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La mayor EPS del régimen subsidiado en Antioquia, con operación en 116 municipios del departamento, está al borde del colapso.

Savia Salud, de naturaleza mixta, con participación pública de la Alcaldía de Medellín (36,65%) y la Gobernación de Antioquia (36,65%), y privada de Comfama (con 26,7%), acumula pérdidas por $765.723 millones, según el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

Savia empezó su operación en mayo de 2013; sin embargo, desde el primer año tuvo pérdidas. Según el balance general, en diciembre de 2013 ya tenía pasivos por $135.520 millones; y en 2014, ese monto se elevó a $286.695 millones. El saldo en rojo siguió creciendo: a finales de 2015 fue de $359.546 millones.

La Superintendencia de Salud, mediante la resolución 2256 de agosto de 2016, impuso una medida preventiva para hacerle seguimiento al programa de recuperación de la EPS, durante un semestre.

Cinco meses después, en enero de 2017, la asamblea de socios de Savia Salud aprobó un plan de salvamento a 10 años, en el que el Gobierno se comprometió a aportar, a través de bonos convertibles en acciones (Bocas), $60 mil millones ese año.

Tres IPS de alta complejidad manifestaron igualmente su intención de participar en la capitalización (aporte de recursos a la entidad). El Hospital General de Medellín y la IPS Universitaria darían, cada uno, $20 mil millones; mientras que el Hospital San Vicente de Paúl, participaría con $15 mil millones. Otros $5 mil millones de pesos provendrían de Comfama, según reseñó el Ministerio de Salud.

Pero ninguna talanquera pudo frenar las pérdidas de la entidad. En agosto de 2017, al final de la medida preventiva, la Superintendencia presentó un crítico informe en el que señalaba que la EPS no cumplía con los indicadores financieros y de solvencia, al acumular, con corte al 31 de mayo de 2017, pérdidas por $541.834 millones, suma que comprometía su viabilidad financiera.

Debido al deterioro de los indicadores, tanto financieros como científicos, la medida adoptada por la Superintendencia pasó de ser preventiva a convertirse en vigilancia especial hasta el próximo 31 de marzo, con la orden para adelantar tres acciones prioritarias: la capitalización, que debía hacerse, a más tardar, el 28 de febrero pasado y que se incumplió; la realización de previsiones (consiste en reservar recursos para contingencias futuras); y la garantía del aseguramiento a los afiliados.

El 8 de septiembre de 2017, Savia Salud radicó ante la Superintendencia el plan de acción en el que establecía medidas para superar la compleja situación financiera.

Las acciones de dicho plan estaban encaminadas a la capitalización y a la construcción de un modelo que garantizara la atención de los afiliados. En el componente financiero se reiteró el compromiso de la IPS de la Universidad de Antioquia, la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, la Clínica del Norte, la Cooperativa de Hospitales de Antioquia y el Hospital General de Medellín, de capitalizar acreencias por $60 mil millones.

Además, el plan señalaba que ya se habían aprobado las capitalizaciones por parte de Comfama ($4.500 millones) y el Municipio de Medellín ($25 mil millones de vigencias futuras aprobadas), dinero que aún no ha sido desembolsado.

Para hacerle frente a la crisis, el gobernador Luis Pérez radicó, el 12 de febrero pasado, un proyecto de ordenanza ante la Asamblea en el que pidió autorización para vender la participación del departamento en la sociedad (36,65%).

Pérez justificó la intervención de la empresa, en que la EPS “está perdiendo seis veces el valor de su patrimonio” y en que “de no hacerse algo, las pérdidas al final de 2018 superarían el billón de pesos”.

Para debatir el proyecto de ordenanza se instalaron sesiones extraordinarias. Pese a ello, el pasado 26 de febrero se suspendió la plenaria en la Asamblea por una medida provisional, dentro de una acción de tutela, fallada por el juez 14 Penal Municipal de Medellín con función de Control de Garantías, debido a un error de trámite.

Luis Peláez Jaramillo, el diputado que interpuso la tutela, demandó que el proyecto debió radicarse ante la Comisión de Crédito o de Salud Pública, por tratarse de una EPS y de una sociedad de economía mixta, pero terminó en la Comisión de Códigos y Reglamentos. Según justificó la presidencia de la Asamblea, el proyecto se radicó en esa comisión porque es la encargada de conocer iniciativas que no estén expresamente asignadas a otra comisión.

Peláez dijo que si no hubiera presentado la tutela, ya la participación del departamento estuviera vendida. “El gobernador dice que no hay otra salida sino vender, pero sí existe otra alternativa que es la capitalización con recursos públicos (clínicas y hospitales con participación oficial). Van a utilizar el término de reorganización, pero el término es enajenar”, anotó el diputado.

El pasado jueves, la Gobernación volvió a radicar el proyecto de ordenanza para poder vender su participación en Savia, ya durante las sesiones ordinarias de la Asamblea. Pérez dijo que para que Savia pueda ser reorganizada se necesita que entren otros actores “que sepan del manejo de la salud” y acotó que solo hay dos caminos: “reorganización o nos vamos a la liquidación”.

Entre las opciones contempladas, según el mandatario, se crearía una nueva empresa en la que Savia sea socia, para que inversionistas que ingresen pongan recursos para pagarle a los acreedores. “Otra opción es una capitalización privada a Savia, a cambio de la operación”, afirmó.

El diputado Peláez no cree en las buenas intenciones de Pérez. “El gobernador dice que se aprueba la ordenanza o se liquida. Es algo erróneo, porque se debe tomar la decisión por unanimidad con los demás socios (Alcaldía de Medellín y Comfama)”, afirmó.

El superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, decidió no opinar sobre la voluntad de la Gobernación de vender sus acciones; sin embargo, dijo que ha habido avances en la reorganización de la EPS. “Los socios se han apersonado de liderar soluciones. En todos los escenarios se debe demostrar que las acreencias van a ser atendidas y que la prestación del servicio se garantice, porque hay una enorme población del régimen subsidiado que no puede quedarse sin aseguramiento”, expresó.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó que la reorganización plantea la inyección de capital privado y, por eso, se presentó el proyecto de ordenanza, “para dejar ese tema institucionalmente resuelto, pero no es el centro de la solución”. El ministro dijo que esta semana vendrá a Medellín para “resolver la encrucijada que se planteó en la Asamblea”, pero reiteró que “la reorganización empresarial, acompañada por el Ministerio, es la única salida. Ni liquidación ni intervención”.

David Escobar, gerente de Comfama, coincidió en que la propuesta es apostarle a la reorganización que permita la continuidad de la EPS. “Comfama no está de acuerdo con la liquidación, creemos que hay que cuidar a los usuarios y a la red de IPS públicas, privadas y sin ánimo de lucro. Eso puede incluir, como herramienta, la posibilidad de que entren otros socios a la organización”, dijo.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la liquidación “no es una opción para el Municipio, como tampoco lo es una reorganización sin condiciones claras en la conformación de la entidad, el pago de acreencias, el modelo de operación, la administración del riesgo, el tema de tarifas. Es tan grave liquidar como una reorganización sin claridad”.

Frente a la deuda con los hospitales, detalló que una de las posibilidades que se estudiará es que los acreedores de Savia pasen a ser socios de esa empresa, con las condiciones claras de cómo sería su participación y cómo sería la forma de pago de las acreencias.

FUENTE EL COLOMBIANO