Educación Al Día

Gobierno de Nicaragua acusa a oposición de buscar golpe de Estado.

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El gobierno de Nicaragua acusó este martes a la alianza opositora de intentar romper el orden constitucional con las protestas que realiza para presionar la salida del poder del presidente Daniel Ortega, que dejan más de 212 muertos en dos meses.

“Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de gobierno por la vía fáctica”, dijo el canciller Denis Moncada ante una comisión de la CIDH, según consignó el sitio digital informativo progubernamental “Informe Pastran”.

El gobierno y sus opositores reanudaron el lunes un diálogo que busca una salida a la crisis, pero volvió a estancarse pues Ortega aún no responde a la propuesta de la Iglesia católica -mediadora- de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.

Ante ello, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -grupos de la sociedad civil- se reunieron este martes para definir estrategias de presión, aunque aún no las anunciaron.”Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán.

La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.

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“En Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico”, denunció por su lado el canciller Moncada.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático. Murillo, una extravagante mujer de 67 años, con enorme poder en el gobierno, dijo este martes estar “orando por la paz” y celebró los operativos que están desmontando cientos de bloqueos que mantienen los opositores en las calles.

Pánico en las calles

Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.

Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.

Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes, que tienen semiparalizado al país.

“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo, torturando, asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Alvaro Leiva.

El pánico que siembran en Nicaragua esos hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.

En los últimos días se multiplicaron las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.

“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de seguridad, Elvira Cuadra.

“No vemos voluntad”

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma con el obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.

La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos. “El llamado de la CIDH es muy fuerte y claro: hay que cesar todo acto de represión”, declaró en Managua María Claudia Pulido, secretaria adjunta del organismo.

La delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar muy en serio el informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir “el cese de violencia y toda represión”.

Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en 2007.

FUENTE EL COLOMBIANO

Hoy Santos se juega la última carta para la JEP.

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Si hoy la plenaria del Senado no aprueba la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, el gobierno de Juan Manuel Santos no tendría otro chance para aprobarla y, temporalmente, esa jurisdicción podría dictar su propio reglamento.

Por eso es que el Ejecutivo ha tratado de conciliar con el Congreso una salida al proyecto, en una subcomisión liderada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

En esas discusiones que se realizaron el lunes pasado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dio su brazo a torcer en 24 puntos, pero quedaron dos que a su parecer no pueden aceptarse por inconstitucionales: se trata de la competencia de la JEP para determinar la extradición de miembros de las Farc y la creación de una sala para juzgar a los militares (ver antecedentes).

Sin embargo, propuso discutir en la plenaria de Senadolas propuestas para que “en democracia el Congreso decida”. Al cierre de esta edición el Centro Democrático no había firmado el nuevo informe de ponencia y, sin ese acuerdo, el Gobierno no tendrá mayorías.

Los cambios

EL COLOMBIANO conoció las proposiciones que fueron aceptadas por el Gobierno y que serían aprobadas si se llega a un acuerdo en la subcomisión. Se destacan: la eliminación del lenguaje de enfoque de género -en ninguna parte aparecerá la ya conocida sigla LGBTI-, se incorporaron los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre para los comparecientes como garantía para investigados, en especial terceros. También se le quita competencia a la Defensoría de Familia.

La policía judicial es de la Unidad e Investigación y Acusación y no de la JEP, de este modo actuará con independencia del tribunal transicional, alejando las críticas de una “fiscalía paralela”. Los informes de macrocriminalidad no pueden ser considerados como única prueba contra un acusado y la pérdida de los beneficios por incumplimiento se amplían para todos los comparecientes.

En el caso de los agentes del Estado, el Ministerio de Defensa podrá intervenir; se contempla que ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y, uno de los puntos más importantes, es que sus acciones se presumen legales.

Sobre la extradición, el Gobierno concedió que la JEP no pudiera, en ningún caso, “pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fuera solicitado en extradición”, queda únicamente con el derecho de definir la fecha de la comisión del delito, es decir, si fue antes o después de la firma del Acuerdo de paz.

Por último, se agregaron las versiones voluntarias con valor de confesión en los procesos judiciales, asunto que era exclusivo de la Comisión de la Verdad.

Las opciones

En la plenaria podrían presentarse tres escenarios: el primero, es que no haya acuerdo entre el Gobierno y la subcomisión y se hunda la iniciativa, lo que significaría que la JEP funcionará a su manera.

David Suárez, constitucionalista de la Universidad Eafit, explicó que “la JEP va a seguir funcionando y se va a dictar sus propios procedimientos a través de instructivos y normas internas, pero eso se soluciona con el nuevo Congreso que recibirá otro proyecto de ley”.

El segundo panorama es que haya acuerdo y en la deliberación sobre el tema de la extradición y de los militares gane la propuesta del Centro Democrático, ya que sus mayorías están más consolidadas.

“Como es una ley ordinaria tendría que tener la sanción presidencial, que le tocaría a Santos, quien podría objetarla por razones de inconstitucionalidad o cualquier ciudadano puede demandarla, y así iría a revisión de la Corte, que en condiciones normales la declararía inexequible”, señaló Suárez.

El último escenario es el que el Gobierno desea. Que haya acuerdo y se apruebe la iniciativa sin los dos cambios adicionales, lo que le daría un respiro al Ejecutivo y podría en funcionamiento a la JEP.

El profesor expresó que esto último es lo que en realidad le favorece al acuerdo: “La JEP podría empezar las grandes investigaciones, los grandes juicios, podríamos empezar a ver a Timochenko diciendo la verdad, pidiendo perdón y reparando a las víctimas”.

Si el nuevo Gobierno, una vez resulte el tercer panorama, quiere reformar lo concerniente a la extradición y a la sala para los militares, deberá presentar al Congreso una nueva reforma constitucional, que tiene ocho debates lo que, para Suárez, “no es muy complicado y con las nuevas mayorías es posible hacerlo”.

FUENTE EL COLOMBIANO

Partido Senegal – Colombia moverá $50 mil millones en Medellín.

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El certamen más importante del mundo del fútbol mueve pasiones y bolsillos. Basta con ver lo que hizo Gus Hully, un inglés apasionado por el fútbol, quien recorrió varias ciudades europeas en busca de una cerveza representativa de cada una de las 32 naciones que participan en Rusia 2018. Prometió además que se irá tomando las cervezas de los países que queden eliminados.

Al final del partido que mañana disputarán Senegal y Colombia (9:00 a.m.), Hully ya habrá completado, como mínimo, 12 cervezas desde que se empezaron a definir los grupos del Mundial.

Y es que precisamente sobre el consumo de cerveza es desde donde se espera haya uno de los empujones más importantes para las ventas. “A pesar de la hora del partido, la venta de alcohol representará un porcentaje importante para el incremento que obtenga el comercio de la ciudad, que estimamos en total estarán por los 50 mil millones de pesos”, aseguró Sergio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia (ver Informe).

Si se toman las cifras expuestas por la consultora Tienda Registrada, el promedio en las cuatro ciudades principales del país (Medellín, Bogotá Cali y Barranquilla), en el aumento en las compras de bebidas alcohólicas en tiendas de barrio, (primordialmente cervezas) estaría al rededor del 27 %.

“Sin duda que la hora puede estar cambiando mucho la dinámica del consumo, pero al final del partido, que sería hacia las 11 de la mañana, y entendiendo que hay personas que pedirán el día, el consumo de bebidas como cervezas se puede ver jalonado”, argumentó José Pablo Vélez, gerente de Tienda Registrada.

¿En qué más impacta?

“La pasión que genera el Mundial va más allá de lo que se vea en los estadios. La oportunidad de compartir alegrías, de tener un espacio para festejar con compañeros y familiares, sin duda, termina repercutiendo en las finanzas de algunos sectores. La gente se siente con capacidad y ánimo para hacer gastos en indumentaria deportiva, comida y demás”, explicó Raúl Ávila, profesor de economía en la Universidad Nacional.

De acuerdo con cifras de Tienda Registrada, en las mismas cuatro ciudades, el crecimiento en ventas de comidas preparadas en las tiendas de barrio estaría cercano al 31 %.

“El papel que jugará ese sector, el de las tiendas de barrio, es también vital para un impulso sobre las ventas que tenga el comercio en general”, añadió Soto.

El directivo gremial se refiere al provecho que le puedan sacar este tipo de establecimientos al Mundial: contar con espacios de socialización como televisores, mesas y sillas será fundamental para tener más opciones de venta.

“Sabemos por mediciones anteriores que aquellas tiendas que se verán más beneficiadas con la fiebre del Mundial serán aquellas que cuenten con espacios de socialización, básicamente porque las personas tendrán oportunidad de quedarse en el establecimiento”, agregó Vélez.

Tours gastronómicos y la instalación de pantallas gigantes en los centros comerciales también serán iniciativas que terminen por sumar a las estimaciones hechas por Fenalco.

Gran parte del impulso económico estará sustentando en la medida en que las empresas entienden la coyuntura del momento y son blandas con la otorgación de permisos a los empleados, eso cree Soto.

La postura del directivo de Fenalco encuentra sustento si se mira lo que la firma colombiana AON publicó días antes del inicio del Mundial. Según una encuesta hecha a 126 empresas encontró que el 84 % de estas permitirán a sus empleados el poder ver los partidos de la Selección Colombia.

FUENTE EL COLOMBIANO

Esté atento a las enfermedades transmitidas por mosquitos.

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Por su clima tropical y la densidad de su población en un valle estrecho, Medellín es catalogada como una ciudad hiperendémica en la que se favorece la proliferación de las enfermedades transmitidas por vectores; es decir, aquellas que se propagan a través de organismos vivos como algunas especies de mosquitos.

Las infecciones de este tipo que tienen presencia en Medellín son el dengue, el zika y el chikunguña, transmitidas por los dos vectores que se encuentran en la ciudad: el mosquito Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en el 2016 se presentó la epidemia de dengue con el mayor número de casos, un total de 17.892, de los cuales 13 personas fallecieron. Un pico similar se evidenció en 2010, un periodo en el que se presentaron 15.894 casos de esta enfermedad.

Si bien, a partir de 2017 se produjo una disminución de más del 80% en el número de casos, en lo que va de 2018 se han registrado 515 infecciones de dengue, alrededor de 20 por semana.

Raúl Rojo, coordinador del programa de vectores de la Alcaldía de Medellín, explica que esta es una cifra baja comparada con el mismo periodo de 2017, especialmente si se tienen en cuenta dinámicas propias de estas enfermedades, la finalización de la temporada invernal en la que disminuyó mucho el número de infecciones y la implementación de acciones de control como la eliminación de criaderos, el refuerzo de las alertas tempranas y la vigilancia de las zonas con mayor incidencia del problema.

Sin embargo, el funcionario indica que, con las temperaturas cálidas y secas que comienzan en el segundo semestre de este año, es probable que un mayor número de personas comiencen a contraer dengue, zika o chikunguña, puesto que este tipo de clima favorece la reproducción del mosquito.

“Como ya empezó el verano y las trampas nos están indicando que hay una alta productividad de mosquitos, es posible que a finales de este año vuelva a iniciarse una epidemia de estas enfermedades vectoriales”, añade.

Carlos Alberto Rojas Arbeláez, doctor en Epidemiología de la Universidad de Carolina del Norte, destaca que los insectos que propagan estas enfermedades se han adaptado a la temperatura de la ciudad, que propicia sus ciclos de vida. Además, otra de las causas que favorece su supervivencia en las zonas urbanas es la acumulación de agua en los canales de deshecho, en lavaderos o recipientes al interior de las viviendas, puesto que los mosquitos se reproducen fácilmente en aguas estancadas.

Por eso, dentro de las recomendaciones para evitar el contagio de dengue, zika o chikunguña, se encuentran el uso de repelente, el cambio constante del agua de recipientes como floreros o bebederos de mascotas y la eliminación de otros objetos que puedan acumular líquidos al aire libre.

Estrategia de prevención
Con el objetivo de reducir los casos de dengue, zika y chikunguña en Medellín, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet), de la Universidad de Antioquia, puso en marcha, en diciembre de 2015, un proyecto piloto para liberar en la ciudad mosquitos portadores de Wolbachia, una bacteria que impide que el virus se desarrolle en el insecto y que, al aparearse con los mosquitos locales, transmite la bacteria a su descendencia y reduce la propagación de la enfermedad a otras personas.

Iván Darío Vélez, director del Pecet, indicó que el proceso de liberación se está realizando en todas las comunas de Medellín y que ya han conseguido intervenir los sectores de Manrique, Aranjuez, El Poblado, Guayabal y Santa Cruz.

“Ha habido un gran respaldo de la comunidad. Nos falta la mitad de la ciudad, pero si la cosa funciona bien, esperamos estar terminando para diciembre o enero”, agrega.

Vélez dice que la idea es que también puedan llevarse las liberaciones de estos insectos al resto del Área Metropolitana y que el proyecto está en discusión con las autoridades de estos municipios para buscar su cofinanciación.

FUENTE EL COLOMBIANO

“Necesitamos que lo que se le ofreció a las víctimas se cumpla”.

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Queda menos de un mes para que el Gobierno desembolse cerca de 57 mil millones de pesos para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entre en funcionamiento.

Luz Marina Monzón, directora de la entidad, cuenta la necesidad que se tiene para que el Estado les cumpla a las víctimas. Espera que el próximo gobierno permita avanzar en su funcionamiento y se pueda desarrollar la planeación y trabajo en la misión que tiene dicha unidad, que se contempla tendrá un periodo de 20 años prorrogables para construir un universo de desaparecidos en el país, a causa del conflicto (ver En un minuto).

¿Cuál paso seguirá para entrar en funcionamiento?

“Lo que viene es que el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de Función Pública aprueben la propuesta que hemos hecho de estructura y planta final de la unidad, en la cual se determinaron los recursos que se necesitan para poner en marcha un modelo de respuesta para la búsqueda de los desaparecidos que satisfaga las expectativas de las víctimas, pero que sobre todo ayude a superar los obstáculos a los cuales se han enfrentado los afectados durante muchos años en la identificación de sus seres queridos”.

En ese sentido, ¿cuánto tiempo tienen el Ministerio de Hacienda y Función Pública para dar respuesta?

“De acuerdo al decreto 288 de 2018, con el cual se aprobó la planta parcial de la unidad, se estableció que la unidad deberá entrar en pleno funcionamiento dentro de los cinco meses siguientes a la aprobación de ese decreto; es decir, este tiempo se cumplirá el 15 de julio de este año, más o menos en 20 días”.

Usted menciona la aprobación del presupuesto. ¿Por cuánto pasaron la propuesta?

“En nuestra propuesta hablamos de 57 mil millones de pesos para una planta de 529 personas; sin embargo, en esa solicitud falta incluir gastos generales que tienen que ver con arrendamientos, funcionamiento de sedes y lo que es el mantenimiento (pago de servicios), más lo que implica transportes en términos de diligencias”.

El país está en transición de Gobierno. ¿Qué espera la Unidad con este cambio?

“La Unidad tiene un mandato que es humanitario y que busca satisfacer una expectativa humanitaria, jurídica y legal con el objetivo de encontrar los desaparecidos. A mí no me cabe en la cabeza que una persona de derecha, izquierda, centro o lo que sea pueda estar en desacuerdo con esta labor, no creo que vaya a pasar por ahí. Espero que no vaya a haber dificultad y lo importante es poder ayudarle al Estado a reducir su deuda histórica al no dar respuesta sobre los desaparecidos, eso es lo que yo esperaría que pasara”.

¿Qué piden ustedes al Gobierno Santos en este tiempo que resta?

“Que apruebe la planta y estructura final de la Unidad con los recursos y el equipo suficiente para poder cumplir la misión; es decir, para que esto que se ofreció a las víctimas se cumpla. Esto no puede ser una institución de papel, no puede ser un nuevo ofrecimiento frustrado porque si a esta Unidad no se le dan los recursos, honestamente, creo que no valdría la pena hacerlo a medias. Si no hay voluntad de buscar a los desaparecidos desde un enfoque humanitario y jugársela por darles respuesta como obligación del Estado a los familiares, es mejor no ilusionarlos”.

FUENTE EL COLOMBIANO

Vicepresidente de Venezuela sancionada por la Unión Europea.

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Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron sancionar a once personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, al considerar que han “violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho”.

La UE amplía así la lista de responsables del Gobierno de Nicolás Maduro a los que ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión.

En total, desde la creación de la lista negra en enero, se han añadido 18 personas.

En esta ocasión, han sido incluidos los vicepresidentes El Aissami, también ministro de Industrias y Producción Nacional, y Rodríguez.

También figuran Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación.

Completan la lista Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.

En su reunión de finales de mayo, los ministros ya acordaron tomar nuevas medidas restrictivas “selectivas” y “reversibles” que no perjudican al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela, que la UE no consideró “ni libres ni justas”.

En su opinión, el proceso electoral no ofreció las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático, por lo que llamaron a celebrar nuevos comicios “de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano”.

La UE también reiteró entonces la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Los Veintiocho han dejado claro que sus sanciones van enfocadas a promover “soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población”.

FUENTE EL COLOMBIANO.