Desde que empezó a operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 15 de marzo de 2018, provocó una división frente a los alcances y posible impunidad que podría generar el tribunal transicional.
Aunque su naturaleza es investigar, juzgar y sancionar los delitos dentro del conflicto armado, que tuvo su fin entre Estado y Farc el 26 de noviembre de 2016, los opositores al Acuerdo de Paz la han calificado como un tribunal que promueve la impunidad, incluso que adopta decisiones por encima de las altas cortes vigentes en el país.
Uno de los críticos más radicales fue Néstor Humberto Martínez, quien como jefe de la Fiscalía se opuso a dos asuntos: primero, que los bienes que las Farc no entregó y fueron encontrados por la Fiscalía a través de sus pesquisas, fueran objeto de extinción de dominio y no entraran a administración en la JEP.
El segundo punto de honor para Martínez fue precisamente la extradición a Estados Unidos para quienes hayan seguido delinquiendo tras la firma del Acuerdo y sean solicitados por la justicia de ese país, como sucede con alias Santrich, acusado por el envío de cocaína a EE.UU.
Ese choque tuvo su punto de inflexión ayer y desató un caos institucional en el país, que ya había tenido un remezón el martes, alrededor del auto de acusación contra el exmagistrado Leonidas Bustos como protagonista del ‘Cartel de la Toga’, y la compulsa de copias contra el exfiscal Eduardo Montealegre, quien acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de estar detrás de la decisión.
El presidente Iván Duque, dada la trascendencia de la coyuntura actual, cuestionó la decisión de la JEP, por considerar que la Fiscalía presentó las pruebas contra Santrich. “Compartimos la indignación por la decisión de la JEP de ordenar la libertad” de Santrich.
Paso a paso
Como si se tratara de una novela, este miércoles tuvo tres capítulos. A las 7:30 de la mañana, la JEP revalidó la orden de captura contra alias el Paisa, el jefe de la extinta guerrilla de las Farc que no volvió a comparecer ante esta instancia. Como nudo de la historia la JEP soltó la noticia que se convirtió en un detonante.
Aplicó el llamado “principio de garantía de no extradición” en el caso Santrich, es decir, Seuxis Pausias Hernández Solarte no llegará, por ahora, a EE.UU. para responder ante la justicia, como lo habían solicitado y, por el contrario, quedará en libertad, pues la JEP le ordenó a la Fiscalía que se la otorgue.
Sin embargo, aún no se sabe cómo actuará la Fiscalía, pues Martínez, tras conocer la decisión de la JEP anunció su renuncia, argumentado que en Colombia se estaba consolidando “un Estado de cosas antijurídico”. El asunto no quedó ahí. Pocos minutos después de que Martínez realizó el anuncio, la vicefiscal General María Paulina Riveros también dio un paso al costado.
Hay que dejar claro que aunque el fiscal anunció su renuncia, se mantendrá en el cargo, por lo menos hasta el próximo martes, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema se reúna para decidir.
En este pulso, el fiscal cuenta con el respaldo del procurador, Fernando Carrillo, quien anunció que apelará la decisión de la JEP por considerar que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente.
La razón, dijo el procurador, según los hechos denunciados, ocurrieron después de la firma del Acuerdo. Y agregó que apelará por “la importancia de que se protejan los derechos de las víctimas”.
Otro respaldo fue el de Kevin Whitaker, embajador de EE.UU en Colombia, quien a través de la cuenta de Twitter de la Embajada, manifestó que el fiscal y su vicefiscal “son grandes patriotas que promovieron el Estado de Derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral”.
Más polarización
El choque entre Martínez y la JEP ahonda la polarización en la que se ha visto inmerso el país desde que el gobierno de Juan Manuel Santos, anunció los diálogos con las Farc, y que se hizo irreconciliable cuando el mandatario no acogió el resultado del plebiscito para refrendar el Acuerdo en el que la mayoría lo rechazó.
Los críticos, representados fundamentalmente por el Centro Democrático y los seguidores del expresidente Uribe no estuvieron de acuerdo con este proceso. ¿Pero, por qué se acentúa la polarización?
La respuesta la tiene Jaime Zuluaga Nieto, docente catedrático de la U. Nacional, quien sostiene que desde luego se acentuará, dado que el país seguirá girando entre quienes están a favor o en contra de cualquier situación que, en este caso, se regirá por quienes apoyan a Martínez en su decisión y quienes critican el actuar de la JEP.
Una mirada similar tiene el expresidente de la Corte Suprema Jaime Arrubla, quien menciona que claramente hay una crisis institucional, pero, por el contrario, destaca que “el fiscal renuncia como un hecho de protesta frente a la JEP que, a mi forma de ver, va en contra de todo lo que era una jurisprudencia”.
Además, el exmagistrado señala que la crisis institucional no se origina por el hecho de que Martínez renuncie, sino por la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich, pues, para él, afecta “la cooperación internacional”.
¿Llegará la constituyente?
Aunque el senador José Obdulio Gaviria, cuestionando a la JEP, indicó que quedaba abierta la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el magíster en derecho y docente de la Universidad Eafit, David Suárez, sostiene que este será un caballo de batalla para presionar, bajo el argumento de una “desinstitucionalización”, de una crisis, que requiere realizar “ajustes”.
Para el experto, quieren aprovechar la coyuntura para impulsar dos o tres temas, incluyendo la extradición. “Sería muy peligroso salir con una Constituyente. Creo que en la extradición –que fue lo que provocó el agite político– se está exagerando, porque el caso de Santrich es un asunto particular, aislado”.
Ante estos hechos, Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, hace un llamado a la calma, al sostener que “los procesos constituyentes deben ser excepcionales, porque permiten cualquier posibilidad, desde una democracia abierta y pluralista, hasta un absolutismo”.
FUENTE EL COLOMBIANO
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