Inscripción irregular de cédulas, alerta por trasteo de votantes.

Aunque no hay certeza de que se trata del delito electoral de trashumancia o trasteo de votos, es decir de registros en lugares diferentes al de residencia, la Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó una alerta por posible fraude luego revisar las estadísticas de cedulación para las elecciones del Congreso, entre el 11 de marzo de 2017 y el 11 de enero de 2018.

Según el informe de la entidad, en 20 departamentos este proceso superó el promedio nacional y en 28 municipios la triplicó, tres de estos antioqueños: La Estrella, Sabaneta y Vigía del Fuerte.

En total, de acuerdo con la Registraduría, 1’821.823 colombianos inscribieron su cédula para las elecciones de Congreso, lo que representa un incremento del 24 %, con relación a las elecciones de 2014, es decir, 352.084 más.

Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, aunque no es fácil hablar de fraude en inscripción de cédulas en elecciones de autoridades nacionales, sí existe el riesgo de que se produzca trashumancia histórica. Recordó que, tras los procesos de inscripción de los últimos años, hay 82 municipios del país tienen más censo electoral que población.

Entre los 1.122 municipios del país la tasa de inscripción de cédulas promedio es de 30,6 inscritos por cada mil habitantes. La MOE encontró 356 municipios por encima del promedio nacional. Además, a nivel departamental, el territorio que tiene la mayor tasa de inscritos es Atlántico, con 59,9 inscritos por cada mil habitantes. En segundo lugar, está el departamento del Meta con 58,5 y, en tercer lugar, Vichada con 55,3 inscritos.

¿Aumentará el fraude?

Olmer Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Bolivariana, afirmó que, según este estudio, el próximo juego electoral no sería el más limpio y anuncia serios problemas de corrupción electoral, lo que supone, en consecuencia, que la trashumancia electoral no va a ser derrotada sino que aumentaría.

“Frente al desgaste de la opinión del colombiano sobre a los partidos tradicionales y no tradicionales, algunos se van a valer de esta debilidad para aumentar su caudal electoral por medios no legales. ¿Qué están haciendo los organismos de control frente a esta situación? ¿Es incapaz el Estado para detener estas practicas corruptas? La respuesta es: sí. El Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logran reducir los niveles de abstención ni eliminar las prácticas clientelistas”.

El riesgo de trashumancia es permanente en el país, según Jhon Fredy Bedoya Marulada, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, porque ha sido una práctica permanente de muchos políticos para controlar su electorado y ganar ventaja sobre los contendores.

“Se ha realizado una agresiva campaña desde diversos sectores y en diversos medios, como las redes sociales, para promover la inscripción de cédulas con el fin que los colombianos voten y esto muestra en parte la efectividad de dicha promoción. Aun así hay que seguir vigilando, sobre todo departamentos como sucre, Córdoba y La Guajira”.

¿Tuvieron que ver la Farc?

A parte de los tres ya mencionados de Antioquia, la MOE le puso la lupa a Nariño (Nariño), Puerto Gaitán, El Dorado, Castilla La Nueva y Cabuyaro (Meta), Carmen del Darién, Río Quito y Atraco (Chocó), Cúcuta (Norte de Santander), Puerto Colombia, Candelaria, Galapa y Barranquilla (Atlántico), La Victoria (Boyacá), Taraira (Vaupes), Norosí, Mompós y Arroyohondo (Bolívar), Pedraza (Magdalena), Puerto Carreño (Vichada), y Jordán y Betulia (Santander).

Jaime Duarte, docente del área de Gobierno de la U. Externado, dijo que es interesante que en varias poblaciones que aparecen en el mapa de riesgo había presencia de las Farc, y que su desarme pudo haber aumentado la expectativa para las elecciones.

“Sube mucho la tendencia en Bogotá y Atlántico, donde se mueven mucho las grandes maquinarias electorales, especialmente la de Germán Vargas Lleras. Hay que ver cómo se comportan las elecciones del Congreso”.

Ahora serán la autoridad electoral, la Fiscalía y la Procuraduría las llamadas a revisar los casos y determinar en qué lugares sí hubo trampa y qué candidatos estarían detrás.

 FUENTE EL COLOMBIANO