Educación Al Día
Recta final entre polémicas para elegir al nuevo contralor general.
Los 10 candidatos finales para el cargo de Contralor General de la República, elegidos anoche deberán superar el escrutinio público de un proceso al que le han surgido varias polémicas.
Los 10 elegidos son: José Andrés Omeara, Felipe Córdoba, Wilson Ruiz, Julio César Cárdenas, José Félix Lafaurie, Marco Antonio Velilla, Maritza Quintero, Alonso Pio Fernandez, José Joaquín Plata y Gilberto Rondón.
Durante la tarde de ayer, los iniciales 59 aspirantes elegidos por un concurso de méritos llevado a cabo por la Universidad Industrial de Santander, UIS, fueron escuchados por una comisión accidental del Congreso, integrada por 11 miembros de la Cámara y 11 del Senado.
Sin embargo, los cambios de última hora por parte de la mesa directiva del Congreso a las nuevas normas establecidas para la elección de este funcionario, orientadas a privilegiar la meritocracia y los perfiles técnicos, ponen un signo de interrogación alrededor del proceso que continuará hoy, cuando en plenaria del Senado sean escuchados los 10 seleccionados. Mañana pasarán a la Cámara y culminará el proceso este lunes festivo con la elección, informó el presidente del Senado, Ernesto Macías.
Ante la posibilidad de que se puedan beneficiar candidatos con marcadas conexiones políticas, el actual ocupante de este cargo, Edgardo Maya, criticó fuertemente la deformación que ha tenido el proceso: “Poner a un corrupto a manejar la Contraloría es lo mismo que nombrar de director de un jardín infantil a un violador”.
La molestia de Maya tendría nombre: José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y uno de los aspirantes favorecidos para entrar a la recta final.
La ley 1904 del 28 de junio 2018 y la resolución del Congreso 007 del 19 de julio, establecieron los requisitos para quien aspire a contralor e incluyeron la prohibición para aquel que tenga vínculo civil con miembros del legislativo y para quien haya sido sancionado.
Sin embargo, en la resolución 009 del 26 de julio, firmada por la nueva mesa directiva encabezada por el senador Ernesto Macías, ambas disposiciones se descartaron.
Entonces, de los 59 nombres en la fase final del proceso, solo Lafaurie se pudo ver beneficiado con ambos cambios, pues no lo eliminó su matrimonio con la senadora María Fernanda Cabal ni la sanción en su contra por la Procuraduría en 2007 por aceptar recomendaciones de congresistas cuando era vicecontralor, en 2003.
Sin embargo, las críticas van más allá del caso específico del presidente de Fedegán. También se bajó el criterio de calificación establecido por la UIS y se cambió el número final de preseleccionados.
En ese sentido, se bajó la aprobación de 75 a 60 puntos sobre 100 y de 20 preseleccionados, la lista subió a 59, de un total de 109 hojas de vida.
Aún así, el responsable del proyecto, el docente Luis Eduardo Becerra, argumentó que los cambios no alteraron la confiabilidad de los resultados (ver En Un Minuto).
Esto, para el analista político Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado, significa que no va a haber el filtro técnico que se deseaba y como el Congreso termina cambiando los mecanismos, también termina influenciando quién llega a las instancias finales: “Eso no es transparente y como se ha mostrado, esas nuevas normas están hechas a la medida de algunos aspirantes”.
El problema agrega, es que “no tenemos una buena política de definición de perfiles para altos cargos”. Un ejemplo de ello es el actual contralor, quien también fue procurador entre 2001 y 2009, lo que no tendría sentido, pues ambos cargos tienen perfiles totalmente distintos.
Así las cosas, termina empañado el primer intento de retirar el factor político de la elección de una ficha clave para el país, que antiguamente era elegido de una terna conformada por las altas cortes.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
Pasaportes: otro lío para venezolanos.
La grave situación que enfrenta el país vecino hace que muchos de sus conciudadanos se sientan atrapados en él, y a pesar de tener claras las intenciones y haber juntado un poco de dinero para emigrar, lo más difícil, complicado y costoso para consolidar el plan, resulta ser la obtención de un pasaporte, lo que le corta las alas al propósito de buscar una mejor calidad de vida afuera.
“Mi esposo viajó a Chile, era imposible mantenernos porque aquí no hay sueldo que aguante la inflación. Estoy buscando la manera de irme con mi bebé, pero no ha sido posible conseguir el pasaporte del niño a pesar de insistir todos los días con el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime). Un funcionario me dijo que eso se soluciona pagando 1.500 dólares (…) no tenemos tanta plata”, relató Isabel Ramírez, una joven docente venezolana.
Ante la imposibilidad de encontrar la salida legal de Venezuela y el ingreso a un tercer país, miles de personas optan por alternativas poco convencionales y además ilegales que ponen en riesgo no solo su estatus migratorio, también la vida.
El pasado 11 de julio, Migración Colombia implementó en los tres puentes internacionales que unen a Venezuela con el departamento Norte de Santander, el uso de un dispositivo electrónico para verificar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), único documento válido, a parte del pasaporte, para que los venezolanos ingresen al país.
El resultado a pocas horas de la revisión: 21.000 tarjetas migratorias falsas, informó el Director General de Migración, Cristian Krüger.
Controles no son suficientes
La fiscalización y retención de las TMF fraudulentas no detiene la ola de venezolanos que sin pasaporte buscan la salida del país, incluso “empresas organizadas” ofrecen el servicio de traslado desde cualquier estado venezolano hasta la frontera, incluyendo tickets para un tercer país.
“Por cada pasajero que monte sin pasaporte en el autobús para la frontera, la empresa me paga 3.000.000 de bolívares (unos 2.550 pesos). Hay días en que se van hasta 10 personas sin pasaporte, otros día solo uno. Tratamos de ayudar a la gente y así me ayudo yo. Es un trabajo informal pero gracias a esa diligencia de captar clientes es que puedo llevar la comida a mi casa”, dijo Enrique Carmona, quien trabaja en la terminal terrestre del estado Mérida a 243 kilómetros de la frontera.
A pesar de los estrictos controles implementados por Colombia en los puentes internacionales, la realidad es otra al margen del río Táchira, y en los caminos verdes o trochas por donde a diario decenas de venezolanos cruzan en busca de una salida a la crisis nacional.
“No tenemos pasaporte y no ha sido posible la renovación ni obtener uno nuevo. Gracias a Dios aquí en la frontera hay ángeles que lo ayudan a uno a llegar a Colombia sin papeles. Mi hermana y yo vamos a Perú porque ya es insostenible seguir aquí”, dijo Álvaro Machado, un joven ingeniero venezolano quien acompañado de su hermana Cristina, se aventuraron a cruzar el río para llegar desde Ureña a Cúcuta.
Autoridades en alerta
Al pasar la aduana de San Antonio, entre la fila interminable de personas saliendo del país y bajo la discreción de las autoridades fronterizas se oye el susurro: “te llevamos a Colombia, Perú, Ecuador, con documentos y sin documentos”, son los denominados “arrastradores” que cobran hasta 80.000 pesos o 30 dólares por cruzar sin ningún tipo de documento la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia.
El alcalde del municipio de Villa del Rosario, en el Norte de Santander, Pepe Ruiz, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que ayuden al control y la seguridad ante la oleada de venezolanos que a diario llegan a esa localidad en busca de un transporte que los lleve bien sea al interior o a otro país sin pasaporte.
“Hay poco control por parte de las autoridades, incluyéndome como alcalde, para evitar que los buses carguen no solo sin los permisos correspondientes sino que también llevan personas de manera ilegal”.
La misma queja fue presentada por Diomar Velazco, secretaria de Tránsito de Norte de Santander, quien precisó que “el Ministerio de Transporte está trabajando en posibles sanciones a empresas que vienen expendiendo pasajes y movilizando personas provenientes de Venezuela de manera ilegal”, agregó.
Las empresas que operan en Colombia ya tienen sucursales en casi todos los estados de Venezuela y ofrecen paquetes completos de traslado no solo hasta Cúcuta, también a Ecuador, Perú (los más buscados), Argentina y Chile, con o sin pasaporte en mano.
FUENTE EL COLOMBIANO
Caficultores votarán por nuevos dirigentes.
Los productores de café se preparan para participar en el proceso electoral con el que se renovará a los dignatarios que los representarán, por los próximos cuatro años, en los comités Departamentales y Municipales de Cafeteros.
La contienda democrática no gubernamental más grande de Latinoamérica se desarrollará los días 8 y 9 de septiembre, y busca elegir a los 4.596 cargos de 383 comités locales y 180 de quince comités departamentales que hay en el país (ver gráfico).
La Federación Nacional de Cafeteros destacó el interés de los productores del grano por participar en estas jornadas, al inscribirse la cifra récord de 16.140 candidatos, 358 más que los 15.782 inscritos en 2014.
“El número de aspirantes es el más alto en 91 años de la historia del gremio y demuestra que ha crecido el interés de los productores de café por participar en la definición de las políticas del sector”, resaltó el gerente de la Federación, Roberto Vélez Vallejo, mediante un comunicado.
Igualmente, se destacó que de los candidatos a comités departamentales el 28 % se postuló por primera vez, mientras que de los candidatos a comités municipales el 68 % son nuevos, un indicador positivo de la tasa de renovación de la dirigencia cafetera.
Elecciones en Antioquia
De los 358.208 cafeteros habilitados para votar en el país, el 14,31 % corresponde a cultivadores antioqueños (51.280), quienes elegirán a los 864 líderes que conformarán los 72 comités municipales y a los doce integrantes del Comité Departamental.
“En las dos últimas elecciones (2010 y 2014), con un promedio de tres listas por municipio, hemos observado una renovación de la dirigencia del 50 %. Esperamos que en esta ocasión se mantenga esa tendencia”, declaró Álvaro Jaramillo Guzmán, director del Comité de Cafeteros de Antioquia.
No obstante, al revisar la composición de la instancia gremial en este departamento, de los doce integrantes actuales, once aspiran salir reelegidos en las votaciones que están programadas para el nueve de septiembre.
Coyuntura de bajos precios
En la antesala de las elecciones cafeteras, este sector agrícola que abarca a 17 departamentos y 570 municipios ha expresado su preocupación por el descenso que observan los precios, impactando negativamente su rentabilidad.
En julio, el valor promedio de la carga de café de 125 kilos se pagó en Colombia a 717.839 pesos, inferior a los 746.400 pesos que tuvo en junio. Hoy, el precio es de 715.000 pesos.
En los mercados internacionales, la libra del grano se cotizó el mes pasado en promedio a 1,34 dólares, el nivel más bajo en 54 meses (4,5 años). Ayer, en la Bolsa de Nueva York se transó a 1,07 dólares.
En ese contexto, Jaramillo manifestó que uno de los desafíos que deberán encarar los dirigentes cafeteros, que resulten electos, estarán asociados a los temas de remuneración y rentabilidad de la caficultura.
“Se trataría de una salida global que permita impulsar algún tipo de acuerdo que involucre a todos los actores de la cadena, por medio del cual se establezcan precios mínimos para esta materia prima”, sugirió.
También comentó que sigue sobre el tapete la propuesta de constituir un fondo de estabilización de precios, la cual es aplaudida, pero para la cual nadie se compromete a proporcionar los recursos.
Finalmente, entre enero y julio de este año la producción de café sumó 7,58 millones de sacos, 2,1 % menos que en igual periodo de 2017. Mientras que las exportaciones cayeron 1,7 %, totalizando 7,04 millones de sacos.
FUENTE EL COLOMBIANO




