ONU DERECHOS HUMANOS PIDE RESPETO POR MARCHAS DE ESTE MIÉRCOLES

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su capítulo de Derechos Humanos, conociendo de las marchas que se realizan este miércoles en las principales ciudades del país, llamó la atención de las autoridades para que respete los derechos humanos de los manifestantes.

“Ante el anuncio de las marchas y con el fin de prevenir eventos violentos, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanosexhorta a todas las autoridades a respetar el ejercicio de derechos en el marco de las manifestaciones de la protesta social; así mismo llama a quienes se manifiestan en reclamo de sus derechos a hacerlo de forma pacífica”.

De igual manera, el llamado también fue para los manifestantes, para que logren ejercer su derecho a la protesta, pero de manera responsable, “adhiriéndose a los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a participar en la dirección de los asuntos públicos y a defender los derechos”.

Finalmente, dice la ONU, y para promover la prevención, recuerda que cualquier forma de privación de la libertad de las autoridades, “debe cumplir con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Hay que recordar que las movilizaciones de este miércoles tienen diferentes objetivos. Por un lado, los estudiantes que se mantienen en paro desde hace ocho semanas, exigiendo más recursos en la financiación de la educación pública superior; además, también saldrán docentes a respaldar las peticiones de los estudiantes, las centrales obreras y diferentes grupos sociales también se movilizarán contra la reforma tributaria que se tramita en el Congreso.

FUENTE EL COLOMBIANO

Estudiantes y gobierno dan el primer paso para lograr acuerdos

Establecer una mesa de diálogo y concertación para definir de dónde saldrán los $500 mil millones que hacen falta para el cierre financiero de las universidades para lo que queda de 2018 y evitar la suspensión y cancelación del semestre en las universidades públicas son las dos principales conclusiones de la reunión, de nueve horas, que sostuvieron ayer los estudiantes y el Ministerio de Educación, en Bogotá.

Más allá de que no dejó grandes soluciones, sí permitió tener un contacto directo, sin intermediarios, y una “agenda de trabajo” entre las partes, aunque lo clave, que es el presupuesto, sigue en la nebulosa, dada la realidad económica del país, incluyendo la polémica reforma tributaria que el Gobierno presentó el miércoles pasado.

Sin embargo, diferentes analistas, docentes y los propios estudiantes ven este paso como “algo positivo” pues, como lo planteó Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acrees) que integra a alumnos de universidades públicas y privadas, “avanzamos en el sentido de que ya definimos la metodología, las garantías para que la mesa funcione y para seguir discutiendo; nos volveremos a ver el martes y miércoles de la próxima semana”.

Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que estos “espacios de construcción colectiva” entre las partes son positivos y aprovechó para invitar a que “las movilizaciones que se realicen siempre sean pacíficas”, e hizo alusión a que el próximo jueves el movimiento estudiantil volverá a marchar en el país, acompañado de la Central Unitaria de Trabajadores.

Es un impulso, pero…

Jairo Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), destacó que lo que sucedió ayer entre los representantes de los 650.000 estudiantes y el Gobierno es una muestra de que el diálogo debe primar. “A todos nos preocupa la educación superior, pero hay que entender que las soluciones que se planteen no se darán de inmediato”, dijo Torres.

Además, expresó Torres Oviedo, otra preocupación que manejan los rectores que es la posibilidad de que se cancelen los semestres académicos, pues esto obligaría a reiniciar las actividades el próximo año, lo cual representará una pérdida de tiempo “y un impacto social y financiero”. Dicho esto, el presidente del SUE destacó que son cuatro universidades ya las que han suspendido clases.

También aprovechó para recordarles a los estudiantes que, ya sentados en la mesa, el camino debe ser “retornar a clases, porque nos sirve una universidad abierta, desde donde podamos debatir, argumentar y mantener el diálogo que nos permitan encontrar respuestas y salidas a la crisis”.

¿Qué implica la reunión?

Para en analista político Miguel Silva Luján, sin duda, el encuentro entre las partes servirá para fijar posiciones alrededor del modelo de educación superior, el cual lleva “más de una década mostrando su agotamiento. Es un modelo que, salvo pequeñas variaciones, es de hace más de 25 años” y que “hay que reformar”, motivo por el cual, dijo, es imperativo que se mantenga abierta la discusión, pero que sea “más amplia”.

En el mismo sentido, el analista destaca que en este pulso le preocupa que la lucha de los estudiantes se quede “únicamente en el problema de financiación de las Instituciones de Educación Superior Estatales, porque ese es solamente uno entre varios asuntos que hay que revisar”.

No obstante, otra visión tiene Omaira Tapiero, investigadora de la U. Distrital, quien aseguró que aunque puede ser visto como un “gran paso”, habrá que esperar si la voluntad del Gobierno es real y no solo se quedará en “convocar a reuniones, que ha sido una de las medidas adoptadas en otros momentos”.

FUENTE EL COLOMBIANO

4,2 millones de afiliados de Medimás, a las mejores EPS.

Entre tumbos llegó y entre tumbos termina la EPS Medimás, por cuenta de la decisión de la agente liquidadora de Saludcoop, de revocar la venta de Cafesalud a Prestasalud, el consorcio que pagó alrededor 1.46 billones de pesos para crearla.

Esto, sin duda, genera preocupaciones a los 4.204.928 afiliados que tiene la empresa, según cifras de la Superintendencia de Salud.

La Procuraduría, el 2 de agosto pasado le presentó a la agente liquidadora el requerimiento, teniendo en cuenta las irregularidades en el proceso de venta y las constantes dificultades que evidenciaron durante los 14 meses de funcionamiento.

El procurador, Fernando Carrillo, en diálogo con EL COLOMBIANO recordó que desde el principio le había puesto la lupa a este proceso, buscando evitar lo que están viviendo los usuarios en la actualidad, en 29 departamentos.

“Esta decisión está condicionada a que la Superintendencia Nacional de Salud adopte las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento y la continuidad de la atención a los afiliados”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

Por otra parte, la agente liquidadora, Ángela María Echeverri, señaló que cuando empezó su operación, Medimás recibió una entidad “con cero pasivos, les dimos una EPS nueva, con todas las oportunidades de prestar el mejor servicio, recibiendo una Unidad de Pago por Capitación –pago del sistema de salud a las EPS– libre”, apuntando a que su camino estaba orientado “para ofrecer los servicios con garantía y efectividad”, pero no lo logró.

Este proceso fue autorizado por el ministro de Salud del Gobierno Santos, Alejandro Gaviria, y del superintendente de ese momento, Norman Julio Muñoz, quien renunció luego de que la Procuraduría lo sancionó por permitir su operación”, pues Carrillo, desde el comienzo, criticó que se le diera luz verde, cuestionando su capacidad técnica, administrativa y operativa.

En cuidados intensivos

El procurador se refirió a Medimás como un paciente “en cuidados intensivos”, al que se le dieron muchas oportunidades, pero que “boqueó y boqueó” hasta que la liquidadora decidió reversar la venta.

“Constatamos incumplimientos de todo tipo y hay que dejar claro que hubo una falta de transparencia. Nunca hubo calidad en la prestación del servicio”, lo que, para el procurador, es una radiografía de lo que pasó desde el 1 de agosto de 2017, cuando empezó a operar, hasta ayer.

Por ejemplo, tan solo en agosto, la Supersalud recibió 7.051 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) que buscaban que esta EPS les garantice los servicios de salud. De estas, 1.249 provinieron del régimen subsidiado y 5.802 del contributivo.

Piden garantías

Germán Loaiza, representante de los usuarios de esta EPS en Manizales, asegura que, más allá de las decisiones que se tomen, lo único que le exigen al Gobierno Nacional “es que nos garanticen el derecho a la salud, sin trabas ni problemas que pongan en riesgo la vida de los pacientes, como ha sucedido en diferentes regiones”, comenta el usuario.

Tal y como lo planteó el representante de los usuarios, y como lo dice Francisco Castellanos, director de la organización Defensa del Paciente, “el Gobierno y las organismos de control deberán hacer todo para garantizar que los usuarios reciban atención de calidad y sin trabas”.

Dina Grajales, representante de la Asociación Colombiana de Hipertensión, respaldó este llamado, y destacó que los afiliados se están sintiendo “como si fueran pelota de ping pong, de crisis en crisis”, y recuerda lo que pasó con Saludcoop, que desencadenó en Cafesalud y terminó en Medimás, aunque habrá qué esperar cuáles EPS los recibirán.

Lo que viene

Frente a esto, el procurador les respondió que esa es, por ahora, la única prioridad, y que se esforzarán en que así se cumpla.

“Mañana –hoy– nos reuniremos con el Ministerio de Salud, la Supersalud, y los representantes de las EPS del país, para que, de acuerdo con lo que nos diga la Superintendencia, sean absorbidos por las mejores EPS”, dijo Carrillo, quien además destacó que Medimás está “en la obligación de continuar con los servicios y la atención de los usuarios. No es que esta noche –ayer– dejen de atender, aunque si lo hacen, para eso estamos nosotros, para sancionarlos porque esa es su obligación”.

Este diario buscó, a través de la jefatura de prensa de Medimás, una respuesta frente a la decisión, pero no hubo pronunciamiento alguno; no obstante, se conoció que interpondrán recursos judiciales para intentar frenar la decisión y mantenerse como EPS de los 4,2 millones de afiliados.

FUENTE EL COLOMBIANO

La tutela llega a siete millones, entre la zozobra por la reforma.

Creada junto a la Constitución de 1991, la tutela no solo es el mecanismo más importante de justicia para el ciudadano colombiano, sino también el más utilizado. Este lunes, la Corte Constitucional informó que recibió la tutela número siete millones, lo que implica un promedio de 737 interpuestas a diario en el país durante los 26 años de vida de la figura.

Según el reporte del último año de la rama judicial, durante 2017, se impusieron 757.070 acciones de tutela, lo que corresponde al 28 % del total de demandas de justicia.

Por eso, cuando dentro de los anuncios de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno de Iván Duque, se mencionó la posibilidad de tocar la tutela, las alarmas se encendieron por la posibilidad de un retroceso en el sistema de protección y defensa de los derechos de los colombianos.

Serían tres cambios: El primero es exigir que solo pueda entablar una tutela quien tenga un interés directo en la solicitud de protección. El segundo, que solo los jueces que tengan a su cargo el objeto de amparo del derecho las conozcan (por ejemplo, que una tutela en un juzgado de familia solo la aborde un juez de familia). Por último, que se normatice los tiempos para interponerlas frente al momento de los hechos que la generan.

A pesar que el Gobierno defendió que estos cambios no implican límites, pero sí buscan acabar con usos polémicos como las llamadas “tutelatones” y que no se use como herramienta para garantizar derechos fundamentales, sino que se haya extendido a todo tipo de asuntos, son más las dudas que las certezas.

Un frente común de defensa

Tras consultar constitucionalistas, todos coincidieron en que tocar la tutela es un retroceso y recalcan que la herramienta debe ser defendida.

“Cada vez que han intentado tocar la tutela, primero dicen que son pequeñas modificaciones de trámite, pero va a uno a ver y lo que se hace es dificultar el acceso”, consideró Alfredo Beltrán, exmagistrado de la Corte Constitucional.

No duda al afirmar que los cambios que propone el Gobierno están “adornados” pero son un “zarpazo” a la herramienta. “Decir que una tutela contra una providencia debe ser resulta por funcionarios de la misma jurisdicción, prácticamente es quitarle a los jueces la majestad de defensor de todos los derechos”.

Además, expone que si el proyecto dice que la tutela solo se podrá interponer en casos en que haya un legítimo interés, pero no especifica cuando sí y cuando no, deja en manos de una ley la regulación y ahí “pueden perfectamente restringir su uso”.

Por su parte, Kenneth Burbano Villamarin director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, alegó que son varios los riesgos como “que la conozca un juez especializado en el asunto cuando en Colombia hay municipios que solo no tienen un juez, además que hay derechos que no corresponden a una determinada especialidad, como el libre desarrollo de la personalidad o las libertades de conciencia”.

Entendiendo la magnitud

La cantidad de tutelas en el sistema responde a que fue concebida para un uso universal, a la mano de cualquier colombiano y que se ha convertido en un salvavidas para la ineficiencia y lentitud que presenta el sistema ordinario. El ejemplo mayor se encuentra en el sistema de salud, que hoy acapara la mayoría de las que se interponen.

Así se refleja en las cifras que muestra la rama judicial frente a la cantidad de personas que han acudido a la tutela para buscar la protección de sus derechos. Hace una década, fueron 42.455 las que se radicaron, para un 3% del total de demandas registradas.

Esto habla de un incremento de 1.783% al día de hoy.

“La tutela ha tenido un auge importante porque el sistema ordinario no da respuesta a las demandas diarias de los ciudadanos”, analiza Julio Sampedro, decano de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana.

Aunque reconoce que existen problemas como es el colapso en el aparato de justicia, este jurista recalca que “la tutela debería permanecer como está, porque ella se regula por si misma, si el mecanismo se fortalece”, recalcando que en este escenario, “el problema no es la herramienta sino en la ineficiencia”.

FUENTE EL COLOMBIANO

España ofrecerá ayuda en diálogos con el Eln

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrecerá este jueves al presidente de Colombia, Iván Duque, la disponibilidad de España a colaborar en lo que considere oportuno si decide avanzar en la negociación de un acuerdo de paz con la guerrilla del Eln.

Sánchez se verá con Duque en Bogotá con motivo de la visita que inició ayer a la capital colombiana en el marco de la gira que está realizando por cuatro países latinoamericanos.

No será el primer encuentro entre ambos porque ya se vieron en Madrid en julio pasado cuando Duque aún era presidente electo.

En la reunión de hoy analizarán, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales, las de la Unión Europea con América Latina, las intenciones de Duque tanto ante el acuerdo con las Farc como el que podría intentar con el Eln, y el problema migratorio que está suponiendo la salida de venezolanos de su país y la llegada a otros como Colombia.

Respecto a los acuerdos de paz, Sánchez conocerá las intenciones del presidente del país respecto a los cambios que pretende introducir en el que se firmó con las Farc y la posibilidad de que prosiga las negociaciones con el Eln.

Duque tomó posesión como presidente colombiano el pasado 7 de agosto en sustitución de Juan Manuel Santos, y en su discurso en esa jornada comunicó que en los primeros treinta días de su Gobierno evaluará los diálogos de paz que se han desarrollado durante casi año y medio con el Eln para tomar una decisión al respecto

Por tanto, aún no se ha cumplido el plazo que se dio para ello y puede mantener la incógnita sobre su decisión.

A la espera de ella, fuentes españolas avanzan que el presidente del Gobierno le ofrecerá que España pueda acompañar ese diálogo con el Eln si es que decide finalmente que se lleve a cabo y facilitarlo en la forma en que Colombia considere oportuno.

El Gobierno colombiano y el Eln comenzaron en febrero de 2017 unos diálogos de paz en Quito bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Tras varias vicisitudes, los diálogos fueron trasladados a La Habana en mayo pasado, después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, retirara a su país como garante y sede del proceso de paz.

El pasado 1 de agosto las partes concluyeron su sexto ciclo de conversaciones sin lograr su objetivo de concretar un cese el fuego bilateral temporal que garantice el avance del proceso de paz.

El presidente del Gobierno ofrecerá hoy también a Duque apoyo ante la implementación del acuerdo con las Farc.

El Ejecutivo español resalta en todo momento que no tiene recetas propias para estos asuntos y que sólo pretende ayudar, y considera que el ofrecimiento puede ser bien recibido por las autoridades colombianas.

Sí pretende recalcar que la paz es un activo insustituible en la nueva etapa que se abre para Colombia.

Respecto a la situación en Venezuela, Sánchez trasladará en persona a Duque su apoyo ante el problema migratorio que supone la llegada a Colombia de venezolanos que huyen de su país.

Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido como consecuencia de la crisis, según la ONU, y Colombia es el principal receptor, ya que cerca de un millón se han asentado en este país.

Las fuentes españolas subrayan que, al igual que ocurre en Europa, este problema migratorio no es de un solo país, sino de toda la región.

Previsiblemente también estará presente en sus conversaciones la polémica por la recuperación del contenido del galeón español San José.

El Ministerio de Cultura de Colombia publicó a finales de marzo el pliego de licitación del rescate del galeón, hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena de Indias, para llevarlo a cabo a través de una asociación público-privada con un presupuesto de unos 58 millones de euros.

Desde el hallazgo, existe un contencioso entre España y Colombia por la titularidad del galeón, ya que el Gobierno español aduce que la Unesco le ampara al tratarse de un “barco de Estado”, mientras que el Gobierno de Juan Manuel Santos había defendido que el tesoro es colombiano.

Según crónicas de la época, el barco iba cargado con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata.

FUENTE EL COLOMBIANO

Competencia partidista podría complicar lucha anticorrupción.

Más que enaltecer la decisión de cerca de 11 millones 700 mil ciudadanos que de manera autónoma rechazaron la corrupción, por encima de ideologías, políticos como Gustavo PetroJorge Robledo y Sergio Fajardo hablaron de ganadores y derrotados y de las elecciones de 2019.

Y si bien cuatro proyectos de ley y de acto legislativo recogen aspectos centrales de cuatro de las preguntas que tenía la Consulta Anticorrupción, que por poco alcanza el umbral, la exsenadora Claudia López, una de las promotoras, dijo que están incompletos y que la Alianza Verde presentará los proyectos.

El senador Petro dijo que las iniciativas del Gobierno no servían y casi al mismo tiempo voceros del Partido Liberal también anunciaron que presentarán sus propios paquetes legislativos anticorrupción. Cambio Radical anunció lo mismo, pero para reformar la Justicia y combatir la corrupción en ese sector.

Ante la competencia por abanderar la lucha anticorrupción que desató el resultado de la Consulta, el presidente Iván Duque convocó para mañana, en la Casa de Nariño, a promotores de la Consulta, a los presidentes de Cámara y Senado y a los presidentes de los partidos y sus voceros para “analizar juntos lo que viene en la agenda legislativa para enfrentar a los corruptos con toda la determinación”.

¿Tienen dueño los votos?

Los guarismos de la Consulta no responden a la lógica de uribismo, antiuribismo, derecha o izquierda. En Antioquia, por ejemplo, pese a que es un territorio dominado en lo político por el expresidente Álvaro Uribe, votaron 1,3 millones de personas, potencial que supera los 731 mil votos de Fajardo en primera vuelta, más los de Petro, que fueron 238 mil.

Incluso, de los nueve municipios que en el departamento superaron el umbral, siete están ubicados en el Oriente, territorio donde el uribismo ganó en Congreso y en las presidenciales.

Por eso, según Felipe Botero, doctor en Filosofía Política de la U. de Arizona y docente de la U. de los Andes, los promotores pueden sentirse satisfechos, pero no asumir que esos votos les pertenecen. Agregó que es impensable que alguien plantee estar de acuerdo con la corrupción, lo cual se evidencia en el hecho de que ninguna pregunta obtuvo menos del 99% de votos favorables. “La gente que votó lo hizo con la convicción de que la corrupción es un problema serio que requiere medidas inmediatas”.

Para Pedro Jurado, director de Ciencia Política de la U. de Medellín, si bien los partidos promotores fueron el Polo, la Alianza Verde y el movimiento Colombia Humana, en atención a un tema tan sensible y complejo, se hace difícil que un solo partido o figura pueda sacar todos los beneficios de la consulta

“El escenario ahora es entonces otro porque hay un sentir general de los ciudadanos que hay que recoger teniendo en cuenta lo que se viene: para los partidos, las elecciones regionales y para el gobierno la popularidad para liderar las reformas que intenta sacar adelante”.

Al respecto Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la U. Externado, afirmó que la anticorrupción no solo es una moda, es la forma cómo los colombianos han perdido 9 billones de pesos que habrían sido invertidos en mejorar la calidad de vida de todos.

“Quizá por esa razón y a partir de la importantísima votación que obtuvo la consulta, y que muy pocos esperaban, es que tendremos una avalancha de políticos anticorrupción en las elecciones 2019 y 2022”.

El riesgo para la agenda

Si los partidos políticos de oposición, los independientes y los gobiernistas no logran conciliar las iniciativas y todos terminan presentando su propia agenda para capitalizarlo luego electoralmente, se corre el riesgo de que la discusión termine en una pugna y no resuelta la demanda ciudadana.

Según Botero, viene una avalancha “pequeña” de proyectos anticorrupción y mucho político se subirá en ese bus. No obstante, es probable que muchos de los proyectos se queden por el camino, pues el proceso legislativo es lento.

“Un proyecto se demora unos dos años en hacer curso. En 2020 ya ni nos acordaremos de la Consulta y todo seguirá igual”, precisó.

El profesor Arias sostuvo que en vista de que la camiseta anticorrupción hoy tiene más valoración que la 10 de Messi, todos partidos se presentarán como precursores y líderes, “pero la apuesta será, realmente, cómo se haga robusto un paquete legislativo. Es la única forma de que los partidos y candidatos quieran utilizar la anticorrupción como bandera electoral”.

Si en el Congreso todos los partidos hacen un pacto contra la corrupción, rodeado por el Gobierno nacional, se podría avanzar en dos años lo que no se hizo en los últimos 20. La grandeza de los dirigentes está a prueba, porque a luz de los votos del domingo, más que quién lo hace, la gente quiere que se haga.

FUENTE EL COLOMBIANO