Colombia

Justo en febrero del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos intervino La Guajira con el objetivo de mejorar la atención en los sectores de salud, acueducto y alimentación de La Guajira, pero pasados 13 meses de aquella decisión, la situación no ha cambiado mucho. Así, lo reveló esta semana la Defensoría.

En Riohacha, su capital, el 15,1 % de sus habitantes está en situación de pobreza extrema, según el Dane, es decir, obtienen ingresos mensuales por $116.330 o menos, lo que, directamente, redunda en la crítica situación que viven.

Los guajiros siguen sumidos en desnutrición, pobreza y desigualdad, y cada que es visitada por una autoridad que defiende los Derechos Humanos –como sucedió con la Defensoría del Pueblo– quedan expuestas las condiciones de vida que afrontan, en especial las comunidades wayúu.

Hasta la semana epidemiológica 12, que recoge datos de enero a marzo de este año, al Instituto Nacional de Salud (INS) le reportaron 16 muertes por desnutrición o síntomas asociados a este flagelo, con corte a marzo. Lo más grave es que pese a las acciones del gobierno, son siete muertes más que en el mismo lapso del año pasado, según cifras del propio INS.

“A los niños les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados”, criticó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la Audiencia Defensorial sobre la situación de mortalidad por desnutrición o causas asociadas, de esta semana.

Negret insistió en que los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu. “La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántos acceden a agua potable”.

Así mismo, sostuvo que esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó en diciembre pasado, protección a los derechos de alrededor de 3.000 indígenas de la región.

El defensor cuestionó las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerar que debía estar en la Audiencia y no llegó su directora,Karen Abudinen. Justamente ayer Abudinen arribó al departamento con la “Operación Guajira”, con la que atenderá a los menores de edad.

Ángel María Solano, presidente de la Veeduría Nacional de Salud para La Guajira, coincidió con lo planteado, pues señaló que la intervención ha puesto barreras para que la atención sea directa. Además, Solano reclamó la falta del agua para algunas zonas, sobre todo en la Alta Guajira.

“El Estado no está haciendo lo que le compete”, cuestionó Solano, haciendo hincapié en que el presidente Santos ya va a cumplir sus ocho años de gobierno, pero las condiciones no cambiaron.

Abudinen, para hacerle frente al reclamo, agregó que durante dos semanas cerca de 600 profesionales atenderán a los niños, además de que cada cuatro días entregará un informe de lo que se hace. Una estrategia similar fue implementada por la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, pero los casos de desnutrición se mantuvieron; no obstante, tras denuncias de corrupción en la región, la Fiscalía logró capturar a 11 contratistas, quienes defraudaron a la entidad en alrededor de $2.700 millones en 2016.

Pese a que la situación sigue siendo crítica, no se debe desconocer que se han hecho esfuerzos enfocados, precisamente, en la atención en salud de las comunidades, así como en educación y acueducto. Esto lo planteó Weildler Guerra, exgobernador, quien señaló que es necesario tener en cuenta el factor climático, pues estos tres meses han sido secos, lo que representa falta de agua, “que afecta la seguridad alimentaria, pues no hay líquido para los alimentos ni los cultivos”. También reconoció que se debe hacer seguimiento especial a los Wayúu que llegan de Venezuela “en condiciones muy difíciles”.

Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que las condiciones estructurales de La Guajira y de otros departamentos en condiciones provocan que los planes de intervención y atención multidisciplinares sean más complejos; sin embargo, manifestó que “desde el sector se ha generado una estrategia fundamentada en la atención primaria”, que consiste en mayor presencia de centros de salud, para que la atención sea rápida.

Aunque el gobierno Santos invirtió en 2017 alrededor de $785 mil millones para los sectores de salud, educación y acueducto, lo que esperan en La Guajira es que se disponga de más plata, para que la crisis se resuelva.

FUENTE EL COLOMBIANO

Seis bóvedas con 1.545 cajas con la información de inteligencia que por años recopiló el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) pasarán en los próximos meses a manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto sumado a los expedientes de la Corte Suprema de Justicia y los que empezarán a entregar los tribunales del país se convierten en un volumen casi inmanejable de información, en la que reposa, finalmente, lo ocurrido en el conflicto en Colombia.

El acceso a esos archivos hace posible el derecho a la verdad que tienen las víctimas, reseña el informe “Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo”, de Dejusticia, una ONG que ha estudiado el sistema transicional en Colombia.

La dificultad radicará, de acuerdo con ese documento, en la conservación y la indexación de ese material. Será entonces tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la propia JEP “producir y recopilar unos conjuntos documentales de excepcional valor para la memoria del país”.

La JEP otorgó medidas cautelares a los documentos inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, basada en que, entre otras cosas, “las múltiples investigaciones penales, ya concluidas y en curso, se fundamentaron en gran medida en documentos que reflejaban el presunto actuar delictivo de funcionarios y empleados del DAS y las relaciones con grupos al margen de la ley, razón por la cual su preservación y disponibilidad para la JEP es de suma importancia, para la consecución de la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.

Según ese órgano transicional, los documentos del DAS corren riesgo de perderse, incluso, en el pasado ya otras organizaciones han alertado de destrucción y abandono de material muy sensible.

Para Claudia Julieta Duque, periodista que fue torturada por el DAS cuando investigaba irregularidades, esta “es una medida tardía, porque ya se perdieron los archivos digitales y más de 60.000 documentos que estaban en papel de fax y jamás fueron fotocopiados”.

Agregó que tampoco es una medida suficiente porque “solo cobija archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Por mi experiencia, en otros documentos como los administrativos (folios de vida, felicitaciones), los de transporte y vehículos, entre otros, reposa información clave para esclarecer crímenes y responsables”.

Duque explicó que, por ejemplo, con los documentos de entrega de papelería lograron establecer la existencia del G3, un grupo especial, que de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, hacía inteligencia con apariencia de legalidad, pero se dedicaba a cometer delitos contra opositores al Gobierno. Era precisamente el grupo de las llamadas chuzadas.

Los que sí llegaron a la JEP son los primeros 18 expedientes de la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de los múltiples asuntos que la JEP tendrá que resolver. Son 50 años de conflicto resumidos en unos casos emblemáticos: el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino a manos de las Farc; el caso de la guerrillera Marilú Ramírez, conocida como la Mata Hari, que infiltró un curso de oficiales de la Escuela Superior de Guerra contra la que atentó y el caso contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario por la masacre de la familia Turbay Cote.

Además, se encuentran los expedientes de diez militares condenados por falsos positivos en diferentes regiones del país; el caso de Gilberto Torres Muñetón,quien fue confundido con alias El Becerro, comandante del frente 57 de las Farc; el caso de Henry Becerra Torres, condenado por el asesinato de Édgar David Carvajal Arango, desmovilizado de las Farc; el archivo en contra de Edison Moreno Barragán por la detonación de una bomba en Bogotá; el proceso contra 11 miembros de una organización que proveía material bélico al Bloque Oriental y el de otros dos colaboradores que les vendían armas.

Cuando los expedientes fueron entregados a la JEP, el magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte, aseguró que “si le va bien a la JEP, le va bien al país. Tras la firma del Acuerdo de Paz del Gobierno con la guerrilla de las Farc, la justicia sigue siendo una sola. Y, en este proceso de transición, tiene que estar acompañada de acciones que nos lleven a conocer la verdad y a reparar el daño causado”.

y agregó: “Todas las instituciones del país, incluida la Corte Suprema debemos apoyar estos procesos que nos llevarán a reconstruir una Nación con millones de víctimas ansiosas de encontrar la paz”.

La tarea no es poca, y mucho menos fácil, aún no se han tramitado todas las leyes que soportan la justicia especial, pero, la misión es una sola: develar los sucedido en 50 años de guerra..

FUENTE EL COLOMBIANO