A partir del próximo 10 de octubre entrará en vigencia la nueva norma que le da topes de horario a los bancos en sus cobros.
La Ley 2300 de 2023, conocida como ‘dejen de fregar’ entrará en vigencia en menos de un mes, es decir que desde el próximo 10 de octubre los bancos estarán inhabilitados para llamar a sus clientes fuera de horarios laborales, así como domingos y festivos.
La norma regula los horarios, canales y la periodicidad en que los bancos y otras instituciones pueden contactar a sus usuarios para temas de cobranza.
La nueva Ley tiene dos ejes, uno es limitar los horarios en los que las personas pueden recibir llamadas de empresas del sector financiero y comercio en general; pero también le pide al Gobierno que se cree la coordinación del “Registro de números excluidos”, en el que ya se pueden inscribir los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes, correos o cualquier tipo de contacto comercial o publicitario.
Restricciones
La Ley definió que solo está permitido que las personas reciban llamadas entre las 7:00 a. m. y 7:00 p. m. de lunes a viernes. En cambio, si es un sábado, solo podría ser de 8:00 a.m. y hasta las 3:00 p.m.
Quedó totalmente prohibido y con opción de multas para los infractores, que se llamen a las personas los domingos o festivos, además de los límites fijados.
Con la nueva normativa, las entidades financieras no podrán contactar a las referencias personales del cliente, por lo que únicamente podrá llamar al deudor y al codeudor, teniendo en cuenta las mismas pautas establecidas en la Ley.
Y en caso de ser requerido, el cliente podrá ser gestionado a través del canal de contacto en el que haya sido localizado y más de una vez en una misma semana.
“Una vez establecido un contacto directo con el consumidor, este no podrá ser contactado mediante varios canales dentro de una misma semana ni en más de una ocasión durante el mismo día. Es ideal que el canal de respuesta sea telefónico, para que se registre la contestación por parte del cliente”, dijo Diana Silva, experta financiera y gerente de cobranzas de Ban100.
La experta también señaló que, a partir del próximo 10 de octubre, no se podrá consultar al consumidor financiero sobre las causas o el motivo por el que estaría incumpliendo con los pagos. Sin embargo, sí recomendó que el cliente “manifieste las circunstancias que dieron origen a tal situación, tales como desempleo, reducción de ingresos, calamidad, entre otros. Porque dependiendo de ellas, las entidades ofrecerán diferentes alternativas, todo con el fin de ofrecer soluciones efectivas al usuario”, dijo.
Además de los bancos, otras entidades que entrarán dentro de esta Ley son las industrias de comercio, de telefonía móvil, fundaciones y demás instituciones que ejerzan labores de cobranza.
Se podrán hacer excepciones solo si la comunicación es para informar sobre una confirmación oportuna de las operaciones monetarias realizadas, sobre ahorros voluntarios y cesantías.
Y también para enviar información solicitada por el consumidor o generar alertas sobre transacciones fraudulentas.
Creación de una subcomisión para buscar consensos armó Troya, pese a haber sido aprobada en plenaria.
Una hora y media se demoró en comenzar el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de negarse una proposición para modificar el orden del día que tenía en primer lugar el abordaje de ese proyecto.
Esta discusión llevaba pendiente casi dos meses y estuvo antecedida por una pelea que involucró a tres congresistas de Alianza Verde, Nuevo Liberalismo y Cambio Radical. Se trató de la aprobación para crear una subcomisión en la Cámara que busca concertar un nuevo texto de reforma y que esté conformada por representantes de los partidos que están en esa corporación. Y eso fue Troya.
Miembros del gobiernista Pacto Histórico emprendieron una “cacería virtual” y un matoneo político en redes contra las representantes Katherine Miranda, Julia Miranda y Carolina Arbeláez, a quienes señalaron de “conspiradoras” y “vendidas” que le hicieron una “jugadita” a esta reforma.
El señalamiento se basaba en que esa proposición, firmada por Julia Miranda, fue aprobada por el pleno de la Cámara y, al parecer, sin que los integrantes del Pacto Histórico se percataran de lo que se estaba votando.
En diálogo Katherine Miranda contó que “lo que ocasionó el matoneo fue la votación de esa proposición que no tiene otro interés diferente que el de generar consensos y escuchar a la academia, al gremio de la salud y a los indígenas, que no se ha hecho hasta ahora”.
La molestia del petrismo en el Congreso vino porque consideraron que esa subcomisión era una “jugadita” para dilatar el debate de la reforma a la salud. “(Hay) representantes que se hacen elegir en nombre de la renovación y lo alternativo, pero tienen como hábito los engaños y las jugaditas de la política de siempre”, expresó la representante Mafe Carrascal.
Por otro lado, la representante Martha Alfonso lanzó una acusación contra el gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi). Ante la cámara de Noticias Caracol dijo que estaba “absolutamente segura (de) que detrás de esta subcomisión están los intereses económicos de las EPS, que seguramente está Acemi detrás de estas jugaditas y que lo que quiere es que no avance el debate”. Incluso, dijo que hay un cálculo político para no asumir un costo electoral previo a las elecciones regionales.
Ante esto, la presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, respondió que “para tranquilidad de la doctora Alfonso, desde luego que no son las EPS, pero sí pedimos que se abra el espacio”, en referencia a que “no entendemos por qué no darle lugar a esa subcomisión” si se “está hablando de un gran acuerdo nacional y de la posibilidad de entregarle al país una conversación amplia sobre la reforma a la salud que hemos pedido”.
¿En qué quedó la subcomisión?
Al menos hasta hoy, la subcomisión impulsada por las representantes es un saludo a la bandera. El presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, expresó en el debate que sí se va a crear esta subcomisión para concertar un nuevo texto de reforma, pero advirtió que “de ninguna manera vamos a impedir el debate que debe darse en esta corporación”, debido a que “una comisión accidental no puede abrogarse las tareas que le corresponden a la plenaria de la Cámara”.
Finalizó su intervención explicando que la tarea de esa subcomisión será “únicamente traerle un informe a la plenaria que será aprobado o desaprobado”. De hecho, la Ley 5 de 1992 –que es el reglamento del Congreso– no refiere en su contenido la creación o funcionamiento de subcomisiones. Solo habla de comisiones: permanentes, legales, especiales y accidentales.
Hasta el cierre de esta edición, la plenaria de Cámara debatía dos ponencias de archivo del proyecto de los representantes Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Cambio Radical), quienes pidieron que la reforma se hundiera. Tanto Corzo como Pérez propusieron esto mismo en el primer debate, pero fueron derrotados con los votos del Pacto Histórico, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Comunes, Alianza Verdes y las curules de paz.
El precio del diésel a nivel nacional se ha mantenido desde hace meses en $9.065 por galón.
El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, calificó como injustificadas las manifestaciones de este lunes de los transportadores de carga por el alza en el precio del combustible, pues afirmó que el diésel a nivel nacional se ha mantenido desde hace meses en $9.065 por galón.
“El Gobierno no ha subido el precio del diésel, ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel”, expresó el ministro.
Y recalcó que el objetivo detrás de estas manifestaciones es “absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”
Al respecto, y como respuesta a las declaraciones hechas por Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, quien dijo “que no están protestando únicamente por los precios del diésel, sino en solidaridad con el pueblo colombiano en general”, el presidente Gustavo Petro reiteró a través de sus redes sociales que el diésel, durante su Gobierno, no ha subido, así como tampoco los peajes.
Cabe recordar que el ministro Bonilla ha señalado que el aumento del valor del diésel será más paulatino al que ha ocurrido con la gasolina, pues dijo que este alcanzaría el precio internacional en el 2025.
“Vamos a llegar a precio internacional, aún nos faltan tres meses de aumentos para lograrlo. Pero después tendremos que pensar en el Acpm, el diésel, y sabemos que será doloroso, pero hay que hacerlo, porque hay que cerrar esa brecha y dejar de entregar ese subsidio”, señaló el ministro.
Los representantes de los transportadores agrupados en Fedetranscarga, Defencarga o Colfecar han insistido en la necesidad de replantear la fórmula utilizada para definir los precios del diésel, clave para el movimiento de los bienes y servicios que demanda el país.
Y recalcó que el objetivo detrás de estas manifestaciones es “absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”
Al respecto, y como respuesta a las declaraciones hechas por Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, quien dijo “que no están protestando únicamente por los precios del diésel, sino en solidaridad con el pueblo colombiano en general”, el presidente Gustavo Petro reiteró a través de sus redes sociales que el diésel, durante su Gobierno, no ha subido, así como tampoco los peajes.
“La mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. Elcombustibley los peajes representan cerca del 85% de sus costos. Precisamente, desde que inició mi Gobierno, tanto el diésel como a los peajes se le congelaron sus precios”, indicó el Jefe de Estado.
Cabe recordar que el ministro Bonilla ha señalado que el aumento del valor del diésel será más paulatino al que ha ocurrido con la gasolina, pues dijo que este alcanzaría el precio internacional en el 2025.
“Vamos a llegar a precio internacional, aún nos faltan tres meses de aumentos para lograrlo. Pero después tendremos que pensar en el Acpm, el diésel, y sabemos que será doloroso, pero hay que hacerlo, porque hay que cerrar esa brecha y dejar de entregar ese subsidio”, señaló el ministro.
Los representantes de los transportadores agrupados en Fedetranscarga, Defencarga o Colfecar han insistido en la necesidad de replantear la fórmula utilizada para definir los precios del diésel, clave para el movimiento de los bienes y servicios que demanda el país.
A través de un comunicado, presentó su renuncia para seguir representando al hijo del presidente.
A través de un comunicado, presentó su renuncia para seguir representando al hijo del presidente.
El documento fue conocido en la mañana de este 2 de agosto, a través de la cuenta de Twitter del litigante, quien explicó que por ser un asunto de interés público, tomó la decisión de hacer pública su decisión y que el principal motivo que lo llevó a dar un paso al costado, se debió a una “diferencia de criterios”.
El exjefe paramilitar no tiene mando sobre ningún grupo y lleva 15 años por fuera del país, pero sí tiene “verdades” que podrían ayudarle al Gobierno contra sus opositores.
Aún no se conoce el decreto presidencial que nombrará al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz y la noticia ya ha revolucionado a medio país. ¿Cómo es que un exparamilitar que no tiene ninguna tropa bajo su mando y lleva más de 15 años por fuera del país puede aportarle a la paz? ¿Cuáles son las intenciones de ese excomandante de ingresar al país con esa figura? ¿Cómo más podría beneficiar ese nombramiento al gobierno del presidente Gustavo Petro?
Esas son algunas de las preguntas que aún están en el tintero y que deberá responder el Ejecutivo para no llenar de más sombras el programa de la paz total: principal bandera política de Petro.
Sobre el anuncio del jefe de Estado se sabe poco, pero es un hecho que a Mancuso no lo tomó por sorpresa el ofrecimiento. Desde hace varias semanas, emisarios de la oficina de Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, se habían venido comunicando con el equipo de abogados del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para informarle sobre la posibilidad de nombrarlo como “gestor”. Mancuso –que ha sabido aprovechar bien el discurso de la paz y los beneficios que tiene colaborar con la justicia– aceptó inmediatamente y esperó paciente hasta que el anuncio se hiciera oficial.
Finalmente, fue el mismo presidente el que lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Según dijo, “el proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares no ha terminado y aún no se sabe toda la verdad”, por lo que aseguró que para “terminar el proceso y lograr la completa paz”, decidió otorgarle a Mancuso esa figura que, hasta ahora, solo había sido entregada a miembros de las disidencias de las Farc y grupos con carácter político.
De hecho, ese es otro de los interrogantes claves. Normalmente los gestores de paz son personajes que pertenecen a los grupos armados con lo que quiere negociar el Estado y que, de una manera u otra, tienen cierto poder o injerencia sobre los comandantes.
Bajo esa lógica, Mancuso no serviría para ninguna de esas dos labores básicamente porque ha permanecido incomunicado y lejos de los grupos armados desde mayo de 2008, año en que fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
Es más, pareciera que la intención de Petro y sus alfiles más cercanos es otra: llevarlo a “decir toda la verdad” sobre la parapolítica y los principales financiadores de esos grupos paramilitares.
El canciller Álvaro Leyva lo dijo textual refiriéndose al exjefe paramilitar: “la verdad es el cimiento sólido del necesario acuerdo nacional. La verdad es un derecho fundamental de la sociedad. La verdad conduce a la no repetición. La verdad es el camino hacia la verdadera paz. Llegó la hora de la paz con la historia. El momento de nuestra reconciliación”, dijo.
Y no es una convicción nueva. Durante sus años como senador, el presidente Petro lideró varios debates políticos en los que hablaba de Mancuso y lo relacionaba directamente con Uribe y otros políticos de derecha que, según Petro, se aliaron estrechamente con el paramilitarismo para crear nuevos bloques en todo el país.
“Esperemos que lo que se cree de que quieren que Mancuso venga a declarar en contra de la oposición sea un señalamiento erróneo y falso, pero lo que sí hay que decirle al Gobierno es que tiene que ser más claro de cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el gobierno nombrando gestores de paz como Mancuso, porque desafortunadamente la intención de la paz total del Gobierno actual no está saliendo de manera adecuada y puede fracasar”, dijo el vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes y miembro del Centro Democrático, Juan Espinal.
Pero, yendo al reclamo puntual de “conocer toda la verdad”, también hay que decir que hasta el mismo excomandante de las AUC ha reconocido que viene colaborando con la justicia y entregando su verdad durante las últimas dos décadas. ¿Qué sería lo nuevo que diría, que haya dicho ya ante los tribunales estadounidenses, los de Justicia y Paz y los de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP?
Los mismos tribunales de Justicia y Paz se lo dijeron a la JEP en un auto que ratificó las órdenes de captura contra Mancuso: “algunos de los hechos presentados mediáticamente como novedosos, respecto de las delaciones del postulado Salvatore Mancuso en ese sistema de justicia, fueron conocidos por esta jurisdicción e incorporados en las decisiones del 31 de octubre del 2014 y del 11 de agosto de 2020”, lo que significa, según este tribunal, que el excomandante no ha dicho mucho nuevo desde ese entonces.
“Pareciera, entonces, que le ofrecen a Mancuso venir a cantar aquí cosas acomodadas y de las que no tiene pruebas a cambio de menos cárcel o, peor aún, de la libertad”, dijo otro miembro de la oposición que prefirió no ser citado.
Petro no puede pedir libertad
Pero, si ese fuera el escenario y el Gobierno buscara de algún modo ayudarle a Mancuso en su libertad, Petro tendría un camino jurídico inviable tal como está la Ley ahora.
Tal como explicó el fiscal general Francisco Barbosa, actualmente no hay un marco jurídico que permita levantar órdenes de captura a grupos paramilitares.
“Una cosa es levantarle órdenes a disidentes o guerrilleros que sí tienen un estatus político y que lo permite la Constitución, y otra muy diferente es querer aplicar ese mismo proceso a personajes del Clan del Golfo o Los Rastrojos, como en su momento quiso el presidente (…) El escenario es exactamente igual, Gustavo Petro está en toda su facultad de nombrar gestores de paz, es una decisión administrativa que le compete al presidente, pero que tiene unos límites judiciales de los que estaremos muy pendientes”, aseveró Barbosa.
Sumado a eso, también se supo que Mancuso le pidió a Estados Unidos brindarle asilo o enviarlo a Italia una vez sea liberado de la cárcel. Si cualquiera de esos dos caminos se da, es posible que el exjefe paramilitar se aleje de los procesos restaurativos y se dedique a responder netamente por su expediente judicial en el que, según Barbosa, acumula 38.626 hechos delictivos desde 2006.
Así las cosas, Mancuso llegaría a Colombia con una orden de captura vigente que ratificó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 19 de julio, y tendría que continuar sus procesos ante la justicia para seguir pagando los años que le quedan de cárcel por sus crímenes como uno de los comandantes paramilitares más reconocidos del país.
Si el Gobierno quiere algo distinto, “tendría que tramitarlo por medio de un proyecto de Ley” que tendría, sí o sí, que pasar por el Congreso.
Iván Velásquez asegura que la inteligencia de las Fuerzas Armadas está verificando la información. Fuentes de la Segunda Marquetalia confirmaron el deceso del guerrillero.
El Gobierno de Gustavo Petro y las Fuerzas Militares aún no confirman la información sobre la muerte del guerrillero Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien según fuentes de la Segunda Marquetalia falleció en Venezuela producto de las heridas que le quedaron del ataque a su campamento ocurrido en junio de 2022.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que la información sobre su deceso está siendo verificada por las Fuerzas Militares y que hasta la noche del jueves (6 de julio) no había llegado reporte alguno de inteligencia desde el régimen de Nicolás Maduro que corroborara la versión que comenzó a circular en medios.
“Respecto a lo que se ha dicho de Iván Márquez, no hay confirmación. Estamos con las verificaciones, así nos lo ha indicado además el general Giraldo, entonces estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza pues les informaremos”, detalló el funcionario.
Consultado sobre la hipótesis de que posiblemente haya sido otra persona de la guerrilla, y no Iván Márquez, la que falleció, el ministro de Defensa dijo que “no tenemos información en este momento. Esperemos a que haya una verificación, de manera que podamos hablar con propiedad” del tema.
La muerte de Iván Márquez
El jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia, el grupo armado conformado por desertores de la paz, murió en Venezuela producto de las heridas que le quedaron del ataque a su campamento ocurrido en junio de 2022.
Esa fue la información que una fuente de ese grupo armado le confirmó a EL COLOMBIANO en la tarde del jueves (6 de julio), después de que comenzara el rumor sobre su deceso. Con 61 años y toda una vida en las armas, Márquez, padecía las consecuencias de una esquirla que le quedó en la cabeza tras el ataque, una pieza que le le había afectado el cerebro.
“Sabemos que en un momento estuvo en el territorio nacional, después de ese hecho de agosto del año pasado por el que dicen que ahora habría muerto. Estaba con salud, de acuerdo con lo que supe en su oportunidad, no recuerdo en qué mes, pero en todo caso después del mes de agosto y tal vez a principios de este año”, agregó Iván Velásquez.
Iván Márquez había hablado con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, para sumarse a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro. Si bien no alcanzó a instalar una mesa de conversaciones con el Ejecutivo, el otro grupo de disidencias de las extintas Farc, las del Estado Mayor Central que sí tienen carácter político porque en 2016 no firmaron el Acuerdo, sí está en conversaciones con el Estado colombiano.
