Educación rural, la tarea que el próximo gobierno debe terminar.

Lo que han dicho académicos de diferentes universidades y el movimiento ciudadano Todos por la educación en los últimos meses, ahora es respaldado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que aprobó el ingreso del país el 30 de mayo: se deben reforzar los planes para cerrar las brechas entre la educación rural y urbana.

La conclusión se desprende del informe “Una mirada al sistema escolar colombiano”, presentado la semana pasada en el que le dicen al gobierno colombiano que es fundamental la creación de “una dirección especializada dentro del Ministerio de Educación Nacional (MEN), para diseñar políticas adecuadas y diferenciadas para el sector rural”.

Además, se lee en el texto que las apuestas políticas para este sector deben analizar las demandas requeridas sobre “una política educativa diferenciada, según los distintos tipos de ruralidad”, incluyendo factores como la densidad de la población, las posibilidades de transporte y oferta docente, que contenga “inversiones significativas en infraestructura y transporte”.

Así estamos

De acuerdo con Todos por la educación la deuda que se tiene con el sector rural se basa en que hay 41.050 sedes rurales, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), pero el promedio de uso es de 37 años, lo que permite tener un panorama de “la poca renovación de infraestructura”.

Además de esto, según el movimiento, al menos el 80 % de las sedes no tiene red de gas, el 70 % no cuenta con alcantarillado, el 50 % están afectadas por altas pendientes –dada la topografía– y el 36 % no cumplen con la cantidad de baterías sanitarias que se requieren por estudiante.

Ante este escenario, la Ocde destaca que el Ministerio deberá fortalecer “la educación terciaria profesional, a través de la articulación con la educación superior”.

Para esto, dice la Ocde, el Sena debe crear nuevos programas o cursos que le apunten al desarrollo del aprendizaje virtual y a distancia; por otra parte, el MEN debe promover espacios y estrategias que les permitan a los jóvenes rurales “acceder a la educación terciaria”.

Otra tarea que plantea es una mayor articulación entre el Ministerio y el Sena, pues deben “revisar la oferta de educación terciaria”.

Análisis sectorial

Cecilia Dimaté, coordinadora de la Maestría en Educación de la U. Externado, sostiene que otra tarea que debe tener en cuenta el gobierno y, naturalmente el presidente electo, Iván Duque Márquez, es buscar mecanismos para que los docentes tengan una “mejor formación, en razón de que no todos están formados, especialmente, en primaria”.

En esta línea, la Ocde, Dimaté y Todos por la educación coinciden en que garantizar una educación relevante y de calidad, que facilite la inclusión productiva y fomente la creatividad y la innovación, permitirá tener “un verdadero instrumento para la movilidad social, tanto para los jóvenes que deciden quedarse como para quienes migran”.

Al respecto, la ministra de Educación, Yaneth Giha, destaca que este es el primer estudio que se hace para este sector tras el ingreso de Colombia a la organización, lo que permitirá ajustar los estándares de calidad que se tiene y “motivar a los estudiantes para que cumplan sus sueños”.

Además, agrega la ministra, que la Organización también le sugiere al gobierno que revise el Sistema General de Participaciones (SGP) sobre todo para que haya mejor equidad en la entrega de recursos “en las zonas rurales y en las poblaciones más vulnerables. Esto ya se ha planteado en algunas reformas y esperamos se definan más adelante”.

Cambio de estructura

Aunque la Ocde plantea mejorar las condiciones físicas de las escuelas y colegios rurales, la experta Dimaté también resalta que debe haber un rediseño de las condiciones de la ruralidad, teniendo en cuenta que las propuestas pedagógicas deben ser actualizadas a los contextos en los que está ahora Colombia.

Esto, según ella, implicará que haya formas de reconocimiento distintas para el maestro del sector rural y una necesidad de cambiar la relación entre escuela y ruralidad, y viceversa, por ejemplo, agrega Dimaté: “esto implica que la escuela debe estar ubicada donde se necesita y no necesariamente donde se cumpla con el parámetro, para que de esta manera el niño no tenga que hacer grandes desplazamientos para estudiar”, sostiene la experta.

Hace énfasis en que ahora, como se mostró el pasado domingo, con la historia de Daniela Ciro, quien todos los días recorre 5 kilómetros a lomo de mula en el Carmen de Viboral para ir a estudiar, las largas distancias se convierten en un problema para la educación en el campo.

“La escuela debe ir a los niños y no al contrario”, concluye la experta Dimaté.

FUENTE EL COLOMBIANO

A 2030 el país tendrá 12.630 negocios verdes.

En unos 2,3 billones de pesos se ha fijado toda la implementación de la Misión de Crecimiento Verde para el país. Así se dejó estipulado el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3934 que se aprobó la semana pasada.

El documento, que en su elaboración estuvo a cargo de la Misión de Crecimiento Verde, una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación (DNP), será la hoja de ruta para el aprovechamiento que el país debería hacer sobre la bioeconomía de aquí a 2030.

Y en medio de ese aprovechamiento del medio ambiente para las finanzas del país, lo que ocurra con los Negocios Verdes Sostenibles (NVS) será muy importante para ese impulso verde local. De acuerdo con el Conpes, serán 12.630 NVS verificados de aquí a 12 años.

Hernando José Gómez, director de la Misión de Crecimiento Verde del DNP, le dijo a EL COLOMBIANO el pasado 10 de julio que el diagnóstico encontró que “se está utilizando ineficientemente el agua, la tierra, la energía. Hay que llevar a cabo planes urgentes para que esto no siga siendo un sector en desuso y empiece a jugar un rol vital para diversificar la economía del país”.

Por esa razón es que el apoyo sobre los NVS será fundamental. Pero para que existan planes en ese sentido, la capacidad de producción deberá ser la base para que las iniciativas tengan campo.

“A través del Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos Agropecuarios Sostenibles, el número de productores que adoptan buenas prácticas agropecuarias crecerá. Como resultado de esta acción, el número de hectáreas con sistemas productivos agropecuarios sostenibles aumentará de 56.000 en el año 2018 a 156.000 en 2028”, dicta el documento.

Sobre qué tan productiva es la tierra para este tipo de planes, el Departamento Nacional de Planeación da cuenta de la necesidad de saber hacer de esta un factor de mayor provecho. Los datos comparativos más recientes demuestran que Colombia produjo 33.200 dólares por cada kilometro cuadrado, mientras que si se comparan los números con los países de ingreso medio-alto, la cifra se queda corta con respecto a los 86.100 dólares por kilómetro cuadrado de estas naciones.

Si se tiene como referente a aquellos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), organismo al que pertenece Colombia, el promedio por kilómetro cuadrado se acerca a los 178.700 dólares.

“No existe un mecanismo claro que permita que los productores que adoptan mejores prácticas ambientales se diferencien en el mercado, ni tampoco existen estímulos efectivos que los incentiven a adoptar dichas prácticas”, es uno de los diagnósticos que deja el documento (ver Paréntesis).

Para ello, el Conpes confirma que Bancoldex pondrá a disposición del sector empresarial que tenga como objetivo el fomento del crecimiento verde, unos 850 mil millones de pesos, en créditos, entre 2018 y 2022.

FUENTE EL COLOMBIANO

Lo que prevé Fitch sobre Hidroituango para 2022.

La calificadora de riesgos Fitch Ratings dio sus previsiones sobre Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esto luego de dos meses y medio del inicio de la emergencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que comenzó el 28 de abril y por la cual se han tenido que evacuar a más de 25 mil personas.

Sin embargo, la firma estadounidense alertó que la estructura de costos de EPM se podría ver afectada en 2020, “considerando que necesita comprar energía en contratos y utilizar su capacidad de generación térmica para satisfacer los compromisos de venta de energía celebrados por Hidroituango”, que estima inicie operaciones en 2022.

En los próximos tres años y medio, Fitch espera una disminución de 5 billones de Ebitda agregado 2019 – 2021 (ver gráfico) y advierte: “Un retraso de tres años supone que la capacidad de la companía se mantiene constante en 3.500 MW para el periodo 2018 – 2021, lo que lleva a la finalización de la primera y segunda fase más allá de 2022. En este escenario EPM deberá pagar 41,6 millones de dólares al sistema durante 2019, a razón de que no puede entregar a tiempo la capacidad comprometida”.

Sobre las pólizas

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, informó a finales de mayo que la empresa cuenta con un esquema de pólizas de seguros por 2.550 millones de dólares que cubre daños materiales de infraestructura y equipos, de ello 628 millones corresponden a lucro cesante (dinero dejado de percibir por el daño).

¿Esta suma es suficiente? Según Milena Carrizoso, directora de Seguros para Colombia, Centroamérica y el Caribe de Ficth Ratings, es prematuro precisar esa información. Los costos de los daños podrían conocerse entre seis meses y un año (ver Paréntesis).

“Apenas 2 % del patrimonio de las aseguradoras colombianas involucradas está comprometido, el resto lo cubren reaseguradoras extranjeras y para ellas 2.550 millones de dólares es una cifra baja”, dijo Carrizoso.

El experto en Derecho de Seguros Luis Felipe Estrada comentó que para establecer procedimientos de reclamación es necesario conocer el responsable.

¿Hay más afectados?

Fitch no prevé un efecto considerable para el municipio, en el corto ni mediano plazo, por su “flexibilidad financiera (…) que tiene en cuenta un margen de balance operativo de más de 15 % en 2017, junto con la capacidad de aumentar tarifas y reducir el gasto operativo”.

Por el departamento, dice que si bien, Hidroituango es la inversión principal del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), en el sector energético, con 50,7 % y se esperaban dividendos desde 2019 “los atrasos en la construcción y operación eventual de Ituango no afectarán la ejecución de nuevos proyectos ni desembolsos de crédito en el plan de desarrollo”.

Y sobre el abastecimiento del mercado energético, Fitch prevé que no habrá escasez hasta fines de 2021. Pero advierte que ante un Fenómeno del Niño habría espacio a la volatilidad en el precio de la electricidad.

FUENTE EL COLOMBIANO

Sector manufacturero no impulsó crecimiento del PIB en el primer trimestre del año.

Se recupera la economía del país, ese parece ser el análisis que sale luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informara que el Producto Interno Bruto creció 2,2 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Pero este buen momento no llegó a la industria que cayó 1,2 % en el mismo periodo.

“La variación en la actividad ‘industrias manufactureras’ se debe principalmente a la disminución en la fabricación de textiles (-4,6 %)”, argumentó el Dane.

Sumado a esto, una caída de 4,2 % en la fabricación de productos metalúrgicos, empuja la caída. Aún así, nueve actividades de las 24 que conforman esta industria, crecieron durante el primer trimestre de este año.

El golpe ya se venía anunciando desde marzo, momento en el que la Encuesta Mensual Manufacturera dio visos de lo que sufriría la industria. Para ese mes el sector tuvo una caída de 1,4 % en producción, un tímido crecimiento en ventas del 0,9 %, mientras que el personal ocupado disminuyó en 2,2 %. Ahora, sin el aporte de la refinación, la caída total llega a 2,9 %.

La variación anual (marzo de 2017 a marzo de 2018) también demostró un descenso de 0,7 %.

Dista el resultado también de lo que anunciaban mediciones como el Índice de Gestión de Compras a cargo de Davivienda y Markit. La encuesta de abril informó que el indicador se situó en 50 puntos, lo que quiso decir que el sector manufacturero aumentó la producción y contratación de personal, según la fuente, “animados por el incremento de nuevos negocios”.

El profesor de economía en la Universidad Nacional, Raúl Ávila, añade otras causas para explicar la caída en la industria. “La situación cambiaria de la moneda ha impulsado la llegada de bienes manufacturados desde el extranjero”. Otro de los efectos se sustrae por el hecho de que hay un descenso en el consumo. “La industria y las personas están gastando menos dinero a la espera de lo que pueda ocurrir con el cambio de Gobierno”.

Lo que jalona el crecimiento

Aún falta para llegar a la meta del 3 % propuesta por el Gobierno. De acuerdo conMauricio Perfetti, director del Dane, nueve de los 12 sectores presentaron variación positiva.

Los mejores sectores fueron: actividades financieras y de seguros (6,1 %); administración pública y defensa (5,9 %); actividades profesionales, científicas y técnicas (5,6 %). Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, dijo: “Crecimiento del PIB. Principal razón: la mayor inversión petrolera y de regalías, ya aprobada, todavía no se ha reflejado”.

El Dane informó que en el primer trimestre de este año, el valor de la economía colombiana se situó en 210,8 billones de pesos; para el mismo periodo de 2017 la cifra fue 207,8 billones.

FUE4NTE EL COLOMBIANO

Bogotá, Medellín y Manizales: las ciudades más competitivas.

El más reciente del índice de Competitividad de Ciudades (ICC) entregó el balance de cuáles son las ciudades más competitivas de Colombia.

Bogotá (incluida Soacha) fue la primera con una calificación de 7,41 sobre 10. Ensegundo lugar se ubica Medellín y el área metropolitana, con 7 puntos. El top tres lo cierra Manizales con 6,14.

Cabe recordar que el ICC, hecho por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, se compone de 89 variables agrupadas en tres factores y 10 dimensiones de competitividad.

Este índice sigue la clasificación empleada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) en la publicación de mediciones referentes a ciudades, donde se tienen en cuenta 12 grandes ciudades, siete de las cuales incluyen sus áreas metropolitanas.

En Bogotá, por ejemplo, aspectos como la eficiencia, además de las sofisticación y la innovación, hacen que esta parte del país ocupe el lugar más alto y jalone en gran medida los resultados de esta medición. Para el caso de Medellín, aspectos como la salud y la cobertura energética, donde ocupa el primer lugar, le ayudan para ser la segunda ciudad más importante del escalafón.

Sobre los resultados, Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, señaló que “uno de los aportes más importantes de esta medición de la competitividad urbana, está asociado con la concentración del ejercicio en variables de desempeño”.

Pineda concluyó diciendo que con esta medición, las instituciones locales “podrán identificar con claridad en cuáles pilares e indicadores específicos cuentan con mayor margen de maniobra para mejorar sus puntajes, sin importar el tamaño de las localidades o de las áreas metropolitanas”.

FUENTE EL COLOMBIANO