Antioquía

Las instituciones de educación superior de Medellín se unirán a la movilización nacional de este miércoles para pedirle al Gobierno Nacional que aumente el presupuesto para la universidades públicas.

Las organizaciones estudiantiles piden que el Gobierno adicione $4,5 billones al presupuesto de 2019 para las universidades públicas, y destine $700.000 millones para Ciencia y Tecnología y se equipare con el mejor presupuesto que ha tenido este sector, que fue en 2012, cuando logró $425.000 millones.

El punto de concentración en Medellín será el parque de Los Deseos, a la 1:00 p.m. La marcha partirá a las 2:00 p.m. Tomará la Avenida Ferrocarril hasta la Avenida Colombia, luego subirá hasta la Avenida Oriental, seguirá por la calle San Juan, después buscará la Avenida Las Vegas y culminará en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Otras dos movilizaciones se unirán a la marcha principal. La primera se reunirá a la 1:30 p.m. en el Rinconcito Ecuatoriano, sector San Germán, llegará hasta la Universidad Nacional y conectará el recorrido en la Minorista. Por su parte, los profesores que también saldrán, partirán de la sede de Adida (Calle 57 con carrera 42, Centro) y se sumarán en la Avenida Oriental.

Daniel Hernández, líder del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, dijo que para su institución es fundamental visibilizar las exigencias al Gobierno Nacional. “Esperamos que asistan 7.000 personas”, dijo.

Dalp León, vocero de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, contó que la marcha es convocada por la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, plataforma donde convergen los movimientos estudiantiles del país. “Esperamos hacer actividades culturales en el Politécnico hasta las 12:00 de la noche, la hora del paro nacional”, dijo.

Los organizadores esperan participación de los estudiantes de la Universidad de Antioquia (incluidas las regionales de Oriente y Urabá), Universidad Nacional, Tecnológico de Antioquia, Pascual Bravo, ITM, Colegio Mayor, Sena, algunas instituciones privadas, sindicatos de profesores, egresados y familiares de los alumnos.

FUENTE EL COLOMBIANO

El rifirrafe por hechos relacionados con Hidroituango no paró con el cruce de denuncias penales entre la Gobernación y EPM. Esta última respondió ayer, punto por punto, a los ocho señalamientos que hizo el gobernador Luis Pérez, el lunes ante la Asamblea, y que calificó de “errores constructivos”.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo que pese a ser contratista, la relación con la Gobernación quedó reglada por el contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar y devolver” central).

“Para dirimir las diferencias se tienen previstos mecanismos jurídicos y técnicos que contempla dicho contrato. Es muy importante mantener la cordura, no estamos evadiendo la discusión técnica ni jurídica y si en algo tenemos que responder, lo haremos, pero exigimos que estas discusiones se hagan sin injurias ni calumnias”, dijo.

Contraargumentos

El consorcio y el diseñador también se sumaron a las réplicas a Pérez. Santiago García, director comercial y contractual del Consorcio CCC Ituango, explicó que el plan para destaponar los túneles iniciales de desviación no se pudo llevar a cabo por la imposibilidad de llegar al sitio.

“Lo intentamos en condiciones muy difíciles, pero no se logró por las inundaciones constantes de la zona”, dijo.

Sobre el potencial daño que sufrió el macizo por las voladuras, otro de los señalamientos del gobernador, respondió: “Excavamos 2,3 millones de metros cúbicos de roca en todo el proyecto. Se utilizaron 4.270 toneladas de explosivos y nunca hubo señal de inestabilidad en la montaña. Para remover el tapón izquierdo se utilizaron 2,3 toneladas, ni el 1 % de la carga usada en los demás túneles. Es improbable que afectaciones del macizo se asocien a voladuras”.

Luis Fernando Restrepo, gerente de Integral, diseñadora del proyecto, explicó que la Galería Auxiliar de Desvío (GAD) se construyó con los mismos parámetros de los túneles iniciales de desvío, estructuras que resistieron velocidades mayores durante cuatro años de operación.

“Son errores gravísimos”

Al término del consejo de seguridad de ayer, el gobernador le respondió a EPM. “Hagan su juicio si creen que la exposición en la Asamblea no fue seria, bien sustentada y si no revela gravísimos errores. Lo que pasa es que EPM, que es contratista, no está acostumbrada a esto”, declaró.

Sobre una posible mediación del presidente Iván Duque en el conflicto con EPM, respondió: “El presidente no me puede decir a mí que no reclame un contrato, excepto que me lo diga por escrito para que las autoridades digan si es procedente. No he podido entender porque esta gente se enoja, tampoco si no se han dado cuenta que son contratistas de la Gobernación”.

FUENTE EL COLOMBIANO

De la necesidad de construir una estación de recolección y gestión de las 1.800 toneladas diarias de basura que produce Medellín, antes de su disposición final en el relleno sanitario, se viene hablando desde 2003.

Ese año se realizaron dos estudios para identificar lotes en los que se pudiera implementar la estación de transferencia de residuos, además de determinar el sistema de transporte que recorriera los 50 kilómetros de distancia hasta el relleno de La Pradera (Norte, en Donmatías).

Pese a que la necesidad se volvió norma tres años después (artículo 238 del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín de 2006), la estación tardará, al menos, 18 años hasta entrar en operación.

Múltiples factores impidieron la materialización del proyecto durante casi dos décadas. El principal problema fue el hallazgo de un lote apto. Se evaluaron diferentes predios: uno contiguo a la Plaza Minorista, otro en Girardota, uno en Copacabana, otro más en la vía a Machado y uno más ubicado donde está la Planta de Tratamiento Aguas Claras en Bello.

Según Jorge Lenin Urrego Ángel, gerente de Empresas Varias de Medellín (Emvarias), los intentos fueron bloqueados por algunos municipios, además de encontrar restricciones en los planes de ordenamiento territorial. “Hoy el proyecto es viable y tiene aprobación de la junta”.

La estación de transferencias de Emvarias estará ubicada en un predio contiguo a la Terminal de Transportes del Norte, en la actual estación de bomberos de Caribe.

El proyecto valdrá $55.000 millones, incluidos predios, equipos y obra civil, y comenzará a construirse a finales de 2019, con plazo de 18 meses, según confirmó Emvarias.

Urrego explicó que la estación es un equipamiento necesario en las ciudades que tienen distantes sus rellenos sanitarios, porque favorece la logística y operación de los vehículos compactadores. El funcionario dijo que es una solución estandarizada en ciudades de Estados Unidos, México, Brasil, Chile y países europeos.

“Permite eficiencias operativas en el transporte de masas de residuos, de manera mas económica y técnica, lo que reduce los impactos ambientales”, afirmó.

En plata blanca, con una estación de transferencia, los compactadores no tendrán que volver a La Pradera. Llevan los residuos a este acopio, donde son embalados por medios mecánicos, sin contacto manual y con una mínima exposición al aire libre, antes de ser subidos a tractocamiones de mayor capacidad de carga.

“El compactador no está diseñado para largos trayectos, sino para circular en las ciudades y hacer microrrutas de recolección. A parte del impacto ambiental, ir a La Pradera aumenta el costo operativo por desgaste de llantas, gasolina y los peajes”, dijo Urrego.

La obra permitirá actualizar la infraestructura metropolitana para la gestión de residuos sólidos, acorde con la concentración urbana de los próximos 50 años.

El otro aditamento es que la estación se integrará con el futuro ferrocarril de Antioquia para que los residuos, en una etapa ulterior, sean llevados en tren hasta La Pradera.

“Es un equipamiento para el transporte de residuos, no resuelve el problema de la gestión. La hace mas eficiente en términos ambientales y operativos”, añadió Urrego.

La tasa de aprovechamiento de residuos ha crecido de forma sostenida en los últimos años en Medellín, según el Informe de Calidad de Vida 2017. Mientras en 2015 la tasa era de 16 %; en 2016 subió a 17 %; y el año pasado llegó a 19 %.

Felipe Vélez Roa, exdirector de Planeación de Medellín, opinó que la región debería saltarse la etapa de una estación de transferencia y enfocar los esfuerzos en aumentar la tasa de aprovechamiento. “Después de aplazar tantos años la estación, ahora se debe pensar en soluciones audaces para aumentar el nivel del reciclaje”, afirmó.

FUENTE EL COLOMBIANO

Que las autoridades en Medellín cobren por parquear en la calle y, en algunos casos, más de lo que cuesta hacerlo en un estacionamiento particular, es inconcebible para muchos ciudadanos. Este modelo, conocido como parquímetros, es justificado en una necesaria y eficaz regulación del uso del espacio público y la movilidad.

La Alcaldía de Medellín dice que la medida cumple dos objetivos fundamentales: regular el parqueo en las vías y desincentivar el uso del vehículo en algunos sectores.

El secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, va más allá y agrega que los parquímetros solucionan el déficit de parqueo en algunos sectores que no cuentan con oferta de estacionamientos públicos.

“Lo primero que queremos es llegar a los lugares donde se necesitan espacios para estacionarse y no hay oferta de parqueadero, para que no se ubiquen en cualquier lugar, desordenadamente. Lo segundo es propiciar que las personas vayan en transporte público o en vehículos compartidos, cuando tengan un origen y destino similar”, dice.

Los parquímetros en Medellín tienen el nombre técnico de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) y existen desde 1999, pero solo a partir de 2012 son operados por la misma Alcaldía.

Actualmente, Terminales Medellín, entidad adscrita a la Administración Municipal, es la encargada de los cobros y administración, pero reporta toda la información a la Secretaría de Movilidad, que es quien lidera el modelo.

En total son 2.377 celdas de parqueo en 18 zonas de la ciudad, demarcadas y de las que un funcionario está encargado de cobrar por el parqueo a los conductores de motos y carros valores que oscilan entre los 3.100 y 4.400 pesos.

Dicho recaudo, entre 2012 y lo que va de este año, ha generado ingresos al gobierno local por el orden de los 36.393 millones de pesos (ver infografía).

Las millonarias cuentas por concepto de parquímetro, según el secretario Iglesias, representan recursos que son invertidos en obras y programas sociales para los habitantes de la ciudad.

Para comparar lo que cuesta estacionarse en un parqueadero público y en un parquímetro buscamos ejemplos en dos zonas de Medellín en las que confluyen los dos modelos.

Los precios entre uno y otro son muy diferentes en el Centro. Por ejemplo, un estacionamiento por el Parque de Bolívar, cobra $3.000 la hora, mientras Centro Park, en El Palo, tiene un costo de $4.500 por 4 horas y después de ese tiempo la hora es a $1.000. Los valores de los ZER en el sector oscilan entre $3.300 y $3.400.

En El Poblado los costos son más similares para los dos sistemas. El parqueadero San José cobra por hora $4.000 y la fracción o media hora es a $2.600. Un valor parecido maneja 41 Street, mientras en Rose Street vale $4.500 igual tiempo.

Ninguno de los parqueaderos consultados utiliza el sistema de cobro anticipado para la primera hora, como sí se hacen en los parquímetros.

Iglesias asegura que los parquímetros han organizado la movilidad y el espacio público en las zonas en que se encuentran, ya que los vehículos no se estacionan en andenes, ni espacios prohibidos. Anuncia que seguirán haciendo ZER, pues cada vez hay más sectores que pasan de un uso residencial al comercial, incrementando la demanda de parqueo.

“Donde antes había una casa grande en la que vivían ocho personas y se tenían máximo dos vehículos, ahora hay restaurantes y son hasta 20 carros”, apunta.

El funcionario añade que la definición de los sitios con parquímetros se hace luego de un riguroso estudio bajo la premisa de que el carril que se destine para parqueo no genere caos en la movilidad.

“No todas las condiciones de las comunas son iguales. Antes de poner un cobro por la hora de estacionamiento hacemos un estudio socioeconómico del sector, así como de los parqueaderos aledaños, y sacamos un promedio para establecer el valor”, subraya.

Según el secretario, las ZER también buscan erradicar la práctica del “trapito rojo”, que son personas que de manera informal se apropian del espacio público para supuestamente cuidar los vehículos y que, afirma, “tenemos evidencia de que en algunos casos están detrás rentas ilegales”.

Para Daniel Carvalho, concejal de Medellín y experto en temas de movilidad, los parquímetros son una buena medida para controlar la forma en que se ocupan las vías y la “toma ilegal de espacios por algunas bandas delincuenciales”.

“El modelo de parquímetros genera empleo formal, y que sea la Alcaldía la que obtenga los recursos que genera el parqueo y los reinvierta en movilidad sostenible y seguridad vial, es lo más correcto”, aclara.

A Cristina Barrera le pareció un abuso que le cobraran una hora y 10 minutos a $8.800 por parquearse en una celda operada por el Municipio en el barrio Provenza de El Poblado. Considera injusto, además, que le exigieran pagar la primera hora de manera anticipada, y no cree que realmente la medida sirva para descongestionar las calles.

Para Iglesias el cobro anticipado se implementó para evitar que el conductor se vaya sin cancelar, lo que estaba siendo recurrente.

Un operario de los ZER en El Poblado comenta que la instrucción que le dan sus superiores es de ir renovando el cobro, es decir, que si el conductor pasa de la hora (ya pagada) le pueden generar un nuevo tiquete con el valor adicional que debe cancelar.

“Si un agente de tránsito encuentra que el conductor no ha cancelado la primera hora o lleva varias sin hacerlo es posible que se le ponga cepo al vehículo”, dice Iglesias.

Barrera, quien considera exagerado el pago de $8.800 por 1 hora y 10 minutos en Provenza, relata que al cuestionar al operador por el cobro, este le dijo que un supervisor les pasa revista y les pide resultados en recaudo “como si entre más cobrara, mejor hacía su labor”.

De acuerdo con el secretario Iglesias, este es un mito que se ha hecho viral, y negó que hubiese algún tipo de incentivos o comisiones a los operadores por los cobros efectivos de parquímetros.

“En ningún momento hay comisiones para los que hacen esa labor. Lo que les incentivamos es a que presten un buen servicio y esto no es cobrando”, recalca.

EL COLOMBIANO consultó a través de redes sociales sobre la percepción que existe de los parquímetros en Medellín y las opiniones son divididas, entre los que consideran que son un abuso y quienes los ven como un beneficio para la movilidad y el peatón.

Por ejemplo, David Carvajal manifiesta su indignación por el cobro de una hora completa en un ZER de El Poblado cuando solo se usa unos minutos.

“¿Cómo es posible que cobren 4.400 pesos la hora por parquear en la calle? Además, si uno se pasa un minuto le cobran la hora completa. ¡Es un abuso!”, señala.

Por su parte, Óscar Mauricio Torres Castaño considera que la norma es incoherente: “Si parquea en vía pública, está obstaculizando el paso a peatones y a los demás conductores, pero, si en la misma vía pública, ponen un parquímetro y usted paga y parquea, no estorba ni es obstáculo para nadie. Vea qué cosas”.

Por el contrario, Juan Pablo Quinchía Hernández expresa que las Zonas de Estacionamiento Regulado benefician a peatones y a los conductores, y con estas “habrá una gran mejora en la movilidad en las calles de la ciudad”.

También Canom Maldonado apunta que “solo a los que no saben de disciplina, respeto y orden, no les conviene”.

Respecto a las sanciones, la empresa operadora de los parquímetros, Terminales Medellín, establece que “el control a la correcta utilización de las ZER será permanente y sin excepciones de ninguna clase, pues de no hacerlo, tendrá una sanción económica de 15 salarios mínimos legales diarios y vigentes y el vehículo será inmovilizado”.

Rómulo Orrico, profesor de cursos de posgrado en Ingeniería de Transportes de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), asevera que los parquímetros son necesarios, pero no suficientes para mejora la movilidad.

“En una calle de tres carriles, se destina uno para parqueo de vehículos (que pagan por estacionar), pero ¿cuánto le cuesta a los que transitan por los dos que quedan, en términos de reducción de tiempo, aumento de consumo de combustible?”, cuestiona y añade que el espacio es limitado. La calle no es para parqueo. La calle es para la ciudadanía”.

Contrario a ese concepto, el concejal Carvalho, opina que mientras más costoso le salga a a los ciudadanos sacar el carro o la moto, debido a los valores que se tienen que pagar por parquímetro, más posibilidades se tiene de recurrir al transporte público, a la bicicleta o al vehículo compartido.

“He solicitado que sean muchos más parquímetros en Medellín. La meta de la Administración Municipal es llegar a 3.000, ojalá fueran 30.000”, dice el corporado.

Carvalho, entre tanto, expone el caso de París (Francia), donde, dice, “hay alrededor de 100.000 celdas de estacionamiento regulado y eso les representa cerca de 400 millones de euros al año”.

Medellín es pionera en Colombia en el establecimiento de Zonas de Estacionamiento Regulado (ver recuadro paréntesis). Vencer la cultura de “parquear donde puedo o quiero” ha sido el principal reto de las autoridades para consolidar una medida que muchos ven como necesaria y de la que otros cuestionan su real impacto para resolver los problemas de congestión en las calles de la ciudad.

FUENTE EL COLOMBIANO