Petro busca responsables en los medios tras freno a sus reformas

El presidente señaló que le hacen una supuesta “campaña inmisericorde” a su administración y a las iniciativas que impulsa. La FLIP y el CPB le exigen respeto por la libertad de prensa.

Los medios medios de comunicación son, de nuevo, el blanco de los dardos lanzados por el presidente Gustavo Petro y también de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ambos les han endilgado el presente enredado que tienen algunas de las reformas que han presentado, empezando por la de la salud.

El ataque a la prensa inició con las palabras de la ministra durante una audiencia pública sobre la reforma en Arauca, cuando el viernes señaló su “preocupación”, porque “Colombia esté sometido (sic) a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, cuando eso es una función constitucional del Congreso (…) No es el ‘fallo’ de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma, es la representación democrática del Congreso que no puede ser usurpada por la decisión mediática”.

A estos comentarios se sumó el Presidente durante un discurso que pronunció en Buenaventura, el pasado domingo. Les dijo a quienes escuchaban su discurso: “Ahí se la pasan los medios de comunicación que han hecho una campaña contra el Gobierno inmisericorde; la gente se extraña de ver todos los días cómo en emisoras, en canales de televisión, se nos ataca, se nos ataca y se nos ataca, Fíjense que tienen un gobierno que ni es aliado del narcotráfico, la violencia o la corrupción. Nos atacan porque tenemos un gobierno decente”.

Este comportamiento, no obstante, ha sido una constante de Petro como gobernante, no solo en la Casa de Nariño, sino también en la Alcaldía de Bogotá y como senador después de las elecciones de 2018. De hecho, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le ha llamado la atención varias veces por los comentarios en los que cuestiona el trabajo de distintos medios, pues “pretende sembrar la duda sobre su idoneidad”.

“No hay más a quién culpar”

Desde que los partidos tradicionales (Liberal, Conservador y de La U, que hacen parte de la colación de Gobierno) se bajaron en bloque de apoyar la reforma a la salud, así como marcaron distancia de la reforma laboral, el discurso del presidente Petro se encaminó a llamar al apoyo popular y a que estos sectores políticos se oponen “al cambio”.

Ese discurso, en el que se busca un doliente al cual responsabilizar por los planes del Gobierno que no tengan feliz término, entran también los medios con los que ha tenido una relación tensa desde que era alcalde de Bogotá y a quienes, desde que es presidente –de acuerdo con lo dicho por la Flip–, “ha calificado como información periodística falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a periodistas de manera desobligante y burlona”.

La reforma a la salud es el ejemplo más reciente: el viernes pasado a última hora lograran revivirla en el Congreso, sin que eso signifique que vaya a ser aprobada. Por eso, para el experto en salud Paúl Rodríguez, el señalamiento de la ministra Corcho –en consonancia con los ataques de Petro– “es desafortunada, porque en lugar de buscar espacios de concertación y diálogo, busca excusarse con un actor que no tiene nada que ver en el tema. Le ha echado la culpa a los partidos y al sector privado, pero los únicos que tienen capacidad de inferir en la percepción son los medios. No quedaba más gente para echarle la culpa”.

La idea de “relatos periodísticos”

Y es que para el presidente –como lo dijo en una entrevista con la revista Cambio– lo que existen son “relatos periodísticos” que, para él, generan un ambiente adversario contra las reformas (a la salud, laboral y pensional) que su Gobierno pretende ejecutar. Como le dijo a EL COLOMBIANO la directora de posgrados de ciencia política de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz, “desde entonces puso el tema de que la información que difunden los medios genera unas corrientes de opinión pública que le son adversas al Gobierno”.

Según Muñoz, esto evidencia que “los medios de comunicación tienen una capacidad de incidencia en la construcción de agenda pública”, y “(él) asume que las propuestas del gobierno no son del mejor recibo en la ciudadanía por cómo los medios informan sobre ellas”.

Por otro lado, la docente y periodista Nidia Serrano señaló que “no se le puede atribuir una responsabilidad a los medios de unos procesos que no están concertados con la sociedad civil, la clase política y con todos los que necesitan dar el visto bueno” a estas reformas; así mismo, recordó que “es hora de que se entienda que los medios tenemos un papel al servicio de la comunidad y de control a los procesos de la nación, en aras de que la comunidad sea la más beneficiada y no los gobiernos”.

Sin ir más lejos, el llamado Gobierno del cambio (¿para sorpresa de quién?) está emulando comportamientos de sus antecesores frente a la prensa que les era incómoda. Y aunque Petro tiene derecho a responder críticas, estas no pueden surgir desde la intimidación o la estigmatización, como lo dijo la abogada constitucionalista Catalina Botero.

FUENTE: El Colombiano

Ya está la ponencia para discutir el Plan Nacional de Desarrollo de Petro

Ese PND propone un gasto por $1.151 billones en las iniciativas del gobierno.

El informe de ponencia para el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue radicado ante el Congreso y ahí se incluyen 358 artículos que marcan la ruta para las iniciativas sociales del gobierno encabezado por Gustavo Petro, quien tendría un presupuesto de $1.154 billones de aquí hasta 2026 de cara al cumplimiento de sus propuestas.

Desde el Ministerio de Hacienda resaltaron que el texto se redactó “tras largas jornadas de socialización, deliberación, estudio y análisis que superaron las 12 horas diarias en los últimos 15 días”.

El documento de ponencia comenzó a gestarse desde el pasado 21 de febrero, cuando fueron designados los 40 congresistas de las comisiones económicas encargados de estudiar el proyecto en compañía del director Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP); José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda; y los demás ministros de las carteras que integran el Gobierno.

Con la radicación de la ponencia para primer debate, las comisiones económicas hicieron el anuncio del proyecto y desde este martes se llevará a cabo la discusión y votación en el Capitolio Nacional.

Vale recordar que entre las principales metas que tiene el Plan se destacan: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas.

El Plan propone cinco grandes transformaciones: “Ordenamiento del territorio alrededor del agua”; “Seguridad humana y justicia social”; “Derecho humano a la alimentación”; “Transformación productiva, internacionalización y acción climática”; y “Convergencia regional”.

Asignación de los recursos

Según la ponencia para primer debate, de los $1.154 billones, el 64% del monto se irá a temas relacionados con la Seguridad Humana y la Justicia Social.

Luego se contemplan $138,4 billones para la Convergencia regional; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $46,1 billones para el Derecho Humano a la alimentación; $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua; y 83,4 para Estabilidad Macroeconómica.

Con miras a respaldar la implementación y el desarrollo del Acuerdo Final, la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fueron incluidos $50,4 billones.

FUENTE: EL Colombiano

“El Gobierno Nacional debe ajustar el proceso de paz total”: Aníbal Gaviria

El gobernador Aníbal Gaviria le pide al presidente Gustavo Petro que apoye la creación de un “laboratorio de vida” en el Bajo Cauca que podría llevar a la creación de un distrito agro-minero.

Al gobernador Aníbal Gaviria le ha tocado sortear todas las muestras de poder que el Clan del Golfo le ha hecho al Gobierno Nacional. Desde hace 12 días, el departamento está sacudido por un paro minero sin precedentes que arrincona al Bajo Cauca y al Nordeste, y Gaviria quiere proponerle al presidente Gustavo Petro “un laboratorio de vida” en estas subregiones que consistiría en crear un distrito agro-minero que tenga en cuenta a todos los actores del oro. El gobernador también pide que la paz total no se convierta en un escudo para los armados.

Gobernador, ¿en qué va el paro minero?

“Ya hay un desgaste de los del paro y hay una muy importante presencia de la Fuerza Pública que ha ido avanzando en el control territorial. En este momento la troncal del nordeste ya está liberada. El lunes en la noche y ayer en el transcurso del día se abrió la Troncal de Occidente, o sea Medellín, Yarumal, Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Montería. Las vías fundamentales que estaban obstruidas ya están desbloqueadas”.

¿Y por qué se demoraron tanto? Ya van casi 13 días…

“Porque los bloqueos eran varios y en una sola de las zonas, en Tarazá y Cáceres, los manifestantes tumbaron cerca de veinte árboles y los atravesaron. Ahí se concentraron las protestas el fin de semana y ahí quemaron el peaje de Tarazá, y se intentó quemar y tomar la Estación de Policía de un corregimiento de Cáceres. Allí se demoró más la Fuerza Pública en lograr remover los obstáculos de la vía y en asegurar el sector para que los vehículos pudieran transitar”.

¿El cese al fuego bilateral que el gobierno de Petro decretó con el Clan del Golfo hizo todo más lento?

“No, en este caso no. En casos anteriores sí. Yo he sido crítico de ese cese al fuego y lo fui cuando estos grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, se estuvieron paseando por Yarumal, Campamento, Angostura, y por sus instituciones educativas. Desde allí le dije al país y al Gobierno Nacional que los actores armados estaban abusando del cese al fuego porque lo interpretaban como una inacción de la Fuerza Pública. El presidente Petro, desde el episodio de Yarumal, fue claro en decir que el cese al fuego no es únicamente para que dejen de dispararse el Ejército y los grupos armados, sino para que los grupos armados dejen de vulnerar a la población civil. No pueden seguir aumentando sus cultivos ilícitos, ni generar destrucción con la minería ilegal, ni tampoco ir a las escuelas a reclutar a los niños, eso fue lo que dijo Petro y se dinamizó la Fuerza Pública, que hasta ese momento sí estaba más lenta”.

¿Los videos de las disidencias jugando con los niños en escuelas de Yarumal fue lo que hizo mover a la Fuerza Pública?

“Totalmente. Es que en ese momento el país y la propia Fuerza Pública estaban en una confusión porque no sabían si podían repeler o no a los guerrilleros que llegaban a un centro poblado. Obviamente sí los podían repeler, porque si ellos seguían sembrando coca y seguían haciendo minería ilegal, ese no era el cese al fuego. Pero esa confusión estaba en ese momento. Yo quiero en esto ser claro, cuando se dio la orden del viernes del ingreso de la Fuerza Pública para normalizar el territorio, la orden se cumplió de inmediato, y las órdenes que ha dado el Gobierno Nacional de atacar a las dragas se han atendido también de inmediato. No ha habido lentitud”.

¿El Gobierno Nacional es el que ha quemado las dragas?

“Son decisiones del Ministerio de Defensa”.

¿Cuántas han quemado?

“Cinco dragas se quemaron el primero de marzo y tres se quemaron y destruyeron el sábado 11 de marzo, yo he apoyado al Gobierno Nacional en esas decisiones y el Gobierno ha apoyado a la Gobernación en la recuperación del control del territorio”.

¿Ocho dragas destruidas les hacen algún pellizco a los mineros?

“Sí, es que estas dragas son dragones de tipo brasileño, son grandes estructuras que producen un tremendo daño ambiental, no sólo por la forma en la que trabajan sino porque también utilizan mercurio y mucho de ese mercurio queda en el río”.

¿Pero cuántas de esas dragas hay en el Bajo Cauca?

“La cifra es muy poco oficial porque obviamente son ilegales, pero yo creo que puede haber unas 30 o 40 máximo. Estos no son aparatos de la minería ancestral ni de la artesanal, cuestan 1.500 o 2.500 millones de pesos, y por eso la quema de esos aparatos produjo la reacción del Clan del Golfo”.

Usted que ha sido crítico de la “paz total”, ¿cómo la ve a la luz de este paro?

“Todos tenemos el anhelo de paz y la mejor contribución es ser críticos de sus vacíos. La paz total tiene que tener una verificación. El cese al fuego, como el mismo Presidente lo ha dicho, no puede permitir que grupos ilegales sigan delinquiendo y aumenten la minería ilegal, la destrucción ambiental, la siembra de coca y las extorsiones. ¡Ese no puede ser el cese al fuego!”.

¿El paro minero golpea a la “paz total”?

“Esto amerita una rectificación, amerita un análisis de la verdadera voluntad de estos grupos con la paz total, porque la voluntad no puede mostrarse con cartas al Gobierno Nacional, sino con hechos. No puede ser que se envíen cartas y al mismo tiempo están propiciando una parálisis total del Bajo Cauca y el Nordeste con efectos gravísimos contra la población. Es que secuestrar 400.000 habitantes en su territorio, impedirles que se muevan, impedirles que se abastezcan, hacer que se cierren los comercios, obstaculizar las vías, pues eso no es paz total. Entonces claramente lo digo, el Gobierno debe rectificar, debe ajustar el proceso de paz total y debe exigir a estos grupos hechos reales de paz”.

El presidente Gustavo Petro viene a Antioquia…

“Sí, la información que tenemos es que el Presidente viene al Bajo Cauca. Quiero resaltar para que no quede ninguna duda de que la Fuerza Pública ha actuado de manera muy profesional. Tuvo una actuación prudente pero firme apoyando la recuperación de la tranquilidad de los ciudadanos. Y para eso la mandó el Presidente”.

¿Cuántos hombres mandó?

“Unos 10.000 hombres del Ejército y la Policía en el Bajo Cauca y el Nordeste, recuperando la libertad y el orden para las gentes”.

¿Le va a plantear algo al Presidente?

“Quiero proponerle una solución estructural: que el Bajo Cauca y el Nordeste se conviertan en un laboratorio de vida. Porque aquí desafortunadamente lo que ha habido es muerte y destrucción. A través de los años se han depredado miles de hectáreas con la minería ilegal y la coca. Se han muerto muchas personas. Han entrado en la ilegalidad muchos. Se ha deteriorado el tejido social”.

¿Cómo sería ese laboratorio de vida?

“Tiene muchos elementos. Uno básico es el distrito minero o agro minero que venimos trabajando desde la Gobernación con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con las alcaldías, con el CUEES (Comité Universidad Empresa Estado Sociedad), con las fuerzas vivas del Bajo Cauca. Allí también tiene que estar el distrito agrícola del maíz, que es uno de los más grandes proyectos del PDET. El plan maestro que ha venido discutiendo y construyendo el CUEES con todos los actores de la región, incluyéndonos nosotros. Y por supuesto todo lo que proponemos en la visión Antioquia 2040: corazón verde de América”.

Suena a un proyecto muy ambicioso…

“Esto no es un tema de un año, esto tiene que ser un plan a mediano y largo plazo que sirva como un laboratorio no sólo para el Bajo Cauca y el Nordeste sino para Colombia, donde se conjuguen inversiones y acciones del Gobierno Nacional, Departamental y local, también las corporaciones regionales, y en todas las áreas. Un laboratorio de vida que sea una solución estructural a los vacíos del Estado en el Bajo Cauca y el Nordeste por décadas”.

¿Es un laboratorio que necesita un gerente? ¿Una gran inversión del Estado? ¿De qué magnitud estamos hablando?

“Sí, es que el problema es de gran magnitud. La destrucción que hemos visto y que ustedes publicaron este domingo es la catástrofe ambiental más grande en la historia de Antioquia. ¿Merece eso un plan grande con inversiones de billones de pesos? Yo creo que sí. Además, porque es una zona en la que se concentran todos los problemas de Colombia: guerrilla, narcotraficantes, minería ilegal, daño ambiental, pobreza… Los grupos al margen de la ley están desde las Farc, el ELN, los grupos paramilitares, los narcotraficantes, ahora también el clan del Golfo”.

Es un sitio de reciclaje de la violencia…

“Exacto, por eso es un laboratorio de vida, que puede ser referente no sólo para el Bajo Cauca y el Nordeste, sino para otros territorios. Y tiene que tener una gobernanza, tiene que haber un gerente y obviamente un presupuesto importante del gobierno nacional, del gobierno departamental, fundamentalmente, y también la búsqueda del apoyo internacional. La destrucción de los bosques, de los ríos, es un problema que toca la sensibilidad global sobre el cambio climático”.

Le he oído una comparación entre las vías 4G y la destrucción de la minería ilegal ¿cómo es la imagen?

“Se está construyendo una gran vía de las 4G entre Alto Dolores y Remedios y Segovia, y entre Remedios y Zaragoza. Y desde el aire ves la obra de infraestructura vial más grande que estamos construyendo en Antioquia y se ve como si fuera un hilito al lado de la enorme destrucción producto de la minería ilegal. Una destrucción cien veces mayor que la que la huella que deja la 4G. Eso es algo impresionante”.

¿Qué significa un distrito minero? ¿Se legalizará a los ilegales?

“Lo más grave es que nosotros hemos convertido una riqueza en un problema. El oro ha sido el símbolo de la riqueza en toda la historia de la humanidad. Y allí lo que hay es mucho oro. Entonces, no puede ser que nosotros convirtamos la riqueza en muerte, en destrucción y en pobreza. Eso no lo hace el oro, eso lo hace el subdesarrollo. Porque los estados desarrollados que tienen riqueza convierten la riqueza en más riqueza. ¿Qué hacemos para convertir el oro en riqueza?”.

¿Por qué ha crecido tanto la minería ilegal?

“Porque ha aumentado enormemente el precio del oro y hoy la rentabilidad de la minería ilegal está por encima de la rentabilidad del tráfico de cocaína. Entonces los dos se convirtieron en grandes pilares de las organizaciones criminales”.

¿Y cuánto pueden ganar ahí? ¿Cuánta plata producen ahí?

“Ojalá pudiéramos tener mejores cifras, pero los negocios ilícitos de la droga y de la minería ilegal en Antioquia, en su conjunto, le generan ingresos de cientos de miles de millones de pesos al año a las organizaciones criminales. No sé decirte exactamente el valor”.

¿Ya le contó al presidente Petro su idea del laboratorio de vida?

“Nosotros hemos planteado el distrito minero y eso lo conocen los ministros del gobierno nacional y lo han visto con muy buenos ojos. Pero lo que quiero plantearle al presidente seguramente hoy en Caucasia es que como Estado no nos podemos quedar únicamente en la solución del paro y en el ataque a la minería ilegal. Tenemos que dar una solución más integral al territorio y esa solución es el laboratorio de vida en un período de ocho años de 2023 al 2030. Ya después se podrá proyectar hasta el 2040 y en ese período de ocho años definir unas inversiones de varios billones de pesos”.

¿De cuánto sería la inversión?

“Nosotros ya tenemos un borrador del laboratorio de vida que tiene los planes y los proyectos de inversión en el área productiva, en el área social, en el área de infraestructura, en el área de comunicaciones, en el área de cooperación internacional y por eso puedo hablar de que pensamos que la inversión podría ser de aproximadamente 5 billones de pesos. Nosotros en este Gobierno estamos invirtiendo un billón de pesos en el Bajo Cauca y otro billón en el Nordeste. Entonces no es desproporcionado que en los próximos ocho años se pueda invertir esa suma”.

Gobernador, ¿usted espera que el Gobierno Nacional se monte en esta propuesta con recursos o cree que con los recursos de la Gobernación de Antioquia se podría hacer esto?

“Los recursos del gobierno departamental los estamos invirtiendo y seguramente se invertirán allí, pero los que hacen la diferencia, los que convierten verdaderamente esto en un laboratorio de vida, son los recursos frescos nuevos del gobierno nacional. Yo propongo que el concepto de laboratorio de vida y este laboratorio se integren en el plan de desarrollo nacional para que puedan financiarse y para que se puedan construir las herramientas a través de la ley del plan. El Bajo Cauca y el Nordeste no van a esperar, las necesidades de la gente allí no van a esperar, la destrucción ambiental que continúa no va a esperar”.

¿Los habitantes de estos municipios pueden dormir hoy tranquilos o cuando dormirán tranquilos?

“Yo creo que es un proceso gradual”.

¿Todavía no está bajo control la zona?

“Hay un control, pero un control parcial, pueden dormir más tranquilos hoy de lo que dormían ayer, ayer de lo que dormían antier y pueden dormir más tranquilos seguramente mañana de lo que están durmiendo hoy, pero le voy a decir sólo podrán ellos dormir tranquilos y nosotros también, si ponemos a funcionar esta solución estructural del laboratorio de vida. Si aquí no se da una solución estructural mañana tendremos otro paro y no sólo en el Nordeste o en el Bajo Cauca sino en otros territorios”.

Se van acercando al norte de Antioquia, la mancha del oro se va extendiendo…

“No sólo el oro. Recordemos que el Clan del Golfo ya hizo un paro más grande que este en términos territoriales cuando extraditaron a Otoniel. Pararon Bajo Cauca, pararon Occidente, pararon el Norte, pararon Nordeste y pararon otros seis departamentos de Colombia. ¿Por qué? Porque vieron tocados sus intereses. Entonces, la solución estructural es más presencia del Estado, un Estado más fuerte en la ley, en la autoridad, en la fuerza pública y un Estado más fuerte en lo social, un Estado que haga más escuelas, que dé más salud, que haga más infraestructura de servicios públicos. Nuestra tragedia, nuestra gran paradoja, es que, por la debilidad del Estado, convertimos la riqueza en pobreza. ¿Qué tristeza? La región del Bajo Cauca es de las más ricas de Colombia y ¿para qué nos ha servido? Allí lo que hemos tenido y lo que tenemos hoy es una tierra degradada, una creciente destrucción ambiental y una degradación también del tejido social. Convirtamos la riqueza del Bajo Cauca en riqueza para el Bajo Cauca y el Nordeste y eso lo hacemos a través de este laboratorio de vida, que nos permita tener un Estado más fuerte”.

FUENTE: EL Colombiano

Listo salvavidas para que la reforma no ‘mate’ a las EPS

Liberales, La U y conservadores exigen que se les deje función de aseguramiento, que sean mixtas y de libre elección.

Los partidos Liberal, Conservador y La U –claves en la coalición del Gobierno de Gustavo Petro– establecieron en un borrador de 20 puntos las exigencias que le hacen al Presidente para respaldar su polémica reforma a la salud. Y la clave está en el salvavidas que le lanzan a las entidades promotoras de salud (EPS) para que la iniciativa de Carolina Corcho no las ‘mate’.

Este rescate político –tal y como lo anticipó EL COLOMBIANO– consiste en mantenerles la mayoría de funciones que actualmente tienen, pues lo que buscan las tres bancadas mayoritarias del Capitolio es que continúen con el aseguramiento de los pacientes, la posibilidad de ser mixtas, públicas o privadas, que mantengan a sus afiliados actuales, que haya libertad para elegir a cuál afiliarse y hasta les cambiarían el nombre. Proponen bautizarlas como EGVIS: Entidades Gestoras de Salud y Vida.

“No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud”, se lee en un el postulado que firmaron Dilian Francisca Toro (La U), César Gaviria (Liberal) y Efraín Cepeda (Conservador).

Esto va en evidente contradicción a lo radicado por la ministra Corcho, que las relegaba a ser responsables de Centros de Atención Primaria en Salud, manejar los sistemas de referencia de las personas vinculadas a sus centros de atención y ejecutar las auditorías que requiera el sistema. Esto era, en plata blanca, acabarlas.

Pero en la propuesta de los partidos, que realizaron al menos 3 reuniones para ultimar los detalles de su propuesta –la cual aún está pendiente de ser entregada al Presidente–, se mantiene uno de los cambios que se estipularon en el proyecto: eliminar –con matices– la intermediación financiera de aseguradoras.

“El sistema de salud se ejecutará mediante las EGVIS, las cuales gestionarán de manera integral los riesgos en salud, y administrarán los riesgos financieros de manera compartida con el Estado”, se lee en el documento.

Los partidos Liberal, Conservador y La U –claves en la coalición del Gobierno de Gustavo Petro– establecieron en un borrador de 20 puntos las exigencias que le hacen al Presidente para respaldar su polémica reforma a la salud. Y la clave está en el salvavidas que le lanzan a las entidades promotoras de salud (EPS) para que la iniciativa de Carolina Corcho no las ‘mate’.

Este rescate político –tal y como lo anticipó EL COLOMBIANO– consiste en mantenerles la mayoría de funciones que actualmente tienen, pues lo que buscan las tres bancadas mayoritarias del Capitolio es que continúen con el aseguramiento de los pacientes, la posibilidad de ser mixtas, públicas o privadas, que mantengan a sus afiliados actuales, que haya libertad para elegir a cuál afiliarse y hasta les cambiarían el nombre. Proponen bautizarlas como EGVIS: Entidades Gestoras de Salud y Vida.

“No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud”, se lee en un el postulado que firmaron Dilian Francisca Toro (La U), César Gaviria (Liberal) y Efraín Cepeda (Conservador).

Esto va en evidente contradicción a lo radicado por la ministra Corcho, que las relegaba a ser responsables de Centros de Atención Primaria en Salud, manejar los sistemas de referencia de las personas vinculadas a sus centros de atención y ejecutar las auditorías que requiera el sistema. Esto era, en plata blanca, acabarlas.

Pero en la propuesta de los partidos, que realizaron al menos 3 reuniones para ultimar los detalles de su propuesta –la cual aún está pendiente de ser entregada al Presidente–, se mantiene uno de los cambios que se estipularon en el proyecto: eliminar –con matices– la intermediación financiera de aseguradoras.

“El sistema de salud se ejecutará mediante las EGVIS, las cuales gestionarán de manera integral los riesgos en salud, y administrarán los riesgos financieros de manera compartida con el Estado”, se lee en el documento.

Así mismo, estas EGVIS conservarían sus afiliados priorizando una atención “altamente resolutiva en el nivel primario o básico, cercana, centrada en el usuario y el lugar donde reside y trabaja”. Y aquí es donde entra el derecho de libre elección de la entidad gestora que se prefiera.

“Existirán incentivos relacionados con los resultados en salud, satisfacción de usuarios, gestión financiera y la calidad de la atención”, agregaron. Además, piden establecer un referente arifario –con piso y techo– de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de la cual el 5% debe ir a las EGVIS.

En algo que concuerdan con la propuesta de Corcho, también con bemoles, es que le dan vía libre al sistema de información unificado “interoperable y obligatorio”, con el fin de que haya un manejo transparente en la administración de recursos. Incluso, piden que se paguen las deudas de las EPS para que estas, a su vez, le den viabilidad financiera a las IPS y a los hospitales públicos. Estos lineamientos, que para estos partidos “corregirán” los puntos más álgidos de la reforma del Gobierno y envían un mensaje de tranquilidad a los gremios de las EPS–, no sería una solución definitiva para los problemas de fondo del sistema de salud. Así lo reconocen ellos mismos.

Es decir, aunque el modelo de aseguramiento en salud gire en torno a estas entidades, no son el único actor del que depende el buen funcionamiento y la oportuna atención en salud a los usuarios.

Como lo dice el profesor de salud pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, esta tarea de las aseguradoras ha funcionado para mantener el control del gasto y que este no se dispare. “La responsabilidad de hacer control del gasto no es tan fácil de hacer y las EPS tienen un rol destacado en controlarlo. No todos los dolores de cabeza del sistema son culpa de esta figura”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el exgerente de Savia Salud Luis Gonzalo Morales reaccionó a las propuestas de los partidos y aseguró que es “un tratado de retórica con muy pocas cosas que no se hayan propuesto”. Dijo que no es adecuado prohibir la integración vertical de un asegurador prestador, y en cambio, deberían “hacer obligatorio que EPS creen infraestructura donde no existe”.

Para mejor entendimiento, actualmente la plata de la salud le llega a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y esta le gira anualmente plata a las EPS para que garanticen la atención a sus afiliados. Luego, estas le pagan a las instituciones prestadoras (IPS) que atienden a los usuarios, quienes les pasan las cuentas de cobro por los servicios que se le dio al paciente.

Costos y recursos de la reforma

En medio de la competencia por presentar reformas y los diálogos con los partidos en el Congreso para avanzar en el debate de la reforma, la Adres presentó este martes la proyección de recursos que necesitaría el sistema de salud –como lo plantea la ministra Corcho y el presidente Petro– en su primer año de funcionamiento, así como en la década venidera.

Números más, números menos: el modelo requeriría $89,1 billones para 2024, que se discriminarían así: $18 billones para la atención primaria, $65 billones para servicios ambulatorios, $1,1 billones para el fortalecimiento de la red pública, $1,5 billones para la infraestructura de los centros de atención, entre otros.

Esta suma aumentaría año tras año hasta llegar, en 2033, los $118,8 billones de la siguiente manera: $93,7 billones en 2025, $99,3 billones en 2026, $102,374 en 2027, $104,9 billones en 2028 y así sucesivamente. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda calculó que la reforma tendría un costo fiscal de $9 billones en 2024 y $12,7 billones en 2033.

Ante esto, la pregunta más obvia que salta a la vista es de dónde saldrá esa plata. El director de la Adres, Félix León, explicó que de “las cotizaciones, los aportes del presupuesto nacional y el sistema general de participaciones, que son los recursos para salud” y agregó que estos recursos crecen porque crece el presupuesto nacional, los impuestos, los aportes, el trabajo y el aporte de los trabajadores”.

En ese sentido, Hacienda proyectó que estas fuentes de ingresos subirán con énfasis en las cotizaciones al sistema y aportes de la nación (presupuesto general). Sin embargo, el investigador García expresó que “el gobierno hace un cálculo muy optimista de las cotizaciones cuando han mantenido una proporción a la baja”, que pasó de financiar el 52 % del sistema en 2010 al 40 % en 2020, según un estudio de la Universidad de Antioquia.

Sin ir más lejos, la idea de reformar el sistema de salud debe acaparar aspectos de fondo para mejorar la calidad de atención, como la cantidad de médicas que hay, aspecto en el que Colombia tiene 23 por cada 10 mil habitantes, mientras el promedio de la OCDE es de 36. Así como la de preguntarse si la proyección de darle una carga a las cotizaciones de trabajadores para proveer los recursos que necesitaría el posible modelo es viable con una población que está envejeciendo demográficamente, según el último censo del DANE.

Alerta por desabastecimiento de medicamentos en el país: ¿qué responde el Ministerio de salud?

El gremio de las EPS del régimen contributivo, ACEMI, advirtió que medicamentos como el Acetaminofén y el Ibuprofeno estaban escasos en el país. Por eso, varias aseguradoras que tienen a su cargo la gestión del riesgo de cerca de 34 millones de personas, reportaron a finales de este febrero novedades de abastecimiento en 1.242 principios activos, es decir, los componentes de medicamentos.

Por ello, las alarmas por un posible desabastecimiento se encendieron ante la preocupación por los pacientes con hipertensión arterial, transtornos mentales y VIH que podrían quedarse sin sus medicinas. Según los registros de Acemi, esta situación fue advertida desde mediados del 2022 y prevé que pueda empeorar. Como consecuencia, dicen, los problemas de abastecimiento permanecen en al menos la mitad de productos y la situación solo ha sido controlada en el 15 % de los casos.

En ese sentido, el INVIMA advirtió sobre 50 medicamentos escasos o en riesgo de escasez y 15 referencias completamente desabastecidas.

Ante esto, el Ministerio de Salud aseguró que “no todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar”. Y además explicó que “el nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS”, distinto a la mayoría de las IPS y EPS del sector, en donde “se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”.

La cartera de salud dijo que aún no se puede afirmar que hay una escasez porque algunos gremios están pendientes de enviar sus reportes. Por tanto, dicen requerir la información completa para evaluar la situación de los medicamentos en el país.

Infográfico

FUENTE: El Colombiano

Presidente aceptó hacer cambios en la reforma, pero tiene tres innegociables

El presidente se reunió con los directores de los partidos y les pidió propuestas para modificar varios artículos.

Los planes del Gobierno para sacar adelante la reforma a la salud enfrentan un reto que es, por lo menos, anormal: solucionar la resistencia dentro del propio gabinete ministerial, además de la que hay en la oposición, partidos aliados y académicos.

Esto se hizo más notorio luego de que se conociera el documento de 17 páginas con los reparos de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; de Agricultura, Cecilia López; y de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del director de Planeación, Jorge González. El presidente Gustavo Petro reconoció que el texto existió, pero matizó con que hubo un acuerdo para manejar sus proyecciones.

En consonancia con esto, Petro se reunió este lunes en Casa de Nariño con la bancada liberal, así como con los directores de los partidos Liberal, La U y Conservador para hablar sobre esta reforma. Tal vez esta última cita fue la más clave, porque el propio mandatario dijo que “traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados”. O sea, sí habrá cambios en el texto.

Y respecto a la primera reunión, la representante María Eugenia Lopera le dijo a EL COLOMBIANO que “se habló de la agenda legislativa y de que seguirán escuchando todos los actores”. Además, el también representante Germán Rozo expresó que “el Presidente hizo una exposición sobre la reforma a la salud y pidió que hiciéramos mesas de trabajo para conocer las propuestas del liberalismo”.

Las reuniones con los partidos son claves para el debate de la reforma, que –desde antes de ser radicada– genera hondos debates, empezando por el talante de la ministra Carolina Corcho y su tendencia a favorecer el diálogo con sectores cercanos a ella y no con quienes tienen reparos.

Pero Petro dejó claro que la reforma tiene líneas rojas que no serán modificables. Así se lo contó a este diario uno de los asistentes, quien pidió reserva de su nombre pero resumió la cita en que Petro “no quiere que las EPS y privados manejen recursos públicos”, y pidió que “lo ayudáramos con la bancada de Gobierno” a sacar adelante el proyecto. Estos son los tres puntos innegociables para Petro.

No hay intermediación financiera de las EPS

En términos generales esto se traduce en el cambio en la administración de recursos (la intermediación financiera), que dejaría de estar en manos de las entidades promotoras de salud (EPS) y pasaría a manos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

“Este modelo ha demostrado que no ha garantizado el aseguramiento en salud ni el financiero: las EPS le deben más de $23 billones a clínicas privadas y hospitales”, aseguró la congresista Martha Alfonso. Al respecto, los gremios de las EPS han advertido que esto significa desaparecer las aseguradoras y el sistema actual, pues “deja el nombre de EPS, pero se le dan funciones que son completamente diferentes”.

Cambio de enfoque del modelo como se conoce

Esta ‘línea roja’ sería la menos roja de todas debido a que es un punto en común que varios críticos de la reforma comparten como necesaria y se basa en que el modelo de salud no se ocupe de atender la enfermedad, sino de evitarla o pronosticarla a tiempo. Esto significaría “tener todo un dispositivo de prestación de servicios básicos y la articulación del Ministerio con otras carteras para atender determinantes sociales como agua potable, alimentación y educación”, explicó Alfonso.

Régimen especial para profesionales de salud

Este punto busca mejorar las condiciones laborales y contractuales de los profesionales de la salud por medio de un régimen especial para ellos que también les asegure condiciones justas y estables para su capacitación y formación.

No obstante, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, le dijo a EL COLOMBIANO que hay otros puntos en los que el Gobierno y la ministra Corcho tendrán que sacar su talante más conciliador. El primero de estos es el acceso a los servicios de salud y la libertad de escogencia, que, a su juicio, como está planteado en la reforma “va contra de la ley estatutaria en salud y si eso no se resuelve, no veo fácil que logren la aceptación por parte de la opinión pública”.

Por otro lado, mencionó la estructura de las redes de servicios, las cuales “son muy complejas y donde la reforma es muy débil en el cómo”. Y, por último, “el financiamiento del costo final de la reforma que debe quedar claro y preciso para todos”.

Por su parte, el vocero del movimiento “Pacientes Colombia”, Denis Silva, le manifestó a este diario que el Gobierno debe analizar “la pertinencia de temporalizar y transformar las EPS, porque pasarían a ser prestadoras de salud”; al igual que “revisar juiciosamente le plan preventivo y predictivo para saber de dónde vamos a sacar lo $24 billones que vale eso y el talento humano para llevarlo a cabo”.

Sin ir más lejos, las cartas inamovibles del Gobierno ya están sobre la mesa. Solo la conciliación política dará luz verde a la reforma que carga con el sambenito de que ni siquiera cuenta con el respaldo del Ejecutivo en pleno y de la polarización que esta genera: según la encuesta Opinómetro de Datexco, el 44 % de los encuestados está de acuerdo con el proyecto y el 43 % está en desacuerdo.

Ahora, en el Congreso está la llave de la respuesta y en el Ministerio de Hacienda, la de la caja fuerte, en la que debe haber al menos $12 mil millones para costear fiscalmente la reforma en diez años, según acordaron con el Ministerio de Salud.

FUENTE: El Colombiano

¿Si alcanza para tanto gasto? MinHacienda advierte que las reformas “deben ser coherentes con la regla fiscal”

El gobierno propone un plan de desarrollo financiado con $1.154 billones y hay dudas frente a la suficiencia de esos recursos.

Pocos días después de radicarse la reforma a la salud ante el Congreso, las dudas frente al costo de las iniciativas planteadas por el gobierno han hecho parte de la discusión. Por ello, hacía falta que el Ministerio de Hacienda se pronunciara al respecto.

Y es que en este debate público se deben poner de presente las inquietudes de todos los sectores. Por ejemplo, Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa) señaló que la sola construcción de 680 Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), en municipios que no cuentan con centro de salud, podría costar unos $50 billones.

Ese monto equivale al recaudo adicional de dos reformas tributarias como la aprobada en 2022 y representa el total asignado al área de la salud en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023.

Pues bien, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, ya habló al respecto y aseguró que todos los planes irán en línea con la disciplina financiera que necesita el país.

“Estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de la regla fiscal y eso significa que todas las reformas en curso, es decir, la reforma agraria, la reforma a la salud y la reforma pensional, tendrán que ser coherentes con la regla fiscal, que es una norma que el gobierno debe acatar porque es exactamente de origen legal”, comentó el jefe de Hacienda.

“Eso no significa nada diferente a que esto lo haremos en el contexto de los objetivos sociales y de lucha contra el cambio climático del país, que son los objetivos centrales del gobierno”, añadió.

Entretanto, el presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia enunció grosso modo que la reforma a la salud también implicaría un gasto de otros $37 billones entre proyectos como el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de Empresas Sociales del Estado y la unificación de la Unidad de Pago por Capitación.

En todo caso, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno ante el Congreso propone un gasto de $1.154 billones en sus cuatro años de ejecución. El 50% de los recursos vendrían del Presupuesto General de la Nación ($577 billones), lo que supondría un promedio de $144,3 billones por año.

Teniendo en cuenta que la salud no es el único renglón en el que el gobierno de Gustavo Petro está planteando inversiones considerables, una de las dudas frecuentes frente a su plan de desarrollo es si los recursos le alcanzarán para todo.

Cabe recordar que una de las misiones que tiene Ocampo es estabilizar las finanzas de la Nación, dado que en la pandemia la deuda pública subió sustancialmente y las calificadoras de riesgo están atentas a qué tan prudente será la política de gasto y endeudamiento.

FUENTE: El Colombiano