“La reforma pensional en Colombia es cada vez más urgente”. Así lo consigna la calificadora de riesgos Fitch Ratings en su más reciente informe sobre los fondos y administradores de activos e inversiones, con lo que se suma a las voces que vienen advirtiendo sobre la necesidad de esta transformación, como la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y algunas instituciones (Anif y Asofondos).
En el documento, la evaluadora internacional sostiene que aunque no hay un consenso en el país sobre las propuestas para modificar ese modelo pensional, sí hay acuerdo en que, de no realizarse, el sistema público o régimen de prima media, administrado por Colpensiones, será insostenible financieramente, dada la alta carga fiscal que implica, siendo este financiado a través del presupuesto nacional.
Fitch tampoco sugiere los cambios que debe adoptar el régimen pensional colombiano, pero enumera algunas consideraciones y propuestas que han planteado distintos grupos, como el incremento en la edad de jubilación de los cotizantes y en el tiempo que deben hacerse los aportes.
“Si bien existen distintas iniciativas, para Fitch, las medidas que se tomen deberán propender por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema”, se lee en el texto.
No obstante, la calificadora recuerda que para este año el pago de pensiones sumará unos 41,1 billones de pesos, lo que equivale al 17,5 % del presupuesto general de este año, y menciona que los sistemas pensionales actuales (prima media y ahorro individual) no deberían competir entre ellos.
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Consultada acerca de la urgencia de acometer una reforma pensional, como lo plantean Fitch y otras entidades, Adriana Guzmán Rodríguez, presidenta de Colpensiones, evitó emitir alguna opinión y señaló que: “nosotros somos un simple operador, los temas de políticas les corresponde a los ministerios de Trabajo y Hacienda” (ver Dicen de…).
La funcionaria aclaró que aunque el presupuesto de 2018 contempla una partida mayor a los 40 billones de pesos para atender a los pensionados, de ese monto Colpensiones recibirá unos 14 billones, los restantes 26 billones se orientan a los regímenes especiales que no los administra esta entidad oficial (magisterio, fuerzas militares).
Por su parte Asofondos (gremio de los fondos de pensiones y cesantías privados) ha insistido en que la discusión de una reforma pensional debe centrarse en cómo diseñar un sistema que incremente la cobertura, que sea equitativo y sostenible en el tiempo, y no en quien administra el sistema.
Pero, la agremiación se declara partidaria de que en el país haya un solo sistema pensional, con diferentes pilares, acabando con la coexistencia de dos regímenes contributivos que, en lugar de complementarse, compiten uno con otro, dando lugar a arbitrajes que favorecen a los sectores de más altos ingresos.
A su turno, Anif (asociación de entidades financieras) cuestionó que Colombia lleva décadas debatiendo la necesidad de una reforma pensional lo que ha generado una “bomba social” de baja cobertura pensional, en la que dos de cada tres ancianos enfrentan el riesgo de caer en la indigencia.
Para esta asociación, una reforma estructural debe incluir el marchitamiento del sistema administrado por Colpensiones, respetando y garantizando todas las obligaciones de aquellos que opten por dicho sistema antes de enero de 2019 y estructurándose un generoso régimen de transición.
Así, dijo Anif, Colpensiones seguiría atendiendo sus obligaciones por lo menos hasta el año 2100, pero con el tiempo sus obligaciones más importantes tendrían que ver con los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un esquema de protección que asegura ingresos para quienes no alcanzan a ahorrar para obtener la jubilación al término de su vida productiva.
FUENTE EL COLOMBIANO