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Anla explica, por primera vez, por qué condicionó construcción de Hidroituango.

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Suspender las obras del proyecto Hidroeléctrico Ituango, no así las de mitigación de la emergencia, ha sido una de las decisiones más complejas que asumió, en los últimos dos años, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla.

La resolución 820, que determinó frenar la construcción hasta tanto expertos o peritos no determinen el estado en el que quedó el proyecto, tiene fecha del 1 de junio, pero solo fue publicada el viernes pasado.

Claudia Victoria González Hernández, directora de la entidad, asegura que se tardaron en anunciar la determinación para no generar una mala interpretación que conllevara al agravamiento de una emergencia que ajusta 68 días. Acepta que los correctivos que EPM deberá hacer para continuar con el proyecto tomarán tiempo y, por eso, deben agilizar la búsqueda del equipo de peritos requerido.

¿Cuál es el alcance de la decisión?

“Todas las obras que tienen que ver con la atención de emergencia y las medidas de manejo y protección, tanto de la comunidad, el medio ambiente, y el seguimiento y monitoreo, deben continuar.

Sin embargo, un tema urgente de solucionar es el problema de estabilidad en la montaña, donde hay dos zonas de deslizamiento que es necesario que se atiendan de manera inmediata y están monitoreadas permanentemente”.

¿Qué los llevó a decretar la suspensión?

“Se tuvo en cuenta la evaluación que hicieron los peritos del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos y la ONU, que consideraron que para garantizar la estabilidad de la presa y que la contingencia no continue, era indispensable finalizar la construcción de esta, no con el lleno prioritario, sino su impermeabilización, es decir, como estaba diseñada inicialmente. Esas obras, EPM estima terminarlas el año entrante”.

¿Cuál deberá ser el papel de los peritos?

“Es necesario que alguien independiente, experto, verifique y dé su concepto sobre qué obras se deben hacer para garantizar la estabilidad de la presa y continuar con el proyecto.

Es un alto en el camino para decir en qué momento estamos y cómo continúa la obra. Qué refuerzo se requiere o si se considera necesario desmontar algo, no sé que podrán encontrar los expertos. Si consideran que como está el proyecto se puede continuar, pues se sigue”.

¿Revisarán las hojas de vida de esos expertos?

“Cuando entreguen el resultado de los peritos se verificará, pero de manera previa, no. Deben cumplir los requisitos y los validaremos”.

¿Habría cambios en la licencia ambiental?

“La licencia ambiental siempre ha estado vigente y aún lo está. Solo se suspendieron unas actividades específicas. Una vez se realice la evaluación, con base en los resultados, se tomarán decisiones”.

Ya Hidroituango tuvo estudios, ¿por qué exigir nuevos peritos? ¿Dudan de la independencia de los análisis?

“Las misiones que vinieron verificaron las acciones para enfrentar la emergencia y cómo estaba la situación, estaban validando todo lo que tenía que ver con la contingencia y cuáles eran las actuaciones específicas que debíamos hacer como país para garantizar que no hubiese afectaciones aguas abajo.

Ahora puede ser que la construcción haya generado algún proceso de inestabilidad en la montaña, entonces el grupo de expertos definirá si se necesitan hacer estudios adicionales”.

¿Qué tanto puede durar el estudio?

“Será largo. Por ejemplo, si establecen la presa, que EPM dijo que se demora hasta 8 meses, esto tiene que ser tenido en cuenta, porque los peritos evaluarán si esos trabajos fueron suficientes. Por eso es importante que se vaya seleccionando el personal, esto no es de un día para otro.

¿Son conscientes que la suspensión de obras implicaría retraso del proyecto?

“Por eso era importante que la resolución se conociera ya (…) No se hubiera requerido si no pasa la contingencia, entonces en agosto habría fase de llenado. Nos toca replantear qué toca hacer”.

FUENTE EL COLOMBIANO

Las víctimas le ganaron un round al olvido.

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La decisión de la Corte era lo que esperaban las víctimas. Que los bienes y activos que sean declarados por Farc se destinen solo a la reparación de aquellos que sufrieron el conflicto armado, a parte de ser un reconocimiento, es un alivio para millones de personas que aún no han obtenido un reconocimiento por su condición.

Esa es la reacción de las víctimas consultadas por EL COLOMBIANO, luego de lo decidido por la Corte que a su vez fue unánime en respaldar la ponencia del magistrado Alejandro Linares, en donde se hacía referencia a que no es aceptable que dichos recursos sean destinados a financiar, en parte, la creación del centro de pensamiento del partido político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), ni para hacer seguimiento de los programas de reintegración de los desmovilizados.

Yolanda Perea, víctima de las Farc, reconoce la importancia de lo ocurrido, sin embargo espera que se haga realidad y propone que esto ayude a que la Ley de Víctimas, que solo le quedan tres años de vigencia, sea prolongada y reforzada con un Conpes que garantice los recursos para reparar a todos los afectados.

“Hasta el momento la gente de Farc se ha dedicado a la política, pero no de venir a pedir perdón y reparar en los territorios, por eso espero que esta medida de la Corte sirva para algo. Con esos bienes y dinero se debe empezar a solucionar problemáticas, sabemos que no devuelve a nuestros seres queridos, pero sí ayuda a seguir adelante”, agregó la mujer.

Para Yolanda, lo que se necesitan son acciones que mejoren la calidad de vida de las víctimas en sus propios territorios.

Por su parte Teresita Gaviria, de las Madres de la Candelaria, asegura que lo que pasó había sido una solicitud hecha a las altas cortes desde hace varios meses.

“Es lo mejor que ha ocurrido. Después de encontrar a nuestros desaparecidos, que nos reparen. Estamos muy cortos de dinero y ojalá esto sirva para la prolongación de la Ley de Víctimas y se necesitan más recursos y tiempo para reparar a tantas personas que sufrieron con el conflicto armado”, añadió.

Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas afirma que con la decisión “se alimentan nuestras esperanzas de ser reparados por los daños sufridos, mas cuando no hemos visto una voluntad politica clara del Gobierno frente al tema del represamiento de solicitudes de reparación o de entrega de la indemnización administrativa, por el contrario han sido muchas y muchos los que han muerto esperando esa reparación y con esta acción de la corte por lo menos se tendrá un poco más de recursos”.

Con esta aclaración por parte de la Corte Constitucional se despejan los reparos que desde el año pasado expresó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien argumentaba que si se permitía la financiación del centro de pensamiento con estos bienes se estaría autorizando una operación de lavado de activos en favor de Farc, cuestión que desde el primer momento negó el Gobierno y que ahora ratifica la Corte.

Lo que se sabe de los bienes

Sobre la entrega o incautación de los activos y bienes de las Farc, poco se ha sabido este año.

Hasta principios de este año, cuando se conoció el último reporte de lo que han entregado los miembros de la antigua guerrilla , la suma estimada de más de 240 mil hectáreas, 292 medios de transporte, 20.724 cabezas de ganado, 597 caballos, 375 kilos de oro, equipos, enseres, bienes y dinero en efectivo, llegaba a un cálculo de poco más de 540 mil millones de pesos.

Por su parte, la Fiscalía continúa con sus operativos para detectar e incautar los bienes que según el ente acusador, no fueron declarados por las Farc. Hasta el momento, luego de datos suministrados por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se han incautado bienes a nombre de supuestos testaferros de la antigua guerrilla avaluados en más de un billón de pesos los cuales no irían al fondo de reparación para las víctimas.

FUENTE EL COLOMBIANO

Lula: el candidato presidencial preso.

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Octubre 7. Ese será el día en que Brasil conozca a su nuevo presidente. Pero de hoy a esa fecha, tres meses antes de las elecciones, el país está dividido. Por un lado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lideró Brasil entre 2003 y 2010, mantiene sus deseos de ser candidato presidencial, a pesar de estar preso y, por el otro, la violencia y la corrupción continúan. A ese prospecto de candidato, se le suman más de una decena de personas con aspiraciones de llegar al Palácio do Planalto, que fragmentan aún más las opiniones de los electores.

De estos, solo unos cuantos puntean en los sondeos de intención de voto. Jair Bolsonaro, con el 19 %, quien se proyecta como un mandatario que atendería la inseguridad y la violencia que permea al país desde 2016; Marina Silva, una ambientalista que fue ministra en el gobierno de Lula y quien aspiró a las elecciones en 2010 y 2014, quien cuenta con 17 % de favorabilidad. Detrás estarían Geraldo Alckmin, con el 16 %, y Ciro Gomes , con el 13 %. Pero si Lula logra su candidatura, se perfilaría como el favorito a ganar los comicios con el 46 % de favorabilidad según la firma Datafolha.

El Partido de los Trabajadores (PT) aún no ha presentado oficialmente su candidatura y la fecha límite que establece el Tribunal Superior Electoral de Brasil para hacerlo es el 15 de agosto. Lula tendría cerca de 40 días para definir una situación jurídica.

¿Puede ser candidato?
La ley de Brasil no permite que una persona que tenga una condena en segunda instancia aspire a la presidencia. Lula estaría, por ahora, virtualmente inhabilitado aunque contaría con figuras jurídicas que permitirían su postulación por parte del PT.

El abogado brasileño experto en temas electorales Alberto Rollo explica que al día de hoy Lula es inelegible. Su única posibilidad es solicitar una figura que es conocida como “eliminación de inelegibilidad”, pero ni el Consejo Federal de Justicia ni el Tribunal Federal Supremo la han aceptado y se pronunciarían el próximo mes. Es decir, solo hasta el 1 de agosto se conocería una decisión. El abogado reitera que “al día de hoy está inelegible y al parecer así va a continuar, por lo menos hasta el día 31 de julio”.

Los problemas de Brasil

Pareciera que la corrupción inundó a Brasil. Como lo explicaron fuentes a EL COLOMBIANO, comenzó como un escándalo en el ámbito nacional, cuando cayó el expresidente, y con el tiempo aparecieron nuevos casos en las regiones.

Además, los problemas siguen creciendo. Para el analista brasilero Iván Godoy la corrupción se volvió una práctica en la política brasileña, la violencia data desde finales del régimen militar y una de sus ciudades principales, Río de Janeiro, vive una decadencia económica. “El contraste social tan evidente aumentó la violencia en Río, hay organizaciones criminales y Brasil es un punto de paso para el tráfico de drogas”, explica.

En medio de todos esos conflictos, se prepara para elegir a su próximo presidente. Sin embargo, a diferencia de México, no se ha presentado una escalada de la violencia por cuenta de la campaña en la que aún no se confirma si Lula será candidato.

FUENTE EL COLOMBIANO

Crisis de los partidos tradicionales genera cisma entre liberales.

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Como en las épocas del proceso 8.000 el Partido Liberal está en crisis, sus miembros más representativos se han ido desvinculando de la colectividad. El punto de quiebre fue la adhesión por parte de los liberales a la campaña del recién elegido presidente Iván Duque lo que muchos en la colectividad consideran una inconsistencia ideológica.

La factura se la pasan muchos de sus miembros al actual director, César Gaviria, pues fue bajo su batuta que el Partido Liberal se opuso al segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe y hoy dio la voltereta y se dedica a acompañar al candidato del Centro Democrático.

Desde el anuncio de Gaviria de sumarse a Duque varios de los hoy congresistas montaron rancho aparte y no apoyaron ni siquiera el anuncio de adhesión. Quienes no están con el expresidente son: Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Luis Fernando Velasco y Horacio José Serpa.

La molestia de los congresistas es evidente y es que muchos de los grandes electores del 2014 se retiraron de la colectividad o piensan irse.

Divididos

Sin embargo, los caminos de la disidencia tampoco están definidos. Galán lucha por revivir el Nuevo Liberalismo, creado por su padre, Luis Carlos Galán, en 1979 como una alternativa para los liberales que no creían en la institucionalidad de la colectividad.

“La Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo sufrimos exterminio por parte de fuerzas paramilitares. En el Magdalena Medio fueron asesinados más de 50 concejales que pertenecían a este movimiento y pese a que se nos reconoce el exterminio la Sección Quinta del Consejo de Estado determinará si nos devuelve la personería jurídica”, aseguró Galán.

Por otro lado, el exministro y excandidato de la consulta liberal Juan Fernando Cristo afirmó que quiere “hacer un movimiento diferente con gente de todo el país: víctimas, jóvenes independientes, personas de izquierda. No solo liberales. Esto no es una disidencia es un movimiento ciudadano fuera del liberalismo ”.

Según Enrique Serrano, profesor de la Universidad del Rosario, el Partido Liberal muestra no solo atomización sino la tendencia a apoyar otros movimientos con más fuerza y en este escenario, “la culpa no sería solo de César Gaviria, tendría una parte, pero no toda. El partido estaba condenado desde antes. Cualquiera que fuera el director tendría ese problema”. Agregó que debido al difícil panorama que tienen los liberales se “rearman constantemente según la contienda política de turno. El partido juega en muchos tableros y le toca ser imaginativo para conservar los votos que de otra manera perdería irrevocablemente”.

FUENTE EL COLOMBIANO

¿Hasta dónde y cómo debería endeudarse?

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¿Está pensando en adquirir un crédito para comprar vivienda, un carro, un viaje, con motivo de educación o porque necesita dinero para un negocio que tiene en mente?

Tenga muy en cuenta cuáles son los momentos en los que usted debe endeudarse, cuáles son las razones que lo justifica y cómo podría hacer más llevaderos esos pagos. Que la frase “para conseguir algo hay que endeudarse” no se le convierta en un dolor de cabeza.

De acuerdo con el informe de la Superintendencia Financiera de Colombia a abril de este año, la cartera correspondiente al total de préstamos aprobados por los establecimientos de crédito (444,2 billones de pesos), 21,9 billones de pesos, es decir, 4,9 % del total, fue el saldo vencido de los clientes.

“No es un porcentaje alto de deuda y responde a la misma dinámica del mercado. Lo que habría que mirar es que tanto personas como empresas se endeuden de acuerdo a su capacidad de pago y ese casi 5 % demuestra que en Colombia esa mora está controlada”, afirmó Francisco Cubillos, profesor emérito de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

Según datos de la Superfinanciera, la cartera bruta comercial (dinero destinado a empresas y la creación de negocios) fue la más alta durante los primeros cuatro meses del año. Para este rubro fueron destinados 241,6 billones de pesos, de los cuales 11,1 billones se encuentra en mora.

“Frecuentemente son los créditos más numerosos y cuantiosos. Se entiende que se endeuden en este aspecto pues al final se trata de la creación o consolidación de empresa”, aseguró Alejandro Torres, profesor de economía en la Universidad Eafit.

Aquellos préstamos que se destinan para “consumo”, donde se cuentan actividades como educación, viajes, compra de carro, ropa, entre otros, es el segundo motivo más importante a la hora de la generación de créditos. Durante los primeros cuatro meses del año se destinaron 126,6 billones de pesos, de los cuales 7,7 billones aún están pendientes de pagar.

“En este punto es en donde más se presentan retrasos, pues muchas veces las personas utilizan estos créditos para pagar cosas por las cuales no deberían estar endeudándose, como la compra del mercado, el pago de recibos mensuales o viajes por vacaciones”, agregó Torres.

Los expertos consultados por EL COLOMBIANO concordaron en que tanto personas naturales como jurídicas deberían endeudarse para adquirir bienes durables o semidurables. Estos, para el caso de las personas naturales, corresponden a vivienda, la compra de un carro o tal vez electrodomésticos.

“Si la gente pide crédito para comprar cosas como el mercado o para pagar la cuenta de internet, pues no debería diferir esos pagos a más de una cuota, de lo contrario no tendría sentido”, añadió Francisco Cubillos.

El experto se refiere a que las personas deben medir muy bien cuál es la capacidad de compra y en qué casos saber decir “no me endeudo porque no tengo con qué pagar”. Y agregó que “siempre será buena idea pedir préstamos para educación superior, sobre todo aquella especializada, y para la adquisición de vivienda propia”.

En este último punto el reporte de la Superfinanciera da cuenta de que los establecimientos de crédito destinaron 63,7 billones de pesos para aquellas personas que dijeron tener la intención de comprar una casa nueva. El monto por incumplimiento para este tipo de cartera llegó a los 2,04 billones de pesos. Los préstamos para la adquisición de vivienda, según la entidad, crecieron 8,01 % con respecto a 2017.

FUENTE EL COLOMBIANO