Los productores y comercializadores bananeros presentan hoy el balance de su actividad el año anterior, cuando exportaron 101,4 millones de cajas de la fruta, un 3,04 % más que las 98,4 millones de cajas despachadas en 2017 (ver gráfico).
Los resultados serán entregados en la asamblea de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), prevista para las tres de la tarde en el auditorio de la sede El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín. La agenda prevé que a las seis de la tarde el presidente Iván Duque, clausure la sesión.
Juan Camilo Restrepo, quien asiste por última vez a la reunión como presidente de Augura, espera que el mandatario se comprometa con el avance de iniciativas claves para las regiones bananeras de Urabá (Distrito de Adecuación de Tierras) y el Magdalena (reservorios de agua).
Lío pensional
El empresario Gabriel Harry Hinestroza, confió en que el presidente exponga fórmulas para enfrentar la inseguridad que se observa en Urabá y en particular contra el narcotráfico, que aprovecha los contenedores bananeros para enviar drogas al exterior.
Igualmente, se declaró a la espera de algún anuncio que permita resolver la situación laboral de trabajadores agrarios que no fueron vinculados al sistema pensional.
“La idea es que el gobierno se responsabilice o solidarice de esas obligaciones o se logre una concertación con el sector privado para resolver esa coyuntura”, comentó.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), Guillermo Rivera, explicó que la problemática afecta a unos 6.000 obreros que no fueron afiliados al sistema de seguridad social.
“Ese es un problema de los empresarios, porque ellos estaban obligados a afiliar a los trabajadores al entonces Seguro Social, y cuando esta entidad llegó a Urabá no se hizo el trámite. Hoy estas personas tienen la edad de jubilarse, e incluso hay fallos que obligan a que las empresas respondan”, añadió el dirigente.
Rivera confirmó que pese a las gestiones para que el gobierno asuma parte de estos compromisos, estas han sido infructuosas. Se calcula que el reconocimiento de esas pensiones costaría unos 720 mil millones de pesos. “Si no hay un compromiso gubernamental, les toca pagar a los empresarios para que los trabajadores se pensionen”, concluyó.
FUENTE EL COLOMBIANO
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