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Los colegios desconectados de Antioquia

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¿Qué hacen más de 2.500 estudiantes con un solo computador conectado a internet? En la Institución Educativa Agrícola de Urabá, en Chigorodó, solo una de las oficinas tiene garantizada la conexión. Su rectora Margarita Espinosa Botero, cuenta que en ninguna de las cuatro sedes del colegio hay internet para los estudiantes.

Para las clases, a veces, quedan “embalados”, agrega Espinosa, y son los docentes quienes deben descargar el material desde sus casas para compartirlo con sus alumnos.

Han solicitado a las autoridades locales la urgencia de llevar el internet e, incluso, ganaron una convocatoria de colegios digitales en la que los técnicos instalaron las redes por los corredores. Pero dice la rectora que hasta ahí llegó el asunto.

En la vereda El Caney en Santa Rosa de Osos, Norte antioqueño, un problema similar viven los estudiantes de la Institución Educativa Rural Porfirio Barba Jacob. Wilson Andrés Grajales, uno de los profesores, comenta que hace cuatro años que no tienen internet en el colegio.

Y es que en Antioquia la conectividad de las sedes rurales es una de las grandes falencias. Según la Secretaría de Educación departamental, a mayo de 2019 solo 440 sedes rurales (de las 3.921) tenían conectividad permanente.

Llegar hasta la ruralidad

Néstor David Restrepo, secretario de Educación departamental, enfatizó que la Gobernación ya conectó todos los centros urbanos y parques educativos. Si bien conectar los centros educativos rurales no ha sido fácil, añade Restrepo, están trabajando en ese proceso de forma paulatina.

“Es un gran reto, hay instituciones educativas rurales cuya conexión es de gran dificultad, por sus distancias o condiciones topográficas”, indicó el funcionario.

A comienzos de mayo, Antioquia postuló todas sus sedes rurales a una convocatoria del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para dar soluciones de acceso público a internet en 10.000 sedes educativas del país ubicadas en el campo.

Sylvia Constaín, ministra de las TIC, explicó que está garantizada la conectividad en las cabeceras municipales del país, “pero claramente la gran parte de la Colombia rural no está conectada”.

La ministra dijo que MinTic está avanzando en el proceso de la subasta del espectro, una suerte de “carreteras de comunicaciones” que se asignarán a final de este año y que serán la base para la “ola de conectividad” del 2020.

“En este año vamos a conectar 1.000 centros poblados en el país. El año entrante entramos con 10. 000 conexiones en escuelas alejadas”, dijo.

Sin embargo, Victor Muñoz, consejero presidencial para la innovación y la transformación digital, agregó que Antioquia está por encima del promedio del país, con un porcentaje de conectividad del 52%.

Añadió que dentro del plan de Gobierno se contempla un proyecto de acceso universal social, en el que se conectarán en Antioquia 440 sedes educativas públicas en zonas rurales de 88 municipios.

Muñoz puntualizó en que más importante que la conexión en sí misma es que MinTIC financiará la infraestructura y garantizará la operación por al menos 10 años: “En las políticas de conectividad de los kioskos digitales se creaba la infraestructura, pero no se mantenía la conexión por los costos”.

Concluyó Muñoz que en otro proyecto de acceso universal sostenible se conectarán 41 centros poblados antes beneficiados por la política de kioskos digitales, que deben estar instalados y funcionando antes de noviembre de 2019.

“El plan de conectividad rural ya llegó a la meta de cubrir al 96% de las cabeceras municipales con una red de alta velocidad (fibra óptica o la de microondas)”, dijo Muñoz.

Otro lío: robo de equipos

Además de las dificultades para conectar a las instituciones educativas a las redes de internet, se suma el aumento en el hurto de equipos en los colegios oficiales del país.

Según el programa Computadores para Educar, 2.864 equipos fueron hurtados de sedes educativas entre 2018 y lo que va de 2019. En Antioquia fueron robados 360 equipos el año anterior y 13 en lo corrido de este año.

Alejandro Félix Linero, director de Computadores para Educar, solicitó a las autoridades locales la toma de medidas de seguridad para evitar estos casos: “Eso es bien preocupante, porque estamos negando a nuestros niños que puedan acceder a la tecnología”.

“Cada uno de los computadores que se entregan deben ser asegurados a través de las pólizas municipales. Rechazamos los robos, pero no entregamos ningún dispositivo si no nos garantizan la póliza”, concluyó el secretario Restrepo .

FUENTE EL COLOMBIANO

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Acta de Acuerdos Por la defensa de la vida y la paz, rompamos la indiferencia con un grito solidario

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Por iniciativa del Colectivo Defendamos La Paz- DLP, constituida por los más amplios sectores políticos, sociales, gremiales, sindicales, académicos y de la sociedad colombiana, se ha convocado a toda la población a movilizarse el día 26 de julio en contra del asesinato de líderes y lideresas sociales, que a diario viene sucediendo en toda la geografía nacional ante la mirada impávida del Gobierno Nacional. La imagen que dio la vuelta al país y al mundo entero del cuerpo de María del Pilar Hurtado, asesinada el pasado 21 de junio, en Tierralta, Córdoba, junto a los gritos desgarradores de uno de sus pequeños hijos debe movilizar a todos los compatriotas para que pare esta racha de hechos que transgrede todos los principios de la civilidad en cualquier parte del mundo. Es inaudito que además de las penurias causadas al pueblo colombiano con las medidas económicas apabullantes del presidente Duque, su posición contra la Paz y su política laboral contra los trabajadores, tengamos que soportar que se nos prive del derecho a la vida por el simple hecho de discrepar de uno o muchos de los aconteceres de la cotidianidad nacional.

Ad portas de cumplir tres años de firmados los Acuerdos de Paz en La Habana, el panorama de su aplicación e implementación es realmente preocupante. El objetivo final de solucionar problemas esenciales de la sociedad colombiana, como la restitución de tierras, la sustitución de cultivos, la participación política de las víctimas, entre otros, se ha visto truncado en medio de una campaña de estigmatización, persecución, amenazas y asesinatos que buscan imponer el discurso de la guerra y debilitar los cambios democráticos que posibiliten la construcción de la paz y el desarrollo nacional.

En Colombia, según el Instituto para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, desde el 2016 hasta el 20 de mayo del 2019 han sido asesinados 702 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; así como, 135 exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorporación.

Para el movimiento sindical, desde la firma del Acuerdo de Paz, se han registrado al menos 489 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra sindicalistas, entre ellas, 66 homicidios. En el caso de maestros, el número de amenazados en los territorios va en aumento, sin que existan verdaderas garantías tanto para el ejercicio de su labor docente como para el de la libertad sindical.

La siguiente representación iconográfica nos revela la violencia antisindical ejercida para callar las voces de resistencia, siendo la CUT la Central que más ha sido afectada; y, en ésta, los maestros agrupados en FECODE han puesto una gran cuota de sangre.

Situación particular viven hoy los maestros que hacen presencia hasta en la última vereda del territorio nacional. Con este panorama no es fácil desarrollar la labor docente, porque se vuelve un riesgo permanente ejercerla, allí donde confluyen los conflictos con diferentes actores armados. A esto se le suma la campaña gubernamental de estigmatización contra el magisterio y su organización sindical, FECODE, por su papel de defensa del derecho a la educación pública, los derechos del magisterio y su compromiso con lograr que la Escuela sea un Territorio de Paz.

El Gobierno Nacional debe garantizar que paren ya las persecuciones, las amenazas y los asesinatos contra líderes y lideresas sociales, sindicales y populares; se respeten, cumplan e implementen los acuerdos pactados en La Habana y se reinstalen a la mayor brevedad posible los diálogos y los procesos de negociación con el ELN y demás actores armados.

Tanto para la CUT como para FECODE, consideramos y reconocemos la Paz como un derecho fundamental de todos los colombianos; trabajamos por su construcción desde la escuela y todos los escenarios sindicales y sociales. Hay razones para sumarnos al Grito del 26 de julio; participar en el mismo se convierte en una necesidad de movilización nacional de los trabajadores, maestros, estudiantes, comunidades en general, rechazando el asesinato de líderes y lideresas sociales en nuestro país. Emplacemos públicamente al Gobierno a generar mecanismos de amparo, protección a la vida, integridad física y a que termine el régimen de violencia y de terror que comienza a instaurarse nuevamente. Los maestros y los trabajadores de toda Colombia confluiremos en las calles y las plazas para defender el derecho a la vida y por la paz de nuestro país.

FUENTE FECODE

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