En La Guajira sobran promesas, pero faltan hechos contundentes.

Justo en febrero del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos intervino La Guajira con el objetivo de mejorar la atención en los sectores de salud, acueducto y alimentación de La Guajira, pero pasados 13 meses de aquella decisión, la situación no ha cambiado mucho. Así, lo reveló esta semana la Defensoría.

En Riohacha, su capital, el 15,1 % de sus habitantes está en situación de pobreza extrema, según el Dane, es decir, obtienen ingresos mensuales por $116.330 o menos, lo que, directamente, redunda en la crítica situación que viven.

Los guajiros siguen sumidos en desnutrición, pobreza y desigualdad, y cada que es visitada por una autoridad que defiende los Derechos Humanos –como sucedió con la Defensoría del Pueblo– quedan expuestas las condiciones de vida que afrontan, en especial las comunidades wayúu.

Hasta la semana epidemiológica 12, que recoge datos de enero a marzo de este año, al Instituto Nacional de Salud (INS) le reportaron 16 muertes por desnutrición o síntomas asociados a este flagelo, con corte a marzo. Lo más grave es que pese a las acciones del gobierno, son siete muertes más que en el mismo lapso del año pasado, según cifras del propio INS.

“A los niños les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados”, criticó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la Audiencia Defensorial sobre la situación de mortalidad por desnutrición o causas asociadas, de esta semana.

Negret insistió en que los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu. “La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántos acceden a agua potable”.

Así mismo, sostuvo que esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó en diciembre pasado, protección a los derechos de alrededor de 3.000 indígenas de la región.

Críticas al gobierno

El defensor cuestionó las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerar que debía estar en la Audiencia y no llegó su directora,Karen Abudinen. Justamente ayer Abudinen arribó al departamento con la “Operación Guajira”, con la que atenderá a los menores de edad.

Ángel María Solano, presidente de la Veeduría Nacional de Salud para La Guajira, coincidió con lo planteado, pues señaló que la intervención ha puesto barreras para que la atención sea directa. Además, Solano reclamó la falta del agua para algunas zonas, sobre todo en la Alta Guajira.

“El Estado no está haciendo lo que le compete”, cuestionó Solano, haciendo hincapié en que el presidente Santos ya va a cumplir sus ocho años de gobierno, pero las condiciones no cambiaron.

Abudinen, para hacerle frente al reclamo, agregó que durante dos semanas cerca de 600 profesionales atenderán a los niños, además de que cada cuatro días entregará un informe de lo que se hace. Una estrategia similar fue implementada por la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, pero los casos de desnutrición se mantuvieron; no obstante, tras denuncias de corrupción en la región, la Fiscalía logró capturar a 11 contratistas, quienes defraudaron a la entidad en alrededor de $2.700 millones en 2016.

Las acciones

Pese a que la situación sigue siendo crítica, no se debe desconocer que se han hecho esfuerzos enfocados, precisamente, en la atención en salud de las comunidades, así como en educación y acueducto. Esto lo planteó Weildler Guerra, exgobernador, quien señaló que es necesario tener en cuenta el factor climático, pues estos tres meses han sido secos, lo que representa falta de agua, “que afecta la seguridad alimentaria, pues no hay líquido para los alimentos ni los cultivos”. También reconoció que se debe hacer seguimiento especial a los Wayúu que llegan de Venezuela “en condiciones muy difíciles”.

Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que las condiciones estructurales de La Guajira y de otros departamentos en condiciones provocan que los planes de intervención y atención multidisciplinares sean más complejos; sin embargo, manifestó que “desde el sector se ha generado una estrategia fundamentada en la atención primaria”, que consiste en mayor presencia de centros de salud, para que la atención sea rápida.

Aunque el gobierno Santos invirtió en 2017 alrededor de $785 mil millones para los sectores de salud, educación y acueducto, lo que esperan en La Guajira es que se disponga de más plata, para que la crisis se resuelva.

FUENTE EL COLOMBIANO

Depuración de archivos, la gran tarea de la justicia para la paz.

Seis bóvedas con 1.545 cajas con la información de inteligencia que por años recopiló el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pasarán en los próximos meses a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto sumado a los expedientes de la Corte Suprema de Justicia y los que empezarán a entregar los tribunales del país se convierten en un volumen casi inmanejable de información, en la que reposa, finalmente, lo ocurrido en el conflicto en Colombia.

El acceso a esos archivos hace posible el derecho a la verdad que tienen las víctimas, reseña el informe “Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo”, de Dejusticia, una ONG que ha estudiado el sistema transicional en Colombia.

La dificultad radicará, de acuerdo con ese documento, en la conservación y la indexación de ese material. Será entonces tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la propia JEP “producir y recopilar unos conjuntos documentales de excepcional valor para la memoria del país”.

Medidas cautelares

La JEP otorgó medidas cautelares a los documentos inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, basada en que, entre otras cosas, “las múltiples investigaciones penales, ya concluidas y en curso, se fundamentaron en gran medida en documentos que reflejaban el presunto actuar delictivo de funcionarios y empleados del DAS y las relaciones con grupos al margen de la ley, razón por la cual su preservación y disponibilidad para la JEP es de suma importancia, para la consecución de la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.

Según ese órgano transicional, los documentos del DAS corren riesgo de perderse, incluso, en el pasado ya otras organizaciones han alertado de destrucción y abandono de material muy sensible.

Para Claudia Julieta Duque, periodista que fue torturada por el DAS cuando investigaba irregularidades, esta “es una medida tardía, porque ya se perdieron los archivos digitales y más de 60.000 documentos que estaban en papel de fax y jamás fueron fotocopiados”.

Agregó que tampoco es una medida suficiente porque “solo cobija archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Por mi experiencia, en otros documentos como los administrativos (folios de vida, felicitaciones), los de transporte y vehículos, entre otros, reposa información clave para esclarecer crímenes y responsables”.

Duque explicó que, por ejemplo, con los documentos de entrega de papelería lograron establecer la existencia del G3, un grupo especial, que de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hacía inteligencia con apariencia de legalidad, pero se dedicaba a cometer delitos contra opositores al Gobierno. Era precisamente el grupo de las llamadas chuzadas.

Los expedientes de la Corte

Los que sí llegaron a la JEP son los primeros 18 expedientes de la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de los múltiples asuntos que la JEP tendrá que resolver. Son 50 años de conflicto resumidos en unos casos emblemáticos: el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino a manos de las Farc; el caso de la guerrillera Marilú Ramírez, conocida como la Mata Hari, que infiltró un curso de oficiales de la Escuela Superior de Guerra contra la que atentó y el caso contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario por la masacre de la familia Turbay Cote.

Además, se encuentran los expedientes de diez militares condenados por falsos positivos en diferentes regiones del país; el caso de Gilberto Torres Muñetón,quien fue confundido con alias El Becerro, comandante del frente 57 de las Farc; el caso de Henry Becerra Torres, condenado por el asesinato de Édgar David Carvajal Arango, desmovilizado de las Farc; el archivo en contra de Edison Moreno Barragán por la detonación de una bomba en Bogotá; el proceso contra 11 miembros de una organización que proveía material bélico al Bloque Oriental y el de otros dos colaboradores que les vendían armas.

Cuando los expedientes fueron entregados a la JEP, el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte, aseguró que “si le va bien a la JEP, le va bien al país. Tras la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno con la guerrilla de las Farc, la justicia sigue siendo una sola. Y, en este proceso de transición, tiene que estar acompañada de acciones que nos lleven a conocer la verdad y a reparar el daño causado”.

y agregó: “Todas las instituciones del país, incluida la Corte Suprema debemos apoyar estos procesos que nos llevarán a reconstruir una Nación con millones de víctimas ansiosas de encontrar la paz”.

La tarea no es poca, y mucho menos fácil, aún no se han tramitado todas las leyes que soportan la justicia especial, pero, la misión es una sola: develar los sucedido en 50 años de guerra..

FUENTE EL COLOMBIANO

Durante el puente se movilizaron 2,6 millones de vehículos en el país.

El ministro de Transporte, Germán Cardona, y el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, presentaron el balance del puente festivo, en el que se movilizaron 2.682.000 vehículos por las carreteras del país.

“Se han movilizado a nivel nacional 2.682.000 vehículos por las carreteras del país. En el departamento de Cundinamarca lo han hecho 817.000 automóviles y por Bogotá 487.000”, indicó Castrillón.

En materia de accidentalidad, los funcionarios destacaron que se presentó una disminución en el número de muertos en accidentes de tránsito, sin embargo, se registraron 27 víctimas fatales.

“Se han presentado 118 accidentes que han arrojado 142 personas heridas. A pesar de la disminución en el número de muertos, se han presentado 27 personas fallecidas y para nosotros es lamentable porque trabajamos para salvar vidas. Sin embargo, hemos logrado disminuir un 57 % en el número de muertos que equivale a 36 fallecimientos menos en las vías del país”, manifestó Castrillón

Por su parte, el ministro de Transporte aseguró que “en este puente festivo afortunadamente se disminuyeron los accidentes y se presentaron 344 siniestros menos y 454 lesionados menos respecto a la mismo periodo del año anterior. Pero es muy triste para los colombianos que 27 personas hayan fallecido en accidentes de tránsito, de estas dos lo hicieron en estado de embriaguez”, aseguró Cardona.

Asimismo, durante el puente festivo se han efectuado 2721 pruebas de alcoholemia, en donde 233 personas fueron sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez.

“Hasta el momento hemos efectuado 3029 comparendos principalmente por manejar sin la licencia de conducción (580), no acatar las normas de tránsito (442), no tener la revisión técnico-mecánica al día (343), adelantar en sitios prohibidos (113) y desarrollar transporte ilegal o informal (125)”, explicó el director de la Policía de Tránsito.

FUENTE EL COLOMBIANO

Adiós a la escritura de notaría, un plan que ahorra un billón de pesos.

A partir de junio, todos los trámites de escritura pública migrarán del papel a lo digital. Es decir que aquellos documentos, usualmente largos, que se elaboran en las notarías se podrán hacer desde la comodidad de un computador, en su casa.

Este fue el anuncio de la Superintendencia de Notariado y Registro que confirmó que aunque desde mitad de año los procesos migrarán a los digital, el traslado que deberán pasar los documentos que se han tramitado así a la fecha será gradual, para eliminar su versión de papel.

El plan tiene tres objetivos generales. El primero, lógicamente, es el ahorro de papel que implica dar un paso importante para la protección del ambiente y los recursos naturales del país.

No es un ahorro pequeño, tomando en cuenta que para cualquier documento de este tipo se requieren al menos tres copias en papel para que reposen en un archivo.

El segundo es ahorrar tiempo tanto de ciudadanos como de funcionarios dedicados a operaciones mecánicas. Esto debe llevar, por consiguiente, a un ahorro en el tiempo mismo que dura cada trámite.

Y el tercero es ahorrarse cerca de un billón de pesos, que es lo que le cuesta a la Superintendencia, anualmente, organizar los 1.800 kilómetros de papel que existen de archivo nacional desde 1786. Además de los gastos propios de papel y tinta que tienen que destinarse para los trámites del día a día de los colombianos. Es de anotar que solo hasta mitad de año se sabrá a cuánto equivale la inversión que realizará la entidad en este sistema.

Existe otra gran ventaja adicional de pasar a la digitalización, explicó el superintendente, Jairo Alonso Mesa, y es evitar que “pase lo de Cartagena, en donde se encontraron más de 50 licencias falsas”.

La versión digital de los documentos de escritura pública garantiza la confiabilidad de la información requerida, una debilidad encontrada en la capital del Bolívar, donde las curadurías permitieron la entrada de documentos poco fiables para las construcciones.

¿Cómo se implementará?

Explicaron desde la Superintendencia que los datos serán almacenados de forma segura dentro del sistema de datos de la entidad y tendrán disponibilidad permanente para ser consultados.

“Estamos trabajando con los notarios y las oficinas de registro para que efectivamente se pueda implementar la escritura electrónica, que contribuirá a hacer más expeditos los trámites, garantizando la disponibilidad y la consulta desde cualquier sitio y a cualquier hora”, resaltó Mesa.

Aunque se ahorrará papel y fuerza de trabajo al permitir la función virtual, desde la Superintendencia aclararon que los costos de los documentos serán similares, pero se trabajará con un Pin o algún mecanismo de pago virtual para realizar el cobro.

Aún así, remarcaron que el ciudadano ahorrará dinero porque la radicación del documento será automática y no habrá que ir a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

“En los próximos meses, una vez ajustados los procesos técnicos y con pruebas definitivas, comenzaremos a eliminar gradualmente el uso del papel”, agregó el funcionario.

Por otra parte, para el tema de las curadurías, los documentos que requieren trámite notarial para su aprobación se podrán consultar en la “nube” que tendrá la Superintendencia para que cada notario pueda descargarlas y verificar que su autenticidad.

Advirtió Mesa la urgencia de implementar estas mejoras, pues “si no paramos el consumo de papel en cinco años no tendremos cómo manejar los archivos, con un agravante y es que la escritura pública queda una copia en la notaría pública, otra en el protocolo, otra en el registro y otra en catastro”.

Aparte de esto, la digitalización extinguirá en gran medida una figura tradicional de las notarías: los tramitadores.

Estos ya habían perdido gran parte de su nicho de mercado con la ley antitrámites de 2012 y si ahora se recortará aún más, dependerá de la usabilidad plataforma digital que desarrolle en estos meses la Superintendencia.

Este tema “ayuda a reducir el riesgo profesional de los intervinientes en la calificación y anexo de información a los mismos, así como a los que realizan algún tipo de actividad comercial sobre el mismo y a manejar bien este tipo de documentación que posee contenido muy sensible”, afirmó el superintendente .

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“El Eln no renuncia a la paz”, dice alias Gabino.

En una carta conocida este lunes, firmada por Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino” , comandante del Ejército de Liberación Nacional, este grupo guerrillero manifiesta que no renuncia a la paz “como objetivo en el que es indispensable la participación de la sociedad y el decidio apoyo de la comunidad internacional… porque la paz no es un asunto exclusivo de la insurgencia y el gobierno”, asegura Gabino al final de la comunicación.

Sin embargo, asegura que para pasar la página del conflicto armado, debe haber puntos comunes entre los sectores políticos, dirigentes y el grupo armado, pues recuerda que encontrar una salida política al conflicto lo han buscado desde hace 28 años, en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, “y ni en esa oportunidad ni con los siguientes gobiernos, hemos encontrado despejado el camino por tal objetivo y por el contrario, hemos encontrado unas clases dominantes, soberbias, arrogantes intransigentes,interesadas solamente en la desmovilización y entrega de armas de la insurgencia, para que esta se someta a su sistema político”.

El líder del grupo guerrillero también cuestiona que “la clase en el poder está preparada para la guerra y no para la paz, los anuncios de paz de la oligarquía colombiana son una estrategia guerrerista, en la que se busca someter a la guerrilla en una mesa de diálogo, concebido para quebrar su moral de lucha y cercenar sus convicciones e ideales”.

En el mismo sentido, cuestiona los resultados que han tenido los líderes de farc, la cual calificó como “dramática”. “No dejan ninguna duda de que no es suficiente con que la guerrilla cumpla, pues si alguien hizo lo acordado y más, fueron los hombres y mujeres que, desde las Farc le apostaron al proceso”.

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Guerrillero del Eln muerto habría pertenecido a la Guardia de Venezuela: Santos.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este domingo que un guerrillero del Eln que falleció hace una semana mientras colocaba un explosivo en una carretera entre Pamplona y Cúcuta, como parte del paro armado, “pertenecía o perteneció” a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.

Asimismo, calificó este domingo como “una locura” las acusaciones de que su país prepara una invasión de Venezuela vertidas por el fiscal de ese país, Tarek Saab.

“Estamos acostumbrados a esas expresiones, esas locuras por parte de (el presidente Nicolás) Maduro y sus funcionarios. Esta es otra locura: a quien se le va a pasar por la cabeza que vamos a invadir Venezuela”, dijo Santos en una entrevista con el Canal Uno.

Saab dijo el pasado 12 de febrero que desde Colombia “se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego” de Venezuela.

El pasado viernes, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Néstor Reverol, elevó las protestas al afirmar que el Ejército de Colombia está reclutando a sus ciudadanos “para crear falsos positivos que deriven luego en una escalada de violencia” en la frontera que comparten ambos países.

Reverol aseguró tener “información y pruebas contundentes sobre la captación y el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del Ejército de Colombia” y consideró que se trata de un hecho “grave y peligroso”.

Explicó que, una vez reclutados, los venezolanos reciben “de manera expedita documentos de identidad colombiana, cédula de ciudadanía y luego son incorporados de manera inmediata al servicio militar obligatorio colombiano”, lo que fue refutado por el Gobierno colombiano.

FUENTE EL COLOMBIANO