¿Cuál es la empresa que le vendió a la Presidencia un televisor de $27 millones?

La empresa que le vendió los artículos para el hogar a la Presidencia contrata con el Estado desde el 2012 y en una oportunidad le pidieron explicaciones porque sus precios eran “artificialmente bajos”.

En la Casa de Nariño podrán ver las noticias en un televisor de 85 pulgadas que costó 27 millones de pesos. El gobierno adquirió 31 artículos cuya función es “amoblar” las residencias que están bajo la administración de Gustavo Petro. La empresa encargada de vender estos artículos se llama Polyflex y tiene un recorrido amplio en contratar con el Estado.

Licuadoras, sartenes, cobijas con plumones de ganso y televisores son los elementos para el hogar que figuran en la compra que se hizo desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El contrato fue de 173 millones de pesos y el dinero fue a dar a la contabilidad de Polyflex.

La empresa que amobló las residencias oficiales, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), tiene cinco sedes activas en todo el país ycinco más que han sido canceladas. Se dedica a los negocios de las motos y a comercializar electrodomésticos, gasodomésticos, artículos de ferretería, pinturas, utensilios de uso domésticos y cocina. Su representante legal es Jaime Beltrán Uribe.

El Rues y el Secop arrojaron que la empresa de Beltrán Uribe ha contratado en diversas oportunidades con entidades públicas. Sus clientes han sido la Policía Nacional (en Nariño, Manizales y Quindío), el Ejército, la Agencia de Desarrollo Rural, el Inpec, Prosperidad Social, el Ideam y algunas alcaldías.

Este año Polyflex matriculó su sede en Bogotá –la misma que le vendió al gobierno Petro dos cobijas con plumones de ganso por $8.159.800– y le reportó a la Cámara de Comercio activos por 50 millones de pesos.

Es proveedor desde 2012 con diferentes instituciones como la alcaldía de Dosquebradas, Armenia, Manizales, Cali y decenas de municipios de Córdoba, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia y Huila.

Principalmenterealizó contrataciones para la compraventa de colchones, colchonetas, kits de aseo, ropa para personas privadas de la libertad y de las fuerzas militares. La institución con la que más firmó fue el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec por $2.100 millones en 137 ocasiones.

Su contrato de mayor cuantía fue con la alcaldía de Santa Rosa de Cabal por $463 millones para la compra de cuarenta y tres vehículos de clase moto-carros para la sustitución de los vehículos de tracción animal. Aunque Polyflex no tiene anotaciones, la Gobernación de Risaralda le pidió en 2018 justificar sus propuestas de precios porque consideró que “eran artificialmente bajos”.

¿Qué dice la empresa?

La empresa de Beltrán Uribe indicó que se dedican desde 1995 a la venta de colchones y que sus líneas de negocio han crecido para llegar a ofertar cientos de productos. Añadieron que el televisor de 85 pulgadas costó 27 millones de pesos porque tiene unas especificaciones que lo hacen de “última tecnología” y que, por tanto, son difíciles de conseguir en el mercado. Alegaron que por este polémico contrato no obtuvieron una ganancia exagerada.

Polyflex explicó que están registrados en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y que la Presidencia fue quien optó por ficharlos luego de analizar las ofertas del mercado.

“Amoblar las casas privadas es un deber del Dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”, fue la explicación del director Dapre, Mauricio Lizcano sobre el polémico contrato.

FUENTE: El Colombiano

Se sigue remendando la reforma tributaria: estos son los nuevos cambios

El Gobierno aceptó moderar algunos impuestos, pero será más severo con el del patrimonio para alcanzar la meta de recaudar $25 billones

La primera ponencia de la reforma tributaria será la próxima semana.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a ceder en las modificaciones a la reforma tributaria, radicada en el Congreso tan solo unas horas después de que el primer mandatario se posesionara el pasado 7 de agosto.

Esta vez la moderación llegó luego de una reunión entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes de la reforma, quienes propusieron matizar los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, aunque habrá más severidad con el impuesto al patrimonio para alcanzar la meta de recaudar $25 billones, en la que ha insistido el jefe de Estado.

En lo relacionado con las bebidas azucaradas, el nuevo remiendo propone un periodo de transición que irá siendo cada vez más estricto de acuerdo con los gramos de azúcar por cada 100 ml.

En el texto inicial, por ejemplo, se proponía un cobro para las bebidas con entre 4 y 8 gramos y otro para más de 8 gramos. Ahora, según anunció el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el impuesto aplicará para productos desde los 6 gramos de azúcar y habrá un cobro adicional para los que superen los 10 gramos.

En cuanto a los cambios en el impuesto a los alimentos ultraprocesados, que ha causado polémica por impactar el bolsillo de las personas con menos recursos, Ocampo aseguró que “muchos productos sí fueron excluidos de la reforma”, por lo que ahora “hay toda una lista nueva que tendrán que revisar con cuidado”.

Patrimonio, medio ambiente y sector bancario

En la búsqueda por no impactar el recaudo de $25 billones, también se modificó el impuesto al patrimonio, aumentando el cobro a 1.5% para quienes tienenmás de 10.000 millones de pesos.

“Vamos a dar un periodo de transición de 4 años porque el valor de las propiedades está subestimado, entonces es para que actualicen el valor de propiedades adicionarias (empresas)”, aclaró Ocampo.

Respecto a los impuestos al carbón y petróleo, se acordó que no les quitarán por ahora las deducciones de las regalías y se cambiará “la no deducibilidad por 5 puntos extra de impuesto renta”. “Hay una nueva fórmula para los impuestos a las exportaciones. Tiene una base más alta, basada en el precio promedio de los últimos 20 años y un impuesto del 20%”, precisó el ministro de Hacienda.

Finalmente, en lo relacionado con la sobretasa financiera, los ponentes propusieron 5 puntos adicionales de impuesto de renta aplicable a todo el sector financiero. Esto incluiría a las entidades aseguradoras y las comisionistas de bolsa.

FUENTE: El Colombiano

“Demando acabar irracional guerra contra las drogas”: Petro en la ONU

El presidente se estrenó en este organismo criticando la “hipocresía” global. Insistió en regularizar la coca.

El presidente Gustavo Petro fue el quinto jefe de Estado en intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Este fue su primer discurso ante ese organismo.

El primer discurso del presidente Gustavo Petroante la Asamblea General de Naciones Unidas estuvo cargado de pullas contra las potencias. Que la guerra contra las drogas y la lucha contra el cambio climático fracasaron y que Latinoamérica está herida por esas banderas fueron tan solo algunos de los tantos dardos que lanzó ante la plenaria de ese organismos multilareral, que se reúne en Nueva York, Estados Unidos.

Petro trazó ante el mundo los ítemes que ya había delineado en Colombia desde su campaña y que ha ido confirmando con anuncios en el mes y medio que va de su administración en la Casa de Nariño. El mandatario fue el quinto Jefe de Estado de los 193 miembros en intervenir ante el pleno, al que le pidió ayudar “sin hipocrecías” a las causas de una Latinoamérica que “se desangra”, según él, por la extracción de petróleo y carbón y las fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos.

“Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas”: Petro en la ONU

Agenda por la selva, ¿será que esta vez sí?

El ambiente fue la primera línea de su discurso. Petro dijo que la selva se está quemando y que esos bosques latinoamericanos, en la Amazonia que conecta los países del trópico, se están acabando. “Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva (…) Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen Estados y negociantes”, advirtió el primer mandatario.

Además, el presidente afirmó que los campesinos cultivan coca porque “no tienen nada más que cultivar”, una aseveración que motivó críticas de su oposición en Colombia. En palabras del expresidente Andrés Pastrana, “Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína”. La crítica era de esperarse.

Y es que el mandatario repitió un mantra que se le conoce muy bien dentro del país, pero que apenas está declarando ante el mundo: que la guerra contra el narcotráfico es una causa fallida, por lo que plantea la regularización de las sustancias que la comunidad internacional ha perseguido fallidamente durante más de cuatro décadas.

Para sostener esa enunciación aseguró que la cocaína causa “mínimas muertes”, mientras que el mercado del petróleo y del carbón, asevera él, “puede extinguir la humanidad”. Sin embargo, la adicción no es un problema sencillo en países como Estados Unidos, donde al año pueden fallecer unas 100.000 personas por sobredosis, como lo ha reseñado Naciones Unidas, una estadística que entre 2021 y 2022 tuvo un incremento del 28,5% en los casos reportados.

Coca: de enemigo a que sea un mercado

En todo caso, para el presidente, “detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana: la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero”.

Su intervención despertó reacciones encontradas. En el Senado el exnegociador de paz, Humberto de la Calle, celebró que desde Colombia se pusiera una agenda sobre “los modelos que deben replantearse”. Sin embargo, opositores como Juan Carlos Echeverry llamaron la atención sobre que “equiparar la cocaína al carbón y al petróleo, por sus efectos, es desconocer la obvia diferencia entre un alucinógeno y unas fuentes de energía”.

No obstante, el reclamo del “gobierno del cambio” no es una novedad. En 1996, el entonces presidente Ernesto Samper había planteado crear un tribunal para los casos de tráfico de drogas en medio de las discordias que su gobierno tenía con Estados Unidos por la no extradición de narcotraficantes. Y para 2017, Juan Manuel Santos se despidió de sus ocho intervenciones ante esa plenaria haciendo el mismo llamado.

Ya Petro le había manifestado a los emisarios de Joe Biden que viajaron a Colombia en agosto su interés en regularizar las sustancias ilícitas y acabar la guerra contra el narcotráfico. Incluso, el presidente ya cerró de un portazo la posibilidad de que en el país se utilice glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Esos temas entrarán en el primer encuentro que sostendrán este jueves Petro y Joe Biden, en Nueva York.

Para esa primera cita los equipos diplomáticos estuvieron delineando la agenda desde este martes y en el repertorio de temas están el narcotráfico, la regularización y la cooperación binacional que ha sido fundamental para que Colombia reciba aportes económicos internacionales desde la Casa Blanca.

Condonar la deuda de Latinoamérica

El discurso de Petro surgió desde el latinoamericanismo y ratifica su intención de volverse un líder regional. En su intervención llamó a los pares de la región a unirse para reclamarle a las potencias poner en el calendario los intereses de la región. Entre esos está que se condone la deuda externa de los estados para que estos puedan utilizar los recursos que destinarían al pago de sus pendientes con los bancos internacionales a invertir en la protección de la selva.

El reclamo: un fondo para recuperar los territorios. En palabras de Petro, “si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, pues reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta”.

En ese renglón también solicitó nuevos recursos a la comunidad internacional. Precisamente, al enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, le pidió 1.000 millones de dólares anuales para crear un fondo de paz para la protección de la selva.

Pero ya su antecesor Iván Duque había propuesto ante la Asamblea condonar la deuda. Lo hizo en septiembre de 2021, hace exactamente un año, con la premisa de que los organismos –como el Fondo Monetario Internacional– deberían perdonar los pendientes de los Estados que luchan contra el cambio climático.

Incluso, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo ese mismo llamado en la misma Asamblea de 2021, pero la petición de los jefes de Estado latinoamericanos no ha sido escuchada.

Paz para “salvar” la especie humana

Gustavo Petro le dijo a la ONU que “es la hora de la paz”. Esa paz que él plantea pasa por un reclamo de acabar la guerra en Ucrania por la invasión de Rusa –que él dice nace desde la ambición el petróleo– y también hacer la paz con el planeta mismo porque “estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones”. Incluso, las mismas pretensiones de paz que reclama el Ejecutivo nacen desde su confrontación con la guerra contra el narcotráfico que él pretende acabar.

Esa propuesta le valió aplausos desde otros sectores progresistas del país, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien consideró que “la vida y el desarrollo sostenible de Colombia y América Latina requieren del fin de la hipocresía global sobre la fallida guerra contra las drogas”.

Las banderas de los jefes de Estado ante la ONU aún están por decantarse. Este miércoles intervendrá el presidente Joe Biden y su agenda terminará marcando las líneas de la comunidad internacional para el próximo año en el que Petro quiere implantar la regularización de las drogas, mientras el globo mira a otros problemas: la inflación y la guerra en Ucrania.

FUENTE: El Colombiano

¿Por qué Francia Márquez no ha quedado a cargo durante los viajes al exterior de Petro?

El primer mandatario estará el lunes próximo en la Asamblea General de la ONU, por lo que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ocupará su lugar temporalmente.

Varios ciudadanos han cuestionado en redes sociales que la vicepresidenta Francia Márquez no sea la persona que ocupe las funciones del presidente Gustavo Petro durante su ausencia por compromisos internacionales del Gobierno.

Las dudas crecieron este fin de semana cuando, por segunda vez, quedó como encargada la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, mientras el primer mandatario asiste a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que se realizará el lunes próximo.

Pese a los rumores que se han difundido en los últimos días sobre un intento de excluir a la vicepresidenta de las decisiones del Gobierno, el motivo está más allá de una decisión arbitraria: la Constitución Política de 1991 define que la persona que queda a cargo durante los viajes al exterior del Presidente –en ejercicio de sus funciones– debe ser un ministro que, además, pertenezca al mismo partido o movimiento político del mandatario.

Lo anterior “según el orden de precedencia legal”, como cita el artículo 196 de la carta magna, deja bajo responsabilidad del ministro delegado “las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno”.

Ahora bien, el orden de precedencia también está estipulado en la Constitución Política, aunque el artículo ha tenido algunas modificaciones tras la creación de nuevos ministerios. La más reciente se hizo con la Ley 2162 de 2021, cuando se establecieron los ministerios del Deporte y el de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el orden se fijó que el primer lugar lo ocupa el Ministerio del Interior, seguido por el de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y del Derecho; de Defensa Nacional; de Agricultura y Desarrollo Rural; de Salud y Protección Social, y en octavo lugar está el Ministerio de Trabajo.

Es decir que entre las personas que lideran las principales carteras del Gobierno, ninguna hizo parte de los partidos o movimientos políticos que avalaron la candidatura de Gustavo Petro como presidente de Colombia y es por esto que Gloria Inés Ramírez, del partido comunista, es la persona que queda a cargo de la jefatura de Estado.

La denominación, orden y precedencia de los demás ministerios continúa así: Ministerio de Minas y Energía; de Comercio, Industria y Turismo; de Educación Nacional; de Ambiente y Desarrollo Sostenible; de Vivienda, Ciudad y Territorio; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; de Transporte; de Cultura; del Deporte; y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

FUENTE: El Colombiano

En colegios dañados piden que se invierta rápido plata para arreglos

Las vigencias futuras aprobadas por $319.000 millones para esto solo se ejecutarán desde 2023.

Los muros que penden de un hilo no dan espera para caerse, tampoco las lluvias para traspasar los techos e inundar salones y, mucho menos, grietas y humedades para seguir comiéndose suelos y paredes. Así lo manifiestan estudiantes de colegios públicos que siguen a la expectativa de que se empiecen las obras para arreglar la infraestructura en las sedes donde estudian. La premisa de muchos es presionar porque saben que ya la Alcaldía de Medellín diseñó un plan de acción y hasta se aprobaron los recursos para ejecutarlo. Lo que piden es celeridad.

Por esta causa, el pasado miércoles, alumnos de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño hicieron una marcha para pedir que agilicen la reparación porque ya no aguantan más recibir clases en esas condiciones.

“La primera (exigencia) es que la Secretaría de Educación mande, por fin, los trabajadores que prometieron desde hace mucho tiempo, ya que nos han prometido muchas veces que van a enviar trabajadores y nunca lo han hecho. Estamos pidiendo que empiecen con los arreglos que necesita el colegio, por lo menos con las cosas básicas para que no se nos filtre el agua en los salones”, expresó Isabella Mina, estudiante del colegio. Sus palabras se hicieron virales en las redes.

Las exigencias van más allá. Solicitaron que la Secretaría de Educación los mantenga informados sobre los contratos que suscriba para arreglar las sedes educativas, especificando los recursos destinados; y que el Dagrd haga una visita para determinar la seguridad de cinco salones que abrieron hace poco tras ser reparados luego de estar cerrados un tiempo por los daños.

Al respecto, desde la Secretaría de Educación indicaron que harán gestión con el Dagrd para realizar la visita y que informarán los avances de los procesos relacionados con la intervención que se hará con vigencias futuras, en 2023 y 2024. Asimismo, indicaron que el próximo 25 de septiembre iniciarán la intervención parcial programada con recursos de la vigencia de 2022.

“Previamente, se les compartió el documento de liquidación del convenio APP y el acuerdo del Concejo que aprobó las vigencias futuras ya que esta institución es una de las que tiene mayor asignación de recursos para intervención a través de las vigencias futuras”, informaron desde la dependencia.

“Ejecuten la plata rápido”

En una visita que este medio hizo ayer al Gilberto Alzate Avendaño, los estudiantes se mostraron preocupados de tener que esperar hasta enero para que se ejecuten las obras de fondo y dijeron que ya están cansados de esperar y de creer, pues son muchas las promesas incumplidas.

Por eso, se seguirán movilizando, con carteles a la entrada del colegio, plantones y asambleas estudiantiles. Varios alumnos expresaron que están indignados porque el pasado 10 de agosto funcionarios de la administración les dijeron que en máximo 15 días llegarían los obreros, pero tras 35 días no lo habían hecho, por lo cual marcharon. Como se dijo antes, la nueva promesa es el 25 de septiembre.

Entre tanto, el colegio se sigue cayendo de a poco, hay profesores con problemas en los ojos por los hongos que se reproducen en algunas salas, los salones se mojan cuando llueve y los estudiantes caminan bajo techos arruinados. Esto, dijeron, les ha hecho perder clases y sienten que no están estudiando con calidad. La imagen del lugar ejemplifica sus palabras y alimenta su presión.

Presión para que la Alcaldía ponga en marcha, rápido y con contundencia, el plan de reparación que busca resolver un problema que lleva años creciendo y que no nació en este gobierno. En julio pasado, el Concejo aprobó las mencionadas vigencias futuras por $319.000 millones, para intervenir la infraestructura de 398 sedes, pero entre 2023 y 2024.

El plan incluye 13 sedes más que, según informó la Alcaldía, serán atendidas en 2022 con $17.000 millones liberados de la Alianza Público-Privada (APP) que los tenía con el Gobierno Nacional.

La Secretaría también informó que han tenido reuniones con rectores y jefes de núcleo para socializar los recursos priorizados y que analizaron los planes de contingencia que deben implementarse para las intervenciones.

Pasa en otros colegios

Pero el Gilberto no es la única institución que vive estos dramas. Samuel Contreras, personero de la I.E. Mariscal Robledo, sede Conrado González Mejía, explicó que “el tema va de mal en peor” y que deben esperar hasta enero para que se ejecuten los recursos de vigencias futuras.

No obstante, quieren que se comiencen ya los arreglos, por lo menos los más urgentes porque algunos daños mantienen en riesgo a los alumnos: “Hay un muro que se nos va caer, el que da a la zona de la calle donde los estudiantes esperan el transporte. Tememos un accidente”, dice el líder estudiantil.

Allí también se han tenido que acostumbrar a estudiar entre humedades, pisos dañados, canchas con huecos, ventanas rotas y salones inundados. Y en las zonas más deterioradas no es posible evitar por completo que niños curiosos se acerquen, lo que aumenta el riesgo de que algo les ocurra. “Nos dicen que en enero se comienzan a ejecutar las vigencias futuras, pero el muro no espera hasta enero para caerse”, dijo Conteras.

En la I.E. Juvenil Nuevo Futuro, tampoco aguantan. Alejandro Alzate, el personero, relató una situación similar a la de los demás: los arreglos no avanzan, las promesas no se cumplen y les dijeron que esperen hasta octubre para que lleguen los recursos.

Entonces, contó Alzate, cuando llueve, los estudiantes deben arrumarse en las zonas de los salones donde no caen las gotas; la cancha tiene el suelo deteriorado; hay una loza que está que se desploma; cerraron parte de los baños y los que quedan deben ser usados por casi 600 estudiantes por cada una de las dos jornadas de estudio.

Allí la premisa también es presionar y se suman a un clamor generalizado: que la alcaldía se mueva con la puesta en marcha del plan de acción antes de que ocurra una situación más lamentable que el hecho de estudiar bajo esas condiciones.

FUENTE: El Colombiano

Petro propone bono de 500.000 pesos para los abuelos sin pensión, ¿de dónde saldrá la plata?

El gasto de este bono para la vejez sería de 18 billones de pesos al año.

El presidente Gustavo Petro propuso ampliar un bono asistencial para los adultos mayores que no pudieron acceder a una pensión en su vida productiva ni tienen un ingreso fijo. El gobierno otorgaría un subsidio de 500.000 pesos mensuales y el dinero saldría de la reforma pensional que deberá ser aprobada en el Legislativo.

“A través de un bono, que en lugar de $80.000, pase a ser de $500.000 y haga que el viejo que hoy no está pensionado pueda superar la línea de pobreza”, dijo el presidente Petro durante la posesión de 7 nuevos funcionarios de su gobierno.

El auxilio se otorgaría a tres millones de abuelos en el país e implicaría un gasto de 18 billones de pesos al año.

“Hay tres millones de adultos mayores que multiplicados por $500.000 implica claramente una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que quedan en fondos privados entren a Colpensiones originando el sistema de pilares”, explicó Petro.

El anuncio de Gustavo Petro ya había aparecido entre sus propuestas de la campaña presidencial que terminó ganando, sin embargo, no tendría la cobertura total de todos los adultos mayores que no tinen pensión.

El 9 de mayo de este año el ministerio de Hacienda del gobierno Duque calculó que en Colombia son 5,6 millones de personas las que están en edad de pensionarse pero que, por distintas razones, no tienen acceso a esta mesada mensual.

El gobierno anterior hizo cálculos e indicó que –si se cubriera con el medio salario mínimo a las 5,6 millones de personas– el gasto en el 2023 sería de 27,9 billones de pesos.

“Se supone que este impacto es mitigado por los aportes de los adultos mayores que al no obtener pensión aportan los saldos de sus ahorros en pensiones para obtener el beneficio de vejez”, había conceptuado el gobierno anterior.

El anuncio del presidente Petro, a falta de conocerse el borrador de su reforma pensional, ocurrió en medio de la posesión de los directores del Departamento para la Prosperidad Social, Icfes, Icbf, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Dane, así como a la consejera para la Equidad de la Mujer y el presidente del Banco Agrario.

FUENTE: El Colombiano