En medio de la investigación por corrupción en el financiamiento de vías en Armenia, por el que ya fue enviada a la cárcel la exalcaldesa, Luz Piedad Valencia, la Fiscalía General de la Nación encontró que el actual mandatario, Carlos Mario Álvarez, también está involucrado y por eso, fue capturado el domingo 29 de abril.
El ente investigador encontró que Álvarez firmó cuatro pagarés por 6.000 millones de pesos cuando era candidato para financiar su campaña, un dinero que provenía de un proyecto de 100.000 millones para obras viales en la capital del Quindío, que fue recaudado por impuesto de valorización aprobado durante la administración de Valencia.
Es decir que Álvarez llegó a la alcaldía gracias al dinero de la ciudad a la que aspiraba y llegó a gobernar.
No es un caso de excepción. Al revisar las causas por las que más han salido de su cargo los alcaldes, resalta principalmente las irregularidades a la hora de licitar y adjudicar los contratos.
Según datos de la Procuraduría, en el actual periodo electoral (2016-2019) existen 5.521 procesos activos contra alcaldes, lo cual habla en promedio de más de cinco investigaciones por cada mandatario, contando con que hay 1.122 municipios en Colombia.
Vale anotar que muchas de estas investigaciones no llegan a convertirse en sanciones, ya que a la fecha, solo 13 municipios han terminado acéfalos por un periodo determinado de tiempo.
Sin embargo, de este voluminoso expediente del ministerio público, en 142 de los casos ya hay un fallo sancionatorio (que no siempre se trata de una suspensión, puede ser también destituido) y hay 220 pliegos de cargos elaborados para las distintas alcaldías.
Las irregularidades encontradas son casi calcadas entre ellas para el tema contractual: pliegos amañados, contrataciones a dedo o sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y falta de idoneidad en el contratista, lo que termina concluyendo en obras inconclusas o infladas a la hora de calcular su costo final.
De hecho, en su último informe sobre este tema, presentado el 23 de abril pasado sobre los hallazgos de 2017, la Contraloría General de la República encontró en todo el país obras inservibles, llamadas “elefantes blancos”, por un costo para la nación calculado en 323.574 millones de pesos.
Regresando a los alcaldes castigados por los entes de control, los casos más sonoros tienen la sospecha de corrupción como principal detonante de estos comportamientos. A Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha, capital Guajira, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años el 28 de abril pasado tras encontrar que adjudicó el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para su municipio de manera directa, por medio de un convenio de asociación que correspondía en realidad a un contrato de suministros. 5.700 millones de pesos de este PAE para una región necesitada como La Guajira quedaron en riesgo por la decisión.
Además de este fenómeno, otro indicador que se encuentra en gran cantidad al revisar los casos de cada alcalde es el de los errores de carácter administrativo.
Por citar un ejemplo, en Cartagena, donde eligieron este domingo al noveno alcalde en 10 años, su mandatario Manuel Vicente Duque fue suspendido el 18 de mayo de 2017 por haber cambiado dos veces en siete meses la competencia de control urbano, lo que habría sido determinante dentro del caos de las curadurías que se descubrió en la capital de Bolívar a raíz del desplome del edificio Blas de Lezo en abril de ese año, que dejó 21 personas muertas.
Investigaciones posteriores llevaron a Duque a la cárcel, pues se descubrió que habría acordado con 14 concejales de la ciudad la elección de una contralora que no cumplía con los requisitos legales.
Una cifra abultada de denuncias de corrupción no siempre es un síntoma de que las cosas van marchando peor que antes. Suele también responder a un cambio en la sociedad, que se ve alimentado por una mayor disponibilidad de información y una mayor demanda de transparencia.
Así lo considera Pablo Sanabria, doctor en Administración y Políticas Públicas y experto en temas de corrupción de la Escuela de Gobierno de la U. de Los Andes. “Esto no es un tema solo de lo público y quienes están en cargos de poder, sino de los ciudadanos. No solo es el funcionario, sino la sociedad la que es corrupta… Lo que la evidencia ha mostrado es que no es necesariamente con estrategias penales como se reduce la corrupción”.
Para Sanabria, aunque es especialmente en estas épocas electorales cuando se hace más publicidad sobre la solución punitiva y carcelaria para castigar al corrupto, “se tienen que pensar en estrategias a largo plazo”.
“Lo que hay que mirar es qué del estatuto anticorrupción sirve y qué no, porque estos se enfocan más en lo punitivo. Ver si cada municipio puede tomar esta política nivel nacional, evaluar cuáles prácticas son más usuales y generar para sí mismos un plan propio”.
Acorde con los hallazgos de la Escuela de Gobierno de Los Andes, cada municipio tiene prácticas corruptas propias en mayor o menor cantidad. “Hemos encontrado que este es un fenómeno más local, que responde a particularidades”, concluyó.
Según este experto, el ciudadano es sensible a casos colosales de corrupción, como el caso Odebrecht o Reficar. Sin embargo, su nivel de indignación es nulo cuando se trata de comportamientos individuales, como sobornar a un agente de Tránsito o pagar para que un trámite sea más veloz.
“Es muy complicado ser alcalde en Colombia”, expuso el director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, para defender que las cifras de sanciones, en muchos casos, corresponden a una desconexión de la realidad colombiana.
“Tenemos un país famoso por producir normas permanentemente que cambian las reglas de juego en la administración pública local. Se expiden más o menos al año más de 3.000 normas que lo afectan, como si todos los municipios fueran iguales”, explicó.
Para Toro, existe una serie de particularidades en los municipios que hacen imposible la aplicación de normas centralizadas: “Tenemos muchas ciudades que no tienen recursos para asesores jurídicos competentes que conozcan toda esa maraña de normas. Entonces es muy fácil que un alcalde cometa un error. Además, hay pueblos apartados donde contratan con un solo oferente, porque es el único que hay”.
Dice no desconocer la facilidad que hay en Colombia para prácticas de poca transparencia y admitió que en las campañas a las alcaldías es usual que aparezcan contratistas con dinero para financiar y ganas de cobrar el favor posteriormente, “pero es indiscutible que una campaña cuesta un ojo de la cara. Hay la solución es que haya una financiación estatal efectiva de las campañas”.
Concluyó el director de Fedemunicipios que “en Colombia nos preocupa más el control formal que el control real de los recursos públicos”.
Según las conclusiones de la Federación, la interinidad de los alcaldes son nefastas para el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo de los municipios pues calcula que, entre las aprobaciones de los planes de desarrollo, los empalmes y las leyes de garantías, un mandatario local solo alcanza a gobernar 26 meses de los cuatro años de periodo.
FUENTE EL COLOMBIANO
