La tutela llega a siete millones, entre la zozobra por la reforma.

Creada junto a la Constitución de 1991, la tutela no solo es el mecanismo más importante de justicia para el ciudadano colombiano, sino también el más utilizado. Este lunes, la Corte Constitucional informó que recibió la tutela número siete millones, lo que implica un promedio de 737 interpuestas a diario en el país durante los 26 años de vida de la figura.

Según el reporte del último año de la rama judicial, durante 2017, se impusieron 757.070 acciones de tutela, lo que corresponde al 28 % del total de demandas de justicia.

Por eso, cuando dentro de los anuncios de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno de Iván Duque, se mencionó la posibilidad de tocar la tutela, las alarmas se encendieron por la posibilidad de un retroceso en el sistema de protección y defensa de los derechos de los colombianos.

Serían tres cambios: El primero es exigir que solo pueda entablar una tutela quien tenga un interés directo en la solicitud de protección. El segundo, que solo los jueces que tengan a su cargo el objeto de amparo del derecho las conozcan (por ejemplo, que una tutela en un juzgado de familia solo la aborde un juez de familia). Por último, que se normatice los tiempos para interponerlas frente al momento de los hechos que la generan.

A pesar que el Gobierno defendió que estos cambios no implican límites, pero sí buscan acabar con usos polémicos como las llamadas “tutelatones” y que no se use como herramienta para garantizar derechos fundamentales, sino que se haya extendido a todo tipo de asuntos, son más las dudas que las certezas.

Un frente común de defensa

Tras consultar constitucionalistas, todos coincidieron en que tocar la tutela es un retroceso y recalcan que la herramienta debe ser defendida.

“Cada vez que han intentado tocar la tutela, primero dicen que son pequeñas modificaciones de trámite, pero va a uno a ver y lo que se hace es dificultar el acceso”, consideró Alfredo Beltrán, exmagistrado de la Corte Constitucional.

No duda al afirmar que los cambios que propone el Gobierno están “adornados” pero son un “zarpazo” a la herramienta. “Decir que una tutela contra una providencia debe ser resulta por funcionarios de la misma jurisdicción, prácticamente es quitarle a los jueces la majestad de defensor de todos los derechos”.

Además, expone que si el proyecto dice que la tutela solo se podrá interponer en casos en que haya un legítimo interés, pero no especifica cuando sí y cuando no, deja en manos de una ley la regulación y ahí “pueden perfectamente restringir su uso”.

Por su parte, Kenneth Burbano Villamarin director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, alegó que son varios los riesgos como “que la conozca un juez especializado en el asunto cuando en Colombia hay municipios que solo no tienen un juez, además que hay derechos que no corresponden a una determinada especialidad, como el libre desarrollo de la personalidad o las libertades de conciencia”.

Entendiendo la magnitud

La cantidad de tutelas en el sistema responde a que fue concebida para un uso universal, a la mano de cualquier colombiano y que se ha convertido en un salvavidas para la ineficiencia y lentitud que presenta el sistema ordinario. El ejemplo mayor se encuentra en el sistema de salud, que hoy acapara la mayoría de las que se interponen.

Así se refleja en las cifras que muestra la rama judicial frente a la cantidad de personas que han acudido a la tutela para buscar la protección de sus derechos. Hace una década, fueron 42.455 las que se radicaron, para un 3% del total de demandas registradas.

Esto habla de un incremento de 1.783% al día de hoy.

“La tutela ha tenido un auge importante porque el sistema ordinario no da respuesta a las demandas diarias de los ciudadanos”, analiza Julio Sampedro, decano de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana.

Aunque reconoce que existen problemas como es el colapso en el aparato de justicia, este jurista recalca que “la tutela debería permanecer como está, porque ella se regula por si misma, si el mecanismo se fortalece”, recalcando que en este escenario, “el problema no es la herramienta sino en la ineficiencia”.

FUENTE EL COLOMBIANO

España ofrecerá ayuda en diálogos con el Eln

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrecerá este jueves al presidente de Colombia, Iván Duque, la disponibilidad de España a colaborar en lo que considere oportuno si decide avanzar en la negociación de un acuerdo de paz con la guerrilla del Eln.

Sánchez se verá con Duque en Bogotá con motivo de la visita que inició ayer a la capital colombiana en el marco de la gira que está realizando por cuatro países latinoamericanos.

No será el primer encuentro entre ambos porque ya se vieron en Madrid en julio pasado cuando Duque aún era presidente electo.

En la reunión de hoy analizarán, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales, las de la Unión Europea con América Latina, las intenciones de Duque tanto ante el acuerdo con las Farc como el que podría intentar con el Eln, y el problema migratorio que está suponiendo la salida de venezolanos de su país y la llegada a otros como Colombia.

Respecto a los acuerdos de paz, Sánchez conocerá las intenciones del presidente del país respecto a los cambios que pretende introducir en el que se firmó con las Farc y la posibilidad de que prosiga las negociaciones con el Eln.

Duque tomó posesión como presidente colombiano el pasado 7 de agosto en sustitución de Juan Manuel Santos, y en su discurso en esa jornada comunicó que en los primeros treinta días de su Gobierno evaluará los diálogos de paz que se han desarrollado durante casi año y medio con el Eln para tomar una decisión al respecto

Por tanto, aún no se ha cumplido el plazo que se dio para ello y puede mantener la incógnita sobre su decisión.

A la espera de ella, fuentes españolas avanzan que el presidente del Gobierno le ofrecerá que España pueda acompañar ese diálogo con el Eln si es que decide finalmente que se lleve a cabo y facilitarlo en la forma en que Colombia considere oportuno.

El Gobierno colombiano y el Eln comenzaron en febrero de 2017 unos diálogos de paz en Quito bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Tras varias vicisitudes, los diálogos fueron trasladados a La Habana en mayo pasado, después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, retirara a su país como garante y sede del proceso de paz.

El pasado 1 de agosto las partes concluyeron su sexto ciclo de conversaciones sin lograr su objetivo de concretar un cese el fuego bilateral temporal que garantice el avance del proceso de paz.

El presidente del Gobierno ofrecerá hoy también a Duque apoyo ante la implementación del acuerdo con las Farc.

El Ejecutivo español resalta en todo momento que no tiene recetas propias para estos asuntos y que sólo pretende ayudar, y considera que el ofrecimiento puede ser bien recibido por las autoridades colombianas.

Sí pretende recalcar que la paz es un activo insustituible en la nueva etapa que se abre para Colombia.

Respecto a la situación en Venezuela, Sánchez trasladará en persona a Duque su apoyo ante el problema migratorio que supone la llegada a Colombia de venezolanos que huyen de su país.

Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido como consecuencia de la crisis, según la ONU, y Colombia es el principal receptor, ya que cerca de un millón se han asentado en este país.

Las fuentes españolas subrayan que, al igual que ocurre en Europa, este problema migratorio no es de un solo país, sino de toda la región.

Previsiblemente también estará presente en sus conversaciones la polémica por la recuperación del contenido del galeón español San José.

El Ministerio de Cultura de Colombia publicó a finales de marzo el pliego de licitación del rescate del galeón, hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena de Indias, para llevarlo a cabo a través de una asociación público-privada con un presupuesto de unos 58 millones de euros.

Desde el hallazgo, existe un contencioso entre España y Colombia por la titularidad del galeón, ya que el Gobierno español aduce que la Unesco le ampara al tratarse de un “barco de Estado”, mientras que el Gobierno de Juan Manuel Santos había defendido que el tesoro es colombiano.

Según crónicas de la época, el barco iba cargado con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata.

FUENTE EL COLOMBIANO

Competencia partidista podría complicar lucha anticorrupción.

Más que enaltecer la decisión de cerca de 11 millones 700 mil ciudadanos que de manera autónoma rechazaron la corrupción, por encima de ideologías, políticos como Gustavo PetroJorge Robledo y Sergio Fajardo hablaron de ganadores y derrotados y de las elecciones de 2019.

Y si bien cuatro proyectos de ley y de acto legislativo recogen aspectos centrales de cuatro de las preguntas que tenía la Consulta Anticorrupción, que por poco alcanza el umbral, la exsenadora Claudia López, una de las promotoras, dijo que están incompletos y que la Alianza Verde presentará los proyectos.

El senador Petro dijo que las iniciativas del Gobierno no servían y casi al mismo tiempo voceros del Partido Liberal también anunciaron que presentarán sus propios paquetes legislativos anticorrupción. Cambio Radical anunció lo mismo, pero para reformar la Justicia y combatir la corrupción en ese sector.

Ante la competencia por abanderar la lucha anticorrupción que desató el resultado de la Consulta, el presidente Iván Duque convocó para mañana, en la Casa de Nariño, a promotores de la Consulta, a los presidentes de Cámara y Senado y a los presidentes de los partidos y sus voceros para “analizar juntos lo que viene en la agenda legislativa para enfrentar a los corruptos con toda la determinación”.

¿Tienen dueño los votos?

Los guarismos de la Consulta no responden a la lógica de uribismo, antiuribismo, derecha o izquierda. En Antioquia, por ejemplo, pese a que es un territorio dominado en lo político por el expresidente Álvaro Uribe, votaron 1,3 millones de personas, potencial que supera los 731 mil votos de Fajardo en primera vuelta, más los de Petro, que fueron 238 mil.

Incluso, de los nueve municipios que en el departamento superaron el umbral, siete están ubicados en el Oriente, territorio donde el uribismo ganó en Congreso y en las presidenciales.

Por eso, según Felipe Botero, doctor en Filosofía Política de la U. de Arizona y docente de la U. de los Andes, los promotores pueden sentirse satisfechos, pero no asumir que esos votos les pertenecen. Agregó que es impensable que alguien plantee estar de acuerdo con la corrupción, lo cual se evidencia en el hecho de que ninguna pregunta obtuvo menos del 99% de votos favorables. “La gente que votó lo hizo con la convicción de que la corrupción es un problema serio que requiere medidas inmediatas”.

Para Pedro Jurado, director de Ciencia Política de la U. de Medellín, si bien los partidos promotores fueron el Polo, la Alianza Verde y el movimiento Colombia Humana, en atención a un tema tan sensible y complejo, se hace difícil que un solo partido o figura pueda sacar todos los beneficios de la consulta

“El escenario ahora es entonces otro porque hay un sentir general de los ciudadanos que hay que recoger teniendo en cuenta lo que se viene: para los partidos, las elecciones regionales y para el gobierno la popularidad para liderar las reformas que intenta sacar adelante”.

Al respecto Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la U. Externado, afirmó que la anticorrupción no solo es una moda, es la forma cómo los colombianos han perdido 9 billones de pesos que habrían sido invertidos en mejorar la calidad de vida de todos.

“Quizá por esa razón y a partir de la importantísima votación que obtuvo la consulta, y que muy pocos esperaban, es que tendremos una avalancha de políticos anticorrupción en las elecciones 2019 y 2022”.

El riesgo para la agenda

Si los partidos políticos de oposición, los independientes y los gobiernistas no logran conciliar las iniciativas y todos terminan presentando su propia agenda para capitalizarlo luego electoralmente, se corre el riesgo de que la discusión termine en una pugna y no resuelta la demanda ciudadana.

Según Botero, viene una avalancha “pequeña” de proyectos anticorrupción y mucho político se subirá en ese bus. No obstante, es probable que muchos de los proyectos se queden por el camino, pues el proceso legislativo es lento.

“Un proyecto se demora unos dos años en hacer curso. En 2020 ya ni nos acordaremos de la Consulta y todo seguirá igual”, precisó.

El profesor Arias sostuvo que en vista de que la camiseta anticorrupción hoy tiene más valoración que la 10 de Messi, todos partidos se presentarán como precursores y líderes, “pero la apuesta será, realmente, cómo se haga robusto un paquete legislativo. Es la única forma de que los partidos y candidatos quieran utilizar la anticorrupción como bandera electoral”.

Si en el Congreso todos los partidos hacen un pacto contra la corrupción, rodeado por el Gobierno nacional, se podría avanzar en dos años lo que no se hizo en los últimos 20. La grandeza de los dirigentes está a prueba, porque a luz de los votos del domingo, más que quién lo hace, la gente quiere que se haga.

FUENTE EL COLOMBIANO

Taxistas piden sanciones para usuarios de Uber.

Decenas de conductores de taxi se encontraron desde las 6:00 a.m. en cuatro puntos de Medellín para movilizarse desde las 8:00 a.m. como forma de protesta.

“Estamos muy aburridos y tristes”, aseguró Diego Castro, presidente de Fuerza Amarilla, en medio de la movilización.

Manifestó que le están pidiendo al alcalde, Federico Gutiérrez, que las empresas “no nos pidan tantas pólizas porque hay mucho Uber y Cabify”.

Agregó que están pidiendo igualdad en deberes y derechos: “debe haber pico y placa para particulares, deben descansar todo un día, como los taxis”.

Uber

Una de las consignas de la movilización es un rechazo a la “ilegalidad” de las plataformas tecnológicas de transporte.

“El secretario de Movilidad nos ha incumplido, ya los del Uber y Cabify se están acopiando y no nos respetan, por estamos nos estamos movilizando”, aseguró.

Puntos de encuentro

En el sur el punto de encuentro es la variante de Caldas. Desde allí se marcharán hacia La Aguacatala, donde tomarán la Avenida Las Vegas y la Avenida Ferrocarril, hasta el sector de la Alpujarra.

En el norte la protesta saldrá desde la autopista Medellín – Bogotá hacia Punto Cero, donde tomará la calle Barranquilla y la Avenida El Ferrocarril hasta la Alpujarra.

En el oriente la salida está prevista desde el barrio Buenos Aires, sector Barrios de Jesús y avanzarán por la calle 49, la calle 50 y la carrera 39 hasta llegar a la Avenida La Playa, donde tomarán la Avenida Oriental y la Calle San Juan para llegar a La Alpujarra.

Finalmente en el occidente se encontrarán en la calle 50 con carrera 80 (detrás de Mercados Madrid) y avanzaráne n caravana por toda la avenida 80 hasta la calle 35, donde tomarán el retorno hacia el norte para llegar hasta la calle San Juan y desde allí conectarán con el centro administrativo.

Ver imagen en TwitterVer imagen en TwitterVer imagen en Twitter“Ser legal paga” una de las consignas de la marcha de taxistas hoy en Medellín. ¿Cómo se ha visto afectada su movilidad con el paro de taxis de hoy?

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Recta final entre polémicas para elegir al nuevo contralor general.

Los 10 candidatos finales para el cargo de Contralor General de la República, elegidos anoche deberán superar el escrutinio público de un proceso al que le han surgido varias polémicas.

Los 10 elegidos son: José Andrés OmearaFelipe Córdoba, Wilson Ruiz, Julio César Cárdenas, José Félix Lafaurie, Marco Antonio Velilla, Maritza Quintero, Alonso Pio Fernandez, José Joaquín Plata y Gilberto Rondón.

Durante la tarde de ayer, los iniciales 59 aspirantes elegidos por un concurso de méritos llevado a cabo por la Universidad Industrial de Santander, UIS, fueron escuchados por una comisión accidental del Congreso, integrada por 11 miembros de la Cámara y 11 del Senado.

Sin embargo, los cambios de última hora por parte de la mesa directiva del Congreso a las nuevas normas establecidas para la elección de este funcionario, orientadas a privilegiar la meritocracia y los perfiles técnicos, ponen un signo de interrogación alrededor del proceso que continuará hoy, cuando en plenaria del Senado sean escuchados los 10 seleccionados. Mañana pasarán a la Cámara y culminará el proceso este lunes festivo con la elección, informó el presidente del Senado, Ernesto Macías.

Ante la posibilidad de que se puedan beneficiar candidatos con marcadas conexiones políticas, el actual ocupante de este cargo, Edgardo Maya, criticó fuertemente la deformación que ha tenido el proceso: “Poner a un corrupto a manejar la Contraloría es lo mismo que nombrar de director de un jardín infantil a un violador”.

La molestia de Maya tendría nombre: José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y uno de los aspirantes favorecidos para entrar a la recta final.

La ley 1904 del 28 de junio 2018 y la resolución del Congreso 007 del 19 de julio, establecieron los requisitos para quien aspire a contralor e incluyeron la prohibición para aquel que tenga vínculo civil con miembros del legislativo y para quien haya sido sancionado.

Sin embargo, en la resolución 009 del 26 de julio, firmada por la nueva mesa directiva encabezada por el senador Ernesto Macías, ambas disposiciones se descartaron.

Entonces, de los 59 nombres en la fase final del proceso, solo Lafaurie se pudo ver beneficiado con ambos cambios, pues no lo eliminó su matrimonio con la senadora María Fernanda Cabal ni la sanción en su contra por la Procuraduría en 2007 por aceptar recomendaciones de congresistas cuando era vicecontralor, en 2003.

Sin embargo, las críticas van más allá del caso específico del presidente de Fedegán. También se bajó el criterio de calificación establecido por la UIS y se cambió el número final de preseleccionados.

En ese sentido, se bajó la aprobación de 75 a 60 puntos sobre 100 y de 20 preseleccionados, la lista subió a 59, de un total de 109 hojas de vida.

Aún así, el responsable del proyecto, el docente Luis Eduardo Becerra, argumentó que los cambios no alteraron la confiabilidad de los resultados (ver En Un Minuto).

Esto, para el analista político Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado, significa que no va a haber el filtro técnico que se deseaba y como el Congreso termina cambiando los mecanismos, también termina influenciando quién llega a las instancias finales: “Eso no es transparente y como se ha mostrado, esas nuevas normas están hechas a la medida de algunos aspirantes”.

El problema agrega, es que “no tenemos una buena política de definición de perfiles para altos cargos”. Un ejemplo de ello es el actual contralor, quien también fue procurador entre 2001 y 2009, lo que no tendría sentido, pues ambos cargos tienen perfiles totalmente distintos.

Así las cosas, termina empañado el primer intento de retirar el factor político de la elección de una ficha clave para el país, que antiguamente era elegido de una terna conformada por las altas cortes.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

El nuevo mecanismo de elección de la cabeza del control fiscal en el país dejó en claro que su periodo de ejercicio debía coincidir con el del presidente.

Este aspecto ha generado críticas por considerar que la influencia política del mandatario podría influenciar la elección, que está en manos finalmente del Congreso.

Sin embargo, para el constitucionalista Juan Manuel Charry, esta es una “decisión para que el Gobierno y los controles tengan una representación de los equilibrios políticos de las elecciones”, lo cual, a su juicio, es un tema de criterio.

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Eln y Epl rechazaron masacre en el Catatumbo.

Tras conocerse la masacre registrada este lunes en el Catatumbo, Norte de Santander, los grupos guerrilleros Eln y Epl publicaron dos comunicados en el que aseguran rechazar la acción armada en la que fallecieron nueve personas.

En un comunicado que circula por redes, el Epl asegura que “rechazamos los hechos en el municipio del Tarra N. de Santander y queremos aclararle a la comunidad del departamento, y en especial a los familiares y amigos de las víctimas de ese accionar bélico, que rompe el Derecho Internacional Humanitario, que nuestra organización guerrillera no tiene nada que ver con ese atentado”.

En la comunicación se agregó que uno de sus “pilares” es “defender a la población y su permanencia en el territorio”.

Por otra parte, desde la mesa de negociación en La Habana, Cuba, la guerrilla del Eln manifestó y condenó de manera “pública y categórica” la masacre.

Además, fue más allá, y destacó que esta fue “una acción paramilitar”, cometida a plena luz del día, mientras el grupo de ciudadanos departía en un local público.

“Entre las víctimas se halla una presidente de una Junta de Acción Comunal, y otros eran familiares de integrantes de organizaciones sociales de la región”.

El comunicado de la guerrilla del Eln llama a realizar una “investigación pronta, independiente y eficaz, para dar con los responsables de esta matanza colectiva, que acrecienta el estado de zozobra que vive esta región”.

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ELN Paz@ELN_Paz
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