Dinero

Colombia está a medio camino entre los países que están listos para tener una transición energética exitosa, y ocupó el escalafón 32 entre 114 economías evaluadas. El país tiene un “rendimiento del sistema superior a la media, pero con una disponibilidad de transición inferior, lo que indica que se requiere incrementar esfuerzos para mantener y mejorar el desempeño actual”.

Así lo dio a conocer el Foro Económico Mundial, en el marco del encuentro que se realiza en Brasil, especializado en América Latina (ver Origen), a través del informe Fostering Effective Energy Transition, a Fact-Based Framework to Support Decision-Making (Fomentar la transición energética efectiva, basada en hechos para la toma de decisiones), y en el que lanza por primera vez el Índice de Transición Energética.

En Latinoamérica, países como Uruguay, Costa Rica, Chile y México tuvieron posiciones destacadas, así como en el panorama global en los que estuvieron en el puesto 13, 20, 24 y 28.

Pero, ¿por qué es importante estar a tono con la transformación energética? De acuerdo con la organización existe el reto de “proporcionar energía a más de mil millones de personas que carecen de ella, y reconocer la demanda para adicional para dos mil millones de personas a 2050”.

Una meta que se puede lograr y que además repercutirá en beneficios de cobertura, precios y agentes del mercado. Según el indicador, los países ejemplo en este aspecto son Suecia, Noruega, Suiza y Dinamarca, que encabezan la clasificación global.

El escalafón, incluye el desempeño del sistema, basado en la distribución de energía teniendo en la mira el “triángulo energético”, que comprende un sistema que apoye el desarrollo económico y el crecimiento, el acceso a la energía de manera segura y confiable, y con sostenibilidad ambiental.

La medición también incluye qué tan preparados están los países para la transición, a la luz de seis dimensiones: disponibilidad de inversión y capital, regulación efectiva y compromiso político, estabilidad institucional y gobernanza, ambiente innovador e infraestructura que así lo soporte, capital humano y la habilidad del sistema actual en adaptarse al cambio.

De acuerdo con el Foro, 80 % de los países han mejorado en los últimos cinco años sus sistemas energéticos, pero se necesitan resolver varios desafíos en este aspecto: los niveles de emisión de partículas se han deteriorado 50 %, la intensidad del carbón se mantuvo constante y la productividad energética mejoró 1,8 % anual, pero cayó de 3 %. Además el acceso sigue siendo limitado en algunos países y el precio de la electricidad siguen incrementándose pese a la caída de los precios del combustible.

La apuesta transversal debe ser que los países puedan fomentar el progreso estableciendo condiciones más favorables para el sistema de energía, en las dimensiones propuestas y sinergias entre los actores del sistema, recomienda el Foro. Y los países deben aprender de las experiencias de otros territorios para que realicen su propia hoja de ruta.

“Para Colombia hay muchos retos, aunque ha habido mejoras significativas con una matriz energética diversificada y con las acciones del Gobierno para potenciar un mercado competitivo y sostenible”, dijo Raúl Ávila, docente de la Universidad Nacional.

En el desempeño del sistema, Colombia tiene una posición destacada en sostenibilidad del medio ambiente, específicamente por la intensidad del uso de energía, y también en acceso a este servicio y la seguridad, debido a la no dependencia de las importaciones para mantener abastecido el mercado interno.

Quedan unas tareas de cara a la transición que se debe dar; específicamente en regulación y compromiso político, en el que Colombia ocupó el puesto 102 entre 144 economías. “No se ha dado una integración efectiva de las fuentes renovables no convencionales a nuestro sistema, esto nos está relegando”, explicó Daniel Vicente Romero, director Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Más allá de que haya mucha o poca normativa, lo importante es aplicar la Evaluación de Impacto, como lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), explicó Romero.

El país obtuvo una baja calificación en la participación y compromiso con los acuerdos de COP21 y en el que ocupó la posición 113, y estabilidad política (90). Según aclaró Romero el mal desempeño (113) se da por el año de referencia (2016), pues los avances más importantes fueron en 2017.

Hay que trabajar en la infraestructura y un ambiente propicio para la innovación (88), afectado por el indicador de calidad de transporte (98) y logística (88). El análisis puso sobre la mesa la educación (68), y la participación global de reservas de combustibles fósiles (90).

Finalmente, el enfoque en el precio es importante, señaló Romero, y por lo tanto es necesario mover el sistema a uno más eficiente en el cual la demanda participe y se eliminen las restricciones “están demasiado altas”.

FUENTE EL COLOMBIANO

“La reforma pensional en Colombia es cada vez más urgente”. Así lo consigna la calificadora de riesgos Fitch Ratings en su más reciente informe sobre los fondos y administradores de activos e inversiones, con lo que se suma a las voces que vienen advirtiendo sobre la necesidad de esta transformación, como la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y algunas instituciones (Anif y Asofondos).

En el documento, la evaluadora internacional sostiene que aunque no hay un consenso en el país sobre las propuestas para modificar ese modelo pensional, sí hay acuerdo en que, de no realizarse, el sistema público o régimen de prima media, administrado por Colpensiones, será insostenible financieramente, dada la alta carga fiscal que implica, siendo este financiado a través del presupuesto nacional.

Fitch tampoco sugiere los cambios que debe adoptar el régimen pensional colombiano, pero enumera algunas consideraciones y propuestas que han planteado distintos grupos, como el incremento en la edad de jubilación de los cotizantes y en el tiempo que deben hacerse los aportes.

“Si bien existen distintas iniciativas, para Fitch, las medidas que se tomen deberán propender por garantizar la sostenibilidad financiera del sistema”, se lee en el texto.

No obstante, la calificadora recuerda que para este año el pago de pensiones sumará unos 41,1 billones de pesos, lo que equivale al 17,5 % del presupuesto general de este año, y menciona que los sistemas pensionales actuales (prima media y ahorro individual) no deberían competir entre ellos.

Consultada acerca de la urgencia de acometer una reforma pensional, como lo plantean Fitch y otras entidades, Adriana Guzmán Rodríguez, presidenta de Colpensiones, evitó emitir alguna opinión y señaló que: “nosotros somos un simple operador, los temas de políticas les corresponde a los ministerios de Trabajo y Hacienda” (ver Dicen de…).

La funcionaria aclaró que aunque el presupuesto de 2018 contempla una partida mayor a los 40 billones de pesos para atender a los pensionados, de ese monto Colpensiones recibirá unos 14 billones, los restantes 26 billones se orientan a los regímenes especiales que no los administra esta entidad oficial (magisterio, fuerzas militares).

Por su parte Asofondos (gremio de los fondos de pensiones y cesantías privados) ha insistido en que la discusión de una reforma pensional debe centrarse en cómo diseñar un sistema que incremente la cobertura, que sea equitativo y sostenible en el tiempo, y no en quien administra el sistema.

Pero, la agremiación se declara partidaria de que en el país haya un solo sistema pensional, con diferentes pilares, acabando con la coexistencia de dos regímenes contributivos que, en lugar de complementarse, compiten uno con otro, dando lugar a arbitrajes que favorecen a los sectores de más altos ingresos.

A su turno, Anif (asociación de entidades financieras) cuestionó que Colombia lleva décadas debatiendo la necesidad de una reforma pensional lo que ha generado una “bomba social” de baja cobertura pensional, en la que dos de cada tres ancianos enfrentan el riesgo de caer en la indigencia.

Para esta asociación, una reforma estructural debe incluir el marchitamiento del sistema administrado por Colpensiones, respetando y garantizando todas las obligaciones de aquellos que opten por dicho sistema antes de enero de 2019 y estructurándose un generoso régimen de transición.

Así, dijo Anif, Colpensiones seguiría atendiendo sus obligaciones por lo menos hasta el año 2100, pero con el tiempo sus obligaciones más importantes tendrían que ver con los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un esquema de protección que asegura ingresos para quienes no alcanzan a ahorrar para obtener la jubilación al término de su vida productiva.

FUENTE EL COLOMBIANO

En Colombia, cinco de cada diez ciudadanos tienen un producto financiero formal como cuentas de ahorro o corriente y tarjetas de crédito. Es decir de 49,6 millones de ciudadanos, apenas 26,6 millones están insertos en la economía a través de la banca.

Así lo aseguró el informe, a septiembre de 2017, de la Banca de Oportunidades, liderado por el Estado para promover la inclusión financiera en el país.

“Es un poderoso instrumento de movilidad social, toda vez que los individuos pueden suavizar sus consumos, afrontar de mejor manera los choques y anticipar su bienestar redistribuyendo temporalmente sus compras”, explicó el vicepresidente de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, sobre la importancia de la bancarización.

“En la medida en que los individuos revelan información sobre sus hábitos transaccionales, es mucho más fácil incluirlos posteriormente en un crédito, pues la historia financiera es uno de los principales insumos para la bancarización”, apuntó.

Es la “vacuna” contra el flagelo del llamado gota a gota, como se le conoce a los créditos que se transan usualmente en el mercado informal entre vecinos o familiares a tasas de interés muy elevadas.

El economista y jefe del pregrado en Finanzas y docente investigador del Departamento de Economía de la Eafit, Raúl Armando Cardona, también coincidió con esos puntos y agregó que adquirir créditos y referencias financieras son otros beneficios que las personas obtienen por formar parte del sistema bancario.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Para Cardona, las desventajas de estar bancarizado radican principalmente en los costos financieros que cobran los bancos cada vez que se realizan ciertas operaciones.

Otro perjuicio tiene que ver con la seguridad de los datos y los recursos: “Debemos estar atentos a la información que nos suministre la entidad de nuestro saldo y movimientos”, sustentó Cardona quién además advirtió sobre la corrupción que puede existir y de la que algunos empleados bancarios obtienen provecho para generar fraude (…) pese a que los bancos tienen sus políticas de ética. Pero desafortunadamente tenemos el factor humano en el que siempre hay fallas”, dijo el experto.

Luego de conocer el contexto nacional sobre este tema surge la siguiente pregunta: ¿Cómo está Colombia con respecto a otros países? Pues la situación no es nada alentadora. De una lista de 26 ocupa el lugar 23, según el índice de Política e Institucionalidad del Foro Económico Mundial, que se elaboró en enero de 2017 y se divulgó en Davos a principios de 2018.

Si observamos el renglón de acceso a productos bancarios como cuentas de ahorro, corriente y cuentas ahorro para vivienda, el Foro Económico Mundial lanza al fondo al país y lo ubica en el puesto 25 de 26. Su evaluación está basada en la poca participación (23 %) que tuvo la población de bajos ingresos para acceder a productos de la banca.

Contradictoriamente, esa población parece hacer uso más intenso de algunos productos financieros, lo cual le dio mejor puntaje a Colombia (15/26).

Otros elementos financieros por los cuales Colombia salió mal evaluada fueron los costos de acceso (19/26), en el que pesó el impuesto del 4×1.000; y la falta de equidad de género (24/26), en el que los micro-créditos dirigidos a mujeres no tienen buen registro.

Si usted está entre los 18 y 30 años y tiene un producto financiero formal, seguramente utilizará con menos regularidad (87,8 %) , que quienes se encuentran entre 31 y 40 años (90,1 %). La Banca de Oportunidades estima que en el primer grupo hay 6.502.077 ciudadanos y en el segundo 6.202.344.

Tener una cuenta de ahorros es lo más común entre los que ingresan al sistema bancario, el mismo informe señala que al menos 24,7 millones de personas usan este tipo de producto, lo que agrupa 73,5 % de la población adulta. A esta preferencia le sigue la tarjeta de crédito, con 9,2 millones y el crédito de consumo, con 7,9 millones.

Esto se explica porque “los primeros pasos en la inclusión financiera suelen ser los productos que hacen parte del pasivo de los bancos (es decir, aquellos por los que la entidad debe pagar intereses al usuario), siendo las cuentas de ahorro las mejores exponentes”, detalló el vicepresidente de la Asobancaria, Jonathan Malagón.

Para la Banca de las Oportunidades, el mayor desafío que tiene el gremio es “estimular el uso y acceso de servicios financieros en el sector rural, especialmente, en aquellas zonas en donde las barreras geográficas impiden llegar de una manera efectiva con productos bancarios, siendo la tecnología uno de los aliados”.

En ese aspecto coincidió Mauricio Múnera, director de Inclusión Financiera de Bancolombia, la entidad líder en número de clientes en Colombia. “Aunque en términos de cobertura de municipios es posible decir que un alto porcentaje ya cuenta con conectividad a redes e Internet en sitios públicos, aún existe un número importante de colombianos que no dispone con conexión desde sus dispositivos móviles, casas o en sitios de trabajo debido a que la señal de algunas empresas de telefonía todavía no cubre toda la geografía colombiana”, explicó.

Por su parte, César Serrato, gerente de División Producto y Marketing del Banco Falabella, resaltó que aumentar la inclusión financiera en Colombia es un trabajo que involucra a todo el sector bancario nacional. “Lograr que los colombianos transiten por voluntad y convicción hacia el sistema financiero requiere que las entidades demostremos que allí encontrarán ganancias y valores agregados tangibles”, subrayó.

Escoger un producto financiero acorde con las necesidades y los gustos puede ser complejo y hasta abrumador, pero los rendimientos y los múltiples beneficios que ofrecen las entidades bancarias con sus diversos productos y servicios deben ser la mayor motivación para unirse al mundo de la banca y dejar de guardar los pesos debajo del colchón.

Para hacer más sencilla la toma de decisiones, la Asonbancaria y sus entidades financieras agremiadas, lanzaron en 2015 el portal www.yodecidomibanco.comcon el objetivo de poner a disposición de los consumidores los diferentes productos financieros que tiene el sistema bancario del país (ver Paréntesis).

El portal brinda información detallada de más de 1.600 productos masivos de ahorro, inversión y crédito ofrecidos por las entidades bancarias en Colombia, entre ellos: cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, depósitos electrónicos, créditos de vehículos y moto, crédito educativo y microcrédito.

Finalmente, el consejo es que “Solo debe elegir el tipo de producto que le interesa, indicar el lugar del país en el que se encuentra, sus preferencias con respecto al producto que deseas consultar e inmediatamente la plataforma le mostrará los resultados de su búsqueda, así como lo que necesita para poder solicitar su producto”, indica la página web .

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Antioquia ocupó el primer lugar del ránking de nueve departamentos del país con mayor demanda de microcrédito a nivel nacional en 2017, con una cartera de 1,2 billones de pesos o 10,37 % del total nacional; así lo reveló la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas).

La presidente de la sociedad, María Clara Hoyos, señaló que la cifra se dio por dos factores: el aumento del precio del petróleo y el impulso que se le está dando a las zonas rurales y agropecuarias del país por medio de productos como el cacao, el caucho y el café. “Eso contribuye muchísimo en la sustitución de cultivos ilícitos”, subrayó.

De acuerdo con el informe realizado por Asomicrofinanzas, Nariño ocupó el segundo lugar de la lista con 983.821 millones de pesos, equivalentes al 8,41 %. Seguido por Cundinamarca con 7,23 % (no incluye Bogotá por ser la capital del país) y Boyacá (7,09 %).

Los cinco últimos departamentos fueron el Valle del Cauca, Santander, Huila y Tolima, con una participación del 6 %; y Cauca con 5,21 % (ver Origen).

María Clara Hoyos consideró que “la curva de disminución ya se rompió. El hecho de que a partir del segundo semestre de 2017 el tema comenzara a reaccionar demuestra la adaptabilidad de los microempresarios ante las diferentes circunstancias del mercado”. Dijo que factores el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y el tema electoral pueden afectar el crecimiento del sector.

Andrés Montoya, director ejecutivo de Interactuar (una corporación de desarrollo empresarial sin ánimo de lucro), aunque coincidió con la visión de Hoyos sostuvo que el sector microcréditos ha aprendido a “defenderse de los ciclos económicos”.

“Este año estará mejor que el año pasado, todo esto por el buen desempeño que ha tenido el sector del agro”, resaltó. Sin embargo, Montoya destacó que queda mucho trabajo por delante en materia de inclusión social, productiva y financiera .

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El negocio de la marihuana medicinal ya es un hecho en Colombia. Y si bien por ahora hay un proceso que se puede entender como el “detrás de cámaras” para que esto sea posible, ya se prevé que el próximo año estarán listos los primeros productos a base de esta planta, al menos los naturistas y los de fórmula a la medida a los pacientes, de acuerdo con Andrés López, director del Fondo Nacional de Estupefacientes.

Además, parece un buen negocio para el país. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, presentó estimaciones económicas preliminares, realizadas con investigadores de la Universidad de Montevideo, en las que se muestra que las exportaciones “a mediano plazo, pueden significar lo que hoy se vende en el exterior en flores y banano, es decir, mil millones de dólares, pero hacia adelante podrían ser 4.300 millones, lo que implicaría los dos productos sumados al café”.

La estimación de Restrepo, incluye la posibilidad de que Colombia se quede con 10 % del mercado, excluyendo Estados Unidos; contempla que este negocio podría aportar entre 0,2 % y 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, y solo en el sector agrícola tendría un peso de 15 %, dadas las condiciones económicas favorables en el país para esta actividad.

En el mundo, Grand View Research prevé que a 2025 será una actividad que mueva 55.800 millones de dólares, con un crecimiento estimado promedio de 17,5 %, que parte de un mercado de 11.400 millones de dólares.

Por ahora, el primer paso es la venta al interior de Colombia. La manera de hacerlo más rápido se da por cuenta del aval de “fórmulas magistrales”, o hechas a la medida, como se realiza usualmente en la dermatología, de acuerdo con la prescripción de componentes, pues los productos farmacológicos de producción en serie, se demoran más, por las pruebas clínicas que un medicamento usual requiere, y es un proceso que se da entre 3 y 5 años, e incluso 10, según explicóLópez.

“Vamos a tener el desarrollo de productos para registrar como fitoterapéuticos, o naturistas, en los que no se modifican profundamente sus componentes”, dijo López.

Es evidente que hoy en el mercado circulan productos que prometen impactos milagrosos con base en marihuana, pero estos son ilegales, solo “en 2017 se decomisaron 3.600 fraudulentos de esta categoría en las principales ciudades”, afirmó el directivo. No obstante, la legislación ya ha dado licencias para la producción legal lo que va a permitir el lanzamiento de productos el próximo año.

“A esto hay que quitarle el esoterismo. Hay que poder tener acceso a un producto con un marco regulatorio claro, una evidencia clínica y médica, para saber dentro del cannabis qué funciona y para qué sirve”, agregó Felipe Harker, vicepresidente ejecutivo Medcann.

Lo que se está promoviendo es un “producto para el consumo humano seguro”, agregó Harker, y eso incluye la estandarización y trazabilidad del proceso productivo, con certificaciones de calidad. En el caso de Medicann, la inversión que se prevé en la primera etapa es de 15 millones de dólares, en Fuente de Oro (Meta), con 10 hectáreas de cultivo y plantación. Y por ahora, la compañía se enfocará en la producción de aceites para que alguien más los reprocese, mientras inicia su etapa de investigación y desarrollo para llegar a productos finales, ya sea fitoterapéuticos y/o farmacológicos.

Lo primero es que esta actividad plantea una condición probable de crecimiento y desarrollo del país. “También genera empleo (decenas de miles), con una virtud en las zonas marginadas o de posconflicto”, afirmó Restrepo. Un ejemplo de esto, según explicó López, es que pese a que la población pueda haber tenido relación con cultivos ilícitos puede formalizarse a través de la legislación; la erradicación de las matas actuales debe realizarse (porque no se saben las condiciones en las que se realizó la planta ni sus características), pero es admitible que conserven las semillas, pasen el proceso de evaluación de ellas, y una vez reciban la licencia pueden empezar a operar bajo la norma (ver Informe).

También la actividad vincula pequeños productores (0,5 hectáreas), con las grandes empresas a las que deben suplir el 10 % de la producción.

Para Restrepo, es clave también que se abre una nueva oportunidad en el mercado internacional, solo para 2018 hay un cupo de producción de 40 toneladas; se “fortalece la agroindustria y apoya la discusión de posconflicto del país”, afirmó el rector.

Además Colombia ya cuenta con la regulación para que el negocio sea una realidad tangible y las condiciones del suelo facilitan el cultivo y desarrollo de semillas. Se estima que de esta planta hay más de 400 variedades.

En este proceso, hay asuntos que cuidar, advirtió Restrepo. “El riesgo reputacional”, por ejemplo, sobre lo que implica la violación a la normativa y evitar que se dé un paralelismo entre el mercado formal e informal.

También “hay que manejar bien los errores de producción de fármaco, y garantizar las Buenas Prácticas de Manufactura”, así como la agilidad en los procesos, pues este tema es clave para la “sostenibilidad de la industria”, así como la rapidez de las licencias para lograr los procesos de comercio exterior.

Y, finalmente, Restrepo mencionó el “reto educativo, para mí significa investigaciones a fondo en producción agrícola, en semillas, variedades. Investigación en cosechas y plagas”. Esta idea convive con la necesidad de lograr biotecnología en este segmento, así como la creatividad que requiere la creación de modalidades a través de cooperativas de campesinos para que se agilice la producción nacional.

FUENTE EL COLOMBIANO