Desde el 1 de marzo próximo entrará a funcionar la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, diseñada por el Ministerio de Educación para controlar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y evitar que la corrupción, que ha rodeado a este programa, siga campante.
Es un lastre que ha cargado este programa por el mal manejo del presupuesto. Basta con recordar las pechugas que pasaron de $7.000 a $40.000 o, aunque parezca surrealista, la ferretería que se ganó una oferta del programa en Cartagena y que cobraba los alimentos a un costo más elevado que al precio del mercado, como lo demostró la Contraloría General entre 2016 y 2017.
Para enfrentar el fenómeno, la Unidad tendrá mayor control de los recursos y obligará a los contratistas a que cumplan. Entre sus retos, de acuerdo con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aparecen el fortalecimiento de mecanismos para mejorar la eficiencia del programa.
Asimismo, la ministra señala que las tareas también se enfocan en que la cobertura pase de los 5,6 millones de estudiantes de 2019 a siete millones al final del gobierno Duque y que el programa opere durante los 180 días del calendario académico, y no como ocurre con regularidad, que aunque los estudiantes empiezan clases en enero, el programa funciona desde febrero.
El presidente Iván Duque señaló que “el país requiere una carta de navegación de largo plazo, que oriente a los gobiernos locales en torno a la Alimentación Escolar como una acción social integral que favorezca el acceso, el bienestar y la permanencia de los estudiantes en el sistema”.
¿Servirá la Unidad?
Para Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –entidad que vela por la protección de la niñez–, la noticia es positiva, pues son recurrentes las dificultades del programa. De esta manera se garantizará que tengan alimentos para que no se afecte su calidad académica. De igual manera, plantea que “debe garantizar la calidad y la eficiencia, que debería ir más allá del calendario escolar”.
La misma percepción tiene Camilo Enciso, director Instituto Anticorrupción, quien señala que la estructuración de la Unidad y su trabajo será un acierto, pues se encargará de diseñar los procesos de contratación del PAE y no como antes, que era a los municipios a los que se encargaban de esta labor.
No obstante, dice Enciso, se debe “fortalecer el modelo de gobierno corporativo, con terceros expertos imparciales, que no les respondan directamente al Gobierno Nacional”, pues el Consejo Directivo de la Unidad está integrado por funcionarios del gobierno.
Para Enciso, la sociedad civil debería “tener mayores dientes y ejercer una veeduría”, con el objetivo de hacer contrapeso en las decisiones que se tomen y de esta manera evitar que los intereses políticos ganen espacio en el PAE.
Llamados de organismos
Esta Unidad es una especie de respuesta a los requerimientos de entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría General, que en diversos escenarios plantearon las dificultades del PAE al inicio de este año escolar.
Por ejemplo, la Contraloría emitió una alerta a finales de enero porque el 32 % de los estudiantes de Colombia aún no contaban con acceso a la alimentación, lo que podría generar deserción, mientras que la Procuraduría le pidió al Gobierno, tareas que, de acuerdo con la ministra, se esperan subsanar con esta Unidad.
FUENTE EL COLOMBIANO
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