Internacional

Octubre 7. Ese será el día en que Brasil conozca a su nuevo presidente. Pero de hoy a esa fecha, tres meses antes de las elecciones, el país está dividido. Por un lado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lideró Brasil entre 2003 y 2010, mantiene sus deseos de ser candidato presidencial, a pesar de estar preso y, por el otro, la violencia y la corrupción continúan. A ese prospecto de candidato, se le suman más de una decena de personas con aspiraciones de llegar al Palácio do Planalto, que fragmentan aún más las opiniones de los electores.

De estos, solo unos cuantos puntean en los sondeos de intención de voto. Jair Bolsonaro, con el 19 %, quien se proyecta como un mandatario que atendería la inseguridad y la violencia que permea al país desde 2016; Marina Silva, una ambientalista que fue ministra en el gobierno de Lula y quien aspiró a las elecciones en 2010 y 2014, quien cuenta con 17 % de favorabilidad. Detrás estarían Geraldo Alckmin, con el 16 %, y Ciro Gomes , con el 13 %. Pero si Lula logra su candidatura, se perfilaría como el favorito a ganar los comicios con el 46 % de favorabilidad según la firma Datafolha.

El Partido de los Trabajadores (PT) aún no ha presentado oficialmente su candidatura y la fecha límite que establece el Tribunal Superior Electoral de Brasil para hacerlo es el 15 de agosto. Lula tendría cerca de 40 días para definir una situación jurídica.

El abogado brasileño experto en temas electorales Alberto Rollo explica que al día de hoy Lula es inelegible. Su única posibilidad es solicitar una figura que es conocida como “eliminación de inelegibilidad”, pero ni el Consejo Federal de Justicia ni el Tribunal Federal Supremo la han aceptado y se pronunciarían el próximo mes. Es decir, solo hasta el 1 de agosto se conocería una decisión. El abogado reitera que “al día de hoy está inelegible y al parecer así va a continuar, por lo menos hasta el día 31 de julio”.

Pareciera que la corrupción inundó a Brasil. Como lo explicaron fuentes a EL COLOMBIANO, comenzó como un escándalo en el ámbito nacional, cuando cayó el expresidente, y con el tiempo aparecieron nuevos casos en las regiones.

Además, los problemas siguen creciendo. Para el analista brasilero Iván Godoy la corrupción se volvió una práctica en la política brasileña, la violencia data desde finales del régimen militar y una de sus ciudades principales, Río de Janeiro, vive una decadencia económica. “El contraste social tan evidente aumentó la violencia en Río, hay organizaciones criminales y Brasil es un punto de paso para el tráfico de drogas”, explica.

En medio de todos esos conflictos, se prepara para elegir a su próximo presidente. Sin embargo, a diferencia de México, no se ha presentado una escalada de la violencia por cuenta de la campaña en la que aún no se confirma si Lula será candidato.

FUENTE EL COLOMBIANO

El gobierno de Nicaragua acusó este martes a la alianza opositora de intentar romper el orden constitucional con las protestas que realiza para presionar la salida del poder del presidente Daniel Ortega, que dejan más de 212 muertos en dos meses.

“Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de gobierno por la vía fáctica”, dijo el canciller Denis Moncada ante una comisión de la CIDH, según consignó el sitio digital informativo progubernamental “Informe Pastran”.

El gobierno y sus opositores reanudaron el lunes un diálogo que busca una salida a la crisis, pero volvió a estancarse pues Ortega aún no responde a la propuesta de la Iglesia católica -mediadora- de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.

Ante ello, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -grupos de la sociedad civil- se reunieron este martes para definir estrategias de presión, aunque aún no las anunciaron.”Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán.

La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.

“En Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico”, denunció por su lado el canciller Moncada.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático. Murillo, una extravagante mujer de 67 años, con enorme poder en el gobierno, dijo este martes estar “orando por la paz” y celebró los operativos que están desmontando cientos de bloqueos que mantienen los opositores en las calles.

Pánico en las calles

Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.

Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.

Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes, que tienen semiparalizado al país.

“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo, torturando, asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Alvaro Leiva.

El pánico que siembran en Nicaragua esos hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.

En los últimos días se multiplicaron las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.

“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de seguridad, Elvira Cuadra.

“No vemos voluntad”

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma con el obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.

La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos. “El llamado de la CIDH es muy fuerte y claro: hay que cesar todo acto de represión”, declaró en Managua María Claudia Pulido, secretaria adjunta del organismo.

La delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar muy en serio el informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir “el cese de violencia y toda represión”.

Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en 2007.

FUENTE EL COLOMBIANO

Un terremoto de 6,1 grados de magnitud sacudió el domingo el oeste de Japón y causó la muerte de por lo menos tres personas, incluida una niña de 9 años, y decenas de heridos, según informó el Gobierno.

La cadena pública NHK habla de al menos 61 heridos, una treintena de ellos en la ciudad de Osaka.

Los tres muertos confirmados son una niña de 9 años que falleció debido al derrumbamiento de un muro en un colegio en la localidad de Takatsuki (prefectura de Osaka), un hombre de 85 al que se le cayó encima una estantería en su casa de Ibaraki (en la misma prefectura) y otro varón de 80 que quedó sepultado bajo otra pared desplomada en la ciudad de Osaka.

El sismo se registró a las 07.58 hora local y tuvo su epicentro a 13 kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu -la mayor del archipiélago nipón- y a unos 500 kilómetros al oeste de Tokio, informó la Agencia Meteorológica (JMA).

El seísmo, por el que no se activó la alerta de tsunami, alcanzó el nivel 6 bajo en la escala japonesa cerrada de 7 grados (centrada en el grado de agitación en la superficie) en la prefectura de Osaka y de 5 alto en la vecina prefectura de Kioto.

Varios edificios en las ciudades de Osaka y Takatsuki se han derrumbado e incendiado, según las imágenes emitidas por NHK, que ha informado de que podría haber personas atrapadas.

El temblor ha causado la suspensión del servicio de tren bala en la zona, lo mismo que ha ocurrido con los servicios ferroviarios locales en las prefecturas de Osaka, Shiga, Hyogo, Kioto y Nara, mientras que el suministro eléctrico ya se ha recuperado en la región en la que quedaron afectadas unas 170.000 viviendas.

El aeropuerto Internacional de Kansai (Osaka), el más importante del oeste de Japón, ha sido reabierto después de que se confirmara el buen estado de sus pistas, mientras que en el segundo aeropuerto de esta ciudad se habrían cancelado 41 vuelos.