento sólido del necesario acuerdo nacional. La verdad es un derecho fundamental de la sociedad. La verdad conduce a la no repetición. La verdad es el camino hacia la verdadera paz. Llegó la hora de la paz con la historia. El momento de nuestra reconciliación”, dijo.

Y no es una convicción nueva. Durante sus años como senador, el presidente Petro lideró varios debates políticos en los que hablaba de Mancuso y lo relacionaba directamente con Uribe y otros políticos de derecha que, según Petro, se aliaron estrechamente con el paramilitarismo para crear nuevos bloques en todo el país.

“Esperemos que lo que se cree de que quieren que Mancuso venga a declarar en contra de la oposición sea un señalamiento erróneo y falso, pero lo que sí hay que decirle al Gobierno es que tiene que ser más claro de cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el gobierno nombrando gestores de paz como Mancuso, porque desafortunadamente la intención de la paz total del Gobierno actual no está saliendo de manera adecuada y puede fracasar”, dijo el vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes y miembro del Centro Democrático, Juan Espinal.

Pero, yendo al reclamo puntual de “conocer toda la verdad”, también hay que decir que hasta el mismo excomandante de las AUC ha reconocido que viene colaborando con la justicia y entregando su verdad durante las últimas dos décadas. ¿Qué sería lo nuevo que diría, que haya dicho ya ante los tribunales estadounidenses, los de Justicia y Paz y los de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP?

Los mismos tribunales de Justicia y Paz se lo dijeron a la JEP en un auto que ratificó las órdenes de captura contra Mancuso: “algunos de los hechos presentados mediáticamente como novedosos, respecto de las delaciones del postulado Salvatore Mancuso en ese sistema de justicia, fueron conocidos por esta jurisdicción e incorporados en las decisiones del 31 de octubre del 2014 y del 11 de agosto de 2020”, lo que significa, según este tribunal, que el excomandante no ha dicho mucho nuevo desde ese entonces.

“Pareciera, entonces, que le ofrecen a Mancuso venir a cantar aquí cosas acomodadas y de las que no tiene pruebas a cambio de menos cárcel o, peor aún, de la libertad”, dijo otro miembro de la oposición que prefirió no ser citado.

Petro no puede pedir libertad

Pero, si ese fuera el escenario y el Gobierno buscara de algún modo ayudarle a Mancuso en su libertad, Petro tendría un camino jurídico inviable tal como está la Ley ahora.

Tal como explicó el fiscal general Francisco Barbosa, actualmente no hay un marco jurídico que permita levantar órdenes de captura a grupos paramilitares.

“Una cosa es levantarle órdenes a disidentes o guerrilleros que sí tienen un estatus político y que lo permite la Constitución, y otra muy diferente es querer aplicar ese mismo proceso a personajes del Clan del Golfo o Los Rastrojos, como en su momento quiso el presidente (…) El escenario es exactamente igual, Gustavo Petro está en toda su facultad de nombrar gestores de paz, es una decisión administrativa que le compete al presidente, pero que tiene unos límites judiciales de los que estaremos muy pendientes”, aseveró Barbosa.

Sumado a eso, también se supo que Mancuso le pidió a Estados Unidos brindarle asilo o enviarlo a Italia una vez sea liberado de la cárcel. Si cualquiera de esos dos caminos se da, es posible que el exjefe paramilitar se aleje de los procesos restaurativos y se dedique a responder netamente por su expediente judicial en el que, según Barbosa, acumula 38.626 hechos delictivos desde 2006.

Así las cosas, Mancuso llegaría a Colombia con una orden de captura vigente que ratificó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 19 de julio, y tendría que continuar sus procesos ante la justicia para seguir pagando los años que le quedan de cárcel por sus crímenes como uno de los comandantes paramilitares más reconocidos del país.

Si el Gobierno quiere algo distinto, “tendría que tramitarlo por medio de un proyecto de Ley” que tendría, sí o sí, que pasar por el Congreso.

FUENTE: El Colombiano