Ayer la Comisión de Expertos conformada para investigar si es viable o no que en el país sea permitido el fracking en la exploración petrolera y de gas, se dieron recomendaciones para el uso de la práctica no convencional en planes piloto (ver Antecedentes).
Entre los puntos más importantes, se llamó la atención para que esos proyectos experimentales se den de manera controlada, concertada y con la seguridad de que todas las partes afectadas por el desarrollo de estos proyectos, tengan las compensaciones ambientales, sociales y económicas necesarias.
Natalia Salazar, participante de la mesa, economista y magister en economía de la Universidad de los Andes, aseguró que no se puede dejar de lado cuán importante es el desarrollo de nuevos métodos de extracción de materiales como petróleo y gas.
“En las últimas cuatro décadas las actividades del sector hidrocarburos han sido importantes en las cuentas fiscales, cuentas externas y en el crecimiento del empleo, además del fortalecimiento de las regiones. En 2017, cuando hubo un punto bajo en el precio del petróleo, el sector contribuyó de manera importante: los ingresos de ese segmento representaron el 20 % de sectores como salud y educación”.
Y es que según estimaciones citadas por Salazar en su ponencia, el país tiene un “gran potencial de yacimientos no convencionales. Las reservas potenciales de petróleo y gas de no convencionales estimadas sólo en la Cuenca del Valle Medio de Magdalena son de aproximadamente 7.400 millones de barriles equivalente (MBOE), casi tres veces las reservas probadas actuales de convencionales (2.466 MBOE)”.
Ante el anuncio se escucharon voces en contra sobre la postura que tomó la mesa de expertos. Una de ellas fue la de José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria. Para el experto se requiere de un aparato administrativo lo suficientemente sólido para garantizar que ese proceso se dé con la menor cantidad de traumatismos posibles.
“El punto central es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no tiene el equipo técnico ni humano para hacerle seguimiento a los yacimientos de fracking. Ni siquiera con los yacimientos tradicionales hay certezas, ni imaginar con los nuevos”.
Acosta agregó que “institucionalmente no estamos preparados para tener esos cuidados de los que habla la Comisión, mal haríamos al dar un paso adelante que terminaría siendo un retroceso social y ambiental”.
Entre las otras condiciones planteadas por la Comisión de Expertos para emprender proyectos pilotos de investigación (PPI), se debe tener en cuenta, entre otras, el análisis de la oferta y demanda de agua, suelos y biodiversidad; contar con la capacidad institucional requerida para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y “el adecuado uso de las tecnologías”.
Finalmente, también se solicitó garantizar las condiciones de desarrollo institucional para la gestión del desarrollo socioeconómico y la gestión de aquellos territorios concebidos como sostenibles.
FUENTE EL COLOMBIANO