Toma indígena a la Alcaldía de Medellín dejó ocho lesionados

Un grupo de 500 manifestantes ingresó por la fuerza al primer piso del edificio de la Alcaldía. En la tarde los trasladaron a un coliseo.

En una especie de resguardo indígena se convirtió ayer el primer piso de la Alcaldía de Medellín, tras la toma por la fuerza que hizo un grupo de 500 indígenas, incluidos unos 300 niños. Después de una movilización pacífica por el Centro, de forma sorpresiva y violenta, esta comunidad se metió al edificio, donde permanecieron durante horas.

Los indígenas de la comunidad Emberá Katío, procedente del Chocó y que están ubicados en algunos inquilinatos en Niquitao, iniciaron la marcha desde este sector, en un recorrido tranquilo, que aparecía relegado ante el paro de los taxistas que se realizaba simultáneamente.

Pero a las 10:45 de la mañana el panorama cambió y la tranquilidad de la movilización indígena se convirtió en una violenta toma del edificio de la Alcaldía de Medellín. Con palos y piedras redujeron los controles de los vigilantes y quebrando vidrios y dañando torniquetes tomaron posesión del hall principal, mientras que el personal encargado de controlar el ingreso tenía que abandonar sus puestos para no ser agredidos.

Pese a la presencia del personal de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes Esmad, que estaba en la zona para controlar cualquier situación derivada de la protesta de los taxistas, los indígenas alcanzaron a llegar hasta el tercer piso de la Alcaldía. Incluso, 10 funcionarios, ante el temor, quedaron atrapados en la capilla y fueron rescatados por personal de la Personería.

Rodrigo Vitucay Tequía, uno de los gobernadores indígenas que abanderó la protesta, afirmó que con ella buscan que se les respete el derecho a trabajar en las calles y, aunque suene inverosímil, pedían hacerlo junto a menores de edad. Aseguró que ya habían tratado el tema con la Alcaldía y ante unos incumplimientos, los cuales no explicaron, decidieron hacer esta toma.

Con el fin de calmar los ánimos, el personero de Medellín, William Vivas, intentó crear una mesa de concertación entre la Alcaldía y los manifestantes, a fin de que estos abandonaran la sede de la administración municipal.

Pero instantes después, a través de sus redes sociales, el alcalde Daniel Quintero publicó: “No permitiremos de ninguna forma que se explote, instrumentalice o se abuse niños. No importa que tan violenta sea la protesta”. Sin embargo la postura del alcalde contrasta con que en los tres años de su gobierno se ha denunciado el estado de mendicidad de más de 500 indígenas, muchos acompañados de niños, y no se ha hecho nada.

Con la protesta, los empleados de la sede municipal tuvieron que ser evacuados de la edificación por el sótano y muchos tuvieron que teletrabajar en el resto del día.

Sobre la 1:15 de la tarde, con los menores en el primer piso de la Alcaldía, hubo nuevas confrontaciones en la plazoleta de La Alpujarra, entre agentes del Esmad y los indígenas, que fue controlada con el uso de bombas de humo. Los desórdenes dejaron 8 personas lesionadas, entre ellas tres policías.

En horas de la tarde se llegó a un acuerdo para levantar la toma de la Alcaldía y trasladar a los indígenas al coliseo Carlos Mauro Hoyos, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, mientras avanzan las negociaciones, aunque, “algunas de estas peticiones son difíciles de cumplir”, reconoció el personero Vivas.

Todo esto sucede en la misma semana que se estableció medida de aseguramiento en contra de la ahora exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por presunta corrupción en la contratación de Buen Comienzo, lo que para muchos ha sido jugar, precisamente, con la alimentación de los niños de la ciudad.

FUENTE: El Colombiano

¿Si alcanza para tanto gasto? MinHacienda advierte que las reformas “deben ser coherentes con la regla fiscal”

El gobierno propone un plan de desarrollo financiado con $1.154 billones y hay dudas frente a la suficiencia de esos recursos.

Pocos días después de radicarse la reforma a la salud ante el Congreso, las dudas frente al costo de las iniciativas planteadas por el gobierno han hecho parte de la discusión. Por ello, hacía falta que el Ministerio de Hacienda se pronunciara al respecto.

Y es que en este debate público se deben poner de presente las inquietudes de todos los sectores. Por ejemplo, Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa) señaló que la sola construcción de 680 Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), en municipios que no cuentan con centro de salud, podría costar unos $50 billones.

Ese monto equivale al recaudo adicional de dos reformas tributarias como la aprobada en 2022 y representa el total asignado al área de la salud en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023.

Pues bien, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, ya habló al respecto y aseguró que todos los planes irán en línea con la disciplina financiera que necesita el país.

“Estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de la regla fiscal y eso significa que todas las reformas en curso, es decir, la reforma agraria, la reforma a la salud y la reforma pensional, tendrán que ser coherentes con la regla fiscal, que es una norma que el gobierno debe acatar porque es exactamente de origen legal”, comentó el jefe de Hacienda.

“Eso no significa nada diferente a que esto lo haremos en el contexto de los objetivos sociales y de lucha contra el cambio climático del país, que son los objetivos centrales del gobierno”, añadió.

Entretanto, el presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia enunció grosso modo que la reforma a la salud también implicaría un gasto de otros $37 billones entre proyectos como el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de Empresas Sociales del Estado y la unificación de la Unidad de Pago por Capitación.

En todo caso, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno ante el Congreso propone un gasto de $1.154 billones en sus cuatro años de ejecución. El 50% de los recursos vendrían del Presupuesto General de la Nación ($577 billones), lo que supondría un promedio de $144,3 billones por año.

Teniendo en cuenta que la salud no es el único renglón en el que el gobierno de Gustavo Petro está planteando inversiones considerables, una de las dudas frecuentes frente a su plan de desarrollo es si los recursos le alcanzarán para todo.

Cabe recordar que una de las misiones que tiene Ocampo es estabilizar las finanzas de la Nación, dado que en la pandemia la deuda pública subió sustancialmente y las calificadoras de riesgo están atentas a qué tan prudente será la política de gasto y endeudamiento.

FUENTE: El Colombiano

¿Va o no va la reforma a la salud en extras? El Gobierno Petro sigue con la confusión y se contradice

En diálogo con Blu Radio el ministro del Interior y vocero de presidencia, Alfonso Prada, dijo que la redacción final del articulado será presentado esta semana aunque este lunes negaron que se presentara en sesiones extraordinarias.

El gobierno de Gustavo Petro vuelve a cambiar de opinión en menos de un día sobre la fecha para presentar ante el Congreso la reforma a la salud. Y es que este lunes, luego de presentar el Plan Nacional de Desarrollo, anunciaron que el proyecto ya no se iba a presentar en sesiones extraordinarias, como se tenía previsto, sino que se aplazaría hasta marzo. Sin embargo, en medio de una entrevista en Blu Radio, el ministro del Interior y vocero de presidencia, Alfonso Prada, aseguró que la reforma al fin sí se va a presentar en los próximos días y que llegará cargada de sorpresas.

“Se va a presentar en los próximos días, le doy esa primicia, estamos en la redacción final de articulado, cuidando hasta el último detalle. Sí va el proyecto a sesiones extras”, aseguró Prada quien también explicó que se está cuidando de manera especial las modificaciones que vendrán para el régimen de transición que será el articulado más complejo porque “hay un cambio de modelo hacia la atención primaria, hacia la atención básica y hacia un régimen que va a cambiar el sistema de pagos”, puntualizó.

Así las cosas, este proyecto que ha sido uno de los puntos más polémicos del gobierno Petro entraría a sesiones extras bajo el decreto con el que el ministro del Interior, Alfonso Prada, citó para el 6 de febrero y el 15 de marzo, y en el que se incluyen, además del Plan de Desarrollo del Ejecutivo, 12 iniciativas más.

La reforma a la salud que generó no solo tensiones al interior del propio gobierno, sino entre la bancada oficialista y la oposición, vendrá con sorpresas según el ministro, pues han logrado llegar a acuerdos con quienes han cuestionado el proyecto, como el presidente del Senado, Roy Barreras y el ministro Alejandro Gaviria, no sin antes destacar que no se perderá la esencia que planteó desde un primer momento el presidente Petro.

Va a haber mucha sorpresa con el texto final. Hemos dialogado mucho con Roy y Gaviria y cada vez se llega a mas acuerdos. Es un gobierno que escucha y analiza porque el presidente es crítico y autocrítico, creo que va a haber un buen ambiente para tramitar la reforma. Más de uno se va a sorprender”, aseguró Prada.

El pasado 29 de enero, al término del Consejo de Ministros en Villa de Leyva (Boyacá), el Gobierno reveló que llevaría la iniciativa a las sesiones extras, buscando que contara con el mayor nivel de discusión y socialización.

“Hoy continuamos en la mañana trabajando en el tema, estamos muy dedicados a hacer la mejor versión de este proyecto que ha sido polémico, que va a ser polémico”, confirmó el ministro.

FUENTE: El Colombiano

“No incurriré en un delito”: Fiscal otra vez dice no a pedido de Petro

Barbosa dijo que no le obedecerá a Petro porque “no es su subalterno”. Gobierno busca salida para desenredar la paz total.

El Gobierno insistió en que Petro puede pedir que se levanten las órdenes de captura, según lo estipulado en el artículo 8 de la ley de orden público.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dejó claro que no dará el brazo a torcer y se mantuvo en firme –por segunda vez– en su rechazo a la petición del Gobierno de Gustavo Petro de levantar las órdenes de captura de 16 jefes de los grupos delincuenciales Clan del Golfo y los Pachenca, con quienes el Ejecutivo busca acercamientos para empezar a trazar el camino de su sometimiento a la justicia en la denominada paz total.

Este pedido –oficializado a través del la Oficina del Comisionado de Paz– desató una tormenta judicial entre dos bandos: por un lado, en la Casa de Nariño –y en el Congreso– se insiste en que Petro está facultado legalmente para pedir el levantamiento de órdenes de captura; y, por el otro, el fiscal Barbosa dio un no rotundo argumentando que de evitar la detención de esos delincuentes podría incurrir en un delito ante las autoridades de Estados Unidos.

Este diario pudo confirmar que ante esta negativa del jefe de la Fiscalía, el Gobierno tiene previsto tramitar en las sesiones extra del Congreso, a inicios de febrero, la ley de sometimiento para la creación de la figura de “sometimiento colectivo” y permitir que se hagan los procesos de dejación de armas de este tipo de grupos delincuenciales.

Esta iniciativa fue respaldada por el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, quien señaló que los argumentos de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura al no tratarse de grupos con estatus político (como el ELN) son “indispensables” para el tratamiento diferencial entre los grupos armados insurgentes y los narcotraficantes.

“Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en la justicia transicional. Los narcotraficantes y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero eso exige una ley”, apuntó Barreras.

¿Se enredó la paz total?

En su negativa, el fiscal Barbosa afirmó que no está obligado a obedecer el pedido de Petro porque no es “su subalterno”, y advirtió que, de hacerlo, podría incurrir en el delito de obstrucción a la justicia estadounidense. De entrada, este rechazo impide –temporalmente– que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pueda entablar contactos directos con los voceros del Clan del Golfo para explorar un eventual sometimiento.

En las toldas del petrismo se contradijo la versión de Barbosa y se insistió en que el Presidente está facultado para este proceso, según el parágrafo 2 del artículo 8 de la ley de orden público (ver facsímil). “Ese artículo da el sustento a la decisión (de Petro), así que es incomprensible esta obstinación del Fiscal al no querer proceder de acuerdo a la ley”, cuestionó el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Además, el Jefe de Estado trató de curarse en salud en este proceso y creó en diciembre de 2022, a través del Decreto 2655, la “Instancia de Alto Nivel” encargada de caracterizar a los grupos armados, lo que se traduce en que no pidió el levantamiento de las órdenes de captura por capricho, sino asesorado por quienes conforman esa instancia: el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado Rueda; y el director de Inteligencia, Manuel Casanova.

Entre tanto, justo después de este traspié con el Fiscal, el Gobierno recibió el espaldarazo del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, quien ordenó la suspensión de los operativos contra cabecillas del Clan del Golfo, como parte del cese bilateral anunciado por Petro, pero aclaró que no podrá impedir que sus integrantes sean capturados.

“Se suspende los operativos policiales, es decir, la búsqueda, pero si se identifica a una persona con orden de captura y no ha sido suspendida, por supuesto que se cumple, independiente del grupo armado que sea”, detalló el Director de la Policía.

Desde otro frente, el Gobierno está moviendo sus fichas legislativas para apurar la ley de sometimiento que le permita tener más margen de acción para acercarse a este tipo de grupos delictivos que no tienen estatus político. De esta ley se conoció que el Gobierno recibió asesorías jurídicas para evaluar penas alternativas similares a las que se le brindaron en su momento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos cabecillas pagarían –de no volver a delinquir– una pena no superior a los ocho años de cárcel, en el marco de Justicia y Paz.

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, le confirmó a EL COLOMBIANO que la idea es tramitar esta ley en las sesiones extras que habrá en febrero. Y entregó detalles de la iniciativa: “Va a ser muy parecido al modelo gringo, el bandido entrega verdad y recursos económicos y, a cambio, el Estado le devuelve una reducción de la pena”.

Esta discusión deja abierto el debate sobre las facultades que tiene el Presidente y su margen de acción para poner en marcha la política de paz total. Y, entre tanto, hay expectativa por el resultado de la reunión extraordinaria que van a sostener este martes en Caracas, Venezuela, las delegaciones del Gobierno y el ELN para intentar superar los aires de crisis.

FUENTE: El Colombiano

¿Por qué no se prendió la segunda unidad de Hidroituango?

Aunque la empresa declaró la operación comercial de las dos primeras turbinas del proyecto, la hidroeléctrica está operando a medias desde diciembre pasado.

El pasado 14 de diciembre, EPM anunció al país que las primeras dos unidades de generación de Hidroituango habían iniciado su operación comercial. La noticia, esperada desde hace más de una década, fue presentada como un hito y una especie de cierre ante las múltiples dudas y cuestionamientos que se han cernido sobre el ensamblaje de estos gigantescos aparatos. Sin embargo, la unidad número dos está por ajustar cuatro semanas apagada y no se sabe por qué.

Aunque desde diciembre pasado ha sido poco lo que había vuelto a hablarse de la central, conocedores del sistema energético nacional fueron los que encendieron las alertas recientemente, luego de ver con intriga la información que EPM le viene reportando a XM.

Pese a que desde el pasado 30 de noviembre, día en que se declaró la operación comercial de las dos primeras unidades, la empresa de servicios públicos ha insistido en que ambos artefactos estaban perfectamente operativos, la información dice otra cosa.

Los reportes de EPM

Como cualquier otro generador, EPM está obligado a reportar con antelación ante XM las novedades que tenga en su operación. Semana a semana, a través de un informe periódico titulado Análisis Energético de Corto Plazo, XM hace públicas esas proyecciones.

Según puede leerse en los registros históricos de esa publicación, las dos primeras unidades de Hidroituango aparecieron por primera vez en la semana del 12 de diciembre al 18 de diciembre. A raíz de la orden de evacuación que impartió el Gobierno Nacional, ambas unidades fueron declaradas como “indisponibles” durante todo ese primer periodo.

Sin embargo, tras la entrada formal en operación comercial el pasado 14 de diciembre, mientras la unidad 1 salió de ese listado, la unidad 2 siguió declarándose indisponible.

Así ocurrió también entre el 19 y el 23 de diciembre, entre el 26 y el 27 de diciembre, entre el 2 y el 8 de enero, y para esta semana entre el 9 y el 18 de enero.

Aunque expertos consultados coinciden en que en cualquier otra central energética del país declarar la indisponibilidad de una unidad es normal, en el caso de la unidad 2 de Hidroituango la historia es diferente por varias razones.

El primer factor que despierta suspicacia se vincula con el atropellado proceso con el que EPM declaró la operación comercial de Hidroituango, a pocas horas de vencerse el plazo contraído con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Aquel hito, completado el 30 de noviembre, se produjo luego de varios meses de declaraciones contradictorias entre la Alcaldía y EPM.

Por ejemplo, mientras el alcalde Daniel Quintero aseguró a comienzos de noviembre en una rueda de prensa que la primera unidad estaría lista para prenderse el 15 de ese mes, EPM manejaba un tono más precavido y llegada esa fecha le salió al paso al alcalde asegurando que su ensamblaje iba por buen camino pero que faltaban las pruebas “a carga nominal”.

Además de esa contraposición de fechas, un factor que siempre fue manejado con discreción fue el avance de la unidad 2 y su desfase con la unidad 1, que EPM fijó públicamente en cinco días en julio de 2022 y luego ajustó a 10 días de forma interna, antes de noviembre.

Pese a esos márgenes, la empresa matriculó ante el sistema interconectado la primera unidad el 26 de noviembre e hizo lo mismo con la unidad 2 el 30 de noviembre.

A ese panorama se suman varias declaraciones del vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo en octubre, que dijo querer “un par de semanas más” de tiempo para probar las unidades antes de inaugurarlas.

Bajo esa óptica, una de las dudas que salen a flote en medio de esos trabajos que se ejecutaron contra el reloj, principalmente buscando librar a EPM de un multimillonario incumplimiento ante la Creg, es cuál es el real estado de la unidad 2. ¿Quedaron calibraciones o pruebas pendientes?, ¿por qué la unidad 1 está funcionando, pero la 2 no?

Aunque el tema venía pasando de agache hasta hace algunos días, EPM se refirió el pasado fin de semana al tema y en respuesta a un requerimiento enviado por Noticias Caracol aseguró que la unidad 2 no funcionaba por un proceso de “limpieza en su sistema de captación”. Según registró ese informativo, EPM sostuvo que la unidad podría entrar a generar de forma continua “entre el 15 y el 18 de enero”; un rango que no encaja con el periodo de indisponibilidad reportado a XM.

Para cotejar esa inconsistencia y conocer el estado de la unidad 2, este diario envió un requerimiento al área de comunicaciones de EPM, que sin entregar información sobre el tema señaló que esta semana la empresa planeaba pronunciarse al respecto.

Al margen de la incertidumbre técnica, las demoras también despiertan preocupación por los ingresos que deja de percibir EPM, calculados en casi $2.000 millones diarios por unidad de generación.

FUENTE: El Colombiano

“No es cierto que el ahorro de transferencias a Colpensiones se gaste en infraestructura”: Petro

El mandatario defendió su reforma pensional y sostuvo que generaría un ahorro presupuestal, cuyos recursos sí podrían destinarse a inversión en infraestructura.

Petro ha defendido “un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público”, que garantice el derecho “fuera del negocio”.

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la controversia desatada por Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien sugirió que con dineros de fondos de pensiones privados se podría financiar el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Según el primer mandatario, “no es cierto” que el ahorro que se haga de transferencias se gaste en infraestructura.

De acuerdo con Petro, se trata de un tipo de financiación que hoy hacen fondos privados de pensiones con billones de pesos. “Véalo en la Ruta del Sol II y en el puente de Chirajara”, señaló.

En esa línea, el jefe de Estado defendió su reforma pensional, que será presentada en 2023, explicando que al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan a Colpensiones se lograría la disminución del presupuesto que el Gobierno gira a la entidad. Lo anterior, señaló, generaría un ahorro con el que sí podrían financiarse otros proyectos.

“El ahorro presupuestal que se logra con la reforma, y que no viene del dinero de los cotizantes sino del presupuesto nacional, se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional”, agregó el mandatario.

Petro agregó que con su reforma, durante los dos primeros años, se gastará la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal “que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional”. Posteriormente, dijo, se generaría “un segundo ahorro presupuestal” que sí podría ser destinado a inversión en infraestructura.

Previamente, el presidente de Colpensiones sostuvo que el sistema pensional quedaría bajo una sola entidad administradora de carácter público. “Vamos a hacer un solo sistema pensional en Colombia y a buscar un régimen de transición para que todos los que tengan derecho a pensionarse se metan a Colpensiones”, subrayó Dussán.

Para el funcionario, la propuesta es necesaria porque “la Ley 100 se envejeció” y porque, dice, luego de 30 años de vigencia hay más de cinco millones de colombianos en edad de pensión que no están cobijados con el sistema.

Sobre qué pasaría con los recursos del ahorro en el fondo público una vez se adelante la reforma, Dussán afirmó: “Los vamos a invertir en programas sociales. Podríamos pensar en obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla”.

El modelo pensional del presidente Gustavo Petro se organizaría mediante pilares de tipo no contributivo, contributivo y complementario, combinando el actual régimen de prima media (administrado por Colpensiones) y el de capitalización (de los fondos privados) a través de tres modalidades.

FUENTE: El Colombiano