Ahora viene la ejecución del Plan de Desarrollo

Es momento de no olvidar el 25 de mayo de 2019, porque ese día en Valledupar, el presidente Iván Duque, selló la hoja de ruta que trazará su mandato hasta 2022, que se deberá vigilar en lo que resta de su gestión.

Aunque todavía queda la revisión de la Corte Constitucional —y hay quienes consideran que hay vicios de procedimiento que la pueden hacer caer— hasta que no se surta este trámite, que puede demorar uno o dos meses, se puede hablar de una victoria del mandatario.

Para Duque, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, como se denomina el documento, se debe construir entre todos con “una visión de presente y futuro”.

El Plan Nacional de Desarrollo estima un valor de 1.096,1 billones para llevar a cabo las iniciativas que están enmarcadas en 349 artículos (de los cuales 11 fueron eliminados y solo uno no aprobado, el 54, para un total de 337).

Si se mira la distribución de esos recursos por pactos o pilares planteados por el gobierno: la equidad incluye 510,1 billones; legalidad, 132,7 billones, y emprendimiento, 27,1 billones.

Antioquia quedó con una partida de 96 billones de pesos, de una asignación departamental tasada en 851,9 billones; la segunda más relevante después de Bogotá, capital del país y a la que le correspondieron 119,6 billones de pesos.

Viene la implementación

El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, explicó que aspectos tributarios, sobretasas y contribuciones se deben expedir con decretos reglamentarios y que sean las mismas entidades las que tomen en liderazgo para implementar lo que sea de su resorte.

“Hay algunos programas que están en las bases del PND y forman parte de sus metas, que ya están en marcha. Se esperaría que se comiencen a ver pronto resultados de esas iniciativas que no necesitarían mayor reglamentación”, dijo Juan Manrique, asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Desde la perspectiva de Aguilar, los artículos referidos a la crisis de Electricaribe, específicamente la sobretasa de $4 por kilovatio hora, para los estratos 4, 5 y 6 (vigente y hasta el 31 de diciembre de 2022) serán unos de los más complejos de reglamentar dado que muchas entidades tienen que ver ahí: Ministerio de Minas y Energía, Medio Ambiente y la Superintendencia de Servicios Públicos y Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Esto también sucede con lo referente a la formalización minera y rural, en el último caso con la cédula para “promover la inclusión financiera, controlar el otorgamiento de créditos, subsidios, incentivos o apoyos estatales”.

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara del Centro Democrático y por Antioquia, sostuvo que aspectos como los aranceles a los textiles ya entran en vigor, así como el fortalecimiento de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Lo importante, dijo, es que “entra una nueva ley que no es milagrosa porque todo el mundo supone que las leyes transforman las realidades y no, sino quienes las aplican”, dijo Pérez.

Y para León Fredy Muñoz, representante a la Cámara del Partido Verde por Antioquia, hay una amplia expectativa sobre lo que pueda decir de algunos artículos la Corte por ser incluidos cuando se requería otro tipo de trámite o al analizar el poco estudio que significó dado que el Senado acogió enteramente el texto de la Cámara.

Los artículos más problemáticos desde su perspectiva incluyen los dedicados a aspectos pensionales, los bajos impuestos a multinacionales extractivistas y haberle abierto la puerta al fracking.

Seguimiento a las metas

Para Manrique, este plan tiene metas ambiciosas en varios frentes y “el gran reto va a ser llevarlas a cabo en el tiempo que resta”. El experto recordó que “el seguimiento a las metas del de PND lo realiza el Departamento Nacional de Planeación a través de una batería de indicadores, que son públicos. “Es muy importante la veeduría ciudadana para verificar que efectivamente se estén realizando las tareas respectivas”, concluyó Manrique.

Las metas son: aumentar el crecimiento económico de 3,3% a 4,1%, crear 1,6 millones de empleos, sacar a 3 millones de colombianos de la pobreza, a 1,5 millones de la pobreza extrema y a 2,5 millones de personas de pobreza multidimensional; alcanzar una mayor productividad (pasar de 0,65% a 1,1%) y una mayor inversión (pasar de 22% a 25,7%) .

FUENTE EL COLOMBIANO

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La mitad de las EPS está con medida de vigilancia especial

Aunque la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Medimás ha concentrado la agenda en las últimas semanas, dada la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de revocarle su habilitación como EPS (que aún no está en firme), no es la única que aparece en el listado de los organismos de control como vulneradora de derechos de los usuarios.

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Salud, son 22 las que están bajo medida de vigilancia especial, es decir, que tienen la lupa del organismo de control para que mejoren las condiciones y, en caso de que eso no suceda, proceder a su cierre, que técnicamente se conoce como el retiro de la habilitación.

El asunto no es nuevo y es, para Jaime Arias, exministro de Salud, preocupante, toda vez que la mitad de las 44 EPS del país están siendo investigadas, lo que genera preocupación en los afiliados de 15 departamentos, donde están ubicadas las empresas (ver Informe).

“Es una voz de alarma que dice que las cosas no están funcionando, pero si el sistema de salud funcionara como se diseñó y como debería, sería normal que estuvieran dos o tres con esa vigilancia”.

¿Cuántos serían?

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, dijo que como están las cosas y si el panorama no cambia, serían alrededor de seis millones los afiliados que deberían ser reubicados.

Agrega que la entidad ya tiene experiencia y mecanismos de intervención, por ejemplo las usadas con Comfacor y Comparta. “Esa línea la vamos a continuar, garantizando el acceso al servicio de salud”, señala el superintendente, al destacar que hay decisiones sobre estas EPS en vigilancia especial que están por definirse.

Para ello hay 15 EPS, ocho del régimen contributivo, cinco del subsidiado y otras dos que están en ambos regímenes, con capacidad para aumentar sus afiliados, las que serían receptoras de los 3,8 millones de afiliados de Medimás (la segunda más grande del país) o los 1,7 millones de Savia Salud, en Antioquia, por ejemplo, en caso de que las decisiones finales sean retirarles las habilitaciones como EPS.

Entre las de mejores resultados aparecen Sura, Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Mutualser, que según pudo conocer este diario, están en los planes del Ministerio de Salud y de la Supersalud, para que sean las receptoras de los afiliados que estén en alguna EPS que pierda su habilitación, sin embargo, la cantidad de pacientes dependerá de sus capacidades. Por ejemplo, Nueva EPS dijo que podría atender hasta un millón de usuarios.

El origen del problema

Arias, quien fue senador ponente de la Ley 100 de 1993, que reformó el sistema de salud y que, básicamente, estableció un sistema solidario, agrega que el problema pasa por la desfinanciación, asunto en el que no hay cifras claras.

Por un lado, las empresas han dicho que el déficit bordea los 8 billones de pesos, mientras que oficialmente se habla de unos seis billones de pesos.

No obstante, para esto, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se aprobó crear el Acuerdo de Punto Final el cual permitirá tasar las deudas y encontrar un camino para sanearlas. Sobre este punto, el Supersalud recalcó que reconocer esas deudas y buscar caminos para saldarlas es una vía para que las EPS se fortalezcan, lo que se traducirá, directamente, en una mejor prestación de servicios de salud, que es el gran problemas de las EPS en la actualidad.

El exministro Arias destaca: “Las deudas que se tienen con las EPS también han generado las falencias, porque, de una u otra manera, le restan capacidad de actuar”, es decir, la ausencia de plata genera que la calidad de los servicios no sea la esperada, las citas con especialistas son lentas o hay demoras en la entrega de medicamentos.

Sobre lo que pasa en la actualidad, José Norman Salazar, quien es director del Centro de Derecho Médico (grupo de estudio académico del departamento de Caldas), señala que para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad, primero se debe garantizar que las EPS que serán receptoras, estén en capacidad de atender a por lo menos seis millones de usuarios que menciona el superintendente. Al respecto, Aristizábal sostiene que “hay un mercado asegurador fortalecido”.

FUENTE EL COLOMBIANO

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Dólar sigue arriba de los $3.300 y no parece bajar

Si usted está pensando en hacer un viaje al exterior y no se ha animado a comprar tiquetes, hacer reservas de hotel o cambiar pesos por dólares o euros, pese a lo costoso, tal vez sea buen momento para hacerlo, pues las perspectivas ante un dólar por encima de los 3.300 se mantendrían, e incluso podrían incrementarse considerablemente a 3.450 pesos.

“Como viene el panorama es mejor que quienes están próximos a viajar hagan esas transacciones en dólares cuanto antes. El recrudecimiento de la guerra comercial generará valores más altos”, dijo Alejandro Useche, profesor de la Universidad de Rosario, y presidente del Comité Académico del Autorregulador del Mercado de Valores.

Usted también sentirá el golpe si suele hacer compras internacionales con su tarjeta de crédito, por ejemplo. Algunos servicios de entretenimiento, o si suele pagar los viajes en Uber o Cabify con su tarjeta de crédito, también se encarecerán mensualmente.

“La recomendación también está en que si se pueden hacer abonos al pago en dólares de esa deuda se realicen previendo que la tasa que le fije el banco se incremente a razón de ese fortalecimiento del dólar”, añadió Raúl Ávila, profesor de la Universidad Nacional.

Alza histórica

El dólar alcanza máximos históricos en tiempos donde las coyunturas internacionales, relacionadas con la guerra comercial, siguen pasándole factura a las monedas de países en vía de desarrollo. Colombia no ha sido ajena al fenómeno y el golpe puede ser duro.

Mientras la semana pasada la divisa internacional rozaba los 3.250 pesos, el anuncio de Google de romper relaciones con Huawei terminó por empujar esa moneda por encima de los 3.300 pesos.

De hecho, durante la jornada de ayer la divisa alcanzó los 3.364 pesos, lo que se considera es el precio más alto en lo corrido de este año, pero también el de mayor valor desde 2016, momento en el que el dólar se ubicó en 3.375,80 pesos.

Si se toma este último como el valor más alto en lo corrido del año, y se compara con 3.072 pesos (cifra que se dio el pasado 28 de febrero y se constituye como la menor en lo corrido de 2019) se puede decir que el peso se ha devaluado, frente al dólar, 9,5 % entre febrero y mayo, lo que le da para convertirse, según Bloomberg, en la segunda moneda más devaluada de la región, sólo superada por el peso argentino.

Los beneficiados

No todo son malas noticias para la economía nacional. El hecho de tener un dólar cercano a los 3.300 pesos supone un buen fenómeno para aquellas empresas que se dedican a la exportación de bienes y servicios. Esto a la luz de que se reciben más dólares por peso.

“De ahí que sea una oportunidad para que aquellos bienes o servicios que normalmente no son tradicionales generen más dinero para los productores locales”, complementó Ávila.

Esto, sin tener en cuenta que industrias tradicionales, como la petrolera, generan más ganancias a las arcas del Estado. Empezando porque Ecopetrol podría incrementar sus utilidades a razón de ese fortalecimiento del dólar.

Por ahora, un dólar en la barrera de los 3.300 pesos rompe con las previsiones de casas comisionistas, fondos de pensiones, bancos y analistas internacionales. Esto porque según la Encuesta de Expectativas Económicas, de mayo, fijaba una Tasa Representativa del Mercado en 3.226 pesos a cierre de este mes, y 3.144 de cara a fin de año.

La apuesta para mayo de 2020 está en que se mantenga debajo de los 3.200 pesos, y cierre el próximo año, en 3.121 pesos .

FUENTE EL COLOMBIANO

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Choque JEP y Fiscalía, una crisis de institucionalidad

Desde que empezó a operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 15 de marzo de 2018, provocó una división frente a los alcances y posible impunidad que podría generar el tribunal transicional.

Aunque su naturaleza es investigar, juzgar y sancionar los delitos dentro del conflicto armado, que tuvo su fin entre Estado y Farc el 26 de noviembre de 2016, los opositores al Acuerdo de Paz la han calificado como un tribunal que promueve la impunidad, incluso que adopta decisiones por encima de las altas cortes vigentes en el país.

Uno de los críticos más radicales fue Néstor Humberto Martínez, quien como jefe de la Fiscalía se opuso a dos asuntos: primero, que los bienes que las Farc no entregó y fueron encontrados por la Fiscalía a través de sus pesquisas, fueran objeto de extinción de dominio y no entraran a administración en la JEP.

El segundo punto de honor para Martínez fue precisamente la extradición a Estados Unidos para quienes hayan seguido delinquiendo tras la firma del Acuerdo y sean solicitados por la justicia de ese país, como sucede con alias Santrich, acusado por el envío de cocaína a EE.UU.

Ese choque tuvo su punto de inflexión ayer y desató un caos institucional en el país, que ya había tenido un remezón el martes, alrededor del auto de acusación contra el exmagistrado Leonidas Bustos como protagonista del ‘Cartel de la Toga’, y la compulsa de copias contra el exfiscal Eduardo Montealegre, quien acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de estar detrás de la decisión.

El presidente Iván Duque, dada la trascendencia de la coyuntura actual, cuestionó la decisión de la JEP, por considerar que la Fiscalía presentó las pruebas contra Santrich. “Compartimos la indignación por la decisión de la JEP de ordenar la libertad” de Santrich.

Paso a paso

Como si se tratara de una novela, este miércoles tuvo tres capítulos. A las 7:30 de la mañana, la JEP revalidó la orden de captura contra alias el Paisa, el jefe de la extinta guerrilla de las Farc que no volvió a comparecer ante esta instancia. Como nudo de la historia la JEP soltó la noticia que se convirtió en un detonante.

Aplicó el llamado “principio de garantía de no extradición” en el caso Santrich, es decir, Seuxis Pausias Hernández Solarte no llegará, por ahora, a EE.UU. para responder ante la justicia, como lo habían solicitado y, por el contrario, quedará en libertad, pues la JEP le ordenó a la Fiscalía que se la otorgue.

Sin embargo, aún no se sabe cómo actuará la Fiscalía, pues Martínez, tras conocer la decisión de la JEP anunció su renuncia, argumentado que en Colombia se estaba consolidando “un Estado de cosas antijurídico”. El asunto no quedó ahí. Pocos minutos después de que Martínez realizó el anuncio, la vicefiscal General María Paulina Riveros también dio un paso al costado.

Hay que dejar claro que aunque el fiscal anunció su renuncia, se mantendrá en el cargo, por lo menos hasta el próximo martes, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema se reúna para decidir.

En este pulso, el fiscal cuenta con el respaldo del procurador, Fernando Carrillo, quien anunció que apelará la decisión de la JEP por considerar que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente.

La razón, dijo el procurador, según los hechos denunciados, ocurrieron después de la firma del Acuerdo. Y agregó que apelará por “la importancia de que se protejan los derechos de las víctimas”.

Otro respaldo fue el de Kevin Whitaker, embajador de EE.UU en Colombia, quien a través de la cuenta de Twitter de la Embajada, manifestó que el fiscal y su vicefiscal “son grandes patriotas que promovieron el Estado de Derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral”.

Más polarización

El choque entre Martínez y la JEP ahonda la polarización en la que se ha visto inmerso el país desde que el gobierno de Juan Manuel Santos, anunció los diálogos con las Farc, y que se hizo irreconciliable cuando el mandatario no acogió el resultado del plebiscito para refrendar el Acuerdo en el que la mayoría lo rechazó.

Los críticos, representados fundamentalmente por el Centro Democrático y los seguidores del expresidente Uribe no estuvieron de acuerdo con este proceso. ¿Pero, por qué se acentúa la polarización?

La respuesta la tiene Jaime Zuluaga Nieto, docente catedrático de la U. Nacional, quien sostiene que desde luego se acentuará, dado que el país seguirá girando entre quienes están a favor o en contra de cualquier situación que, en este caso, se regirá por quienes apoyan a Martínez en su decisión y quienes critican el actuar de la JEP.

Una mirada similar tiene el expresidente de la Corte Suprema Jaime Arrubla, quien menciona que claramente hay una crisis institucional, pero, por el contrario, destaca que “el fiscal renuncia como un hecho de protesta frente a la JEP que, a mi forma de ver, va en contra de todo lo que era una jurisprudencia”.

Además, el exmagistrado señala que la crisis institucional no se origina por el hecho de que Martínez renuncie, sino por la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich, pues, para él, afecta “la cooperación internacional”.

¿Llegará la constituyente?

Aunque el senador José Obdulio Gaviria, cuestionando a la JEP, indicó que quedaba abierta la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el magíster en derecho y docente de la Universidad Eafit, David Suárez, sostiene que este será un caballo de batalla para presionar, bajo el argumento de una “desinstitucionalización”, de una crisis, que requiere realizar “ajustes”.

Para el experto, quieren aprovechar la coyuntura para impulsar dos o tres temas, incluyendo la extradición. “Sería muy peligroso salir con una Constituyente. Creo que en la extradición –que fue lo que provocó el agite político– se está exagerando, porque el caso de Santrich es un asunto particular, aislado”.

Ante estos hechos, Bernardita Pérez, constitucionalista de la Universidad de Antioquia, hace un llamado a la calma, al sostener que “los procesos constituyentes deben ser excepcionales, porque permiten cualquier posibilidad, desde una democracia abierta y pluralista, hasta un absolutismo”.

FUENTE EL COLOMBIANO

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Remisos, a aprovechar la gabela de sacar la libreta por solo $124.217

Solo falta la firma del presidente de la República, Iván Duque, para que la ley de amnistía militar, que fue aprobada la semana anterior por la Cámara de Representantes, entre en vigencia en el país.

Desde el momento en el que se dé la sanción presidencial, los hombres mayores de 24 años o menores de esta edad exentos por ley, podrán beneficiarse de la amnistía concedida a todos los que, bajo esta categoría, están catalogados como remisos.

La nueva ley tendrá una vigencia de un año y medio, plazo en el que las personas entre 18 y 50 años podrán acercarse a cualquiera de los distritos militares del país para pedir ser incluidos en el beneficio, el cual ya había tenido una fase anterior, con la ley 1861 del 2017, que rigió hasta el mes de agosto del año pasado.

Los ciudadanos que cumplan con todos los requisitos exigidos tendrán la ventaja de que se les condone el 100% de las multas por no haberse presentado a la citación que hace el Ejército Nacional.

Se les eximirá, además, de la compensación militar que se cobra por no prestar el servicio y solo deberán cancelar el 15% de un salario mínimo legal vigente, equivalente a 124.217 pesos, dinero que corresponde al costo que tiene la fabricación del documento.

Los remisos y beneficiados

El servicio militar es un deber contemplado en la Constitución Política de Colombia. Allí está manifiesto que es obligación de los ciudadanos hombres, que cumplen la mayoría de edad, contribuir a los fines de la Fuerza Pública.

Sin embargo, muchos jóvenes optan por no hacer los trámites necesarios para obtener la libreta militar por diferentes motivos y entre estos está el precio del documento.

Desde que cada uno de ellos recibe una citación para presentarse a un distrito militar y no lo hacen a la hora y fecha asignada, son considerados remisos.

Existen algunas excepciones que establece la ley para no prestar el servicio militar, como, por ejemplo, los hijos únicos, aquellos que son padres de familia, los que no fueron aptos después de presentarse a los exámenes psicofísicos y las personas en situación de discapacidad.

Con la ley de amnistía, ambos grupos, tanto los remisos mayores de 24 años como los exentos, podrán beneficiarse con la normativa durante el año y medio posterior a la rúbrica del presidente. La medida también beneficia a los colombianos que no han resuelto su situación militar y se encuentran en el exterior.

Defina su situación

“Es una oportunidad bastante buena para todas las personas que están pendientes de resolver su situación con el Ejército. Si las personas no participan, después tendrán que pagar la totalidad de las multas y la cuota de compensación militar que no se pagan si hacen el procedimiento con la amnistía”, destacó Rafael Sosa Gil, comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento de Antioquia.

El coronel destacó que la amnistía, en su vigencia pasada, tuvo buena acogida por parte de los antioqueños pues en 2017 los remisos, en el departamento, ascendían a los 114.000 y en 2018, cuando terminó el plazo de la ley, el número descendió a 72.000, lo que significó una reducción del 37%.

“Ojalá podamos ayudarles a todos los que faltan por resolver su situación militar en el año y medio que contempla la nueva ley, ese es el objetivo”, destacó el oficial Sosa.

Aunque las personas pueden dirigirse a cualquiera de los cinco distritos militares ubicados en el departamento, para acceder al beneficio el Ejército realizará una jornada especial de definición de la situación militar del 19 al 21 de mayo.

Con esta actividad programada, la institución castrense pretende agilizar el procedimiento para los ciudadanos que quieran realizar el trámite.

Las jornadas se realizarán en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, de Medellín, que está ubicado en la carrera 70 N.° 16-04, contiguo al Aeroparque Juan Pablo II, a partir de las 8:00 de la mañana.

Es indispensable llevar consigo documentos como la fotocopia del registro civil, fotocopia de la cédula ampliada al 150 %, fotocopia de la cédula de los padres al 150 %, acta de grado, Sisbén y en un CD una foto 3 x 4 cms en fondo azul.

Si el interesado fue declarado exento, debe adjuntar los debidos soportes y tiene que estar registrado en la página www.libretamilitar.mil.co.

En el país hay un total de 714.361 ciudadanos en la lista de remisos del Ejército y se espera que la mayoría de ellos concluya el trámite aprovechando la oportunidad de no tener que pagar las multas que, en algunos casos, pueden ascender hasta los 15 millones de pesos.

Recuerde que hacer el proceso no sólo le quita un dolor de cabeza sino que también le puede abrir puertas laborales y educativas en instituciones donde el documento es obligatorio .

FUENTE EL COLOMBIANO

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Ajuste del salario mínimo afectaría empleo durante 2019: Emisor

Este miércoles, ante la Comisión Tercera del Senado de la República el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, presentará el informe de la Junta Directiva del Emisor con los resultados macroeconómicos de 2018 y las perspectivas para 2019.

Uno de los puntos que destaca el Emisor en su informe, en el que proyecta que la economía este año crecerá 3,5%, es un efecto negativo “de los ajustes del salario mínimo sobre el crecimiento neto del empleo total y de empleo formales”. De acuerdo con el informe, estos aumentos del mínimo se traducen en mayores costos para las empresas, lo cual puede afectar las decisiones de contratación y despido.

De acuerdo con Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “en promedio los salarios no están creciendo demasiado, pero hay mucha gente que gana alrededor del salario mínimo, y el mínimo lleva dos años creciendo muy por encima de la inflación y la productividad. Eso debe estar pegando de alguna manera a los costos de las empresas”.

Sin embargo, Olarte señala que la creación de empleo en Colombia está yendo a un ritmo “muy decente”, y destaca que la creación de trabajo asalariado en el primer trimestre creció 2,4%. “Es una tasa muy buena, realmente laboralmente sí esta mejorando un poco”.

El informe de la Junta asegura que para 2019 se espera un mejoramiento moderado de los indicadores del mercado laboral, sin embargo, el arranque de 2019 no respalda aún esta expectativa, pues en el primer trimestre la tasa de desempleo llegó a 12,7%, indicador que ha generado preocupación en varios sectores.

“Realmente el empleo en Colombia sí tiene unos indicadores preocupantes porque superan los dos dígitos en los tres primeros meses del año. En realidad hay que pensar si es culpa del salario mínimo o no”, sostiene Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien sostiene que lo que en realidad sucede es que hay una ausencia de relación entre el crecimiento de la economía con los indicadores de empleo, pero que no se puede atribuir al mínimo.

Otras proyecciones del emisor

Otros puntos que destaca el informe de la junta que tienen que ver con el crecimiento en 2019 es el aceleramiento de la demanda interna, generado por un mayor dinamismo de la inversión en obras civiles como en maquinaria y equipo.

Desde el punto de vista sectorial, el Emisor sugiere que el crecimiento de la economía continuaría recuperándose, principalmente gracias al desempeño de la industria manufacturera y del repunte gradual en construcción. El Banco advierte, sin embargo, que las exportaciones continuarán restando al crecimiento.

FUENTE EL COLOMBIANO

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